LR.- Según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), dependiente del Ministerio del Interior, en 2019 fueron usurpados 14.621 inmuebles.

Según los datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre del año se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que supone un 5% más respecto al mismo periodo de 2019. Es decir, en la primera mitad del año se registraron más de 40 denuncias al día en España por ocupaciones ilegales.

El fenómeno de la ‘okupación’ ha contado con el beneplácito cómplice de la izquierda y separatismo. Cataluña continua como una de las autonomías con mayor índice de okupación. De las 7.450 denuncias contra okupas, 3.611 son originarias de esta autonomía. Lo más preocupante es que casi son 500 más que en mismo periodo del año anterior. De esta forma, la región se sitúa como el epicentro del problema de la okupación. Sus datos están muy lejos de las 1.183 denuncias presentadas en Andalucía, o las 657 que contabiliza la comunidad de Madrid. Más concretamente, la provincia de Barcelona es la que concentra la mayoría de los casos, siendo el resto de áreas zonas con menos okupas (por debajo de 500 denuncias en Gerona o Tarragona, y menos de estas en Lérida). De hecho, Gerona y Tarragona se encuentran al mismo nivel de problemática que Madrid, Sevilla o Valencia.

Las cifras han hecho saltar todas las alarmas y una creciente preocupación entre ciudadanos que se ven indefensos ante las mafias organizadas y violentas que ‘manejan’ el negocio en España.

Mientras tanto, la izquierda radical encabezada por Podemos ya comienza a maniobrar ante el «ataque» que está sufriendo un colectivo -el de los okupas- que masivamente vota a sus siglas.

Desde diversos ‘Círculos’ de la formación se ha hecho llegar a la dirección del partido una medida que propone llevar al Consejo de Ministros una medida que pondría en manos de los okupas una ayuda de 3.000 euros para hacer frente a «las necesidades que el COVID-19 ha generado en este colectivo», afirman.

La medida que trasladará Podemos al Consejo de Ministros tendría un coste de 22.350.000 euros solo en ayudas para los okupas que se han hecho de forma ilegal con una vivienda en lo que va del año 2020. La cifra podría multiplicarse por tres si atendemos a las cifras históricas de okupación. Los Círculos de Podemos afirman que «ante la situación que atraviesa este colectivo por el COVID-19 el Estado tiene que mostrar su solidaridad y apoyar a los más excluidos de esta sociedad»

Por otro lado, los medios de comunicación vinculados a la izquierda ya han comenzado una sutil campaña de apoyo a esta medida. En concreto ‘El País’ recogía en su edición del pasado 6 de septiembre, bajo el titular «Una dudosa alarma sobre los okupas», una encendida defensa del colectivo. El diario afirmaba que «no hay datos de que el fenómeno se dispare. Los jueces aseguran que no hacen falta más leyes: la mayoría de los casos se dan en pisos vacíos de bancos»

Por su parte, diversas plataformas han comenzado a lanzar mensajes que pretenden rebajar la alarma social y normalizar la okupación. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su portavoz, Alejandra Jacinto, afirma que la actual alarma no está justificada: “Creo que con la pandemia se ha retomado la idea del derecho a la vivienda y que se debe garantizar, un caldo de cultivo que ha despertado una reacción de intereses políticos y económicos, porque puede haber cambios en la materia. Por ejemplo, el pacto del Gobierno prevé una ley de vivienda a nivel estatal, que nunca se ha hecho. Porque el problema de fondo, del que no se habla, es la dificultad de acceso a la vivienda”.

Si la iniciativa transcurre tal como espera la dirección de Podemos, los okupas podrían cobrar la ayuda de 3.000 euros a mediados de octubre, y podría darse la paradoja que facilitaría a una familia okupa de 4 miembros cobrar unos 12.000 euros.

Todo esto se sumaría a otros «derechos» de los okupas de viviendas ajenas recogidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, como es el hecho de poder darse de alta en el padrón municipal de la localidad donde okupen para poder acceder a las ventajas que esta situación les puede reportar, como las ayudas del Covid-19, incluida la renta mínima.

Así se establece en una resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictaban instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, publicada en el BOE por la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, cuya titular es la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.