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El Gobierno puede cerrarte desde ahora la web si afecta al orden público o a la seguridad nacional

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Intervenir internet por orden público. Combatir el desafío secesionista en Cataluña. Acelerar los tiempos pero sin petición judicial. Desde este miércoles entra en vigor un Real Decreto aprobado por el Gobierno socialista en que acuerda la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales.

El «decretazo digital», publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), técnicamente el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre, adopta «medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones». El decreto modifica varias leyes, entre ellas la General de Telecomunicaciones de 2014.

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Se trata de una decisión unilateral aunque con «carácter excepcional y transitorio», que ha desembocado en un torrente de críticas por parte de asociaciones de defensa de internet Los escenarios que contemplan para cerrar, entre otras cosas, páginas web sin petición judicial, son varios, como la posibilidad de que afecten al orden público y la seguridad nacional. Se adopta con carácter de urgencia. Sin orden judicial, bajo este nuevo criterio se podría cerrar la web de Tsunámic Democrátic, web detrás de la organización de las protestas recientes en Cataluña.

El texto pone de relieve los acontecimientos acaecidos en Cataluña a costa de las violentas protestas de grupos de independentistas radicales. «Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos», recoge el texto.

Con el nuevo texto, el Gobierno añade un nuevo apartado en el que se asume una « gestión directa» o «de intervención» en los supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y nacional. Esta herramienta se puede invocar a iniciativa del Gobierno o a instancias de una administración pública competente; en este último caso será preciso que esta administración, por ejemplo, tenga competencias en materia de seguridad.

Expertos en derecho digital han criticado la medida. «Hay otros mecanismos jurídicos que no pasan necesariamente por esta medida», explica David Maeztu, experto en esta materia, quien considera que «a priori es innecesario», aunque «estamos en una deriva en donde se esta dando más poder al Ejectuvio» para intervenir en las comunicaciones digitales. Samuel Parra, jurista experto en derecho digital, recuerda en conversación telefónica con este diario que en caso de que se pretenda regular materias que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos, aglo recogido en la Constitución, debe hacerse a través de una Ley Orgánica, que requiere de las dos terceras partes de la Cámara. A su juicio, «no se ha respetado la reserva de ley orgánica, es decir, la legalidad». Algo que considera que «es muy peligroso porque en cualquier sociedad democrática y libre el Gobierno no puede adoptar decisiones unilaterales que afecten a los derechos civiles de los ciudadanos», añade.

El Real Decreto-ley recoge también el proceso sancionador, que podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos: la amenaza inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.

El «decretazo digital» contempla otro apartado que pretende reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones, mientras que en lo relativo a las medidas en materia de identificación electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, se establece, por ley y de mandera obligatoria, dónde deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. «Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE», recoge el texto.

(ABC)


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Alvise la lía en Twitter con #CloacaGate: denuncia a Rubén Sánchez (Facua) e Ignacio Escolar para que acaben en la cárcel

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Alvise ha confirmado haber denunciado a Rubén Sánchez e Ignacio Escolar

Alvise Pérez, uno de los comunicadores más activos en las últimas semanas en Twitter, ha hecho temblar los cimientos de la izquierda denunciando a dos de sus principales defensores. El ex responsable de comunicación del diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha publicado un tuit confirmando haber presentado una denuncia contra Rubén Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) e Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es’.

Durante esta semana, Alvise Pérez había avisado de que lo que finalmente ha publicado este viernes por la noche, iba a ser lo más destacado en los 10 años que lleva en Twitter: “Llevo aquí 10 años y lo que publicó esta semana es, con diferencia, uno de los mayores actos de justicia visto en años De los mayores por las pruebas, por lo que judicialmente implica, por lo mediático, y por el tiempo que lleváis esperándolo Este viernes, gran golpe a la MAFIA”.

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En los últimos días, Alvise Pérez también ha venido denunciando la “extorsión”, “coacción” y “amenazas”, recibidas por parte de Rubén Sánchez. El propio analista político dejaba caer ante esta coacción que “hoy muchos” iban a aprender “que a mí no se me extorsiona, no se me coacciona y no se me amenaza”

Finalmente, tras una larga y tensa espera, Alvise Pérez ha publicado el tuit del ‘#CloacaGate’ confirmando que pide un total de 23 años de cárcel para diferentes implicados en el caso que ya está en manos de la Justicia.

Alvise Pérez ha confirmado que haber registrado en el Juzgado de Instrucción nº24 de Madrid una denuncia que incluye una petición total de hasta 23 años de cárcel y 9 años de cárcel para Rubén Sánchez, Ignacio Escolar, FACUA, la Subdirección General del Ministerio de Asuntos Económicos, eldiario.es y otra persona a la que llama “Safergonza”.

El conocido tuitero ha denunciado a Rubén Sánchez, portavoz de Facua, por delito contra el honor, revelación de secreto y acceso indebido, por el que podría ser condenado a una pena máxima de 10 años de prisión y a Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es’, por un delito contra el honor, por el que podría recibir una pena máxima de prisión de dos años y 24 meses de multa. En la denuncia, también incluye al Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño.

 

El analista Alvise Pérez responde así a las últimas informaciones publicadas por Rubén Sánchez, quien ha acusado a Alvise Pérez de “dejar al descubierto datos bancarios de usuarios” que compraron material contra el Gobierno de Pedro Sánchez en su página web ‘gobiernodimision.online’.

“El Reglamento General de Protección de Datos establece que el responsable del tratamiento debe notificar a la autoridad de control -la AEPD en España– la violación de seguridad de los datos personales a más tardar en 72 horas. También debe comunicar lo ocurrido a los usuarios afectados sin dilación indebida”, han denunciado desde FACUA.

 


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Vox se querella contra Twitter por bloquearle la cuenta

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Vox ha informado de la presentación este viernes en Madrid de una querella criminal contra Twitter tras el cierre de su cuenta en esta red social, algo que la formación de Santiago Abascal considera “injustificado”, por lo que ha reclamado al juzgado que ordene la reapertura como medida cautelar mientras se resuelve el asunto.

Twitter decidió limitar las funciones de la cuenta de Vox en enero por un comentario que cree que incita al odio y vulnera por tanto la política de conducta de esta red social. La limitación de funciones significa que los administradores de la cuenta pueden acceder a ella y enviar mensajes directos a sus seguidores, pero no pueden publicar comentarios ni señalar ‘me gusta’ ni ‘retweet’ a otros usuarios.

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La red social solicitó a Vox que lo eliminara, pero este partido se ha negado porque interpreta que es censura y ha decidido llevar el asunto a los tribunales. La denuncia se fundamenta en la posible comisión de “una lesión de derechos fundamentales” de Vox, como son los de libertad de expresión, de participación política, libertad ideológica y pluralismo e igualdad política.

También entiende este partido que Twitter podría estar cometiendo un delito de injurias por “la acusación falsa” a Vox de mantener “una conducta que incita al odio”, un mensaje que mantiene a la vista de los usuarios y que está “lesionando, claramente, el derecho al honor de este partido político”.

El escrito defiende que esta decisión arbitraria de la red social, que mantiene bloqueada la cuenta de VOX, causa una lesión irreparable a la formación política y que, por lo tanto, se solicita que el juzgado adopte como medida cautelar el restablecimiento de la cuentasuspendida.

En el comunicado, Vox asegura que ha intentado una salida extrajudicial al conflicto pero que Twitter se ha negado “a cualquier posibilidad de contacto” que permitiera el acuerdo. Su decisión ha sido “arbitraria”, a juicio de partido político, y se ampara en una expresión en su opinión ambigua como es “incitación al odio”.

LA POLÉMICA

La polémica comenzó con un ‘rifirrafe’ entre Vox y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. “No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógadas no sean las de toda la sociedad”, denunció la dirigente socialista.

“Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia”, respondió la cuenta oficial de Vox, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado Manuel Mariscal.

Vox entiende que se está censurando una réplica al partido en el Gobierno, el PSOE, y que se censura a “millones de españoles” a los que dice representar. Otros dirigentes políticos se han referido al uso de guillotinas o han imputado delitos a otras personas “sin que hayan tenido ningún tipo de respuesta de Twitter”.

“Mantener la cuenta censurada durante más de quince días, alegando una vulneración de estándares que no se ha producido, daña la imagen del partido y su derecho al honor”, concluye Vox.


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Un profesor de Málaga rescata de la basura la alfombra roja y el photocall de los Goya para “los niños de un barrio olvidado”

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El profesor malagueño recogió parte del decorado de los Goya para reutilizarlo en su escuela. JOSÉ MANUEL SANTOS PARADAS FACEBOOK
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“Pues yo también he estado en los Goya (en los contenedores), gracias a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España”. Con esa contundencia arranca el mensaje viral de un profesor malagueño en Facebook. Un alegato crítico con una gala, según él, poco coherente en su mensaje medioambiental.

“Gracias por el mensaje tan coherente ‘Salvemos el Planeta'”, continúa el texto de José Miguel Santos Paradas, “aunque en lugar de sermones (que ya no solo los da la Iglesia Católica) le pediría más coherencia entre lo que se proclama y se hace”. Junto a su publicación, el profesor adjunta efectivamente fotos de la alfombra roja, parte de las gradas y la cartelería del photocall de la gala de los premios cinematográficos arrojados a la basura.

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“Me gustaría preguntaros cómo se consiguen tantos recursos, cuál es el camino para que no te denieguen recursos básicos o te cierren puertas”, dice Santos Paradas, “a una pequeña escuela de barrio siempre se nos dice que no hay recursos para las necesidades más básicas, que durarían mucho más que una noche”. El docente es, según ha podido saber el diario Sur, director del centro Misioneras Cruzadas de La Palma-La Palmilla, un colegio privado religioso de la capital malagueña.

“Gracias porque con todo lo que habéis tirado algunos Re-utilizaremos los desechos para que los niños de un barrio olvidado se sientan los verdaderos actores de vida reales”, termina el post del director del centro educativo. Efectivamente, el propio colegio ha compartido en la misma red social unas fotos de sus alumnos disfrutando de los restos de la gala de los Goya: “¡¡¡Cuánto arte hay en estas estrellas!!!”.


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