Cuando fundamos la Red Voltaire, en 1994, nuestra primera preocupación era defender la libertad de expresión, inicialmente en Francia y luego en el mundo en general.
Pero hoy en día el concepto de libertad de expresión está siendo, a nuestro modo de ver, deformado y cuestionado. Por eso trataremos de definir en qué consiste ese ideal.
La circulación de las ideas se desarrolló considerablemente con la invención de la tipografía moderna, a finales del siglo XV. Ya no había que creer ciegamente las afirmaciones de las autoridades y cada cual tenía la posibilidad de hacerse su propia opinión.
La mayoría coincidió en afirmar entonces que, aunque el debate es indispensable para la evolución del pensamiento humano, ciertas ideas serían perjudiciales para la sociedad y por ello deberían ser censuradas. Se estimó que las autoridades deberían determinar qué era útil y lo que podía ser perjudicial. Pero la promulgación del célebre Index librorum prohibitorum (Índice de libros prohibidos) por parte del papa Pablo VI no pudo impedir la difusión de las ideas antipapistas.
Nuestro punto de vista es que, en la mayoría de los casos, la censura es más perjudicial que las ideas que prohíbe. Todas las sociedades que practican la censura acaban anquilosándose. Es por eso que todas las autoridades basadas en la censura han acabado siendo derrocadas.
En ese sentido, existe un enfrentamiento entre dos grandes escuelas. El artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos que se proclamó en Francia en 1789 estipula que la ley deberá determinar y reprimir los casos de abuso en el uso de la libertad de expresión, mientras que la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América –adoptada en 1791– plantea que ninguna ley podrá limitar tal libertad.
Estados Unidos era entonces una nación en formación que acababa de emanciparse de la monarquía británica. Sin tener aún conciencia de las dificultades de la vida en sociedad, ya había sufrido los abusos del poder de Londres. Su concepción de las libertades era, por ende, que estas no debían reconocer límites.
Fue necesario más de un siglo para que los legisladores franceses lograran determinar los límites de la libertad de expresión, siendo estos la incitación a que se cometan crímenes o delitos, la injuria y la difamación. En cuanto al régimen de censura, el control dejó de ejercerse antes de la publicación y pasó a realizarse después de la publicacion.
En los países de cultura latina se llama “difamación” al acto de atribuir hechos o actitudes negativos sin tener pruebas de que sean reales, partiendo además del principio que ciertos hechos no pueden ser probados –como hechos que han sido objeto de amnistías, crímenes prescritos o ciertos elementos de la vida privada–, debido a lo cual no deben ser publicados. En los países anglosajones, por el contrario, sólo se considera difamación aquella afirmación cuya falsedad puede demostrarse. En la práctica, las leyes latinas exigen que el autor pruebe lo que afirma, mientras que las leyes anglosajonas plantean –por el contrario– que es la persona difamada quien debe demostrar que el autor no dice la verdad.
En ambos casos, los tribunales sólo pueden proteger la libertad de expresión si sus miembros son jurados populares –como en Bélgica– en vez de magistrados profesionales –como en Francia– con tendencia a defender la clase social a la que pertenecen. Fue ese el gran combate de Georges Clemenceau (primer ministro de Francia de 1906 a 1909), esfuerzo que sin embargo fue anulado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos retomaron el control de los procedimientos.
La libertad de expresión, que necesitó 4 siglos para establecerse en Occidente, se ha visto totalmente cuestionada con la aparición de las nuevas tecnologías informáticas de difusión que amplían las posibilidades individuales de convertirse en autor de contenidos. Está sucediendo lo mismo que en el siglo XVI: después de un corto periodo de florecimiento de la libertad de expresión, estamos viviendo un regreso al control y la censura.
Antes, franceses y estadounidenses hablaban a la vez de la libertad de expresión y de la libertad de prensa –o sea, de la posibilidad de ejercer la libertad de expresión en los periódicos. Ahora, la libertad de prensa se menciona a menudo para negar la libertad de expresión de personas corrientes a quienes se acusa de ser «complotistas», o sea de ser simplemente individuos incultos, irresponsables y peligrosos para la sociedad.
Generalmente, los partidarios de la censura previa no mencionan su propio deseo de controlar las opiniones políticas de las masas sino que se sitúan en el terreno de la religión –argumentan que es necesario proteger a la sociedad frente a la herejía– o de la moral –argumentan la necesidad de proteger a la juventud de la corrupción mediante la pornografía. La aparición de las llamadas «redes sociales» ofrece un nuevo contexto para recurrir de nuevo a viejos argumentos.
Dado el hecho que las religiones más establecidas están en pleno retroceso en el Occidente contemporáneo, esas religiones están siendo reemplazadas por una religión nueva, que no tiene Dios pero que reproduce los dogmas (el «consenso») y que también tiene sus “clérigos” (antes eran los periodistas, hoy son los dueños de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc.).
Por ejemplo, en Francia se habla ahora de convocar un referéndum para agregar en la Constitución la siguiente frase:
«La República garantiza (1) la preservación de la biodiversidad, (2) del medioambiente y (3) lucha contra el cambio climático».
Pero se trata de 3 propuestas que carencen de sentido ya que la biodiversidad no es un periodo o un ciclo sino un proceso; el medioambiente no ha sido nunca preservado sino que ha sido siempre modificado; y el clima no se somete a ningún tipo de “reglamento” o “arreglo”. Por supuesto, ya se habla de censurar las observaciones que acabo de expresar aquí, que no encajan en el “consenso” y que serían por ende perseguidas, primeramente en los llamados medios sociales y seguidamente en la sociedad en general.
Todos estamos seguramente preocupados por el incremento de la pornografía, a la que están expuestos nuestros niños, y todos quisiéramos espontáneamente preservarlos de ese fenómeno. Pero antes los niños de los campesinos estaban “expuestos” a ver el sexo entre los animales –no siempre tiernos ni morales. Hoy los escolares pequeños están convencidos de que los animales copulan sólo para continuar la especie y ven en sus teléfonos celulares videos sobre eso –no siempre tiernos ni morales. Históricamente, la mayoría de los regímenes autoritarios comenzaron censurando la pornografía… antes de arremeter contra las ideas políticas. Eso indica que para todos lo menos peligroso es instaurar procedimientos de control parental en vez de abrir una vía que conduce a la pérdida de nuestras libertades.
Observaciones finales:
en 1990, Occidente dio un gran paso atrás en materia de libertades con la adopción de las leyes europeas que reprimen el «negacionismo».
Otro gran retroceso tuvo lugar en los años 2000 con la concesión de una serie de privilegios a las redes sociales.
El tercer gran retroceso en materia de libertades data de los años 2010 con la creación de agencias que atribuyen calificaciones en materia de “confiabilidad” de la información.
Sería comprensible la existencia de leyes que repriman los intentos de rehabilitar el régimen racialista nazi. Pero no se entiende que se atribuya a las leyes el papel de “guardianes de la Verdad”. Lo más grave es que esas leyes han restituido las penas de cárcel para los contradictores. Eso implica que en la Europa actual es posible ser enviado a la cárcel por una cuestión de ideas.
Las transnacionales de internet –como Twitter, Facebook, Instagram o YouTube– obtuvieron de Estados Unidos enormes privilegios destinados a facilitarles la conquista del mundo. Son consideradas simultáneamente transportadores de información –como las clásicas oficinas de correos– y reguladores de la información que vehiculan. Trate usted de imaginar qué habría sucedido si las oficinas de correos clásicas hubiesen tenido la potestad de leer la correspondencia y censurarla.
Afirmando que sólo son transportadores neutrales, esas transnacionales de internet protegen el anonimato de sus clientes. El resultado es que entre todos los mensajes que vehiculan hay algunos que incitan a cometer delitos y crímenes, así como mensajes de carácter injurioso o difamatorio, pero esas empresas cubren a sus autores. Sin embargo, en la prensa escrita, quien publica un texto y se niega después a revelar la identidad de su autor es considerado responsable de lo que imprimió, mientras que las transnacionales de internet –que dicen ser sólo «transportadores de información»– se han erigido en «reguladores». Esas transnacionales siguen negándose a revelar la identidad de los culpables pero cierran olímpicamente las cuentas donde se expresan ideas que no les agradan, con lo cual se erigen en jueces, sin leyes, sin debate o deliberación y también sin posibilidad de apelación.
El 28 de mayo de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump retiró ese privilegio a las transnacionales de internet y abrió el camino a una regulación a través de la justicia. Pero es poco probable que el Congreso llegue a convertir en ley esa decisión del poder ejecutivo. Sobre todo porque los jefes de esas transnacionales ya crearon –con la OTAN– agencias como NewsGuard, que se encargan de endilgar “malas notas” a los sitios web que no pueden controlar. El objetivo de esas agencias es relegar a quienes no piensan “como se debe” a las profundidades de los motores de búsqueda hasta que desaparezcan. Hemos regresado a la arbitrariedad y la censura.
