Se ha escrito ya casi todo acerca de la sentencia de los ERE falsos, el fondo de reptiles y el régimen clientelar andaluz. Pero a este columnista le ha cogido a tres días de su escrito semanal y no tiene más remedio que pedir disculpas por incidir de nuevo en el asunto. Ustedes sabrán disculparme. Hace poco más de año y medio escribí en esta misma página -y perdón por la autocita- un suelto titulado «¿Responsables o Culpables?»: tenía dudas de si la conducta de Chaves y Griñán estaba guiada por la torpeza como administradores o la intención malsana de malversar dinero público en beneficio de los intereses electorales de su partido. Advertí ser cercano humanamente a ambos, personas de afabilidad y austeridad personal ciertamente contrastada: Chaves y Griñán, añadía, no son Pujol, que se ha enriquecido, ha evadido capitales, ha defraudado a Hacienda y ha fracturado la sociedad catalana de forma no sé si reversible. Los presidentes andaluces no manejaron un 3% de todo lo que pasara por sus manos, vine a decir. Solo cabía dilucidar si se trataba de responsables políticos que incumplieron la obligación de saber lo que se movía bajo sus pies, que no detectaron ni cortaron de raíz un fraude masivo, que no supieron lo que pasaba siendo su obligación saberlo todo o si fueron consentidores y autores, y por lo tanto culpables, de un manejo pervertido de recursos públicos en beneficio de la presencia electoral todopoderosa del PSOE en la tristísima Andalucía clientelar.

Las evidencias han llevado al Tribunal a dar respuesta categórica: son culpables. La responsabilidad no era solo política: también lo era penal, ya que los jueces no conciben que un manejo de ese calibre pudiera realizarse a espaldas de los máximos responsables de la Administración. Desde ese momento, la situación de ambos es bien distinta: Chaves ha sido condenado a inhabilitación para el desempeño de unas funciones a las que jamás planeaba volver a postularse, con lo cual solo le pesa la erosión en el prestigio personal, que no es poco, pero Griñán ha sido condenado a seis años de cárcel, a expensas de que el Supremo lo confirme o no.

Ambos han recibido solidaridad humana de sus próximos, pero saben que están solos y que hoy son el objeto de todo tipo de invectivas, muchas humanamente exageradas. Pero lo cierto es que lo que el Tribunal ha venido a hacer es condenar una forma de gobernar, la soberbia de creerse inexpugnables después de más de treinta años de poder y la acción calculada y consciente de más de una ilegalidad. Esa soberbia de saberse ganador una y otra vez a la que me refiero conduce, en ocasiones, a despreciar los mecanismos de intervención y control que toda Administración posee. Y ese fue el gran error que impide hoy a los responsables juzgados y condenados a argumentar su inocencia: el Tribunal dice que lo sabían y que les parecía muy bien. En la Andalucía que tantas glorias electorales ha dado al socialismo patrio merodeaba un sentido de impunidad del que pocos quisieron deshacerse, sabedores de que no había más reproche público a sus repetidas conductas que los llevados a cabo por un puñado de resistentes al acomodaticio papel de la mayoría de medios de comunicación, debidamente regados en función de sus posturas más o menos críticas.

La sentencia deja en lugar políticamente comprometido a diversos actores del teatrillo local y nacional. Por mucho que Pedro Sánchez quiera esconderse o que Susana Díaz advierta que con ella no va la cosa, la decisión de los jueces es un volquete de basura vertido sobre sus predios. Ciertamente lo que les acaezca a ambos nunca significará una milésima parte de lo que puede significar en prestigio o libertad para varios socialistas aturdidos por un mazazo considerable.