Juzgan al examante musulmán de un cura por extorsionarlo con enviar al Papa un vídeo en el que practicaban sexo - ALERTA NACIONAL
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Juzgan al examante musulmán de un cura por extorsionarlo con enviar al Papa un vídeo en el que practicaban sexo

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Ciutat de la Justicia de Valencia
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La Audiencia de Valencia juzgará el próximo lunes a un hombre acusado de extorsionar a un párroco de la provincia para no difundir un video en el que se veía a ambos manteniendo relaciones sexuales. Tal y como ha adelantado el diario Levante-EMV, la víctima es un sacerdote católico y su examante, un refugiado musulmán que vivió en la casa parroquial durante una temporada.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la vista está fijada para el lunes a las 10.00 horas en la Sección Primera, si bien fuentes judiciales han apuntado a Europa Press la posibilidad de que se llegue a una conformidad entre las partes.

Al acusado se le juzgará por un delito de extorsión en grado de tentativa y otro contra la intimidad. La Fiscalía le acusa de reclamar en junio de 2017 el pago de 100.000 euros a un párroco de la provincia para no difundir un vídeo en el que se veía a ambos mantener relaciones sexuales.

En caso de no darle el dinero, según el escrito de acusación del ministerio público, enviaría la grabación a los familiares de la víctima, así como «al Papa». El religioso aceptó entregarle 50.000 euros en un primer momento y 25.000 más en el plazo de tres meses. Ambos se encontraron en un bar de Valencia para realizar esta transacción, momento en que el acusado fue detenido.

Tanto el acusado como el perjudicado se sometieron posteriormente a un programa de mediación penal intrajudicial y alcanzaron un acuerdo. La Fiscalía solicita inicialmente para el procesado un año y medio de cárcel, tras aplicarle las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño y no se opone a la suspensión de la ejecución de la condena.


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Tribunales

La Fiscalía pide imputar al defensor del pueblo catalán por viajar gratis a la final de la Champions

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La Fiscalía ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigue al Sìndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, por supuesto delito de cohecho pasivo impropio por aceptar una invitación a la final de la Liga de Campeones de fútbol de 2015 en Berlín Alemania. Así lo plantea la Fiscalía Anticorrupción en un escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que remita la correspondiente exposición razonada al TSJC.

La Fiscalía explica que “a la vista de los informes de la Guardia Civil de 13 de marzo y 1 de agosto de 2019 interesa que se solicite del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que valore su competencia para conocer de la investigación de los hechos”.

Explica que en junio de 2015 Jordi Soler, investigado en la Audiencia Nacional en el caso de las mordidas del 3 por ciento, “decidió invitar a diversas personalidades del ámbito del partido político CDC o de instituciones públicas de Cataluña, a la final de la Liga de campeones de la UEFA, que se celebraba en Berlín”. El escrito, que adelanta este viernes El Periódico, añade que “consta en el informe de la Guardia Civil de 13 de marzo de 2019 la información localizada en el dispositivo de telefonía móvil vinculado al investigado Jordi Soler, que permite concluir la existencia de hechos de relevancia penal imputables a Rafael, quien ocupa desde el año 2004 el cargo de Sindic de Greuges”.

El fiscal explica que finalmente Ribó realizó con su hija el viaje pagado por Jordi Soler, que incluyó el alquiler de un avión y una furgoneta para los desplazamientos desde Barcelona a Berlín y dentro de Berlín, donde se disputó la final de la Champions League el 6 de junio de 2015 entre el Fútbol Club Barcelona y la Juventus de Turín. Añade que “el viaje se realizó, según el mismo informe de la Guardia Civil, con un coste total de 39.900 euros, facturado a nombre de “Electromecánica Soler, S. L.”, “Grup Soler Constructora, S. L.” y “Soler Global Service, S. L.”.

La Fiscalía explica en su escrito que el artículo 422 del Código Penal castigar lo que se denomina “cohecho pasivo impropio”, que sanciona al cargo público que simplemente acepta un regalo entregado en consideración a su posición. Sobre este delito para el fiscal es muy significativa la resolución del Tribunal Supremo que revocó el archivo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la pieza de la llamada “trama Gürtel” relativa al expresidente valenciano Francisco Camps, acordando la continuación del procedimiento respecto al mismo.

Recuerda que en la misma el alto tribunal señaló que “la entrega de unos trajes tiene la consideración de dádiva a los efectos del delito de cohecho”, pues “se realiza en consideración a la condición del funcionario o cargo público del que los recibe, de tal forma que, sin esa condición, el regalo no se hubiera realizado”. El fiscal explica que “el bien jurídico protegido en todas las modalidades del delito de cohecho es el interés de que los funcionarios públicos no incurran en corrupción, es decir, evitar que ejerciten sus funciones en atención a las recompensas solicitadas, entregadas u ofrecidas, con la finalidad general de preservar la objetividad de la Administración pública”. Precisa que en este caso “Ribó no solo aceptó la invitación al viaje en un vuelo pagado por Jordi Soler sino que además tomó la iniciativa de solicitar que dicho empresario pagara también el viaje a Berlín de su hija”. Además, “dentro de las funciones y actividades que realiza Soler ninguna tiene relación directa con invitar a personas a viajar a ver un partido fútbol, es decir, el pago del viaje supone un coste añadido a su actividad empresarial”.

El fiscal destaca que “el propio Soler lo considera como un viaje comercial y trata de que nadie sepa de él, según se refleja en un mensaje”.


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Tribunales

“Manual del comunista”: Podemos e IU se querellan contra Hermann Tertsch por incitar a una “rebelión armada”

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Podemos e IU interpondrán una querella este viernes contra el eurodiputado y dirigente de Vox Hermann Tertsch por considerar que incitó a los militares a una “rebelión armada” a través de un mensaje en Twitter que tuvo, según estas formaciones, una amplia repercusión antes de la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha informado IU en una nota de prensa, la querella se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por este mensaje publicado por Tertsch el pasado 2 de enero: “En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del Artículo 8 para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación”.

Ambas formaciones entienden que ese mensaje supone una provocación para la rebelión armada -artículo 477 del Código Penal-, una amenaza al Gobierno de la nación -artículo 504- y un delito de odio al promover de forma directa hostilidad y violencia por razón de ideología -artículo 510-.

Podemos e Izquierda Unida reseñan además que Tertsch “viene participando de forma notoria y ostensible en la generación de un clima de confrontación contra el legítimo Gobierno democráticamente elegido por el Congreso de los Diputados”.

El escrito que se registrará este viernes ante el Supremo destaca que Tertsch “reincidió en su conducta” al lanzar otro mensaje en el que llamaba a las fuerzas armadas a activar su fuerza “en contraposición a la acción de impulso ejecutivo y legislativo del Gobierno y de las Cortes Generales”, según consta en la nota de prensa.

IU y Podemos, además de solicitar al Tribunal Supremo personarse como acusación popular, reclaman entre otras diligencias la solicitud al presidente del Parlamento Europeo del suplicatorio para investigar al querellado, por tratarse de un aforado.

Tras conocer que ambas formaciones se querellarán contra el dirigente de Vox, su presidente, Santiago Abascal, ha asegurado que esa querella responde al “manual del comunista”. “Pisotea las democracias y acusan de golpista a quien invoca la ley y la Constitución”, ha afirmado Abascal a través de Twitter.

“Vemos con orgullo que nuestro eurodiputado Hermann Tertsch les pone muy nerviosos, sobre todo cuando denuncia los crímenes del socialismo en todo el mundo”, escribe Santiago Abascal.


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La Junta Electoral Central multa a Sánchez con 500 euros por hacer campaña desde La Moncloa

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La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves sancionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 500 euros por haber hecho una entrevista en época preelectoral en el palacio de La Moncloa, lo que prohíbe la ley. La ministra Celaá ha sido también multada con 2.200 euros.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no permite, dentro de dicha época electoral, el uso de “medios institucionales” por parte de los poderes públicos para la promoción de logros, pero Sánchez, a criterio de la Junta, dio una entrevista con este cariz en la sede de la Presidencia del Gobierno antes de la campaña del 10N.

Por esta razón, la Junta abrió expediente sancionador a Sánchez, y este jueves ha resuelto sancionarle con 500 euros..

El acuerdo relativo a Pedro Sánchez establece una cuantía de sanción inferior a la propuesta final que ha trasladado a la Junta el instructor del expediente, el magistrado Eduardo de Porres.

Su propuesta estipulaba una sanción de 2.800 euros por incumplimiento del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este precepto no permite que en época electoral los poderes públicos usen medios institucionales para la promoción de sus logros.

Dicha propuesta reparaba, por un lado, en que “la escenografía” visible en la entrevista que emitió La Sexta a finales de octubre delataba sin lugar a dudas que se estaba celebrando en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Tenía en cuenta, por otro lado, que la web de la propia Moncloa reprodujo íntegramente el contenido de la entrevista en cuanto acabó.

Además, Sánchez, cuando compareció en La Sexta, no era sólo el candidato socialista en las elecciones del 10 de noviembre, sino además presidente del Gobierno en funciones.

La LOREG establece que las autoridades públicas que infrinjan la norma podrán ser sancionados con cantidades entre los 300 y los 3.000 euros.

Los trece integrantes de la Junta -ocho magistrados y cinco vocales- han vivido al respecto un debate “intenso”, en opinión de fuentes de dicho órgano consultadas por Efe.

De hecho, seis vocales han anunciado que interpondrán un voto particular porque estiman que lo que procedía era el archivo del expediente sancionador.

Las fuentes de la JEC han destacado que en la división del órgano electoral, así como en la decisión de rebajar la sanción a 500 euros, han influido las alegaciones presentadas por Sánchez, que hacían hincapié en tres aspectos.

El primero, explican las fuentes, es que el presidente no decidió el lugar de la entrevista ni su realización, pues en ello intervinieron más personas; el segundo es que no controla él los medios de difusión de los que se provee Moncloa; y el tercero es que, una vez notificada la denuncia, en Presidencia retiraron la transcripción.

El PP fue quien denunció esta entrevista al entender que con ella Sánchez incurría en incumplimiento del artículo 50.2 de la LOREG. La Junta analizó la protesta de los populares, comprobó la infracción y decidió abrir expediente.

La sanción a Celaá obedece al mismo motivo, franquear el 50.2 de la ley electoral al efectuar declaraciones “electoralistas” en la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros.

Sin embargo, la cuantía es más alta porque a la ministra de Educación y entonces portavoz se le había apercibido por lo mismo antes de la apertura del expediente.

Como en su caso ha habido “reiteración” y como además se ha considerado que al tratarse de afirmaciones es la única responsable de la infracción, la JEC ha fijado la sanción en 2.200 euros.


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