RECONOCIÓ QUE ESTABA DISPUESTO A RETORCER LA LEY EN BENEFICIO DEL GOBIERNO

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional fue el fiscal general del Estado en la época de Zapatero, y con eso está casi todo dicho. Entonces, Cándido Conde-Pumpido despreció a las víctimas del terrorismo, pues todas sus acciones siguieron la hoja de ruta que Zapatero planificó para rendir el Estado a ETA. Se trataba de que el Ministerio Fiscal validase la integración del brazo político terrorista en las instituciones. 

A tal fin se encomendó con entusiasmo Conde-Pumpido, que el 9 de junio de 2006 definió con exactitud a qué obedecía su nombramiento. «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Pero no ajena a esa realidad, sino profundamente comprometida en su transformación«.

Ese mismo año incluso reconoció en sede parlamentaria que estaba dispuesto a retorcer la ley en beneficio del Gobierno, esto es, supeditar el Estado de derecho a los designios del Ejecutivo. «Si la ley, interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos sirve para que no haya más muertos» –explicó–, entonces aprovecharía para que la Fiscalía no dejara «pasar la ocasión de aplicarla con ese fin». 

La negociación con ETA exigía la generosidad del Estado, por eso la Fiscalía de Conde-Pumpido se comportó de manera laxa con los terroristas e implacable con las víctimas. Que se lo digan a Francisco José Alcaraz, entonces presidente de la AVT, que acabó en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de injurias y calumnias graves contra el Gobierno. Una organización afín al PSOE, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, logró tal hazaña. Alcaraz había dicho que «Zapatero es el embajador de ETA, el presidente hace tiempo que habla, siente y padece como los propios terroristas». No hubo condena.

La disputa venía de lejos. La asociación de Alcaraz, única oposición al zapaterismo, había presentado una querella contra Conde-Pumpido por retirar la acusación contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegui, por pertenencia a banda armada. Cuando el líder de la banda fue detenido y el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó prisión incondicional, el portavoz etarra confirmó que todos estaban en el ajo. «Si Conde-Pumpido está al tanto, me parece verdaderamente increíble que estén pidiendo mi prisión ahora que estamos ofreciendo soluciones».

Casi 20 años después de Conde-Pumpido no cabe esperar otra cosa que, como él mismo dijo, «adaptar la justicia a los procesos políticos», eufemismo que apenas maquilla el sometimiento total de la Justicia a la voluntad de Moncloa. Claro que el TC, como apreciamos con mayor nitidez estos días, se ha convertido en una suerte de tercera cámara legislativa al servicio del presidente del Gobierno. Todo cabe en la Constitución si lo dicen los jueces nombrados a dedo.

No es casualidad, por tanto, el momento escogido. Cándido Conde-Pumpido llega a la cima del Constitucional cuando Sánchez afronta el último año de legislatura y disfrutará de una mayoría aplastante en el tribunal para hacer posible lo imposible. O sea, un referéndum secesionista. 

La sombra de la consulta separatista sobrevuela España y es de agradecer que quienes están en la traición apenas disimulen. La ministra de Justicia, Pilar Llop, califica el TC como un «tribunal político». La nueva magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, dice que la autodeterminación hay que estudiarla. Y hace tres años el exministro de Justicia –también recién llegado al TC–, Juan Carlos Campo, aseguró que «frente a la crisis constituyente tenemos un debate constituyente […] no podemos dejar a nadie fuera».

Con Sánchez al mando y logrado el asalto al CGPJ –con la complicidad del PP– y al Constitucional, todo es posible. El nombramiento de Conde-Pumpido, en fin, confirma que el TC está al servicio de los intereses del golpismo catalán (siete magistrados socialistas frente a cuatro del PP) y que, en el caso de que alguna toga roja se opusiera a los desmanes del Gobierno, Conde-Pumpido haría uso del voto de calidad para desempatar cualquier votación reñida. Hasta ahí podía llegar la broma, que quien ayudó a integrar a ETA ahora no cumpliera aceptando un referéndum secesionista.