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Tribunales

El Gobierno indulta a un policía local que falsificó documentos para encubrir a su hermano

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Eva Belmonte.- El BOE de hoy recoge nueve indultos, los primeros del año, y que rebajan penas a condenados por delitos de hurto, insolvencia punible (tres), tráfico de estupefacientes, sustracción de menores, impago de pensiones y falsedad en documento oficial. Los dos sentenciados por este último delito son miembros de cuerpos de cuerpos de seguridad públicos, un policía local y un guardia civil.

El agente de la Policía Local, José Romero, fue condenado en 2016 por haber falsificado documentos oficiales. Según consta en la sentencia, su hermano conducía un quad haciendo caballitos cuando una patrulla de Tráfico le dio el alto. Él hizo caso omiso y se dio a la fuga, hasta adentrarse en el centro histórico de Carmona (Sevilla), donde los agentes le dejaron marchar para evitar problemas en la zona. Fue entonces cuando, con la ayuda de un testigo y de la matrícula, le identificaron. Para evitar la sanción, argumentó que no era él quien conducía. Lo hizo gracias a su hermano, policía local de la localidad, que creó unos documentos que probaban que justo un día antes le habían sustraído el quad y lo había denunciado. Pero se probó que los documentos de la denuncia habían sido falsificados por su hermano.

Así, ambos fueron condenados por falsedad documental. Pero la pena impuesta al policía local, debido a su cargo y responsabilidad en los hechos, fue mayor, y superaba los dos años de prisión, por lo que le tocaba entrar a la cárcel. Gracias al indulto, la pena de prisión desaparece y solo queda el resto de sanciones: una multa de 4.500 euros y la inhabilitación durante dos años como policía de cualquier tipo, lo que le hace perder la plaza.

Este no es el único caso de un miembro de las fuerzas de seguridad que ha sido indultado en esta ronda. Antonio Tamayo, miembro de la Guardia Civil de Tráfico en Jerez de la Frontera, también fue condenado por falsedad en documento oficial y también ha sido indultado. En su caso, cometió el delito no para beneficiar a otra persona, sino para perjudicarle: puso una multa falsa al exmarido de su mujer.

Cuando estaba de servicio y reconoció el coche, según narra la sentencia, se inventó una sanción por no tener la matrícula visible, algo que fue demostrado falso por fotografías y análisis posteriores. La Audiencia Provincial de Cádiz consideró en 2015 que lo hizo para perjudicar al exmarido y le impuso una pena de tres años de prisión. El indulto la rebaja a dos para intentar evitar su entrada en prisión.

En este caso, es la propia Audiencia Provincial la que pide el indulto, al considerar que la ley es “excesivamente severa”. Lo mismo ocurre en otro de los indultos de hoy, el que devuelve la posibilidad de ostentar la patria potestad a un hombre condenado por sustracción de menores.

Las nueve medidas de gracia publicadas hoy en el BOE fueron aprobadas el pasado viernes en Consejo de Ministros pero, como es habitual -excepto en los perdones solicitados por las cofradías por Semana Santa-, no se informó de la medida en las referencias de la reunión y sabemos de ellos solo cuando llegan al BOE.

Con estos, son 17 los perdones concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Del mismo modo que ocurría con el Ejecutivo anterior, los decretos no incluyen las razones concretas que motivaron la decisión, pese a que una sentencia de hace cinco años del Tribunal Supremo lo exige.

(Civio)

 

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Tribunales

Quim Torra desafía al Tribunal Superior de Justicia catalán y afirma que no retirará el lazo amarillo de la Generalitat

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El presidente catalán, Quim Torra, mantiene de momento la pancarta en favor de los “presos políticos y exiliados” que cuelga del balcón del Palau de la Generalitat y recurrirá la orden de retirarla emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A raíz de un recurso de la asociación Impulso Ciudadano, el TSJC ha ordenado a Torra retirar en un plazo de 48 horas la pancarta con el lema “Libertad presos políticos y exiliados”, acompañado de un lazo amarillo, que cuelga de la fachada del Palau de la Generalitat.

Según un comunicado de la Oficina del Presidente, Torra presentará a través de sus representantes legales un recurso contra la orden, y lo hará tan pronto como el TSJC “le haya notificado oficialmente la instrucción emitida”. Torra no retirará la pancarta por ahora porque el lema que contiene es, según afirma el comunicado, un “clamor muy mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales”.

El presidente catalán considera que se trata de una nueva “vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión, como ya se produjo cuando la Junta Electoral Central ordenó la retirada, de manera irregular y sin tener las competencias para hacerlo”, de esa pancarta, episodio por el que será juzgado por desobediencia. Justamente, hoy el TSJC ha decidido aplazar al próximo 18 de noviembre el juicio a Torra por no retirar esa pancarta en campaña electoral, al no poder resolver a tiempo las recusaciones que el president planteó contra los magistrados que deben juzgarlo.

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Tribunales

Absuelven a los tuiteros que desearon la muerte al niño enfermo que quería ser torero

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El titular del Juzgado de lo Penal 2 de Valencia ha absuelto a los tres acusados juzgados el pasado lunes por escribir en redes sociales mensajes ofensivos hacia un niño enfermo de cáncer que quería ser torero, al no apreciar delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves.

Aunque el magistrado califica algunas de las expresiones vertidas de “deleznables” o “repulsivas”, no aprecia en ellas un delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves, contrariamente a lo que sostenían, según el caso, la Fiscalía, la acusación particular y la acción popular, que pedían penas de entre uno y tres años de prisión para los implicados.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y concluye que el Código Penal no puede “convertirse en la primera respuesta ante este tipo de acciones”, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los mensajes fueron escritos en octubre de 2016, tras la celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para Adrián, que entonces tenía 8 años, y quien falleció seis meses después a causa de su enfermedad.

El juez recuerda que en este procedimiento se analizaban exclusivamente los comentarios que cada uno de los acusados hizo en Twitter o Facebook, “y no el resto de mensajes que fueron publicados en distintas redes sociales o enviados por distintas aplicaciones de mensajería, conteniendo amenazas de muerte e imágenes explícitas de armas y fallecidos”, a los que tuvo acceso el denunciante, padre de Adrián.

El magistrado considera que las frases atribuidas a los acusados, y cuya autoría asumieron ellos mismos durante el juicio, no son constitutivas de un delito contra la integridad moral, pese a “lo deleznable” que puedan resultar.

“No se estiman de entidad suficiente para considerarlas como trato degradante apto para generar el menoscabo grave a la integridad moral que exige el tipo”, señala la sentencia.

El primero de los acusados, M.O.C., se quejaba en su cuenta de Twitter del gasto “innecesario” que conllevaba la recuperación del menor, cuya vida, según decía, le importaba “dos cojones”, porque probablemente ya estaba “siendo tratado en la sanidad pública” con su dinero.

La segunda, A.E.O., en un mensaje privado de su perfil de Facebook, deseaba la muerte de “un niño enfermo que quiere curarse para matar a hervíboros inocentes y sanos que también quieren vivir”, y B.E.S.L. criticaba a los internautas que apoyaban a “un niño que prefiere matar a un animal” y le deseaba también la muerte.

El juez entiende que esas expresiones tampoco encajan en el delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

El niño padecía una enfermedad terminal “de la que no se puede hacer responsable a ninguno de los acusados”, por más que éstos la aprovecharan para escribir “una repulsiva frase”, hacer “un alarde macabro” y de “incontinencia escrita” o expresar “el ponzoñoso deseo de la muerte del menor”, explica el juzgador.

Finalmente, el fallo descarta la comisión de un delito de injurias graves. En el caso del tuit de M.O.C., no puede considerarse que exista un insulto a Adrián, “sino una soez manera de exteriorizar una ausencia total de empatía”.

Respecto a los comentarios y frases usados por A.E.O. y B.E.S.L., indica que “resultan ciertamente ofensivos, pero la actitud denota desafío y taxatividad grosera como ánimo predominante” y no alcanzan “la gravedad suficiente para considerar que las mismas puedan tener repercusión penal”.

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Sociedad

Morir haciendo sexo durante un viaje de negocios es “accidente laboral”, según la Justicia

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En febrero de 2013, un ingeniero francés fue enviado por su empresa a Meung-sur-Loire, una ciudad situada en el centro del país, a cerrar un negocio. Durante la noche, conoció a una mujer. Ambos mantuvieron una relación amatoria en un hotel de esa localidad, que no era el que su empresa había reservado para él.

Tras el acto sexual, el hombre, que estaba casado, sufrió un infarto y falleció. Fue entonces cuando comenzó un pleito que ha durado hasta ahora y cuya resolución ha provocado una enorme polémica. El Tribunal de Apelación de París, donde el proceso judicial llegó hace dos años, acaba de sentenciar que la muerte del empleado se produjo durante el desempeño de su trabajo y por tanto se trató de un accidente laboral.

La sentencia no se queda ahí, sino que, además, ha condenado a la compañía a pagar a la viuda engañada el 80 por 100 del salario mensual del fallecido adúltero hasta el día que hubiera alcanzado su jubilación.

La Corte gala ha desestimado los argumentos de la empresa, que insistía en que los hechos se produjeron fuera del horario laboral y que la muerte no fue imputable al trabajo, sino al propio acto sexual.

En definitiva, los magistrados consideran que en este caso, el tiempo de trabajo supone el viaje y la noche que el empleado tiene que estar fuera de casa. Y por tanto, “un encuentro sexual es un acto de la vida cotidiana igual que ducharse o comer”.

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