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Tribunales

El Gobierno indulta a un policía local que falsificó documentos para encubrir a su hermano

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Eva Belmonte.- El BOE de hoy recoge nueve indultos, los primeros del año, y que rebajan penas a condenados por delitos de hurto, insolvencia punible (tres), tráfico de estupefacientes, sustracción de menores, impago de pensiones y falsedad en documento oficial. Los dos sentenciados por este último delito son miembros de cuerpos de cuerpos de seguridad públicos, un policía local y un guardia civil.

El agente de la Policía Local, José Romero, fue condenado en 2016 por haber falsificado documentos oficiales. Según consta en la sentencia, su hermano conducía un quad haciendo caballitos cuando una patrulla de Tráfico le dio el alto. Él hizo caso omiso y se dio a la fuga, hasta adentrarse en el centro histórico de Carmona (Sevilla), donde los agentes le dejaron marchar para evitar problemas en la zona. Fue entonces cuando, con la ayuda de un testigo y de la matrícula, le identificaron. Para evitar la sanción, argumentó que no era él quien conducía. Lo hizo gracias a su hermano, policía local de la localidad, que creó unos documentos que probaban que justo un día antes le habían sustraído el quad y lo había denunciado. Pero se probó que los documentos de la denuncia habían sido falsificados por su hermano.

Así, ambos fueron condenados por falsedad documental. Pero la pena impuesta al policía local, debido a su cargo y responsabilidad en los hechos, fue mayor, y superaba los dos años de prisión, por lo que le tocaba entrar a la cárcel. Gracias al indulto, la pena de prisión desaparece y solo queda el resto de sanciones: una multa de 4.500 euros y la inhabilitación durante dos años como policía de cualquier tipo, lo que le hace perder la plaza.

Este no es el único caso de un miembro de las fuerzas de seguridad que ha sido indultado en esta ronda. Antonio Tamayo, miembro de la Guardia Civil de Tráfico en Jerez de la Frontera, también fue condenado por falsedad en documento oficial y también ha sido indultado. En su caso, cometió el delito no para beneficiar a otra persona, sino para perjudicarle: puso una multa falsa al exmarido de su mujer.

Cuando estaba de servicio y reconoció el coche, según narra la sentencia, se inventó una sanción por no tener la matrícula visible, algo que fue demostrado falso por fotografías y análisis posteriores. La Audiencia Provincial de Cádiz consideró en 2015 que lo hizo para perjudicar al exmarido y le impuso una pena de tres años de prisión. El indulto la rebaja a dos para intentar evitar su entrada en prisión.

En este caso, es la propia Audiencia Provincial la que pide el indulto, al considerar que la ley es “excesivamente severa”. Lo mismo ocurre en otro de los indultos de hoy, el que devuelve la posibilidad de ostentar la patria potestad a un hombre condenado por sustracción de menores.

Las nueve medidas de gracia publicadas hoy en el BOE fueron aprobadas el pasado viernes en Consejo de Ministros pero, como es habitual -excepto en los perdones solicitados por las cofradías por Semana Santa-, no se informó de la medida en las referencias de la reunión y sabemos de ellos solo cuando llegan al BOE.

Con estos, son 17 los perdones concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Del mismo modo que ocurría con el Ejecutivo anterior, los decretos no incluyen las razones concretas que motivaron la decisión, pese a que una sentencia de hace cinco años del Tribunal Supremo lo exige.

(Civio)

 


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Economía

La Audiencia Nacional imputa al ex presidente del BBVA, Francisco González, por los pagos a Villarejo

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El ex presidente del BBVA, Francisco González.
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La Audiencia Nacional, tal y como pidió la fiscalía anticorrupción, ha imputado al ex presidente del BBVA en la causa por los pagos al comisario Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González, que ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación después de que el magistrado decidiera en julio imputar a la entidad bancaria como persona jurídica.

El juez sospecha que la cúpula del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje para “beneficio personal y empresarial”.

La Fiscalía ha pedido su imputación a la vista de la investigación abierta al BBVA en la pieza 9 de esta causa, en la que se indaga sobre las presuntas contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Cuando el juez imputó a la entidad los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, le citó para el 24 de septiembre, fecha que después pospuso al 10 de octubre y finalmente será previsiblemente la semana que viene cuando comparezca un representante legal del banco.


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Tribunales

Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas”

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PR.-  Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno, ni para militar en él, su función es otra. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia, con claridad, ha expresado a través de un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. “Es una barbaridad”, nos dicen algunos jueces. Incluso lo califican de lamentable. Las manifestaciones de “Jueces para la Democracia” quebrantan los principios de independencia y lealtad institucionales, señalan otros jueces consultados. Esta asociación, considerada próxima al PSOE, “ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces”, dicen.

Para la asociación de jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tienen que entrar en Política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE es progresista pero no quiso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerda. Por ello se pregunta “¿ dónde radica su progresismo? ”. Como asociación, como jueces, defienden que la Justicia sea lo más independiente posible, basada en principios constitucionales.

“Lo que se espera de los jueces es que seamos independientes”, nos dice María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la asociación mayoritaria. Defiende la división de poderes y critica la intromisión de unos en otros. Con rotundidad, Del Barco asegura, que la Política se hace en la Carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces.


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Tribunales

La Fiscalía General del Estado ordena a la catalana investigar si hubo desobediencia en el Parlament

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Roger Torrent
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La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación «a fin de valorar la posible trascendencia penal» tras las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

A pesar de haberse reunido de urgencia, no obstante, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JpCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

La mayoría que forman los grupos independentistas (JpC, ERC y la CUP) y los comunes en el Parlamento de Cataluña han permitido este martes la aprobación de una nueva moción a favor del derecho a la autodeterminación, mientras el Tribunal Constitucional (TC) se reunía sobre su legalidad, después de que el Gobierno de España hubiera pedido paralizar su votación.


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