Ayer recibí los dos informes de la UDEF sobre Zapatero, como me imagino le ha pasado a media España.

He hecho como Rufián el otro día y apenas he dormido leyendo todo por aclararme.

Como los medios sacan noticia por noticia para ganar clicks… he decidido ordenar las ideas y hacer un hilo completo sobre el caso.

El informe 1907 (186 páginas) reconstruye la estructura: quién es quién en la red, qué sociedades controlan, por dónde se mueve el dinero, dónde acaba y qué papel juega cada implicado. Es la radiografía societaria y financiera.

El informe 1908 (158 páginas) reconstruye la cronología: ordena por fecha los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y reuniones recuperados del móvil de Rodolfo Reyes y de los demás dispositivos intervenidos. Es el guion temporal del caso.

Uno te explica el cómo y el cuánto, el otro te explica el cuándo y el con quién.

Por eso, a lo largo del hilo, las capturas alternan entre los dos: cuando se cita un mensaje concreto (una frase, una hora, un día), la fuente es casi siempre el 1908; cuando se cita una conclusión policial, una titularidad societaria o un flujo de dinero, la fuente es el 1907.

Abrochaos los cinturones… que empezamos.🧵

Lo primero, la frase clave del informe, literal en las conclusiones: “una red organizada (…) liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Un expresidente del Gobierno señalado por la policía como cabeza de una organización criminal.

En España no había pasado nunca, aunque alguno de la sincronizada o de Radio Televisión Espantosa esté hablando de Felipe, Aznar o citando lo de de M. Rajoy, un apunte falso de Bárcenas.

El caso es por el rescate de 53 millones que la SEPI le dio a Plus Ultra en marzo de 2021.

Una aerolínea con una flota reducidísima (la propia UDEF dice que en algún momento llegó a operar con un solo avión), un 0,03% de cuota en rutas España-Iberoamérica, deuda pendiente con la Seguridad Social y dueños venezolanos a los que Estados Unidos estaba investigando por blanqueo.

Sobre el papel, era la última empresa del país que tenía que haber sido rescatada, y por tanto haber cobrado ese dinero.

Lo que documentan los informes es cómo.

La respuesta tiene muchas capas de profundidad, y merece la pena detallar todo bien.

Ya lo habréis leído pero conviene poner algo negro sobre blanco: si tenemos información, es gracias a Estados Unidos.

En 2021, el HSI —que es la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, una especie de FBI especializado en delitos económicos transnacionales— estaba investigando a un ciudadano venezolano residente en Madrid, Rodolfo Reyes Rojas, por blanqueo y por evasión de sanciones americanas a través de empresas pantalla.

Una de esas empresas era Plus Ultra Líneas Aéreas.

Como parte de esa investigación, los americanos hicieron una extracción forense del móvil de Reyes. Y cuando vieron lo que había dentro, hicieron dos cosas.

Pidieron las autorizaciones judiciales que tocaba para compartir esa prueba con otro país, y se la entregaron a la UDEF para que pudiera sostener cargos penales aquí.

Esa entrega es lo que abre las diligencias 77/24 ante el Tribunal Central de Instancia número 2.

Sin ese móvil no hay nada. No hay “vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, no hay “nuestro pana Zapatero detrás”, no hay listas de clientes por WhatsApp, no hay “finance boutique”.

El caso no existiría. Los entrecomillados son reales del informe.

Y conviene parar un segundo a pensar lo que eso significa. Ha tenido que ser una agencia extranjera la que entregue, en bandeja, las pruebas necesarias para abrir una investigación sobre un expresidente del Gobierno español.

La policía española, los tribunales, los organismos antifraude, la propia SEPI: todos tenían a Plus Ultra delante durante años.

No sé si fue por incapacidad técnica, que ya me parecería un problema. O si fue por falta de voluntad institucional, que sería otro mucho más grande.

Una de las cosas que más sorprende al leer las conversaciones que reconstruye el informe 1908 es lo poco que se cuidan los implicados al hablar entre ellos.

No hay claves, no hay eufemismos. Se entienden perfectamente y le ponen incluso nombre propio a su estructura.

El 18 de mayo de 2020, Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra, le escribe a Rodolfo Reyes para hablarle del entorno de Zapatero al que acaban de acceder.

Y le dice esto: “Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por vendrá la mordida”.

Lo de boutique financiera y mordida, en la misma frase, sin ningún rodeo.

La UDEF lo único que hace en su informe es coger esa palabra suya, “boutique”, y traducirla a jerga policial: “red organizada para el ejercicio de influencias ilícitas”.

Y el tono es ese todo el rato. Cuando Reyes le sugiere al vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que recurran a Zapatero, Sola le contesta literalmente: “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.

Es el tipo de frase que aparece más de una vez en los chats.

Un cliente venezolano de la red, Domingo Amaro, le escribe a Martínez Martínez para preguntarle por qué tarda en contestar. Julio le dice que está “en misión de Z”.

El propio Manuel Fajardo, el segundo lugarteniente, en otra conversación: “en el equipo del amigo estamos él y yo”. Llaman a Zapatero “el amigo”, “el jefe”, “el líder”, “Z” y, cuando se ponen formales, “Presidente”. Pero todos saben perfectamente de quién hablan.

Esa autodenominación importa, porque lo que la UDEF describe como organización criminal es exactamente lo que sus propios miembros llamaban “EQUIPO” en mayúsculas y “finance boutique”.

No es interpretación de la policía, es vocabulario suyo.

Y eso da paso a la pregunta clave del caso: ¿cómo demuestra la UDEF que Zapatero es realmente el jefe de esa estructura, y no un nombre que los demás invocaban para impresionar?

A partir del lenguaje interno, la UDEF reconstruye la jerarquía de la red con bastante precisión.

En lo más alto, Zapatero, ejerciendo lo que el informe describe como “un liderazgo no visible en la estructura formal”, o sea, sin figurar en ninguna parte.

En el segundo nivel, sus dos hombres de confianza: Manuel Fajardo, que opera desde Venezuela, y Julio Martínez Martínez, que es quien aparece formalmente al frente de las sociedades en España.

Y en el tercero, la operativa diaria: María Gertrudis “Gertru” Alcázar, secretaria oficial de Zapatero en su despacho de la calle Ferraz 35, y Cristóbal Cano, director administrativo del entramado de Martínez Martínez.

La pieza clave del esquema es Martínez Martínez. Controla 39 sociedades distintas, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Veinte están inactivas, ocho activas no tienen empleados.

Es decir, no es un grupo empresarial real, es una infraestructura de instrumentos contables.

Y la mejor síntesis de su función la da uno de los clientes venezolanos de la red, Danilo Diazgranados, en una conversación interceptada con el abogado Palomero: dice de Martínez Martínez que “es el banco del jefe”.

Palomero responde que entiende perfectamente lo que quiere decir.
Una sola frase y queda descrita la naturaleza de la relación.

Martínez Martínez no es socio, ni empleado, ni asesor. Es el lugar donde se aparca el dinero del jefe.

¿Cómo se prueba además que el jefe es Zapatero, y no Martínez Martínez?

La prueba más limpia está en dos archivos de Excel.

El 6 de julio de 2021, a las cuatro y media de la tarde, Zapatero le envía por WhatsApp a Martínez Martínez dos archivos con segundos de diferencia. Uno se llama “LISTA AR OK.xlsx” y el otro “DIRECCIONES EMAIL JM.xlsx”.

Lo que contienen es el listado de personas y empresas a las que se debe enviar el informe mensual de “asesoría estratégica” que produce Análisis Relevante, la sociedad formalmente titulada por Martínez Martínez. La cartera completa de clientes, enviada por Zapatero al titular de la empresa.

A esto la UDEF lo llama, textual: “la verdadera dirección ejercida por José Luis Rodríguez Zapatero”.

Y a la posición formal de Martínez Martínez la describe como “una mera apariencia o cobertura instrumental, destinada a encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”. Página 82 del informe 1907.

Y luego está la secretaria de Zapatero, Gertru. Los correos analizados la muestran trasladando instrucciones de su jefe a Cristóbal Cano sobre qué facturas emitir y por qué conceptos.

La oficina oficial de un expresidente, financiada con cargo público, funcionando como nodo de coordinación contable de la red.

Pero hay una pieza todavía más demoledora de la dirección personal de Zapatero.

Es un chat de WhatsApp donde aparecen nombres muy incómodos.

Hay un chat de WhatsApp en este caso que ha pasado bastante desapercibido en los titulares, y que merece una lectura cuidadosa, porque coloca a Zapatero dirigiendo personalmente la operación y arrastra de paso a la cúpula de una multinacional cotizada.

El chat se llama “AR”. Lo creó Sergio Sánchez en abril de 2020, dos meses después de constituirse la sociedad Análisis Relevante.

Cinco participantes, y los nombres importan.

Julio Martínez Martínez (testaferro de la sociedad).

Sergio Sánchez Benítez (titular del 25% de la empresa, redactor material de los informes que se venden, y actual responsable de Relaciones Institucionales de Movistar+).

José Luis Rodríguez Zapatero.

Y dos miembros de la familia De Paz: Javier de Paz Mancho, hoy presidente de Movistar+, y su hija Silvia de Paz, hoy socia del bufete Pérez-Llorca.

Recordemos qué es Movistar+.

Es la división de contenidos y televisión de Telefónica, una compañía cotizada del Ibex 35.

Su presidente y un alto ejecutivo del mismo grupo aparecen, junto a una abogada de Pérez-Llorca, dentro del chat operativo interno de la sociedad que la UDEF describe como núcleo de una organización criminal.

La interpretación de la UDEF no se anda con eufemismos: el chat demuestra “la participación activa y directa de José Luis Rodríguez Zapatero en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante S.L.”.

Eso desmonta de raíz la línea de defensa que Zapatero ha venido sosteniendo en público, que se reduce a “yo asesoraba, no tenía nada que ver con la gestión”. Estar en el chat operativo durante meses no es asesorar.

Telefónica, por su parte, ha cerrado filas con sus dos directivos diciendo que no hay nada irregular. Pero también sabemos que el gobierno socialista ha maniobrado para hacerse con su control. Veremos.

El propio De Paz ha admitido que llegó a hacer un pago para asociarse a Análisis Relevante y que canceló en el último momento, lo que no encaja del todo con la versión de “no sabía qué era esa sociedad”.

Hay una pieza más que conviene leer al lado de esta.

En agosto de 2020, Plus Ultra se planteó pagarle 44.000 euros a Indra a través de su filial Minsait por un informe técnico necesario para el rescate.

Lo discutieron así, textual: “que lo aprueben y le regalamos los 44k. Hacemos un contrato vitalicio con Indra. Pero después de que tengas los riales”.

Es decir, propusieron incorporar a la cotizada española al esquema de pago contingente al éxito del rescate.

No prosperó, pero el matiz no es menor: Javier de Paz fue durante años figura relevante del entorno de Indra y siempre vinculado al PSOE en sus movimientos.

No estoy sugiriendo conexión causal directa, pero el solapamiento de nombres y empresas merece mención. Lo dejo ahí.

Esta es la primera vez en el caso que el nombre de una cotizada del Ibex empieza a aparecer dentro del perímetro.

No será la última.

Hasta aquí el frente Zapatero.

Pero Plus Ultra no se la jugó a una sola carta.

Mientras trabajaba esa vía, abrió otra en paralelo a través de Ábalos. La UDEF reconstruye la segunda con el mismo nivel de detalle.

23 de marzo de 2020, en pleno confinamiento. Rodolfo Reyes le pregunta al abogado Miguel Palomero de Juan dónde podrían “tocar puertas” a nivel político.

Palomero contesta: “Tocamos a Abalos”.

Esa noche queda abierta lo que la UDEF llama, en el informe, “la vía Ábalos”.

Mes y medio después, el 4 de mayo, Palomero le escribe a Reyes: “Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro”.

La mano derecha es Koldo García Izaguirre, lo identifica la propia UDEF.
8 de julio.

La secretaria de Pedro Saura, entonces Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, llama a Plus Ultra “de parte del ministro” para concertar una reunión.

La cita se fija para el 22 de julio.

Al salir, Sola y Roselli escriben a Reyes el resumen: “Se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones”. Reyes les contesta con una frase que no se presta a mucha interpretación: “Si bro. Nuestro pana zapatero detrás”.

Las dos vías terminan confluyendo, y hay un detalle que cierra el cuadro entero.

El 7 de septiembre de 2020, Zapatero se reúne con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Ministerio de Trabajo.

Desde Transportes, Rubén Eladio López Martínez, director de la Unidad de Emergencias del ministerio de Ábalos, le escribe a Koldo en directo: “Está zapatero reunido ahora mismo con el ministro de inclusion y seguridad social”. Koldo se lo reenvía a Ábalos.

Tres ministerios siguiendo en tiempo real una sola reunión.

La fecha importa por el contexto.

Esa misma semana, Plus Ultra arrastraba 451.954 euros de deuda con la Seguridad Social, y ese era justo el requisito que no cumplía para acceder al rescate.

La reunión Zapatero-Escrivá cae exactamente en esa ventana.

Que Ábalos siguiera la reunión por WhatsApp mientras Koldo le reenviaba mensajes desde el ministerio da una idea bastante clara del nivel de coordinación entre las dos vías.

Y que hubiera un alto cargo del Mitma actuando como informante de los movimientos del expresidente añade una capa adicional, sobre el papel de la administración pública, que todavía no ha tenido respuesta.

Y esto también es importante por lo que cuenta Ketty Garat: que colisionaron intereses de la trama Zapatero con los de la trama Ábalos, y que por eso se destapó lo del ministro.

Porque estaba “molestando” demasiado al business del expresidente.

9 de marzo de 2021. El Consejo de Ministros aprueba el rescate.

Conviene tener clara la dimensión de lo que pasó ese día.

Una aerolínea con una flota reducidísima, un 0,03% de cuota en rutas España-Iberoamérica, deuda pendiente con la Seguridad Social y dueños venezolanos investigados por Estados Unidos consiguió 53 millones de fondos públicos.

Por ley, esa empresa no podía cobrar nada.

Lo que documentan los informes de la UDEF es cómo se fueron sorteando, uno por uno, los filtros que en teoría tenían que haberlo impedido.

El primero, estar al corriente con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019.

La Tesorería informa al juzgado, en respuesta al requerimiento judicial, que Plus Ultra arrastraba en ese momento una deuda viva de 451.954 euros, generada entre julio de 2017 y mayo de 2020.

Sin embargo, Plus Ultra presentó a la SEPI dos certificados fechados el 20 de agosto de 2020 diciendo lo contrario, que no debía nada.

La propia UDEF lo describe como “datos falsos aportados a la SEPI” para sortear el filtro. Sin esa falsificación, el expediente ni se podía haber tramitado.

El segundo, la información que circulaba dentro del proceso.

El 26 de febrero de 2021, Julio Martínez Martínez ya felicita a Camilo Ibrahim Issa, accionista venezolano de Plus Ultra, por “la próxima obtención del préstamo”.

El problema es que el Consejo Gestor del FASEE, el órgano técnico que tiene que decidir, no se reúne hasta el 2 de marzo, y el Consejo de Ministros no aprueba hasta el 9.

Alguien dentro del Estado le filtró el resultado, con fecha y todo, antes de que la decisión existiera formalmente.

El tercero, el propio expediente del rescate. Cuando el juez le pide a la SEPI toda la documentación, llegan carpetas vacías, archivos que no abren y correos completos del periodo desaparecidos.

Cuando el juez insiste y reitera el requerimiento, la segunda respuesta llega aún más incompleta que la primera, con menos archivos.

Faltan documentos básicos de la fase de concesión.

Y el cuarto lo cuentan ellos mismos.

Roselli a Reyes, hablando de qué responder a la SEPI sobre el préstamo de Panacorp: “Ya sabes, un poco más de maquillaje, como ya dijimos la otra vez”.

Maquillar la información oficial al organismo que estaba evaluando si darles 53 millones.

Cuatro filtros sorteados, todos en la misma dirección, todos compatibles entre sí.

Llamar a esto un rescate, visto lo visto, es ser muy generoso.

Hay una parte del informe que conviene leer despacio, porque es de las más graves desde el punto de vista penal, y la UDEF la documenta con frases textuales de los propios implicados.

31 de diciembre de 2020, a primera hora de la mañana.

Un tal Felipe Baca, del entorno empresarial venezolano de Reyes, le entrega al abogado Miguel Palomero (el mismo que abrió la vía Ábalos) un paquete con 50.000 euros en efectivo.

La conversación por WhatsApp queda recogida así:
— Felipe Baca: “Creo que en ese paquete sí hay 50”.
— Miguel Palomero: “Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje”.

Un abogado, en pleno proceso del rescate público de Plus Ultra, confirma la recepción de 50.000 euros en metálico y los justifica, sin que nadie se lo pida, diciendo que sirven para “cuidar a jueces, policías y funcionarios”.

Lo escribe él. Por WhatsApp. El 31 de diciembre por la mañana.

Y no es un pago aislado.

En las tres semanas siguientes, Palomero deja registro de más entregas: 2.000 euros a una mujer identificada como “Jess”, 20.000 que le da a Reyes y que el propio Reyes dice expresamente que “no son para mí”, otros 3.000 a una tal “Alejandra”.

En total, unos 75.000 euros en metálico en menos de un mes. Sin factura. Sin transferencia. Sin trazabilidad de ningún tipo.

La cronología importa porque esos pagos no son periféricos al caso, son contemporáneos al núcleo.

Los 50.000 del 31 de diciembre caen dos semanas antes de que IDELLA firme con Plus Ultra el contrato del 1% que abre el rescate.

Los 20.000, al día siguiente de esa firma.

El dinero negro circula exactamente cuando se cierran los acuerdos formales que iban a canalizar los millones por factura.

Y luego está lo más peor, que es la propia frase de Palomero.

Si los 50.000 euros eran, según él, para “cuidar a jueces, policías y funcionarios”, la pregunta natural es a quiénes exactamente.

Porque cuidar a esos tres colectivos con dinero en metálico tiene un nombre concreto en el Código Penal.

Sorteados los filtros, queda la otra mitad del caso: a dónde va a parar el dinero.

Y aquí el informe 1907 deja todavía menos margen interpretativo.

Plus Ultra paga directamente al entramado de Julio Martínez Martínez 598.910 euros en transferencias bancarias documentadas.

De forma indirecta, a través de dos sociedades que la UDEF describe como instrumentales (Caletón Consultores y Summer Wind), otros 382.602 euros.

Y en paralelo, otras tres empresas sin vinculación aparente con Plus Ultra meten fondos al mismo entramado: Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. Inteligencia Prospectiva, por sí sola, mueve 2,6 millones de euros en cuentas entre 2020 y 2025, prácticamente sin actividad real que lo justifique, alimentada solo por aportaciones de sus socios.

Cuando se sigue la cadena hasta el final, todos esos flujos acaban en dos sitios: el propio Zapatero y su familia.

A Zapatero, en una cuenta del Banco Santander, le llegan 490.780 euros desde Análisis Relevante, 681.318 euros desde el grupo Thinking Heads y 352.980 euros desde el GATE CENTER.

Más de millón y medio en total. Justificados como “conferencias, asesoramiento estratégico y docencia geopolítica”.

Cantidades muy importantes, conceptos muy vagos.

A las hijas, Alba y Laura, a través de WhatTheFav: 561.440 euros desde Inteligencia Prospectiva, 239.755 desde Análisis Relevante y 171.727 desde GATE CENTER. Y a las cuentas personales de las dos, donde figura el padre como autorizado, otros 247.191 euros (Laura) y 199.904 (Alba).

Y luego estás casa.

En febrero de 2024, Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, compran una vivienda en la calle Ramón Crespo de Madrid por 580.000 euros. Banco Santander les da una hipoteca de 500.000. En enero de 2025, apenas once meses después, la hipoteca queda cancelada anticipadamente con una transferencia de 498.000 euros que ordena la propia Sonsoles desde una cuenta alimentada por el circuito.

La casa, al final, se acaba pagando con el mismo dinero que paga al jefe de la red. Y no son indicios ni suposiciones: son transferencias trazadas por la UDEF, con número de cuenta, ordenante, fecha y concepto.

Como dice el propio informe, el grueso de los fondos del entramado “irían a parar al entorno del expresidente”.

De todas las piezas del caso, la sociedad de Dubai es la que con menos rodeos coloca a Zapatero dando instrucciones directas a la red.

19 de enero de 2021. IDELLA Consulenza Strategica, una de las sociedades de Julio Martínez Martínez, firma con Plus Ultra un contrato presentado oficialmente como “asesoramiento estratégico para la solicitud de ayuda al FASEE”.

El detalle clave del contrato es la remuneración: el 1% más IVA del importe total de la ayuda que apruebe la SEPI.

Un porcentaje atado al éxito.

Como Plus Ultra acabó cobrando 53 millones, ese 1% son 530.000 euros (641.300 con IVA).

Una semana exacta después de la firma, el 26 de enero, arrancan las gestiones para constituir una nueva sociedad en Dubai. Se llama LANDSIDE DUBAI FZCO. El 100% del capital pertenece a IDELLA.

Le atribuyen un plan de negocio con ganancias previstas de 3 millones de dólares en cinco años, sin actividad operativa que lo respalde.

Lo que dice la UDEF sobre esta sociedad merece reproducirse con exactitud, porque es una de las frases con más peso jurídico individual del informe 1907: la reunión del 26 de enero para constituir la sociedad fue “organizada por José Luis Rodríguez Zapatero”.

Aquí la UDEF podía haber escrito “del entorno” o “de personas próximas” y se cubría.

No lo hace. Habla de una reunión organizada por él, y la apoya en correos electrónicos hallados en el ordenador del propio Martínez Martínez.

¿Para qué montar una sociedad ahí?

La hipótesis policial es clara y la cronología la respalda: para cobrar el 1% del rescate público español en una cuenta bancaria de Emiratos, fuera del alcance del fisco español.

El informe dice que no consta que ese 1% se haya pagado nunca en España.

El orden de los acontecimientos cuesta explicarlo de otra manera.

Se firma un contrato vinculado al éxito del rescate, una semana después se monta un vehículo offshore en un emirato, y el expresidente del Gobierno español dirige personalmente las instrucciones para crearlo.

Todo en enero de 2021, mientras la SEPI estaba evaluando si darle 53 millones de fondos públicos a una empresa con un solo avión.

Un detalle que conviene recoger: la UDEF añade, casi de pasada, que el entramado de Martínez Martínez “dispondría de otras mercantiles y fondos radicados en territorios off shore”.

LANDSIDE Dubai es solo la que ha emergido por Plus Ultra. Hay más, y la más antigua es de las Islas Vírgenes Británicas, año 2016, con cartera gestionada por un broker en Miami.

Esto da para post propio en otro momento.

En esto consiste, en buena parte, lo que el expresidente llama “asesoramiento internacional” desde que dejó el cargo.

Si los posts anteriores muestran cómo se sacó Plus Ultra adelante, el último capítulo importante de los informes muestra que

Plus Ultra no era un caso aislado, sino una pieza dentro de algo más grande.

Una operación permanente de mediación entre la oficina del expresidente y el régimen de Maduro.

Marzo de 2023. Domingo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva (la sociedad que en el post 9 vimos transfiriendo 561.440 euros a las hijas de Zapatero a través de WhatTheFav), está en Caracas como parte de una visita oficial.

Le reporta por mensaje a “Presidente”. El informe deja poco margen de duda sobre la identidad: “Presidente” es Zapatero.

El reporte es largo y vale la pena leerlo entero porque describe el alcance real de la operación.

Aparece la “Dama”, que es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y sancionada por Estados Unidos.

Aparece el “Presidente M”, que es Maduro. Aparece el ministro de Agricultura y Tierras, Castro Soteldo, descrito como “protagonista institucional” de las reuniones.

Aparece el gobernador del Estado Guárico, José Vásquez.

Hay visita a instalaciones públicas de producción y almacenamiento de maíz, propiedad del Estado venezolano, y reuniones para atraer “grandes capitales” al “Proyecto Blue”, una empresa mixta donde el Estado tiene el 55%.

Y al final del reporte, textual: “en el caso del Sr. Sawiris, venimos desde hace años apoyando para que se interesen los grandes capitales a invertir”.

Sawiris es Naguib Sawiris, el magnate egipcio.

Es decir, llevan años, en plural, haciendo lobby para atraer inversiones extranjeras a empresas del Estado venezolano.

La conclusión natural es desagradable, pero conviene formularla.

La oficina del expresidente Zapatero, según los informes de la UDEF, opera de forma sostenida como intermediario entre capitales internacionales y el régimen chavista.

Plus Ultra es un episodio dentro de esa operación más amplia.

La caja registradora son las consultoras españolas (Análisis Relevante, Thinking Heads, GATE Center) y la sociedad de las hijas.

El cliente final, en muchos casos, es directamente el aparato económico venezolano.

Esto excede el Código Penal español y entra ya en terreno de las sanciones internacionales norteamericanas, que es exactamente lo que estaba investigando el HSI cuando le metió mano al móvil de Reyes.

Que el caso empiece y termine en el mismo punto no es casualidad.

Hay una parte de los informes que conviene leer al final, porque le da forma y sentido a todo lo demás.

La UDEF no solo documenta lo que la red hizo. Documenta también lo que la red hizo para que no se supiera lo que estaba haciendo.

Lo primero, Julio Martínez Martínez borraba mensajes de forma sistemática.

La policía lo detecta porque, al cruzar conversaciones recuperadas de varios terminales distintos, encuentra huecos que solo desaparecen en un lado del chat.

La UDEF lo describe como “una estrategia orientada a dificultar la trazabilidad de sus comunicaciones y, por ende, su vinculación con José Luis Rodríguez Zapatero”.

O sea, destrucción de pruebas.

Lo segundo es más sutil pero también muy revelador.

En el móvil de Martínez Martínez aparecen varios mensajes que, por su contenido, claramente no iban dirigidos a él, sino a Zapatero.

Mensajes que empiezan con “Presidente, le reporto las novedades” y terminan con “Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones”.

La interpretación de la UDEF es la más lógica: Martínez Martínez actuaba como buzón intermedio para que esas comunicaciones no figuraran en el terminal del expresidente.

Una capa de anonimización montada a propósito.

Lo tercero, el detalle del aeropuerto.

En un correo intervenido, Cristóbal Cano le escribe a Gertru, la secretaria de Zapatero: “Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar”.

La frase se refiere al registro de la Sala de Autoridades del aeropuerto de Madrid-Barajas.

O sea, viajan juntos, pero piden que el nombre de Martínez Martínez no quede registrado.

Y por si quedaban dudas, en mayo de 2022 le piden a un abogado, por orden expresa de Martínez Martínez, que borre la palabra “comisión” del borrador de un contrato con Grupo Aldesa.

Si lo pactado fuera una comisión legítima, no haría falta borrarla.

Borrar mensajes, montar buzones intermedios, esconderse en una sala VIP, censurar palabras en contratos.

Son comportamientos que en derecho penal se llaman conciencia de la ilicitud.

Nadie hace todo eso si entiende que lo que está haciendo es legítimo.

Nadie monta sociedades en Dubai para cobrar conferencias.

Y eso, leído entero, es lo que de verdad impresiona del caso.

No tanto cada hecho por separado, sino que todos ocurran al mismo tiempo, en el mismo expediente y alrededor de las mismas personas.

Un expresidente del Gobierno, una red jerarquizada, un rescate público de 53 millones, una sociedad offshore en Dubai (y otra anterior en las Islas Vírgenes), sobres en metálico, pagos a las hijas, certificados falsificados ante la Seguridad Social, mensajes borrados, una operación de fondo al servicio del régimen venezolano.

(Y esto ya lo digo yo, pero detrás está el gobierno chino maniobrando.)

Y un Estado español que ha tardado cinco años en empezar a reconstruir todo esto, y que ha podido hacerlo, en última instancia, gracias a Estados Unidos.

Eso es lo que cuentan los informes 1907 y 1908 de la UDEF.

El 2 de junio, Zapatero declara como investigado ante el juez Calama en la Audiencia Nacional.

Habrá que estar atentos.

Yo por lo pronto… me voy a dormir.

FIN DEL HILO. 🧵