El Ministerio de Hacienda ha propuesto este viernes a las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) unos objetivos de déficit del 0,2% del PIB para este año y del 0,1% para 2021, según han confirmado fuentes de Hacienda a RTVE, a cambio del IVA no percibido, que el Ejecutivo ha descartado devolver.

Este anuncio, que ha cogido por sorpresa a los consejeros, supone relajar la senda fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, que planteaba el equilibrio presupuestario en el año 2020.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Hacienda han informado a Efe de que para los dos años siguientes (2022 y 2023) sí se pretende alcanzar la estabilidad presupuestaria. Esos datos, junto con el techo de gasto, son básicos para elaborar los Presupuestos generales del Estado para este año.

La secretaria de Economía de la Generalitat catalana, Natàlia Mas, ha dicho que el objetivo de déficit del 0,2% sigue «incumpliendo» la ley de estabilidad presupuestaria y ha propuesto una senda del 0,3%. Además, Mas ha criticado que este foro «formalmente multilateral» tome decisiones de forma «unilateral».
Hacienda debe a las autonomías 2.500 millones

En el CPFF, en el que está representado el Gobierno y las comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra), también está previsto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aborde los atrasos por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 que ascienden a 2.500 millones de euros.

Aunque la reclamación del IVA de diciembre no está en el orden del día, los gobiernos autonómicos, de uno y otro signo político, han exigido que se pusiera a debate tras asegurar el Gobierno que «no era factible» asumir el abono de esa deuda.

De hecho, la rebelión de las comunidades ha obligado al Gobierno a estudiar «medidas paliativas» para solventar el asunto.

En este sentido, Hacienda ha señalado que no tendrá en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, ya que «se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019».

De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% del PIB o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo de 2019 (fijado en el 0,1%), según ha trasladado la ministra de Hacienda a los consejeros autonómicos, han informado a Europa Press fuentes presentes en la reunión.

Además, para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas un «Fondo ‘extra’ de Liquidación Autonómico (FLA) con un tipo de interés del 0%».

Las Comunidades insisten en reclamar el IVA y desligarlo del déficit

No obstante, la mayoría de comunidades han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo del déficit porque son conceptos diferentes y no se pueden compensar.

Así se ha expresado la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de las Islas Baleares, la socialista Rosario Sánchez, quien ha dejado claro que «el déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019». En este sentido, el Govern balear, como otros, no descarta la vía judicial para reclamar el cobro.

En términos parecidos se ha manifestado el ‘popular’ Valeriano Martínez (Galicia), quien ha recalcado que son «conceptos distintos». «No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo».

También el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo (PP), se ha presentado en este Consejo reclamando una solución para el IVA de 2017 y ha insistido en la idea de desligarlo del déficit. «Queremos que nos paguen lo que nos deben, no queremos que nos hagan generar más deuda, queremos que nos financien como corresponde».

En esta misma línea se ha referido el también ‘popular’ Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda del Gobierno murciano, quien considera que esta medida «paliativa» corresponde a una maniobra del Ejecutivo para «contentar» a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que se han declarado «en rebeldía» por el IVA.

Por su parte, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado al Gobierno de entregar el dinero que debe a las comunidades a los independentistas. «No se puede abrir una negociación bilateral con los independentistas catalanes para darles todo el dinero».

La Comunidad Valenciana ve con buenos ojos el nuevo objetivo de déficit

Por contra, el socialista Vicent Soler (Comunidad Valenciana) ha tachado de «cambio sustancial» que se permita a las comunidades endeudarse un 0,2% frente a la «política austericida» del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Soler también ha separado el cobro del IVA de 2017 de esta propuesta de déficit, pero se ha mostrado menos beligerante que otros consejeros; en su opinión, en el caso de que se puedan sumar ambos asuntos, «sería estupendo».

Desde Castilla La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina, ha desvinculado también ambas cosas, y ha insistido en exigir al Ministerio de Hacienda «la deuda» que mantiene con la comunidad castellanomanchega respecto al IVA de 2017. Su gobierno ha decidido llevar el asunto a los tribunales.

No obstante, ha aplaudido la propuesta de Hacienda de aumentar el déficit el 0,2% porque considera que se permite a las comunidades llegar a un «equilibrio presupuestario».

En el Consejo, el Gobierno también informará a los comunidades de la deuda pública para 2020, así como para el período 2021-2023 y presentará una senda más transitable, que permita reducir el déficit y la deuda pero que no afecte a la creación de empleo ni al crecimiento económico.