Querer tipificar como delito las opiniones favorables al franquismo ha puesto de manifiesto la naturaleza profundamente revanchista y guerracivilista del Gobierno de Pedro Sánchez. Creer que un español decente, intimidado por una disposición sectaria, olvidará lo que vivió, o lo que le relataron familiares que fueron testigos vivientes de la España de Franco, con sus recuerdos felices y palpitantes, para empezar a opinar lo que quiere la izquierda, es una de las mayores atrocidades pretendidas hasta la fecha por el equipo de plagiarios, psicópatas, oportunistas, embaucadores, modistillas y nulidades intelectuales que conforman el Ejecutivo. Deberían someterse a una revisión psiquiátrica a fondo que atenúe el alcance delictivo de sus disposiciones el día que Donald Trump decida encerrarlos en Guantánamo.

Pero no estaríamos donde estamos de no ser por la cobardía y los múltiples complejos ideológicos de la derecha mandilera en su conjunto. ¿Por qué no agita la derecha milonguera las contradicciones de la izquierda al criminalizar las opiniones favorables a la España franquista y no la celebración de referéndums ilegales, como prometió Pedro Sánchez en campaña? ¿Por qué ni un solo dirigente del PP ni de Vox han exigido, en justa reciprocidad, la pohibición de símbolos comunistas en los espacios públicos, tal y como aprobó el Parlamento Europeo?

El problema, por consiguiente, no es que se quiera hacer de la exaltación de Franco un delito. El problema es cómo calla toda la derecha, baboseante, acobardada, acomplejada, servil, lobotomizada, idiotizada, negligente y ridícula. ¡Esto es un combate cultural, imbéciles! No se trata solo de defender a Franco, sino de evitar que nos terminen imponiendo la exaltación de los golpistas en Asturias, de los que asesinaron a destajo en las checas y colgaban pancartas en favor de Stalin. ¡Ya basta de callar! ¡Nuestro silencio es su victoria!

El primer mandamiento de esta nueva doctrina ya lo conocemos: consiste en ser cobarde y no atreverse a llamar a las cosas por su nombre. Cuando se pregunta a Pablo Casado y a Santiago Abascal su opinión sobre Franco, no se atreven a decir que se trató de un estadista que proporcionó a España sus mejores años de prosperidad económica y paz social; un país con pertrechos morales lo suficientemente fuertes para resistir las embestidas del marxismo social agitado por las logias europeas. Simplemente se limitan a exponer criterios de mera oportunidad, tales como: “yo no perdería el tiempo hablando el pasado porque tenemos problemas más importantes de los que ocuparnos” o “a los españoles no nos importa nada Franco, que murió hace muchos años”. Y si llegase la oportunidad de obstaculizar la decisión del Gobierno preferirían presentar una oposición de perfil bajo y dejarle hacer lo que quisiera antes de que la acusación de “fascistas” fuese propalada sin descanso por los medios de comunicación que la izquierda domina, que son casi todos.

Pero es que además, en este caso concreto, cualquier jurista modesto sabe que la prescripción como delito de la defensa de la España de Franco, constituiría una degradación de la democracia en toda regla, ya que consagraría el derecho de un Gobierno a disponer de las opiniones de sus enemigos políticos en base a un título legitimador que solo puede llamarse “odio ideológico”, sentando un gravísimo precedente.

Hoy le toca el turno a los que hablamos bien de Franco, pero mañana le puede tocar a cualquier político, militar o rey cuyas vidas y obras no sean del gusto del gobernante izquierdista de turno. Solo es cuestión de esperar para ver cómo crece esa semilla de rencor que Zapatero introdujo en la mente de muchos españoles y que Sánchez riega para que produzca frutos abundantes.

Desgraciadamente, la historia se volverá a repetir. Veremos algún día a estos resentidos que vieron frustrados sus deseos de eliminar de España todo rastro de religión católica durante la guerra dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos para convertir ese lugar sagrado en un museo que exalte las miserias de aquella República comunista; y los veremos fusilar otra vez al Cristo del Cerro de los Ángeles, y también desenterrar a los reyes del Panteón del Monasterio de El Escorial para arrojarlos al contenedor amarillo.

Han levantado la veda y otra vez el odio entre españoles volverá a escribir las páginas de nuestra historia. Porque la izquierda no aprende nunca de su propia vergüenza y tropieza una y otra vez en la misma piedra.

Hay suertes adversas en la Historia en las que a un pueblo le toca el papel doloroso de la capitulación. Cuando ello sucede, la dignidad exige aceptar el lance con hombría y con enojo contenido. Lo que no cabe es lo que podríamos llamar «trunfalismo liquidador», el júbilo alborozado de perder en la jugada, la frívola torpeza de considerar como una victoria lo que está siendo una batalla tras otra perdidas.

Multas de hasta 100.000 euros e ilegalización de la Fundación Francisco Franco

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el proyecto de ley de Memoria Democrática que incluirá multas de hasta 100.000 euros para quienes vulneren la norma. Un régimen sancionador que no tiene la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y que dejaba sin capacidad coercitiva a la administración para castigar a los infractores.

El texto del proyecto, supervisado por la vicepresidenta Carmen Calvo, cierra, a juicio del Gobierno, el círculo abierto por José Luis Rodríguez Zapatero hace 13 años. Entre las novedades que aporta la ley está la prohibición de crear fundaciones e ilegalizar las ya existentes que defienden el rñegimen franquista. Pedro Sánchez citó el pasado miércoles a la Fundación Francisco Franco.

También se declararán «nulos todos aquellos juicios y sentencias» de tribunales franquistas en la posguerra civil. Entre ellos, el del presidente de la Generalitat Lluis Companys, pero no habrá disculpas del Gobierno ni de la Jefatura del Estado, como reclamó Quim Torra. «Eso son alharacas», dijo la vicepresidenta primera.

El proyecto de ley impulsa asimismo la creación de un censo nacional de víctimas para reunir la información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.

El Valle de los Caídos

La resignificación del Valle de los Caídos, una vez trasladados los restos de Francisco Franco, es otra de las cuestiones que aborda la norma. En el Valle de los Caídos están almacenados los restos de 33.000 combatientes franquistas y republicanos, cuya exhumación presenta muchos problemas por el deterioro de la mayoría.

Las subvenciones a las entidades privadas que trabajan en la recuperación de víctimas también tendrán su capítulo después de años de un gasto «cero» durante los Gobierno de Mariano Rajoy.

Como preludio, el Boletín Oficial del Estado publico ayer la convocatoria de las ayudas económicas para la recuperación de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. El presupuesto es de 750.000 euros. El 60% de esa partida, 450.000 euros, se destinará a la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no comparte la política de subvencionar estos trabajos y considera que debe ser la administración la que sufrague los gastos, y no las entidades privadas, aunque reciban ayudas económicas públicas.

Las medidas, una a una

-La prohibición de exaltar el régimen franquista y la figura de Franco.

-Régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros para las personas y administraciones que vulneren la norma.

-Disolución de la Fundación Francisco Franco.

-Anulación de las condecoraciones y medallas a figuras destacadas del franquismo por sus tareas represivas.

-Declaración de nulidad de los juicios y las sentencias de los tribunales franquistas en la posguerra civil.

-Resignificación del Valle de los Caídos para que deje de ser un monumento de exaltación a los vencedores de la Guerra Civil y se convierta en un centro de la memoria o un mausoleo de homenaje a todas las víctimas de la contienda

-Creación de un protocolo de exhumación para los restos de las más de 33.000 víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

-Dotación económica para subvencionar los trabajos de las entidades privadas para la exhumación de los cadáveres innominados en las fosas.

-Creación de un censo nacional de víctimas para reunir la información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

-Creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos.