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Tribunales

El Gobierno indulta a un policía local que falsificó documentos para encubrir a su hermano

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Eva Belmonte.- El BOE de hoy recoge nueve indultos, los primeros del año, y que rebajan penas a condenados por delitos de hurto, insolvencia punible (tres), tráfico de estupefacientes, sustracción de menores, impago de pensiones y falsedad en documento oficial. Los dos sentenciados por este último delito son miembros de cuerpos de cuerpos de seguridad públicos, un policía local y un guardia civil.

El agente de la Policía Local, José Romero, fue condenado en 2016 por haber falsificado documentos oficiales. Según consta en la sentencia, su hermano conducía un quad haciendo caballitos cuando una patrulla de Tráfico le dio el alto. Él hizo caso omiso y se dio a la fuga, hasta adentrarse en el centro histórico de Carmona (Sevilla), donde los agentes le dejaron marchar para evitar problemas en la zona. Fue entonces cuando, con la ayuda de un testigo y de la matrícula, le identificaron. Para evitar la sanción, argumentó que no era él quien conducía. Lo hizo gracias a su hermano, policía local de la localidad, que creó unos documentos que probaban que justo un día antes le habían sustraído el quad y lo había denunciado. Pero se probó que los documentos de la denuncia habían sido falsificados por su hermano.

Así, ambos fueron condenados por falsedad documental. Pero la pena impuesta al policía local, debido a su cargo y responsabilidad en los hechos, fue mayor, y superaba los dos años de prisión, por lo que le tocaba entrar a la cárcel. Gracias al indulto, la pena de prisión desaparece y solo queda el resto de sanciones: una multa de 4.500 euros y la inhabilitación durante dos años como policía de cualquier tipo, lo que le hace perder la plaza.

Este no es el único caso de un miembro de las fuerzas de seguridad que ha sido indultado en esta ronda. Antonio Tamayo, miembro de la Guardia Civil de Tráfico en Jerez de la Frontera, también fue condenado por falsedad en documento oficial y también ha sido indultado. En su caso, cometió el delito no para beneficiar a otra persona, sino para perjudicarle: puso una multa falsa al exmarido de su mujer.

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Cuando estaba de servicio y reconoció el coche, según narra la sentencia, se inventó una sanción por no tener la matrícula visible, algo que fue demostrado falso por fotografías y análisis posteriores. La Audiencia Provincial de Cádiz consideró en 2015 que lo hizo para perjudicar al exmarido y le impuso una pena de tres años de prisión. El indulto la rebaja a dos para intentar evitar su entrada en prisión.

En este caso, es la propia Audiencia Provincial la que pide el indulto, al considerar que la ley es “excesivamente severa”. Lo mismo ocurre en otro de los indultos de hoy, el que devuelve la posibilidad de ostentar la patria potestad a un hombre condenado por sustracción de menores.

Las nueve medidas de gracia publicadas hoy en el BOE fueron aprobadas el pasado viernes en Consejo de Ministros pero, como es habitual -excepto en los perdones solicitados por las cofradías por Semana Santa-, no se informó de la medida en las referencias de la reunión y sabemos de ellos solo cuando llegan al BOE.

Con estos, son 17 los perdones concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Del mismo modo que ocurría con el Ejecutivo anterior, los decretos no incluyen las razones concretas que motivaron la decisión, pese a que una sentencia de hace cinco años del Tribunal Supremo lo exige.

(Civio)

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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