La sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que va a juzgar al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, se ha opuesto a dejarle en libertad antes del juicio, que comenzará el 25 de febrero, al considerar que persiste el riesgo de fuga, fundamentalmente, por sus «contactos» en el extranjero.

Este argumento es el mismo que han esgrimido tanto la Fiscalía, como la juez instructora Carmen Lamela y la sección tercera de lo Penal, a la que correspondió resolver los recursos de apelación, al pronunciarse sobre las sucesivas peticiones de excarcelación que ha planteado desde que ingresó en prisión provisional en mayo de 2017.

«Es algo en lo que se viene insistiendo en anteriores resoluciones dictadas por los órganos judiciales que han conocido durante la instrucción», recuerda el tribunal, que añade además que las «circunstancias tenidas en cuenta en otras ocasiones» para denegar la libertad «si en algo han variado en es que ya tenemos señalado» el juicio, lo que puede «potenciar ese ya elevado riesgo de fuga».

En el juicio, Rosell, se enfrentará a una petición fiscal de 11 años de cárcel por blanqueo y pertenencia a organización criminal y multa de 59 millones de euros, y en el banquillo estará también su esposa, Marta Pineda (que se enfrenta a 7 años de cárcel); el abogado andorrano Joan Besolí (10 años); el ciudadano libanés amigo de Rosell Shahe Ohanneissian (7 años), y otros dos presuntos testaferros, Pedro Andrés Ramos y Josep Colomer, para los que piden 8 y 6 años de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía les acusa de formar parte de una organización criminal que ocultó casi 20 millones de euros de mordidas obtenidas por el que fuera presidente de la CBF entre 1989 y 2012, Ricardo Teixeira, concretamente 14.972.612 millones que cobró en comisiones ilegales por los derechos de retransmisión de 24 amistosos de la selección brasileña y otros 5 millones de un contrato de patrocinio con la marca Nike.

En su petición de libertad, el abogado de Rosell, que representa también a Besolí (los dos únicos acusados en prisión preventiva), consideraba «anómalo» que siga en la cárcel mientras otros imputados como el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o el de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar han sido excarcelados antes del juicio tras estar en prisión provisional.

Sin embargo, para el tribunal, «al margen de las consideraciones que se hacen en el escrito de petición de libertad (…) si tal situación de prisión se mantiene es, fundamentalmente, por el elevado riesgo de fuga».

Respecto a la alegación de que la prisión de Rosell y Besolí restringe «gravemente» el ejercicio de su defensa, los magistrados -Concepción Espejel, Ángel Hurtado y Ramón Sáez Valcárcel- la rechazan a la vista de la «activa intervención» de los abogados durante la instrucción y por que «acceder a argumentos como ese llevaría» a la excarcelación de todos los acusados antes de un juicio.

En cuanto al argumento de que el riego de fuga es inexistente «a estas alturas» tras el tiempo que lleva Rosell en prisión, el auto de la Sala destaca que cuenta con contactos en el extranjero «desde los que realiza la actividad delictiva investigada».

En cuanto a Besolí, la Sala tiene en cuenta «la relación personal y profesional» que tiene con Rosell, que cree que también «favorecería su interés por huir», a lo que añade su condición de «nacional andorrano» con lo que podría tratar de refugiarse en su país, que tiene prevista «la prohibición de la extradición de sus nacionales».