Está mal que yo lo diga, pero los soberanistas siempre tenemos razón. O, si lo prefieren así, los acontecimientos siempre han acabado siendo como preveíamos y advertíamos, lo que hace parecer todas nuestras profecías, denunciadas invariablemente como conspiranoias, como meros «spoilers».

Siempre, por ejemplo, hemos dicho que iban a por los niños, y habría que estar ciego para no verlo en los últimos acontecimientos, desde las declaraciones de la ministra española de Igualdad, Irene Montero, sobre la ley del «sólo sí es sí» hasta los espectáculos de «dragqueens» para niños en Estados Unidos.

Y ahora es el epítome del globalismo, la propia ONU, la que nos da la razón. La ONU está impulsando un informe que declara que la pedofilia es un derecho humano. El informe en cuestión es obra de dos organismos de Naciones Unidas y en él se dibuja una agenda para despenalizar toda actividad sexual «consensuada», incluso entre adultos y menores.

Bajo la hojarasca habitual de ampliación de los «derechos humanos», el informe describe una estrategia que legalizaría la pedofilia en la práctica.

Según la cadena norteamericana Fox News, «expertos legales internacionales» que trabajan para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra, junto con ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), adelantaron estas sugerencias en un informe reciente titulado Los Principios del 8 de marzo para un enfoque basado en los derechos humanos del derecho penal que prohíbe conductas asociadas con el sexo, la reproducción, el uso de drogas, el VIH, la falta de vivienda y la pobreza.

El informe pide que se despenalicen los delitos relacionados con «sexo, consumo de drogas, VIH, salud sexual y reproductiva, falta de vivienda y pobreza».

El documento no ofrece una edad sugerida para el consentimiento sexual, pero establece que «la conducta sexual que involucre a personas por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita a nivel nacional puede ser consentida de hecho, si no de derecho».

También se sugiere en el informe que los abogados, los jueces y las fuerzas del orden deben tener en cuenta «los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en una conducta sexual consentida y su derecho a ser escuchados en los asuntos que les conciernen».

«De acuerdo con sus capacidades evolutivas y su progresiva autonomía, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior, y con especial atención a las garantías de no discriminación», añade.

En un comunicado de prensa adjunto, Ian Seiderman, director de Leyes y Políticas de la CIJ, señaló que «el derecho penal es una de las herramientas más duras a disposición del Estado para ejercer control sobre las personas… como tal debería ser una medida de último recurso. Sin embargo, a nivel mundial, ha habido una tendencia creciente hacia la sobrecriminalización». Y agregó: “Debemos reconocer que estas leyes no sólo violan los derechos humanos, sino también los principios fundamentales del derecho penal en sí mismos”.

Lo agruparon allí con todo lo demás, incluido el aborto, que según el informe «debe quedar completamente fuera del alcance de la ley penal», además de hacer que los castigos sean menos severos para las mujeres embarazadas que consumen drogas o alcohol cuando saben que están esperando un hijo.