El Gobierno ha cerrado este viernes alrededor de las 17.00 horas el Valle de los Caídos con la intención de ejecutar la exhumación de los restos del Caudillo Francisco Franco «entre el 18 y el 22 de octubre», han informado fuentes del Ejecutivo. La orden para el cierre temporal, pero inmediato, del Valle figura en el acuerdo definitivo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros con el que se pone punto y final a un procedimiento iniciado hace un año y que se ha topado con múltiples obstáculos consecuencia de los numerosos recursos planteados por la familia de Franco y su entorno, que se opusieron desde el principio a la exhumación.

Pero con el aval del Tribunal Supremo al proyecto puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo tenía ya vía libre para ejecutar la operación. Sólo faltaba anunciar la fecha y el día concreto. Sin embargo, y pese a lo que tanto Sánchez como la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, venían sosteniendo en los últimos días, la decisión del Consejo de Ministros de este viernes no establece el día concreto de la exhumación, sino un plazo para acometerla que va desde este mismo 11 de octubre al próximo día 25.

Calvo ha atribuido este cambio de criterio a que el Gobierno necesita «días para tener el Valle de los Caídos cerrado, con condiciones de seguridad, con las decisiones técnicas para llevar a cabo esta operación» que concluirá con la reinhumación de los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. «Antes del día 25 de octubre, Franco no estará en el Valle de los Caídos» sino «en un lugar discreto, en el ámbito de su familia, y nadie podrá enaltecer a un dictador a un dictador en la democracia española», ha subrayado. «Todo lo demás es tan secundario», ha zanjado.

El acuerdo del Consejo de Ministros especifica que «con al menos 48 horas de antelación» se avisará a la familia de la fecha y hora concreta de la exhumación, que propondrá la vicepresidenta al presidente para que dé el «último OK». Con la misma antelación, ha añadido Calvo, se informará también a los medios de comunicación, que podrán ser testigos de la salida de los restos de la Basílica desde la explanada del Valle. A la familia se le permitirá estar presente, si así lo desea, en la exhumación, traslado e inhumación, cuando se podrá celebrar «una breve e íntima ceremonia acorde con sus preferencias religiosas», precisa el acuerdo.

El Ejecutivo, aclaran fuentes del Gobierno, adoptará las medidas que sean necesarias para que nadie, tampoco los familiares, puedan tomar imágenes ni grabar sonido en los actos de exhumación y reinhumación. En todos estos momentos, así como en el traslado, estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino.

LOS FLECOS PENDIENTES DE CONCRETAR

La vicepresidenta no ha aclarado con qué medio de transporte se trasladarán los restos desde el Valle al cementerio de El Pardo porque se trata de un elemento que el Ejecutivo aún está valorando en función de qué opción sea la más segura y menos incómoda para los ciudadanos, sin descartar la vía aérea. El acuerdo aprobado este viernes se comunicará a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid a efectos de habilitar el dispositivo necesario para garantizar durante toda la operación tanto la seguridad de los restos mortales como la seguridad ciudadana y el orden público.

Calvo ha detallado que ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha llevado en mano hoy el acuerdo al Consejo de Ministros, que establece como fecha tope para la exhumación el 25 de octubre, esto es 15 días antes de la repetición de las elecciones generales, y 5 días antes de que de comienzo formalmente la campaña electoral.

No obstante, la vicepresidenta se ha justificado afirmando que ésta no era la agenda prevista por el Gobierno, sino que su objetivo era haberlo hecho el 10 de junio. Sin embargo, los recursos ante el Tribunal Supremo han retrasado la decisión. «Estamos en una agenda que no era la prevista», ha dicho.

Calvo ha resaltado que el Gobierno ejecutará la exhumación y la inhumación con «absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos» y a la propia familia y con la «discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta a los restos de una persona» aunque éste sea, ha dicho «el artífice como dictador de un pasado negro de nuestro país».

Sin embargo, y a pesar de que «ni habrá imágenes, ni acceso al lugar exacto», la prensa sí podrá estar en los espacios públicos del propio lugar porque, alega, «es una noticia que va a importar mucho en el plano internacional». Según Calvo, es una noticia de «dimensión histórica».

SIN TEMOR AL PRIOR

En cuanto a la negativa del prior de la Abadía a que se exhumen los restos de Franco, ha dicho no tener ningún temor después de ser preguntada si han previsto la posibilidad de que éste pueda atrincherarse.

«En un estado de derecho todos acatamos las leyes, cumplimos las sentencias, aunque se esté en una orden religiosa», ha espetado y tras recordar que la Iglesia católica nunca se ha opuesto a la exhumación, ha vuelto a reiterar que el Gobierno cuenta con la autorización del Tribunal Supremo: «título más que suficiente para entrar en el recinto. Por lo tanto, nada».

La vicepresidenta ha insistido en la «satisfacción extraordinaria» que supone la decisión para el Ejecutivo en funciones porque considera que con esto se cierra «con dignidad lo que no era digno cuarenta años después». Ha querido poner en valor el hecho de que su Gobierno haya podido lograr la exhumación de Franco en «a penas 16 meses» y de que hayan sido los tres poderes del Estado los que han adoptado la decisión, el Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Supremo «la cúspide de nuestra justicia».

Carmen Calvo ha recalcado en que un «dictador» no puede estar en una tumba de Estado y además, junto a sus víctimas y ha defendido la petición de muchos familiares que hace tiempo están reivindicando poder enterrar a sus muertos. En este sentido, ha dicho que esta petición de justicia y memoria no prescribe.