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(ESCUCHEN EL AUDIO) ¿El Gobierno de España? En funciones. Pero en funciones de traición a España

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Vamos a realizar un ejercicio de imaginación que, por supuesto, nada tiene que ver con la realidad. Que va. Nada.

Supongamos, en medio de nuestro delirio, que el Gobierno de España estuviera formado por una serie de individuos de la peor ralea, protosinvergüenzas, traidores, mentirosos, trileros, estafadores y cobardes. De esos que antes prefieren insultar a los muertos, o desenterrarlos, que enfrentarse a los vivos. Ministros como ejemplos de cobardía; presidentes como ejemplos de mendacidad manifiesta. Subsecretarios como ejemplos de meretrices de salón. Jefes de gabinete como efebos de sauna. 

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¿Se lo imaginan, verdad? 

Pues ahora saquen ustedes sus propias conclusiones y, sobre todo, no se las digan a nadie. No las comenten. No hablen. Les acusarán de delitos de odio. 

Hecha la anterior reflexión, queremos compartir con nuestros lectores un testimonio que nos llega mediante un lector anónimo. Un testimonio de una mujer catalana que desesperada, marca el número de teléfono de La Moncloa.

No les vamos a decir cómo nos ha hecho sentir… qué nos ha hecho sentir… y hacia quien nos ha hecho sentir.

No se lo vamos a decir, porque decirlo es ilegal. Se lo dejamos a su imaginación. Cosa que, por el momento, sigue estando permitida.


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Espinosa de los Monteros ironiza con la «lucha contra el fascismo» del padre de Iglesias

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El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha ironizado este jueves con la «lucha contra el fascismo» de Javier Iglesias Peláez, el padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a raíz de la polémica desatada en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja.

«En esta historia de lucha contra el fascismo, de aquellos que se dejaron la piel y arriesgaron la vida… se nos olvida que este gran luchador contra el franquismo era parte del sistema», ha señalado el dirigente de Vox en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, recordando así que el padre del vicepresidente fue inspector de Trabajo durante los años de la dictadura.

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La polémica surgió después de que la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijese durante el Pleno que Iglesias «es el hijo de un terrorista», al relacionarle con el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que operó en los últimos años del franquismo y la Transición y no se disolvió hasta 1978.

Luisa Turrión, madre del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, salió en defensa del padre de su hijo, aludiendo a la «lengua bífida» de Álvarez de Toledo y tachándola de «marquesa de pacotilla». «Fue y es un hombre de bien y luchador contra cualquier forma de fascismo», aseguró Turrión.

Insta a no hacer «alusión» a «cosas» solo vistas en Cuéntame

«Todas estas historias tan dramáticas de lucha contra el fascismo me hacen bastante gracia», ha continuado el portavoz de Vox, que ha instado a todas las personas menores de 85 años a no hacer «alusión» a «cosas» que solo se han visto en «capítulos de ‘Cuéntame’» donde, a su juicio, se dice «que había unos buenos muy buenos y unos malos muy malos».

 

 

En esta línea, Espinosa de los Monteros ha asegurado que aquellos que se «acuerdan del franquismo» tiene que ser «gente muy mayor». «Franco murió en el 75. Para tener una memoria realmente encarnizada de lo que fue aquello uno tenía que tener entre 30 y 35 años», ha sostenido. A su juicio, hay gente que «desde hace 16 años», con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, «se dedica a buscar y arremeter contra media España». «Cuando se había superado todo eso, cuando el PSOE que ganó en el 82 había decidido mirar hacia delante los hijos y nietos de aquellos vienen a dar lecciones de historia», ha lamentado.

Así, Espinosa de los Monteros ha cargado contra Pablo Iglesias, al que ha acusado de estar «genéticamente codificado para estar en el modo protesta». «Para hacer escraches, quemar contenedores, impedir que la gente hable en universidades y asaltar capillas. Esa es su naturaleza», ha afirmado.

En este contexto, el dirigente de Vox ha criticado la labor de Iglesias en el Ejecutivo porque «una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo». «Como no sabe gobernar, gestionar las residencias de ancianos porque no ha administrado ni una comunidad de vecinos en su vida, como no ha tenido responsabilidad… pues sigue en modo oposición», ha aseverado. Para el político de la formación dirigida por Santiago Abascal, esta actitud del vicepresidente segundo del Gobierno está «infectando» a sus compañeros del Consejo de Ministros. «Están deteriorando la democracia y la naturaleza del sistema y minusvalorando la función del Congreso», ha zanjado.


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La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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El coronel de La Legión Enrique de Vivero cuenta los detalles del miserable cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid: «Aspiran a convertir España en Venezuela»

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Enrique de Vivero Fernández.- (*)

Desde que ayer se diera a conocer el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de Los Cobos, jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid, un río de informaciones han seguido en cascada ante la extemporánea decisión del cese del citado mando del instituto armado.

Digamos como premisa que el ministro del Interior está en su derecho de cesar al personal en puestos de libre designación , bajo su mando , por pérdida de confianza . Hasta aquí nada que alegar a la decisión del ministro. El problema es el motivo por el cual la desaparecida directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ejecuta la orden que le da el ministro Marlaska de proceder al cese del coronel de los Cobos.

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Carlos Alsina, en su programa en Onda Cero, nos ha narrado las tres llamadas que recibe el coronel de los Cobos, interesándose por la situación del informe que realiza la Policía Judicial por encargo del Juzgado número 51 de Madrid.

La primera llamada es del general Berrocal, superior inmediato del coronel de los Cobos. En ella le interroga sobre el citado informe, a lo que el coronel responde que desconoce su contenido.

La segunda llamada procede un alto cargo de la Guardia Civil. Le apremia a que le informe sobre el contenido de las diligencias que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial adscrita a su comandancia. El coronel de Los Cobos se mantiene firme y le replica al superior que tiene instrucciones de la juez del Juzgado 51 de Madrid de mantener en secreto las diligencias que se llevan a cabo. En la conversación, de los Cobos es advertido de que el Gobierno está interesado en conocer el alcance del informe.

La tercera y última llamada procede de la directora general de la Guardia Civil, la exdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, «La desaparecida». En esta conversación, según el periodista de Onda Cero, la señora Gámez informa al coronel de su cese por no «haber informado a sus superiores del contenido del informe». El coronel le replica que desconoce el contenido dado el carácter secreto de las actuaciones que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial por orden del Juzgado 51 de Madrid. Gámez le advierte que tenía que haber articulado los mecanismos necesarios para que el Gobierno conociera el contenido del informe. Y añadió: «Esto es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre».

Hasta aquí las informaciones relatadas en Onda Cero por Carlos Alsina.

De ser ciertas dichas afirmaciones, estaríamos asistiendo presuntamente a una clara injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial. Se podrían haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación, coacciones, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia previstos en el Código Penal.

El coronel Enrique de Vivero Fernández, autor del artículo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que estas investigaciones las lleva a cabo el Juzgado 51 de Madrid para esclarecer los hechos del 8M. Tendremos que pensar que las diligencias llevadas a cabo pueden tener material muy sensible para este Gobierno, y en particular para el ministro del Interior, y que presuntamente se cometió algún delito.

Hoy mismo ha trascendido que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga si hubo o no prevaricación al permitirse esta manifestación feminista, ha citado en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que dio luz verde a la celebración de esta protesta masiva el día 8 de marzo.

La titular del Juzgado 51 de Madrid ya ha recibido los datos de la investigación llevada a cabo por la unidad de Policía Judicial adscrita a la Comandancia de la Guardia Civil que mandaba el coronel de los Cobos.

Según datos recabados por Alerta Digital sobre el contenido del informe, el Ejecutivo, el delegado del Gobierno en Madrid y Fernando Simón, como responsable del CCAES, habrían tenido presuntamente conocimiento antes del 8M de los motivos que desaconsejaban la celebración de la magna concentración programada para el día de la mujer en Madrid.

En el citado informe se alude a la negativa que se le dio a la FADE (Federación de la Asamblea de Dios en España) a su solicitud para celebrar los días 19, 20 y 21 de marzo el IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios, denominado UNLIMITED 2020.

Marlaska y de los Cobos

 

 

Según datos que obrarían en el informe, los representantes de esta congregación religiosa mantuvieron reuniones los días 5 y 6 de marzo con el ministro Illa, el doctor Simón y el secretario general de Sanidad. En dichas reuniones, presuntamente, el ministro Illa y Fernando Simón dijeron que se desaconsejaba la celebración del Congreso solicitado debido a la a la gravedad de la situación de la pandemia del COVID.

El doctor Fernando Simón les habría explicado la grave crisis sanitaria que atravesaba España, con 27 fallecimientos conocidos hasta aquel momento, y dado que en ese Congreso se podían reunir hasta 8.000 personas, según su estimación, se debía proceder a su suspensión.

Lo extraño de las resoluciones de la Delegación del Gobierno en Madrid es que conociendo estos datos sobre la pandemia y la negativa a celebrar el Congreso UNLIMITED 2020, se permitiese al mismo tiempo que se celebrara la manifestación del 8M, a la que estaba previsto que acudiesen hasta un millón de personas en Madrid.

Irene Montero en la cabecera de la manifestación del 8-M.

 

 

 

 

Los datos del informe presentado por la Policía Judicial, presuntamente pueden tener la clave de por qué se permitió celebrar el 8M, que posteriormente fue el multiplicador de la pandemia y la causa de innumerables decesos en Madrid.

Los investigadores de la unidad de Policía Judicial han debido efectuar una labor extraordinaria, bajo presión y probablemente con presuntas coacciones desde las altas esferas del Ministerio del Interior.

La prueba de todo ello se ha revelado a través de las palabras de Carlos Alsina. De lo manifestado en Onda Cero se podrían deducir presuntas prácticas coactivas hacia el coronel Pérez de los Cobos.

La juez Carmen Rodriguez Medel, a cuyo cargo están estas investigaciones, ya le ha hecho saber al Ministerio que no permitirá injerencias en su investigación.

Asistimos nuevamente a este sainete al que nos tiene ya acostumbrados este Gobierno, con engaños y mentiras. La última ha sido modificar el sistema de recuento de fallecidos, con lo que salen de las listas de decesos 2000 personas. Es decir, que el poder logra resucitar a 2.000 personas de una tacada. Esto parecería una broma si no estuviéramos hablando de una tragedia y un engaño. Lo único que persigue este gobierno es disminuir las listas de fallecidos por COVID, modificando el sistema de recuento.

Estamos asistiendo a la voladura del Estado de Derecho, no existe separación de poderes, el ejecutivo quiere intervenir y conocer las investigaciones que llevan a cabo los jueces.

 

 

El teniente general DAO de la Guardia Civil ha presentado su dimisión al ministro del Interior por la forma en que se ha llevado a cabo la destitución de su subordinado. Asistimos en estos momentos a una separación total entre la estructura política del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

El Gobierno está poniendo a prueba la democracia del 78, con sus injerencias de corte totalitario en el poder judicial. Es una tragedia asistir a la descomposición de nuestro Estado de Derecho solo para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa, aunque sea con los apoyos de separatistas, de los herederos de los terroristas y de los que aspiran a convertir España en Venezuela.

 

*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla. 


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