Pedro Sánchez está dispuesto a jugar a fondo la carta de excarcelar a Oriol Junqueras y al resto de los presos del procés por tres razones: sabe que facilita la negociación de los presupuestos con ERC; considera que perjudica las expectativas de Carles Puigdemont y favorece las de Miquel Iceta en las próximas elecciones catalanas; y contribuye a destensar el clima político en Cataluña (una de las comunidades que los socialistas señalan como claves para perpetuarse en el poder).

El equipo de Sánchez tiene, como siempre, un ojo sobre las siempre dominantes encuestas. Quiere conocer el efecto demoscópico que ha tenido el reciente anuncio del Gobierno de tramitar a partir de esta semana las solicitudes de indultos de los dirigentes independentistas para decidir los próximos pasos.

Pero, digan lo que digan las encuestas sobre los indultos, el Gobierno ya ha lanzado la reforma del código penal para rebajar las penas asociadas al delito de sedición con el fin de culminarla antes de acabar el año, es decir, antes de las elecciones catalanas (que se celebrarán o bien a finales de enero o bien a principios de febrero). Conviene recordar en este punto que en el caso rebajarse las penas por sedición, la reducción se aplicaría automáticamente a los condenados.

Sánchez quiere frenar a la ANC

Junqueras, no obstante, se niega a dar por buena la solución de la reforma del código penal y es muy escéptico respecto a los indultos, aunque aquí hay opiniones para todos los gustos entre los presos del procés.

En cualquier caso, el Gobierno quiere mantener abiertas todas sus apuestas respecto al conflicto catalán, entre otras, la de la mesa de diálogo, un artefacto que ha actuado como gran escaparate de la oferta política de Sánchez dirigida al soberanismo y que, por vacío que estuviera, ha permitido trabajar con comodidad en la trastienda.

En este contexto se prepara el Gobierno para el anuncio inminente del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Confía Moncloa en que todas las salidas políticas que ha mostrado a ERC hayan servido para rebajar la agitación soberanista y, en particular, hayan servido para enfriar al brazo civil del independentismo, la ANC, en horas bajas.

Pero hay circunstancias que se escapan por completo al control del Gobierno como, por ejemplo, la reacción de los CDR ante la inhabilitación de Torra. Los Mossos están alerta desde la semana pasada porque temen actos de vandalismo en la línea de lo ocurrido tras la sentencia del procés. De lo que suceda en las calles también dependerá el ritmo del Gobierno respecto a las excarcelaciones.

La función de Ciudadanos es bajar el precio

En paralelo, Sánchez está logrando mantener a Ciudadanos a disposición para negociar los presupuestos. Se jactan los socialistas de la jugada que han hecho con el anuncio de la tramitación de los indultos. “Las cosas son como son. Edmundo Bal (portavoz de Ciudadanos en el Congreso) es abogado del Estado, conoce perfectamente el ordenamiento jurídico y no puede decir nada ni romper nada porque el Gobierno haya realizado un trámite con los indultos que es de obligado cumplimiento. Y esto es una ventaja, claro que lo es”, dicen los estrategas socialistas.

Celebra el PSOE que Ciudadanos esté en el juego de las negociaciones porque la presencia de los de Inés Arrimadas contribuye a rebajar el precio con ERC. Pero nadie se atreve a augurar el pacto con Cs.

El problema es que nadie se fía de nadie porque Sánchez ya ha repartido demasiadas sorpresas de última hora. Se desayunó un día ERC con que Ciudadanos era nuevo socio preferente para pactar prórrogas de estado de alarma, igual que Ciudadanos se merendó otro día que el PSOE había cerrado con Bildu una derogación de la reforma laboral. Así que ahora todos buscan garantías y más garantías sobre las garantías