Huib Drion fue un juez del Tribunal Supremo holandés, profesor de derecho, ensayista y académico. Hace cuarenta años lanzó la idea de que el Estado debería poner a disposición de los ciudadanos que han cumplido los 70 años una píldora venenosa, para que pudieran decidir en qué momento quieren acabar de vivir. Drion murió plácidamente por causas naturales mientras dormía en su casa de Leiden en 2004, a los 86 años. Pero su propuesta ha resucitado al albur de la vida política holandesa y en este momento se encuentra sobre la mesa del actual Gobierno que ha empezado a tramitar su puesta en marcha.

El Gobierno holandés acaba de publicar un primer estudio sobre la definición del espectro de población a las que se dirigiría esta pastilla del suicidio, o «píldora Drion» que podría ser una realidad este mismo año. Los datos que se desprenden de la investigación revelan que, en efecto, existe una parte de la población de más de 55 años que a pesar de estar en buena salud, «tienen un deseo de morir consistente y activo», pero su proporción, un 0,18% de esa franja de edad, no permite deducir que constituya un grupo significativo. De hecho, el ministro de Sanidad, el democristiano Hugo de Jonge, cree que lo que habría que hacer es «intentar devolverles el gusto por la vida» a este grupo de holandeses que sumaría alrededor de 10.000 personas.

Holanda es –junto a Bélgica– probablemente el país más afectado por esta terrible banalización social de la muerte asistida de los enfermos. El año 2002, cuando se aprobó la primera ley de eutanasia, fue utilizada en 1880 casos; cinco años más tarde se ampliaron las condiciones para poder aplicarla y en la actualidad ya ascienden casi a siete mil las personas que cada año son acompañadas a la muerte por el propio sistema de sanidad. Unos 20 casos diarios.
Gran influencia

El libro de Drion, titulado «Het Zelfgewilde Einde Van Oudere Mensen», que se puede traducir como «La elección del final de la vida para los ancianos» tuvo una gran influencia en el debate que llevó a la aprobación de la ley de eutanasia.

Ahora la influencia viene por parte del partido liberal D66 que forma parte de la compleja constelación política que sostiene a la mayoría gubernamental en La Haya y que es el que había incluido en su programa el tema de la pastilla venenosa para los mayores. Los portavoces de este partido afirman incluso que el Gobierno va demasiado despacio en la tramitación de la idea y que por ello han decidido presentar ya en febrero su propia legislación para que no queden dudas de su voluntad de sacarla adelante.

Drion escribió el libro después de un encuentro fortuito con un anciano al que horrorizaba la perspectiva de terminar sus días en una residencia. «Me parece –escribió entonces– que muchas personas mayores encontrarían una gran tranquilidad si pudieran tener un medio para poner fin a sus vidas de una manera aceptable en el momento en que para ellos sea el más adecuado».

La parlamentaria de D66, Pia Dijkstra, ha dicho que a pesar del informe presentado por De Jonge, ella mantiene sus planes de presentar un proyecto de ley. «El ministro obviamente siente menos la urgencia que yo», asegura la parlamentaria, quien defiende que «las personas ancianas que ya han vivido lo suficiente, deberían poder morir cuando lo decidan».

En medio de este debate, en junio pasado, el actual Gobierno holandés lanzó una nueva campaña para alentar a las personas a pensar más sobre el final de sus vidas, a raíz de la cual han aparecido varias páginas de internet sobre cuidados paliativos en los que aparecen instrucciones para no cuestionar las voluntades que hayan podido expresar las personas que se vean afectados por síntomas de demencia senil.

La más importante es la Asociación Holandesa por un Final Voluntario de la Vida (NVVE) que tiene entre sus objetivos la ampliación de los límites de la ley de eutanasia. El caso de la adolescente Noa Pothoven que el verano pasado se dejó morir de inanición ante la mirada complaciente de sus padres y de algunos médicos porque no se le había permitido ser eutanasiada, demostró hasta qué punto la sociedad holandesa ha asumido con terrible naturalidad esa relación con la muerte «a la carta». Da la impresión de que en los Países Bajos trabajan con la idea de racionalizar la muerte hasta límites inhumanos. Una vez publicado el nuevo informe de los expertos, el Gobierno volverá a lanzar el debate a la sociedad holandesa y no espera tener preparado un proyecto de ley antes del fin del verano, según un portavoz del ministerio de Sanidad.

El problema para el primer ministro Mark Rute (del Partido Popular por la Libertad y la Democracia VVD, también del grupo liberal) es que en la combinación para formar la actual mayoría necesitó apoyarse también en la Unión Cristiana, un partido minoritario y de raíz religiosa, que no está de acuerdo con la idea de que el estado proponga la distribución de una pastilla para el suicidio de las personas mayores.
«No se valora la vejez»

Carla Dik-Faber, una de las diputadas más activas de la Unión Cristiana explica que el debate sobre la pastilla de la «vida acabada» ya empezó en 2014 cuando se expuso la propuesta de que si alguien que cree que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida puede decidir sencillamente morir cuando disponga. «El problema es que se trata de personas saludables que no están gravemente enfermas» destaca esta joven diputada, que se queja de que lo único que cambia respecto a la eutanasia es que en lugar de que esas pastillas las administre un médico se ha previsto que esté en manos de una especie de de «consultores del fin de la vida».

Para Dik-Faber «este no es un problema individual, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. Los primeros comités de expertos que han analizado este tema han dicho unánimemente que no debe hacerse, los médicos también piensan lo mismo y nosotros también». Su principal argumento es que «la misión del Gobierno es proteger a las personas, especialmente las más vulnerables o las más ancianas y no puede ayudar al mismo tiempo con el suicidio».

La diputada de la Unión Cristiana cree que una vez que el suicidio asistido es legal, muchos ancianos pueden sentirse alentados por su entorno a pensar en quitarse de en medio. «Las personas mayores pueden sentirse innecesarias en una sociedad que no valora la vejez. Es verdad que hay gente que se siente sola, otros pueden tener una vida de sufrimiento y eso son cosas que no son fáciles de resolver, pero el Gobierno y toda la sociedad deben asumir la responsabilidad de asumirlo. No queremos ‘consultores del fin de la vida’, queremos ‘guías de vida’. Para nosotros toda vida es valiosa», asegura.

Porvenir incierto

Los votos del Partido Cristiano no son necesarios para una eventual mayoría en el debate parlamentario sobre esta nueva ley, porque hay otros partidos que no están en el Gobierno y que están dispuestos a apoyarla. Lo que no se sabe es si esta discrepancia política puede acabar con la coalición y hacer caer el Gobierno. En todo caso, teniendo en cuenta la tradición de este país es más que probable que los legisladores darán este paso hacia un porvenir tan incierto para los ancianos.

(ABC)