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Cartas del Director

El mediador, una traición a España

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Representantes de Gobierno y Generalitat, durante su reunión en Barcelona el pasado diciembre
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La última condición de los partidos independentistas para aprobar los Presupuestos es que se nombre a un «relator» que certifique el diálogo que mantienen con el Gobierno sobre Cataluña dentro de la llamada «mesa de partidos». Lo ideal para los secesionistas era que dicho mediador hubiese sido internacional –designado por la ONU, a ser posible– para escenificar el conflicto entre dos naciones soberanas que tienen un litigio territorial, pero al Gobierno le ha parecido suficiente con un intermediario nacional y «neutral», aunque desarrolle la misma función sonrojante para cualquier país democrático.

No hay ningún gobierno de nuestro entorno que se rija por el régimen parlamentario liberal que para negociar sus presupuestos ponga encima de la mesa nombrar un mediador para los sucesivos encuentros políticos con sus aliados. Este hecho, por más disparatado que parezca, da la medida de la extrema debilidad de Pedro Sánchez, su supeditación a los independentistas y sus ilimitados recursos más allá de lo éticamente exigible a cualquier gobernante para incumplir su principal compromiso: convocar elecciones. De esa circunstancia se deriva todo lo demás.

En primer lugar, se trata de una condición de los independentistas que, ateniéndonos a los hechos, no es casualidad que el anuncio de la aceptación del «relator» se produzca el mismo día que ERC ha registrado en el Congreso su enmienda a la totalidad a los Presupuestos. No sabemos si forma parte de uno de esos «gestos» que la Generalitat estaba demandando al Gobierno, pero lo cierto es que ha sido bien recibida –«suena bien», dijo la portavoz nacionalista– y se ajusta a lo requerido por una mesa en la que debe tratarse el «problema político» de Cataluña, sin límites para abordar asuntos que afecten a los presos separatistas o al reconocimiento del derecho de autodeterminación.

«Alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar», dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como si la segunda responsable del Ejecutivo no fuese un aval suficiente. Alguien, en definitiva, que dé «fe» –según expresión de Miquel Iceta– de las conversaciones y continuidad a una mesa de diálogo político sin cortapisas. En estricta definición diplomática un «relator» es un experto independiente para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos. En definitiva, es un nuevo actor en la ya de por sí poblada escena teatral construida por el «proceso», un elemento que añade más confusión en la absoluta perversión del lenguaje introducido por el independentismo y que ayer Carmen Calvo hizo suyo y llevó a niveles cinematográficos. «Si dialogar es un delito, soy culpable y espero condena», sentenció.

Por último, la «neutralidad» de dicho mediador exige algo que ningún gobierno pude aceptar: equidistancia sobre los graves sucesos de octubre de 2017, de los que sus interlocutores no se han arrepentido y están dispuestos a repetir. Como prueba de esa ceremonia oscura en la que el Gobierno se ha embarcado, la Generalitat hizo público el documento de 21 puntos que Joaquim Torra entregó a Pedro Sánchez en la reunión «bilateral» que mantuvieron en Barcelona el pasado 21 de diciembre.

Se trata de un verdadero panfleto que, desde la primera a la última palabra, es un insulto a la democracia española, a sus instituciones y a sus ciudadanos. Si sobre esa base se debe establecer un diálogo «sin límites y sin condiciones», tal y como afirma, Sánchez tiene un grave problema y lo tiene también España. En estas condiciones, por puro sentido de la responsabilidad, no se puede seguir manteniendo esta legislatura. Sánchez ha sobrepasado todas las líneas, degradando la vida política y el sentido de la lealtad institucional. El votante socialista también lo sabe.

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España no puede perder más tiempo

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(R) Convocadas a la medida de las expectivas y los cálculos particulares de Pedro Sánchez y su equipo de asesores, con los que ayer no tuvo pudor en ignorar la jornada de reflexión para posar en una burda imagen de propaganda partidista tomada en La Moncloa, las elecciones generales de hoy sitúan a los votantes ante la alternativa del desbloqueo parlamentario o de la ingobernabilidad a la que como consecuencia de la fragmentación del voto se ha abonado España.

Las cuartas elecciones celebradas en los últimos cuatro años corren el riesgo de convertirse en la enésima semifinal que disputan la izquierda y la derecha, cada una por su lado, para hacerse con la hegemonía del voto de sus respectivas parroquias de seguidores, unas primarias encubiertas en las que los verdaderos problemas y retos a los que se enfrenta España, crecientes según pasa el tiempo y se retrasan las reformas y las decisiones políticas, resultan secundarios para los partidos. El frenazo del crecimiento económico o el desafío del separatismo no pueden esperar a que Pedro Sánchez logre -en la jornada de hoy o dentro de unos meses, en una próxima convocatoria electoral- la representación parlamentaria que considere necesaria para gobernar en solitario. España no puede permitirse perder más tiempo, ni una nueva prórroga de los presupuestos que Mariano Rajoy dejó en herencia y que, paradójicamente, han servido hasta ahora de muro de contención para el irresponsable populismo económico que anuncia Sánchez.

El pulso que el PSOE libra con Podemos está en la raíz de las segundas elecciones generales de este 2019, una batalla sectorial y cainita cuyo traslado a un centro-derecha también fragmentado ha contribuido a perpetuar la provisionalidad que condiciona y lastra el futuro inmediato de España. Con la opción de Ciudadanos muy debilitada como bisagra -primero dejó caer a Rajoy y más tarde jugó la baza, también puramente táctica, de no apoyar a Sánchez-, el centro-derecha reaparece hoy como la única alternativa para impedir que el PSOE tome las riendas de la nación en un momento de especial gravedad, definido por amenazas internas y externas. El extremismo que sembró Rodríguez Zapatero, ahora cultivado por Sánchez, no solo ha dado pie a la fractura y la radicalización de una izquierda descentrada y partida, sino a la división política de la derecha, que de la mano de Aznar y Rajoy y desde la unidad proporcionó a España los mejores años de su reciente historia legislativa. Por acción u omisión, también se acumularon errores, expuestos y denunciados en estas mismas páginas, pero no en el grado caricaturesco que algunos insisten en presentar a los votantes para priorizar su guerra particular y sacrificar los intereses de Españas. Son estos, y no otros, los que hoy nos llevan a las urnas.

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Las consecuencias del 10-N

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En las elecciones que se celebran mañana, los españoles van a decidir más que la composición de un Parlamento. Incluso más que las opciones de gobierno en las que pueden moverse el PSOE y el PP. Son unas elecciones en las que los votantes deben sentirse concernidos por la inflexión histórica que pueden suponer para el desarrollo del sistema democrático español. En primer lugar, España decide mañana su configuración ideológica, no tanto por los resultados adversos o insuficientes que vayan a obtener la socialdemocracia y el conservadurismo liberal, sino por la probable consagración de opciones que se presentan y que reclaman el voto para una impugnación populista de la democracia parlamentaria y del Estado constitucional de 1978. A esta situación se ha llegado, sin duda, porque la izquierda se liberó, de la mano del PSOE de Zapatero, de cualquier compromiso con los consensos constituyentes y abrió de la caja de Pandora del revisionismo histórico y la deslegitimación del régimen constitucional. A partir de entonces los sentimientos políticos extremos, a derecha e izquierda, han cuajado en dos formaciones que mañana pueden alcanzar un centenar de escaños, en el mejor de los escenarios contemplados por algunas encuestas. Ha sido el PSOE el que ha nutrido esa radicalización, alimentando su margen izquierda con discursos de los años treinta del siglo pasado, que también han exacerbado a una parte de la derecha instalada desde el comienzo de la transición en las coordenadas del orden constitucional.

Por otro lado, el votante decide mañana si de nuevo opta por la fragmentación desestabilizadora o recupera el sentido pragmático del voto para reforzar la capacidad del sistema parlamentario para formar gobiernos. El decaimiento del bipartidismo fue recibido como una muestra de pluralismo político, lo cual, aun aceptando que sea así, ha supuesto la mayor etapa de inestabilidad política desde 1978. Con cuatro elecciones en cuatro años, el experimento de la representatividad absoluta ha fallado.

Ya saben los españoles a lo que conduce la dispersión del voto. Si las encuestas se confirman y los candidatos se mantienen a partir del lunes en los vetos recíprocos, habrá nuevas elecciones en el primer trimestre de 2020. El voto es libre, pero también responsable. España se adentra en una crisis económica, mientras subsiste, y se agrava, el desafío separatista en Cataluña. La Unión Europea se acerca al Brexit, mientras sufre tensiones centrífugas eurófobas. Iberoamérica está convulsa y el Mediterráneo, entre la presión migratoria, el polvorín de Siria e Irak y las revueltas populares, sigue siendo un foco de preocupación. La alternativa es clara para mañana: o dar a España la opción de un gobierno serio y bien dirigido para afrontar estas situaciones o sacar a nuestro país del circuito de las democracias europeas estables.

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Así no, señor candidato socialista

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La afirmación gratuita de Pedro Sánchez sobre la inverosímil supeditación de la Fiscalía a las decisiones del Gobierno no ha podido venir en peor momento para el prestigio exterior de la Justicia española –que, ayer, volvió a sufrir un revés a cuenta de la euroorden cursada por el juez Pablo Llarena a las autoridades británica para la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí– y, sin duda, será utilizada por el separatismo catalán y sus apoyos internacionales en su campaña de debilitación de las instituciones del Estado. Ni hecho a posta, el candidato socialista podía haber dado una baza mejor al fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuya línea de defensa viene basándose en una supuesta colusión de poderes que invalidaría el principio de seguridad jurídica aplicado en España. No en vano, las dos principales asociaciones que agrupan a los fiscales salieron rápidamente al paso de la especie, en vivo contraste con el clamoroso silencio de nuestro Ministerio de Justicia, más sorprendente por la pertenencia de su titular, Dolores Delgado, a la carrera Fiscal, lo que le supone perfectamente consciente de la gravedad del desliz de su jefe político y de la penosa imagen que se traslada a una opinión pública que se muestra proclive, pese a las evidencias en contra, a dudar de la independencia de nuestro sistema judicial. No queremos ocultar que, más tarde, el propio Sánchez trató de rectificar el yerro, pero la banalidad de su excusa no ha hecho más que empeorar las cosas.

Que el Gobierno apoya a la Fiscalía, como explica el candidato socialista en su tuit, no es más que una perogrullada que, en sensu contrario, nos deslizaría por un camino lleno de charcos dialécticos. Si bien no es la primera vez que el presidente del Gobierno en funciones parece instalarse por encima de los usos institucionales, –como ocurrió con el cambio de criterio acusatorio en la Abogacía del Estado en el caso del «procés», con el relevo forzoso del jefe de la sección penal, Edmundo Bal, o con la manipulación grosera del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), puesto en manos de un dirigente de su partido y miembro de su círculo más próximo–, en este caso confluye un factor preocupante: el uso en campaña electoral, como si de cobrarse una pieza de caza se tratara, del procedimiento judicial abierto contra Carles Puigdemont, cuestión que, como todo el mundo sabe, está sometida, falazmente, al mayor de los escrutinios legales.

Por supuesto, no creemos necesario glosar la independencia de la Fiscalía, tal y como está garantizada en la legislación española –que, entre otras disposiciones, establece que la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado y que será este último, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, quien resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas por el Gobierno–, pero sí debemos trasladar a la sociedad española la convicción de que, en nuestra experiencia, los fiscales se desenvuelven conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sujetos la legalidad e imparcialidad que les dicta su Estatuto.

Finalmente, podemos comprender los nervios que embargan al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista ante unos sondeos preelectorales que no le auguran, ni mucho menos, una victoria suficiente y, también, la preocupación por las consecuencias que para sus perspectivas pueda tener la evolución de la crisis en Cataluña estos próximos días, pero de un político serio se espera que sepa medir sus palabras, especialmente, cuando estas se refieren a unas instituciones del Estado que, como la Fiscalía, deberían estar por encima de la pugna partidista y los cálculos electoralistas.

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