Un día después de la reunión celebrada en La Moncloa, entre representantes del Gobierno y de la Generalitat, se van conociendo algunos detalles y asuntos tratados en las tres horas que duró el encuentro. Sin orden del día, ni actas de la primera sesión de la mesa de diálogo para resolver lo que los partidos que forman los dos gobiernos definen como «conflicto político» en Cataluña, los independentistas iniciaron ayer la filtración de los temas concretos que se trataron en La Moncloa.

Según cuenta ABC, fuentes de ERC indican que desde el Gobierno se planteó tratar el asunto de los presos condenados por el referéndum ilegal de 2017 (Oriol Junqueras, entre ellos) y la situación de los fugados (Carles Puigdemont, sobre todo), que los secesionistas consideran exiliados. Una oferta que debería ir acompañada de la renuncia de los independentistas a seguir con el «procés». Elsa Artadi (JpC), que formó parte de la delegación de la Generalitat en la mesa de gobiernos, dio por buena la filtración en declaraciones a Onda Cero -adelantada por «El Nacional» horas antes-. Un aspecto que, sin embargo, el Ejecutivo matizó, pues aseguraron, desde La Moncloa, que en la reunión no se habló en ningún momento «en estos términos».

Pese a esto, tanto Artadi como Marta Vilalta (ERC), que también formó parte de la delegación autonómica y habló este jueves para Rac1, se mostraron muy claras y tajantes a la hora de tratar este asunto. «Lo que se ha de resolver es el conflicto político y se ha de hacer a través del derecho a la autodeterminación. Aunque los presos y los exiliados vuelvan, seguirá habiendo un conflicto político. Les sorprendió, porque se pensaban que con esto ya era suficiente», indicó Vilalta, en relación a la oferta que habría propuesto el Gobierno.

En la misma línea, fuentes de ERC señalaron a ABC que un representante de la delegación del Gobierno preguntó: «Bueno, ¿y qué quereís, que hablemos de los presos y los exiliados?». Estas palabras habrían sido pronunciadas por Carmen Calvo, vicepresidenta primera, quien planteó -según las fuentes consultadas- si darle una salida a los presos, el retorno de los fugados y recuperar la parte inconstitucional del Estatuto de Autonomía de 2006 serviría para cerrar «el conflicto político», y que conllevaría a que el independentismo renunciase a seguir con el «procés». La delegación autonómica catalana respondió con un claro «no». Una circunstancia, situación y respuesta que fuentes de la Presidencia de la Generalitat también aseguraron que se dio en La Moncloa el miércoles.

Artadi se expresó en términos similares a los de Vilalta. «Tenemos la impresión de que el Gobierno español cree que, solucionando el tema de los presos políticos o los exiliados, ya ha solucionado el conflicto. No es así, nuestro objetivo no es solo solucionar la represión, sino que la ciudadanía se exprese. El modelo de financiación y que salgan los presos no soluciona todo», añadió.

No, «en esos términos»

Además, la diputada autonómica de JpC y exportavoz de la Generalitat recordó la posición del independentismo respecto al lenguaje utilizado en el comunicado conjunto, emitido tras la reunión, en relación sobre todo al término «seguridad jurídica». Para la Generalitat, en manos del presidente autonómico Quim Torra, según dijo Artadi: «La seguridad jurídica no quiere decir la actual Constitución tal y como está». E insinuó que los acuerdos a los que se lleguen entre los dos gobiernos, en la mesa de diálogo, deberían llevar consigo algunas modificaciones legislativas. En este sentido, advirtió, los secesionistas no renuncian a un nuevo referéndum porque: «Seguiremos obedeciendo a lo que vota el Parlamento de Cataluña y la voluntad popular».

Pese a la claridad con la que este jueves se expresaron, en público y en privado, los representantes de los partidos independentistas que acudieron a la reunión con el Gobierno de España, desde La Moncloa matizaron que el encuentro se hubiera desarrollado «en esos términos».

De los planeamientos que los independentistas atribuyen al Gobierno solo el planteamiento de cambios normativos que recuperen artículos del Estatuto declarados inconstitucionales es una cuestión que el Ejecutivo plantea como aceptable. Es uno de los elementos a los que se refirió la portavoz, María Jesús Montero, al hablar de «fórmulas imaginativas». Aunque prefieren no profundizar ahora en la cuestión porque saben que el independentismo lo rechazaría. Respecto a la situación de los presos, diferentes fuentes del Gobierno aseguraron, ante las afirmaciones secesionistas, que «no se habló en esos términos». Reiteraron que para el Gobierno no son exiliados sino fugados. Y que en su situación, el Gobierno no tiene nada que decir.

Reforma del Código Penal

Cosa distinta es la situación de los presos. Se insistió en que no se preguntó si ofrecer una solución sería suficiente para que el independentismo depusiese su intención de quebrar la soberanía nacional. No obstante, en este aspecto, en el Gobierno no ocultan lo que ya es público: que se trabaja en una reforma del Código Penal que podría tener efecto sobre las penas de los condenados por el «procés». Una propuesta que se planteará este año y podría estar lista en el primer semestre del año.

Ayer, desde el Gobierno querían centrarse en la idea de que el encuentro había sido un hito positivo. Pero sí aseguraron que a la delegación de la Generalitat se les transmitió que no hay ninguna solución que no incluya «que se garantice la unidad del país».

En público, Montero sí reconoció que, dada la libertad de las partes para exponer sus temas, se habló de autodeterminación y del tratamiento de los líderes independentistas encarcelados, pero que no se profundizó en estos temas: «Desde el Gobierno hablamos de problemas que creemos que son reales», aseguró.

Preguntada por si el Ejecutivo incluye en su plan la libertad de los independentistas encarcelados, intentó no polemizar sobre ello: «Dentro de la hoja de ruta del Gobierno se encuentra la capacidad de escucha, de conocer el sentimiento y las cuestiones que movilizan y estimulan que una parte de Cataluña» quiera la independencia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa (PSC), clave en esta mesa, aseguró por su parte que entiende la «pluralidad de pensamiento», pero insistió en que no procede ni la autodeterminación ni la amnistía.