Forcadell admite la desobediencia pero no liderar el plan independentista - ALERTA NACIONAL
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Forcadell admite la desobediencia pero no liderar el plan independentista

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Aunque sobre Forcadell pesa una acusación de rebelión de la Fiscalía, de hasta 17 años de prisión, su interrogatorio ante la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha estado protagonizado por su rol como máxima representante del Parlament a la hora de tramitar iniciativas que ignoraban al Constitucional (actuación más cercana a una desobediencia), más que por alusiones a la violencia, que marcan el tipo de la rebelión.

En este tira y afloja marcadamente técnico entre fiscal y acusada, Forcadell no ha escondido que su prioridad era “favorecer el debate” y “no permitir que entre la censura en el Parlament”.

“El TC nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. ¿Cómo puede convertirse la Mesa del Parlament en un órgano censor, que decida de lo que se puede hablar y de lo que no?”, ha dicho la acusada, quien en todo momento ha limitado sus competencias a un papel de arbitraje frente a la soberanía de la cámara catalana.

Nada, ha dicho, salvo el respeto a los derechos humanos, puede condicionar ni poner límites a la libertad de expresión ni al debate parlamentario, ni las sentencias del Constitucional ni los informes de los letrados de la cámara que, ha matizado, no son vinculantes.

Ello no significa que se ponga por encima del Constitucional, al que “respeta muchísimo”, ya que “en ningún momento ningún miembro de la Mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del TC”.

Forcadell, en prisión desde marzo, ha justificado que no suspendió el polémico pleno del 6 y 7 de septiembre – que aprobó las denominadas leyes de desconexión- por respeto a la oposición, cuando precisamente los grupos no independentistas la acusan de pisotear sus derechos como diputados.

Y también se ha desmarcado por completo de cualquier plan hacia la independencia, para echar por tierra el relato de la Fiscalía, que ve en Forcadell a la líder del pilar legislativo que da soporte a la hoja de ruta independentista.

“Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia a la independencia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament”, ha manifestado Forcadell, única acusada que no ha sido cuestionada por el documento Enfocats, pese a aparecer citada en él, y a la que menos alusiones a la violencia ha hecho la Fiscalía.

Aunque sí que ha dejado claro lo siguiente: “Estoy dispuesta a renunciar a mis convicciones si comportan violencia”.

Forcadell no ha despejado el enigma de la procedencia de las urnas del 1-O: “No lo sabe nadie, me gustaría saberlo”.

Y de la misma forma se ha adherido al pensamiento unánime del resto de acusados de que la DUI carece de consecuencias jurídicas pues el preámbulo de la resolución del 27-O, que aludía a la declaración unilateral de independencia, no se votó, solo se leyó.

Si Forcadell ha defendido insistentemente el papel del Parlament que ella presidía como órgano “soberano”, horas antes Jordi Cuixart ha dirigido sus esfuerzos a reivindicar el talante pacífico de la sociedad catalana, en cuyo ADN, ha dicho, no está presente la violencia.

El líder de Òmnium Cultural, que lleva en torno a 500 días en prisión y se enfrenta a la misma pena por rebelión, ha negado “rotundamente” cualquier atisbo de violencia aquellos días en Cataluña: “Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca entenderemos la violencia como un elemento para comunicarnos con el Estado”.

Tras presentarse como un “preso político” encarcelado por ser “un activista social”, ha pedido encuadrar la manifestación del 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en el “marco mental” correcto para que quede claro que allí “no hubo violencia” (clave para que se dé el delito de rebelión).

No hubo ni “alboroto” ni “clima de crispación”, ha afirmado, sino un “enfado y un descontento muy grande” por la actuación judicial que se estaba desplegando en Cataluña y que quedó eclipsada por los daños a los coches de la Guardia Civil allí estacionados, un “hecho menor” que ya lamentó públicamente.

Y si en el 20S no hubo violencia, ha continuado, sí que la hubo, de manera “desproporcionada” y por parte de la Policía, el 1-O, un día en el que, según él, se llevó a cabo “el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa”, del que todos los españoles tendrían que estar orgullosos, frente a la “resolución injusta” del TC, que suspendió la ley de referéndum.


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Tribunales

La Fiscalía apoya que se paralice la inhabilitación de Torra

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La Fiscalía ha cuestionado en un informe la competencia de la Junta Electoral Central (JEC) para ordenar el cese del president Quim Torra como diputado pues, a su juicio, sería el Parlament el competente para determinar “la existencia y efectos” de la supuesta inelegibilidad del parlamentario.

El ministerio público ha presentado un informe ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que apoya suspender cautelarmente el acuerdo en que la JEC instó a la retirada de la credencial de diputado catalán de Torra, “en orden a la prudente y equilibrada” preservación de los “intereses públicos concurrentes”.

La Sala de lo Contencioso del Supremo ya rechazó por unanimidad suspender de manera urgente el acuerdo de la JEC -que consideró que pesaba sobre Torra la causa de “inelegibilidad sobrevenida” al haber sido condenado por desobediencia- y decidió tramitar su petición en forma de medidas cautelares, es decir, escuchando al resto de partes.

Pese a que se trata de un trámite que no implica entrar sobre el fondo del asunto, la Fiscalía hace referencia a “la posible incompetencia de la Junta -y en general de la Administración electoral- para decidir” sobre “la aplicación de un motivo de incompatibilidad sobrevenida determinante de la pérdida del escaño” de Torra, y alude a un “dato de innegable relevancia”: los seis miembros de la JEC discrepantes también reprocharon esta incompetencia en su voto particular.

Según la Fiscalía, la “administración electoral” sería competente para resolver sobre la inelegibilidad de un candidato cuando ha sido declarado electo si bien, una vez “adquirido el estatus pleno de diputado, correspondería en exclusiva al propio Parlament la competencia para apreciar “la existencia y los efectos de dicha inelegibilidad sobrevenida”.

Y añade que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) “no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central (…) facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato ni declarar vacantes sus escaños”.

Recuerda la Fiscalía que el voto particular a la decisión mayoritaria de la JEC incorporaba supuestos “en que la misma hizo expresa declaración de su falta de competencia en casos similares”, argumento que, a juicio del ministerio fiscal, “no resulta desvirtuado” en este caso.

El pasado 10 de enero y una vez el Supremo rechazó las medidas cautelarísimas de Torra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó retirarle la credencial de diputado del Parlament, si bien la cámara rechazó hacerlo efectivo, con el apoyo de los independentistas y PSC y de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos de la cámara.


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Más Madrid denunciará a Rocío Monasterio por falsedad documental

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Más Madrid denunciará este viernes ante la Fiscalía Provincial a la diputada autonómica y líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, por un presunto delito de falsedad en documento publico.

La denuncia contra Monasterio será presentada por los concejales de Más Madrid Marta Higueras, Rita Maestre y José Manuel Calvo.

Según ha publicado El País, la líder de Vox en Madrid tramitó hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores.

Más Madrid ya denunció en noviembre pasado a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que mantiene abierta una investigación por los presuntos delitos de intrusismo profesional cometidos entre 2000 y 2009.

En esos años, según Más Madrid, la diputada “no tenía aún titulación” y, sin embargo, “estuvo ejerciendo o realizando actividades relacionadas con la profesión de arquitecto”.


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El CGPJ da vía libre a Dolores Delgado como fiscal general con siete votos en contra

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado con doce votos a favor y siete en contra. Tras poco más de una hora de reunión, el pleno se ha limitado a constatar en su informe que Delgado cumple los requisitos que exige la ley para el cargo -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin mencionar palabras habituales en estos dictámenes, como méritos ni idoneidad del candidato.

Según informan fuentes del CGPJ, hay un voto particular discrepante al que se adhieren varios vocales y varios votos concurrentes, es decir, que están de acuerdo con el aval, pero plantean discrepancias en la forma.

En la reunión sólo ha votado la propuesta del presidente del CGPJ Carlos Lemes, que decidió eliminar del informe las palabras “idoneidad” o “méritos” para lograr el mayor consenso posible en el pleno en favor de la candidatura de Delgado, consciente de que el bloque conservador, mayoritario, cuestionaba el nombramiento. Delgado supera así el primer trámite para llegar a la cabeza de la Fiscalía General del Estado, ya que debe todavía comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

El informe del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo, y las discrepancias en el pleno ponen de manifiesto la división en el órgano de gobierno de los jueces ante una candidatura cuestionada con dureza por la oposición parlamentaria y buena parte de la carrera fiscal. Muestra de ellos es que su antecesora en el cargo, la fiscal progresista María José Segarra, obtuvo su informe por unanimidad. Los otros tres fiscales generales avalados por este mismo Consejo también superaron el trámite del CGPJ sin mayores discrepancias.


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