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Indultos «a la catalana»: Cuando el trapicheo entre criminales políticos mafiosos se denomina «clemencia» y «concordia»

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El presidente del Gobierno de España,Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno autonómico de Cataluña, Pedro Aragonès.

No menos importante que los argumentos jurídicos en contra de los indultos a los golpistas catalanistas, es el argumento ético y estético: que burlar la ley tiene perdón si eres de la casta o gremio de los políticos, a diferencia del ciudadano medio.

El Supremo ya ha dado suficientes y contundentes argumentos para desaconsejar los indultos del Gobierno Sánchez a los golpistas del prusés. No se cumplen en este caso los motivos que pueden justificarlos (según la Ley 3/1870): justicia, equidad y conveniencia pública. Los dos primeros son de Perogrullo: supondría una injusticia y un agravio como una casa. Respecto al tercer motivo, sí se podría hablar de conveniencia, pero no pública, sino particular de Pedro Sánchez.

Sin los votos de los condenados, el socialista no puede acabar la legislatura. No le demos más vueltas, eso lo explica todo. De ERC depende la subsistencia de Sánchez. Y Pere Aragonès, el nuevo president, ya ha dejado claro que «si quieren que la legislatura avance hay que ir por la vía de normalidad». Normalidad para ellos significa blanquear a los golpistas; y además “hacer inevitable la autodeterminación de Cataluña”.

En este sentido, se puede interpretar la medida de gracia que planea Sánchez como un auto indulto. Lo ha dicho expresamente el Supremo en su informe contra la medida: «Algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio de gracia».

Vox, como siempre, sólo ante el peligro, el Gary Cooper de la democracia

Razón por la que Vox está dispuesto a querellarse contra el Consejo de Ministros, por prevaricación, al considerar que si aplica la medida de gracia se está auto-indultando, como ha anunciado Macarena Olona. Abro paréntesis. Vox, como siempre, sólo ante el peligro, el Gary Cooper de la democracia, el único partido que activó el frente judicial en el golpe de octubre del 17, mientras los demás corrían a refugiarse en sus madrigueras o miraban para otro lado. Fue Javier Ortega-Smith el que inició el proceso con una denuncia de su partidoen el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Conviene recordar quien defendió el Estado de derecho y quienes se escondieron como gallinas, o -caso del PP- se movieron con tan desesperante pachorra en activar el artículo del 155 que tuvo que actuar el rey Felipe para que se decidiera a dar el paso. Cierro paréntesis.

La prueba palmaria de que Sánchez se mueve por conveniencia personal y de que el indulto es un guiño a sus socios de ERC,  es que no hace falta la medida de gracia porque, debido a la reglamentación penitenciaria, a Junqueras y demás presos les queda nada y menos que nada para gozar de semilibertad permanente. ¿Qué sentido tiene el indulto, cuando  van a salir a la calle? Verde y con asas.

La prueba palmaria de que Sánchez no tiene otro criterio que mantenerse en el poder y que usa la vieja ley de 1870 según su conveniencia, es que ahora la aplica e invoca la “clemencia” y la “concordia” para evitar “la venganza”, cuando en la campaña electoral de 2019 se opuso a los indultos y prometió sentar a Puigdemont en el banquillo y reformar el Código Penal para castigar de forma específica la convocatoria ilegal de referéndums.

Pero además de estos argumentos técnicos, de naturaleza jurídica, hay otro más de naturaleza ética y estética, en contra de estos indultos. Si finalmente se llevan a cabo, a la ciudadanía le puede quedar la sensación de que la casta (los que conceden y los que reciben la medida de gracia) han llegado a un apaño endogámico entre colegas. Un tipo de pactos que le están vedados al ciudadano de a pie, el que no tiene acceso a los secreteos y señales de inteligencia de los que “están en la pomada”.

Usted puede cruzar las rayas rojas del Estado de derecho, traicionar la Constitución, y dar un golpe de Estado, siempre que tenga el carné y el caché de político porque, en ese caso, es “uno de los nuestros” -que dirían Robert de Niro o Joe Pesci-. Y si los jueces le ponen una temporada a la sombra, no se preocupe, que la familia no le va a dejar tirado.

No como esos losers, esos pringados de contribuyentes corrientes y molientes, que no pertenecen a la familia, que carecen de la pureza de sangre, y que si se les ocurre defraudar a Hacienda no les dejamos pasar ni una. Nadie defenderá al ciudadano medio, nadie le indultará, por angustiosa que sea su situación, por la sencilla razón de que no es un goodfellas (un buen chico), sino un don nadie, alguien del que nadie se acordará cuando haya muerto.

Lo sé, todo esto es una caricatura de trazo grueso, pero responde a una realidad, avalada por la historia. Es significativo, como recordaba Pedro F. Barbadillo, que en España, “sublevarse contra el Gobierno no tienen tantas consecuencias como dejar de pagar impuestos, que esto es lo imperdonable para la oligarquía política y funcionarial, el privarla de recursos económicos”.

El inquietante corolario es que la política se convierte en coartada para el delincuente

El inquietante corolario que se sigue de lo anterior es que la política se convierte en coartada para el delincuente. De ahí la obsesión de etarras y filoetarras por convertir el tiro en la nuca en “lucha por la independencia y la democracia”; o salvando las distancias, la insistencia de Oriol Junqueras y su banda, en calificarse a sí mismos como “presos políticos”. No señor, los delincuentes que pusieron en peligro la unidad de España no están entre rejas por sus ideas. Sino por reírse de (y saltarse) la ley. Pero como gozan de patente de corso por pertenecer a la misma clase privilegiada que el Gobierno, salen de la cárcel con alfombra roja, algo que no está al alcance de los demás pobres diablos, que no están -como ellos- por encima de la ley.

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«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!

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El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.

El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.

El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.

El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.

El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.

El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.

El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.

Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.

El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.

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