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Comunidad de Madrid

Interior infiltró decenas de agentes en el Orgullo Gay para prevenir ataques homófobos y los únicos “delitos de odio” que se produjeron fueron cometidos por militantes LGTBI

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Si el hecho en sí no resultara tan trágico y tan demoledor para las libertades individuales de decenas de personas, la situación provocaría más de una carcajada justificada. Y es que según se ha podido saber en las últimas horas, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, infiltró decenas de policías de paisano en el desfile del Orgullo Gay con el fin de detectar posibles “delitos de odio”. La constatación absoluta de que tan hipotéticas amenazas contra el colectivo social más mimado actualmente por las élites políticas, sociales y económicas eran solamente fruto del victimismo eterno del que se alimenta la extrema-izquierda se produjo rápidamente: varios de estos agentes de paisano tuvieron que emplearse en profundidad para defender, efectivamente, los derechos individuales más elementales de algunos de los ciudadanos, fieramente atacados por los mismos radicales LGBI a los que presuntamente iban a proteger.

Según ha denunciado la Unión Federal de Policía (UFP) para desmontar las falsas informaciones difundidas por el Ministerio del Interior y sus medios afines, los policías, pertenecientes a la Brigada Provincial de Información de Madrid, estaban realizando tareas de prevención mezclados entre los manifestantes, vestidos de civil, cuando observaron que la comitiva de Ciudadanos (Cs) estaba siendo bloqueada, atacada y asediada por fanáticos LGBI de extrema-izquierda, por lo que acudieron rápidamente a tratar de solventar la solución.

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Ante la agresividad de los violentos y al verse insultados y golpeados por los objetos lanzados por otros manifestantes, estos agentes pidieron rápidamente refuerzos. El llamamiento fue respondido por otros dos agentes de su misma Brigada, que al parecer tampoco estaban allí en labores de escolta o como antidisturbios, sino para “prevenir ataques homófobos a los congregados”. Según ha explicado la UFP, los policías y los diputados de Ciudadanos sufrieron la presión, los ataques y los insultos de los asistentes “durante dos horas y media”.

Tanto Albert Rivera como Inés Arrimadas han acusado directamente al ministro socialista Grande-Marlaska de ser el responsable último de los ataques LGTBI contra miembros de C’s.


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Comunidad de Madrid

“Los vecinos están aterrorizados”. Rocío Monasterio (VOX) rompe el silencio sobre el albergue juvenil de la Casa de Campo madrileña, ahora dedicado a menas

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El Sindicato Unificado de Policía ha emitido una nota que recoge que tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados.

La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha acercado al albergue juvenil -ahora centro de acogida de menas- de la madrileña Casa de Campo.

Allí ha recogido de primera mano los testimonios de vecinos que viven con preocupación la oleada de robos y agresiones de las últimas semanas.

Recientemente un grupo de menas fue arrestado por causar brechas en la cabeza a varios vecinos en la Casa de Campo que intentaron ayudar a una mujer a la que los jóvenes habían sustraído pertenencias.

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La asociación de vecinos del Batán-Casa de Campo lucharán para que el centro de Primera Acogida de menores de la Comunidad de Madrid ubicado en el barrio vuelva a ser albergue juvenil, “que es para lo que fue creado en los años 40”.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía ha emitido una nota que recoge que tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son extranjeros no acompañados, y ha asegurado que el incremento de la delincuencia en la capital está protagonizada por los denominados como ‘menas’.

El sindicato ha emitido la después de los sucesos acontecidos recientemente en la Casa de Campo de Madrid, donde varios de estos jóvenes han producido atracos y asaltos violentos a vecinos, “generando alarma social entre los ciudadanos sobre la situación de estos menores”.


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Comunidad de Madrid

Ciudadanos negocia con la izquierda madrileña una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso

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Aguado (C's) y Gabilondo (PSOE)
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid podría cambiar de manos antes de que finalice el año. La izquierda madrileña lleva semanas sondeando con Ciudadanos la vía de un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Hasta el momento se ha mantenido dos reuniones para analizar los pros y los contras de un cambio político en el gobierno regional.

Tanto unos como otros saben que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha consolidado su popularidad entre los madrileños. Ayuso se ha convertido en el azote del Gobierno Sánchez y los últimos sondeos electorales le auguran una mayoría casi absoluta en la región.

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La moción del PSOE contra Ayuso, que sería apoyada por Ciudadanos tras el desafecto político sufrido por su líder Ignacio Aguado, y contaría con el apoyo externo de Unidas Podemos y Más Madrid, significaría la constitución de un Gobierno de Coalición PSOE-Ciudadanos presidido por Ángel Gabilondo con Aguado como vicepresidente.

La propia Ayuso ha declarado que no tiene la seguridad de que PSOE y Ciudadanos no pacten un gobierno de coalición en Madrid para desalojarla de la Presidencia del Gobierno regional.

«No lo sé. Yo sé que hablan mucho pero también dicen que ayer algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE», ha manifestado.

Fuentes del grupo parlamentario del PP en Madrid han advertido acerca de otro escenario que podría aún en el caso de que Ignacio Aguado y la dirección nacional de Ciudadanos descartasen apoyar la iniciativa que promueve la izquierda madrileña: que haya tres diputados díscolos en el partido naranja que «decidieran apoyar una moción de censura» y actuar al margen de las directrices del vicepresidente regional. «Es una posibilidad que se está barajando», afirman las citadas fuentes, convencidos a nivel interno que pese a lo defendido de puertas para afuera «se ha hablado de moción», aunque reconocen que, por el momento, «no se ha concretado nada».

En este sentido, estos cuadros del PP desconfían especialmente de Alberto Reyero a raíz de la guerra abierta entre éste y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al hilo de unos correos electrónicos filtrados en El País, que venían a demostrar que Reyero advirtió a Escudero que estaba cometiendo acciones presuntamente ilegales por haber dictado -y firmado- una orden por la que se instaba a no trasladar a ancianos en estado grave de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia, en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales. El PP lo niega y atribuye el envío de aquel documento a un «error», por lo que, aseguran, nunca llegó a aplicarse.

Pero Reyero dio un golpe encima de la mesa y pidió una comisión de investigación para dirimir la presunta responsabilidad del PP sobre las muertes en las residencias madrileñas, al considerar que habían regido criterios que no eran ni «éticos» ni «legales», y que se habían tomado decisiones pese a estar su consejería «radicalmente en contra». Las filtraciones de Ciudadanos sentaron como un jarro de agua fría en el tejado de los populares, con Escudero tildando de «traición» y de «fariseísmo político sorprendente» las declaraciones de su compañero y negando la mayor sobre las acusaciones de Reyero.

«Lo que ha hecho Reyero es de una deslealtad absoluta», sostienen en el PP madrileño, que consideran que el consejero «ha traspasado la línea» y «está fuera de control» porque «prácticamente ha querido imputar responsabilidades penales» a Enrique Ruiz Escudero. Ponen en duda incluso la lealtad de éste hacia el propio Aguado, convencidos en este caso que actúa «con intereses propios», vistos los últimos acontecimientos.

Para que quedase aprobada, una moción de censura debería contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara madrileña. PSOE, Más Madrid y Podemos suman 64 diputados, por lo que las cuentas saldrían con el ‘sí’ de tres de los 26 diputados de Ciudadanos.


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Comunidad de Madrid

Declaraciones de Rosa Díez: «El Gobierno cierra la aduana para el material sanitario de la Comunidad de Madrid y la abre para la torturadora bolivariana Delcy Rodríguez»

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Los indicios de que el Ejecutivo no trata a Madrid con el mismo rasero que a otras regiones se hicieron ayer patentes, con la sorpresiva y oportunista aparición del informe de los técnicos del Ministerio de Sanidad. Cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaba dando una rueda de prensa se filtró, primero, y luego se hizo público, el informe con los motivos supuestamente técnicos que desaconsejaban que Madrid pasara a la fase 1.

Sin duda, habrá razones sanitarias que ambos gobiernos puedan esgrimir a favor de sus tesis. También es incuestionable que cualquier decisión en la progresión de fases debe basarse en la prudencia. Pero con Madrid parece que el debate de fondo es otro y va más allá de que el citado informe estuviera firmado varias horas después de que el ministro anunciara que Madrid se quedaba en fase 0. Es un indicio que genera dudas sobre cómo se están haciendo las cosas en ese grupo de expertos anónimos. Madrid tiene razón cuando alega que el Gobierno central no es transparente en los requisitos.

De hecho, el informe firmado por la directora general de Salud Pública contiene juicios de valor pero no indica cuáles son los valores objetivos que este debería alcanzar para entrar en la fase 1. La lectura del informe deja la impresión de que, con los mismos datos, el Ministerio podría haber autorizado la desescalada de Madrid, y a esto se le llama arbitrariedad. En realidad, y visto el acoso e intento de derribo al que está sometida Díaz Ayuso, parece claro que el Gobierno que preside Ayuso es un objetivo político de la izquierda, como bien lo hizo explícito el senador Rafael Simancas con uno de los mensajes más repulsivos de los últimos años. Cuando el PSOE y Unidas Podemos hablan de la salud de los madrileños, realmente piensan en cómo echar a Isabel Díaz Ayuso, tomando eso sí a los madrileños como rehenes en esta cacería.

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Rosa Díez destapa por qué el Gobierno ha puesto en su diana a Isabel Díaz Ayuso

Rosa Díez ha afeado al Gobierno los continuos ataques a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la crisis sanitaria derivada del coronavirus. En su sección semanal en «Herrera en COPE», la exdiputada cree que Sánchez no le perdona a la presidenta de la Comunidad de Madrid que haya ido siempre «por delante» de ellos y tome decisiones. «Mantuvieron el avión lleno de material sanitarios en la aduana hasta que Ayuso mandó a un notario. Este Gobierno quiere hundir a los madrileños y hace todo lo posible para ello. Desde la perspectiva económica y sanitaria. No le perdonan a Ayuso que vaya por delante, que tome decisiones. Y como el material lo compró la Comunidad de Madrid y era para los madrileños, cierran la aduana. Eso sí, para la torturadora de Delcy Rodríguez la abrieron. Es una indecencia», ha dicho.

Díez también ha denunciado que el número de sanitarios infectados siga creciendo y que la Fiscalía no vea relación entre este alto nivel de contagios y la falta de material. «El informe de la Fiscalía dice que no encuentra una relación entre la decisión del Gobierno de no prestarles el material y que se haya infectado. Debe de ser que los sanitarios se infectan porque les da la gana o sean unos descuidados. Es una infamia y una vergüenza. Insultan a la inteligencia, el esfuerzo y el sacrificio de los médicos», ha dicho. Para la exlíder de UPyD, es evidente que Sánchez quiere mantenernos confinados porque es su estrategia. «Si todos los españoles nos hubiéramos hecho un test y tuviéramos la obligación de ir con la mascarilla, no podrían obligarnos a quedarnos en casa», ha dicho en casa.

Por último, Díaz se ha mostrado contenta de que la CNN haya descubierto que Sánchez es un mentiroso y ha criticado a la ministra de Defensa Margarita Robles por decir que en el Congreso no se podía «discutir jurídicamente». «Las mentiras de este Gobierno cuestan vidas y arruinan a los españoles», ha concluido.


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