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“El Partido Socialista Navarro se ha echado en las garras de los proetarras”

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Manifiesto íntegro leído en el XIX aniversario del asesinato de Francisco Casanova por la banda terrorista ETA:

Buenas tardes.

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Rosalia, Laura y Javier, muchas gracias especialmente a vosotros por venir hasta aquí y compartir este acto con nosotros. Estamos en tiempos difíciles, con un empeño infame de pasar página y olvidar a quienes perdieron la vida por la libertad de todos, por España. Por ello, Vecinos de Paz no nos cansaremos de decir: no vamos a olvidar, aunque se empeñen. Pero no, no es suficiente con decirlo, hay que demostrar que los tenemos presentes con hechos, y una buena forma es con homenajes como el que cada año, en la fecha exacta de su asesinato, hacemos a Paco. Con él recordamos también a todas y cada una de las víctimas del terrorismo etarra y acompañamos a sus familias. Gracias a los que de corazón queréis estar aquí. Hay quienes acuden a todos los actos de homenaje a las víctimas a pesar de que de sobra saben que no son bienvenidos, como los miembros del departamento “de la mentira”, como así le llamamos nosotros, “Departamento de Paz. Convivencia y Derechos Humanos” que el Gobierno de Barkos se sacó de la manga para ir allanando el camino al blanqueo etarra, y por el que cobran su sueldico. Pero claro está, si en uno de esos actos a los que acuden les dan un humilde folio con una leyenda tan clara como la que piden las víctimas, y cualquier ciudadano de bien, “VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA”, hay a quien como a la Sra.Ollo, le quema en las manos, y lo mete de inmediato en su bolso.

Hemos tenido cuatro años de imposiciones: euskera, educación, ikurriña… pasos para la anexión de Navarra al País Vasco con el propósito de formar esa entelequia de Euskal Herria. Estábamos convencidos de que estas elecciones las ganarían los partidos constitucionalistas, como así ha sido. Lo que no podíamos imaginar, y nos causa una gran tristeza, es el posicionamiento del PSN en los últimos dias. El PSN que ha estado junto a las víctimas y la ciudadanía que nos posicionamos junto a ellas, poniéndonos en contra del terrorismo y toda ideología que lo ensalce, disculpe o justifique. El PSN que ha estado en las manifestaciones defendiendo los símbolos de Navarra, contra la imposición del euskera. Inclusive el 22 de mayo decía la Sra. Chivite: “¡Hagamos posible un Gobierno social lejos de los nacionalistas! La sorpresa ha sido mayúscula cuando, lejos de posicionarse frente a ellos, se ha echado en sus garras y en las de los proetarras, cometiendo una gran ignominia y una autentica humillación a los cerca de mil asesinados por ETA, entre los que se encuentran:

Germán González, Vicente Gajate, Enrique Casas, Maite Torrano, Félix Peña, Feman. Múgica Herzog, José Luis López de Lacalle, Femando Buesa, Juan Maria Jáuregui, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Joxeba Pagazaurtundúa e Isaías Carrasco. ¿Los recuerda usted Sra. Chivite? Son compañeros suyos, del Partido Socialista, asesinados por la banda terrorista ETA, y a los que ha dejado de lado para echarse esos otros compañeros que no condenan la barbarie etarra. Incluso ya le han dicho que recibir a los asesinos como héroes es normal, y así lo irán haciendo. Y lo harán con su beneplácito.

Pilar Ruiz, madre de Joxeba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA, le dijo a Patxi López, del Partido Socialista de Euskadi como ella: “La defensa de la vida, de la libertad, y de la dignidad, es más importante que el poder o que el interés del Partido Socialista”. Más dignidad y justicia no cabían en esas palabras, las que deben también tener en cuenta los demás partidos constitucionalistas.

No queremos obviar a tantos y tantos socialistas que no están de acuerdo con ese macabro y humillante pacto. Alzad la voz. Los partidos constitucionalistas tenéis la obligación politica y moral de estar unidos por encima de vuestras siglas frente a quienes están en contra de la Constitución española, la que protege la unidad de España, y con ella la igualdad entre losespañoles.

Un año más pedirnos que se ponga todo el esfuerzo en resolver los más de 300 asesinatos que hay sin esclarecer. Queremos aprovechar para pedir al Ayuntamiento de Pamplona, con su alcalde Enrique Maya a la cabeza, que ponga en Pamplona una placa de recuerdo a cada víctima de la banda terroista ETA en el lugar del atentado; así como que corrija la placa en la Bajada de Javier donde se omite el nombre del policía Francisco Miguel Sánchez, asesinado junto a Alfredo Aguirre. También pedimos que se corrijan las puestas en las calles del barrio Soto de Lezkairu; placas tramposas colocadas tras mucho pedir, por el ex—alcalde Asirón, de Bildu, con nombres de víctimas de la ETA; en ellas se leen el nombre de la víctima y un simple “asesinado”. ¿ASESINADO POR QUIÉN?

Querernos terminar volviendo a pediros UNIDAD frente a los totalitarios. No pueden conseguir lo que no consiguieron con chantajes y asesinatos.

Y tened presente que vivir en los corazones que dejarmos tras nosotros es NO MORIR.

Gracias


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Religión

Un cura de Murcia aprovecha su homilía televisada para decir que «el Gobierno esconde muertos y persigue a la Iglesia»

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Misa del Domingo de la Divina Misericordia. Celebración retransmitida en directo por Telearchena, televisión local de Murcia. El celebrante, el párroco de la localidad y vicario episcopal de Cieza-Yecla (Diócesis de Cartagena), Alfonso Albuquerque. En su homilía, tras poner en valor el trabajo de los sanitarios, el sacerdote entra en materia para, en cinco minutos, cargar contra la supuesta persecución del Gobierno a la Iglesia, el ocultismo con las cifras de fallecidos a causa del coronavirus y el también supuesto espionaje gubernamental a los teléfonos móviles de los españoles, curas incluidos.

(VER VIDEO)

Al comenzar su alocución, el sacerdote llama a los cristianos a “defender nuestra fe a capa y espada, sin temor a la muerte, pero con miedo a la mentira”. Y es que, según sus palabras, “en nuestros medios informativos de cualquier televisión nacional, unos por ser del Gobierno y otros por estar sufragadas por el Gobierno, no han dicho absolutamente nada de todo el bien que la Iglesia está haciendo en este tiempo de pandemia del Covid-19″. “Ninguno”, asevera Albuquerque a pie de ambón.

El cura continúa su sermón poniendo el foco en los muertos. “Son más de 20.000 los compatriotas que han fallecido. Muchos de ellos sanitarios. Más de lo que dicen las cifras, nos siguen engañando, hermanos, y esto nos lleva a acudir a Dios para pedirle por tantísimos miles de españoles que han muerto en el silencio de la soledad”, afirma.

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Las comparecencias diarias del Comité Técnico, encabezado por el doctor Fernando Simón, son para el sacerdote “un desfile de parodia nacional, una chirigota”. Y añade: “Es una burla salir diariamente a decir cuántos muertos llevamos, y no ser exactamente esos”.

 

“No puede haber paz”



Siguiendo con su homilía, Albuquerque anima a sus fieles a no callar. “Cuántos somos capaz de hacer el bien sin salir desde nuestros hogares con un Gobierno que no está sacrificando absolutamente nada, viviendo del engaño, del silencio, ocultando la verdad: eso se llama mentir. Y ante esto, hermanos, no nos podemos callar. Es tiempo de unificar fuerzas para vencer al enemigo que nos mata, pero también es tiempo de una fuerte crítica hacia aquellos que nos gobiernan desde un desgobierno central y que están creando una gran paranoia nacional”, afirma.

Albuquerque habla de una persecución del Gobierno a la Iglesia, y lo explica con este ejemplo: “Podemos celebrar entierros en la puerta del cementerio con tres personas y el sacerdote, y luego en el super nos encontramos varias decenas y decenas de personas que ni guardan la distancia de seguridad”. Y se pregunta para autocontestarse a renglón seguido: “¿Qué está pasando, hermanos? Ahí no hay verdad, hay persecución, mentira. Y si hay mentira y hay engaño, no puede haber paz”.

No finaliza su alocución sin resaltar el supuesto espionaje gubernamental. “El control de los móviles también se está haciendo, lo habéis notado en vuestros móviles y lo he notado yo”, dice con rotundidad. En una última intervención, el párroco de Archena vuelve a Jesús para resaltar que “las críticas están creciendo cada vez más, pero hoy se manifiesta Jesús y en medio de ese dolor se manifiesta la esperanza”.

(Vida Nueva)


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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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Salud

Fernando Simón, en el punto de mira de la Guardia Civil: Principal sospechoso en la investigación penal por el aquelarre feminista del 8-M

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La investigación penal sobre la autorización de la manifestación del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón.

Según recoge El Confidencial, las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes del aquelarre feminista datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana.

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.

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Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de Covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. El propio ministro de Sanidad Salvador Illa y Simón coincidieron en que debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.

Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.


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