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Tribunales

Juzgan al examante musulmán de un cura por extorsionarlo con enviar al Papa un vídeo en el que practicaban sexo

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Ciutat de la Justicia de Valencia
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La Audiencia de Valencia juzgará el próximo lunes a un hombre acusado de extorsionar a un párroco de la provincia para no difundir un video en el que se veía a ambos manteniendo relaciones sexuales. Tal y como ha adelantado el diario Levante-EMV, la víctima es un sacerdote católico y su examante, un refugiado musulmán que vivió en la casa parroquial durante una temporada.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la vista está fijada para el lunes a las 10.00 horas en la Sección Primera, si bien fuentes judiciales han apuntado a Europa Press la posibilidad de que se llegue a una conformidad entre las partes.

Al acusado se le juzgará por un delito de extorsión en grado de tentativa y otro contra la intimidad. La Fiscalía le acusa de reclamar en junio de 2017 el pago de 100.000 euros a un párroco de la provincia para no difundir un vídeo en el que se veía a ambos mantener relaciones sexuales.

En caso de no darle el dinero, según el escrito de acusación del ministerio público, enviaría la grabación a los familiares de la víctima, así como «al Papa». El religioso aceptó entregarle 50.000 euros en un primer momento y 25.000 más en el plazo de tres meses. Ambos se encontraron en un bar de Valencia para realizar esta transacción, momento en que el acusado fue detenido.

Tanto el acusado como el perjudicado se sometieron posteriormente a un programa de mediación penal intrajudicial y alcanzaron un acuerdo. La Fiscalía solicita inicialmente para el procesado un año y medio de cárcel, tras aplicarle las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño y no se opone a la suspensión de la ejecución de la condena.

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Sociedad

Un padre, condenado a trabajos comunitarios por dar un “capón” a su hijo

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Un hombre que propinó un “capón” a su hijo para corregir su actitud rebelde y desafiante cuando le recriminó sus malos resultados escolares tendrá que cumplir 31 días de trabajos comunitarios al haber confirmado la Audiencia Provincial de Murcia la sentencia que lo condenó como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el acusado presentó contra la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Murcia en febrero de 2018 y que incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse al menor durante seis meses y un día. El Juzgado declaró como hechos probados que los mismos ocurrieron cuando al recoger el acusado a los hijos, entregados por su expareja, se produjo una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos salió en defensa de la madre. Fue entonces cuando, decía la sentencia, el denunciado lo cogió del brazo y le propinó golpes en el pecho y un pescozón en la cabeza.

En su recurso, el acusado alegó que no cometió delito alguno, ya que se limitó a tratar de corregir una actitud rebelde y desafiante de este hijo surgida cuando le censuró su bajo rendimiento académico. Y añadió que solo trataba de corregir su comportamiento, no de atentar contra su integridad física, lo que consideró podía realizar en el ejercicio legítimo de su degber como padre.

Sin embargo, la Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Ana María Martínez, comenta que aunque el “capón” fuera para reprender su actitud desafiante por haberle recriminado sus malas calificaciones, supuso ejercer violencia física sobre el menor, aunque este no llegar a sufrir lesión alguna. “Quienes tenemos hijos, se lee en la sentencia, provenimos, en muchos caso, de una educación en que sí existía el castigo y la corrección: la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón, y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta”.

Comenta igualmente que “la familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros, en el que debe imperar la igualdad y el comedimiento, por más difícil que resulte la labor de educación, a veces, en el día a día”.

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Tribunales

La Audiencia Nacional ordena el cierre de la página web de Tsunami Democràtic

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El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, previo informe de la Fiscalía, ha ordenado a la Guardia Civil que proceda a clausurar todo acceso a páginas web y perfiles en redes sociales de Tsunami Democràtic por delito de terrorismo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Este portal de internet y también su aplicación para dispositivos móviles ha comenzado a bloquearse a partir de las 14.30 horas. Tsunami Democratic, desde la que se han convocado los disturbios habidos en Cataluña, se jacta en un mensaje publicado en Telegram de que nadie “puede detener un Tsunami”. Señala que la Audiencia Nacional ha contado con la colaboración de los grandes teleoperadores para cerrar su dominio. Ofrece una serie de alternativas a sus seguidores, que no publicamos para no colaborar con quienes ya están dentro de una investigación judicial, con el fin de poder seguir recibiendo consignas y continuar los disturbios.

Fuentes jurídicas han concretado que la orden ha partido de la Audiencia Nacional, concretamente del mismo magistrado que investiga la causa por terrorismo contra nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), siete de los cuales están en prisión provisional desde finales de septiembre. Sin embargo, las fuentes consultadas no han aclarado de momento si el cierre de la página y perfiles de redes sociales de Tsunami Democràtic corresponde a las mismas diligencias o se trata de una causa aparte.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este mismo viernes que hay avances en las investigaciones sobre los “autores intelectuales” de los disturbios de la última semana en ciudades catalanas y que Tsunami Democràtic era una de las plataformas sobre las que su departamento ha puesto el foco.

El ministro ha evitado, para “no perjudicar” la investigación en marcha, responder a la prensa sobre si Tsunami Democràtic y otras plataformas están conectadas con el expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont y partidos como la CUP. No es la primera vez que un juez clausura una página web relacionada con el ‘procés’. Hace justo dos años, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona

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Tribunales

El Estado no podrá recuperar las competencias en materia penitenciaria en Cataluña

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El Estado no podrá recuperar fácilmente las competencias en materia penitenciaria en Cataluña. Sobre el papel es posible hacerlo, pero, como suele pasar, en la práctica será inviable que el estado pueda recuperar las competencias en materia penitenciaria que fueron transferidas a Cataluña en 1983. Y es que, solo hay dos vías para recorrer ese camino: o se reforma el Estatut de Catalunya, lo que requeriría el voto a favor de una mayoría de dos tercios del Parlament, algo que roza lo quimérico; o se reforma la Constitución, un paso que también se antoja muy complicado.

Algunas fuentes admiten que la legislación “no está pensada para protegerse del desleal”, pero es que, en este caso, es cierto, dicen, “hemos puesto al zorro, a vigilar a las gallinas”. La competencia ejecutiva en materia penitenciaria está puesta en manos de la Generalitat, y una vez que los políticos presos están en cárceles catalanas, no hay nada que hacer porque el estado no tiene ningún motivo para reclamarles, primero, porque no lo han pedido los afectados, y segundo, porque no ha habido requerimiento alguno del tribunal para ello.

La única posibilidad para hacerlo, piensan algunos, es que, si se vuelve a recurrir al 155 se puedan tutelar esas competencias por el tiempo en el que esté en vigor su aplicación.

Así pues, hay que asumir que será la Generalitat la que conceda el tercer grado a los políticos presos en cuanto le sea posible, máxime cuando el Tribunal Supremo se ha negado a explicitar en la sentencia, como pidió la fiscalía, la posibilidad de que no tuvieran acceso a ello hasta que los condenados cumplieran al menos la mitad de la pena que se les ha impuesto. Eso sí, al estar todo judicializado, el fiscal podrá recurrir ese paso, primero ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, es decir, ante el Supremo.

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