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La cajera de supermercado devenida ministra de Igualdad decide penar con hasta 15 años de cárcel las relaciones sexuales que la mujer considere no consentidas

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La nueva ley de libertad sexual y contra las violencias sexuales, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual, castigará las violaciones con penas de 4 a 10 años, que podrán llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes.

Así se recoge en el anteproyecto de ley integral que la ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva este martes al Consejo de Ministros, y que ha provocado los primeros roces en el Gobierno, que cree que la reforma podría llegar al Congreso en marzo y quedar aprobada antes del verano.

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La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia, una reforma conocida como ‘sí es sí’, es el aspecto más conocido de la ley, pero esta legislación aspira a ser integral e incluye no sólo más cambios punitivos, sino un enfoque amplio contra la violencia sexual.

Ahora, toda penetración sin consentimiento será considerada una violación y este delito podrá ser penado con entre 7 y 12 años si hay un agravante. Si se le suman dos, podría ser castigado con penas entre 9 y 15 años de prisión, han informado a Efe fuentes de Igualdad.

En la modificación del Código Penal relativa a los delitos sexuales se introducirá además la agravante de que la agresión sexual haya sido precedida o acompañada de violencia y grave daño y también se matiza la agravante de parentesco para dejar claro que se debe incrementar la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor.

Acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual

En concreto la ley tiene como objeto la protección integral del derecho de libertad sexual de todas las personas mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales que afectan a las mujeres de manera desproporcionada, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de género.

Con la nueva norma será castigado con pena de prisión como culpable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunsatancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.

También se considerará agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o actuando de manera sorpresiva, así como los que se ejecuten sobre las personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusara y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa.

Crea un delito de acoso «callejero» ocasional

El anteproyecto de ley orgánica también incluirá en el Código Penal el delito de «acoso ocasional», que considerará como un delito leve aquellas «expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas» que pongan a la víctima en una situación «objetivamente humillante, hostil o intimidatoria».

Este delito conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas para los agresores, y castigará así el conocido como acoso «callejero», situaciones que no tienen por qué darse en vía pública: pueden ocurrir en bares, fiestas privadas, conciertos, establecimientos.

El Ministerio de Igualdad ha explicado que hasta ahora solo estaban penadas estas situaciones en el ámbito de la violencia doméstica, es decir, entre familiares, pareja o expareja.

Fecha simbólica coincidiendo con el 8M

La premura con la que Igualdad quería aprobar este proyecto, en la semana del 8-M para dotarlo de un mayor simbolismo, ha chocado con las reticencias de los ministros del PSOE que veían la necesidad de pulir algunos detalles del texto que afectaban a los juzgados especializados, para garantizar que no invadía competencias de las comunidades autónomas y que tenía en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Hasta última hora del lunes no se cerró el texto que aborda el Consejo de Ministros, y que ha contado con la contribución de otros departamentos del Gobierno. Fuentes del Ministerio de Justicia reconocían a Efe que expertos y penalistas estaban realizando las últimas aportaciones para «mejorar» el proyecto, en lo que califican como «un procedimiento habitual» para «lograr el mejor texto posible».

El anteproyecto podría sufrir cambios

Finalmente, superadas las discrepancias aparentemente, el texto conlleva una modificación del Código Penal con la creación de nuevos delitos y, sobre todo, acaba con la distinción entre abuso y violación al convertir en el eje central del proyecto la figura del consentimiento, como reclama el Convenio de Estambul, para que quede claro que «solo sí es sí». Una llamada que ya se ha convertido en el nombre por el que es conocida la ley.

El anteproyecto debe pasar aún por la fase de informes y después tramitarse en el Congreso, donde también podría sufrir cambios, pero ya se conoce que modifica el artículo 178 del Código Penal para establecer que será «castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como reo de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento».

Y precisa en el mismo artículo que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad de participar en el acto».

Asimismo, define como actos de agresión sexual aquellos que «se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o actuando de manera sorpresiva».

Adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul

También los que «se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa».

Los castigos de uno a cuatro años para estos delitos corresponden al tipo penal básico para los delitos de carácter sexual, han indicado a Efe fuentes de Igualdad, y habrá tipos concretos que serán penados de manera diferente, entre ellos, la violación, y también agravantes que incrementarán esas cuantías.

La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia es el aspecto más conocido de la ley, pero esta legislación aspira a ser integral e incluye un enfoque amplio contra la violencia sexual.

Derecho a decidir

El objetivo es, en palabras de Irene Montero, «ampliar el foco» con un «marco normativo integral que reconozca como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración en cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual».

Agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, extorsión y engaño pederasta, también cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación, o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual son algunas de ellas.

La ley también conllevará la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con «centros de crisis» que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día. Según la ministra de Igualdad, la sensibilización y la prevención serán pilares básicos de su funcionamiento.


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España

Podemos cae en picado mientras VOX sigue ganando votantes: Abascal le gana la batalla a Iglesias

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Enésima encuesta en la que se confirma la hecatombe electoral que sufriría Podemos en las próximas elecciones generales. Un barómetro electoral realizado por SocioMétrica para El Español confirma que Pablo Iglesias está siendo incapaz de aprovechar la presencia de Podemos en el Gobierno de coalición.

El partido morado, obtendría su peor resultado electoral de celebrarse este domingo las elecciones, con solo un 10,5% de los votos, lo que le dejaría con 25 diputados. La formación de Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Irene Montero e Isa Serra, entre otros, estaría cada vez más cerca de convertirse en un partido residual como Izquierda Unida.

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VOX, por su parte, el principal rival ideológico de Podemos, no solo no perdería votantes respecto a las elecciones del mes de noviembre de 2019, sino que los ganaría, pasando del 15,1% al 16,7%, lo que le daría 54 diputados.

Partido Popular y Ciudadanos ganarían las elecciones de ir juntos

Otro de los datos más llamativos de la encuesta realizada por SocioMétrica es la victoria que lograrían Partido Popular y Ciudadanos en caso de ir juntos en las listas. Azules y naranjas obtendrían 123 diputados con el 29,6% de los votos, superando ampliamente al PSOE, que se quedaría con 103 diputados con el 26,7% de los votos.

Este resultado, permitiría a PP y Ciudadanos, con el apoyo de VOX, gobernar en España y apartar al actual Gobierno de coalición (PSOE y Podemos), del poder.


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España

Ábalos compra mascarillas a una empresa que incumple los requisitos de Sanidad

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El contrato destinado al suministro de mascarillas para el personal del Ministerio de Transportes asciende a 555.100 euros y se adjudicó el pasado 24 de noviembre.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con José Luis Ábalos al frente, adjudicó el pasado 24 de noviembre un contrato destinado al suministro de mascarillas para el personal de este departamento por valor de 555.100 euros a la empresa Royal Progress SL.

(vozpopuli).- Rypo, el nombre comercial de esta sociedad, fue rechazada por el Ministerio de Sanidad entre los proveedores autorizados a optar a los once lotes recogidos en el Acuerdo Marco para la adquisición de material sanitario al considerar que incumplía los requisitos, según consta en los documentos públicos a los que hemos tenido acceso.

La licitación de Sanidad se adjudicó el 11 de noviembre, trece días antes de que Transportes la eligiera. Según consta en el contrato del departamento capitaneado por Ábalos, la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento, encargada de la adjudicación, recibió un total de 72 ofertas durante el procedimiento abierto acelerado, donde los plazos son más cortos de lo habitual.

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El Ministerio justifica la agilidad del proceso en «la necesidad inaplazable de contratar el suministro de mascarillas para dar cumplimiento al Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio (…) señalando en su articulado el uso obligatorio de mascarillas y la adopción de medidas en los centros de trabajo debiendo proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo».

La sociedad Royal Progress SL fue registrada en 2015 con el objeto social de gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, según consta en el Registro Mercantil al que ha tenido acceso este medio con la herramienta Insight View; aunque en su página web se define como «una empresa de importación y distribución de material médico-sanitario y de protección contra el COVID19».

Esta pyme se presentó a los once lotes del ‘megacontrato’ de 2.500 millones de euros de Sanidad y fue rechazada en todos ellos.

La empresa está dirigida por el empresario Gonzalo Díaz que, según una entrevista concedida a eldiario.es en julio, es un asturiano de 27 años con «grandes contactos en China». Una información que este medio ha pretendido contrastar con los datos públicos de Rypo, aunque no ha recibido respuesta.

«Desde comienzos de 2019 hemos dado servicio a hospitales, clínicas, farmacias y organismos Públicos. En 2020 decidimos digitalizar nuestra oferta y abrir nuestro primer e-commerce», añade la empresa, que vende mascarillas, geles, guantes, termómetros, batas desechables, equipos de protección y test de antígenos y anticuerpos de covid-19.

Rechazada por Sanidad en 11 ocasiones

Antes de este contrato con Transportes, Rypo había logrado durante la pandemia 15 contratos para el suministro de material sanitario con la Administración. El más cuantioso de todos fue con el Gobierno de Castilla y León para el suministro de tres millones de mascarillas quirúrgicas por valor de 1,9 millones de euros. También han sido sus clientes los ayuntamiento de localidades madrileñas como Pozuelo de Alarcón o Majadahonda.

No obstante, esta pyme se presentó a los once lotes del ‘megacontrato’ de 2.500 millones de euros de Sanidad y fue rechazada en todos ellos. El proceso que lideraba el equipo de Salvador Illa explicaba que las batas, los guantes, las gafas o las mascarillas de Rypo no cumplían con las exigencias técnicas que pedía este concurso público. De nuevo, este medio ha intentado, sin éxito, conocer a través de Rypo los motivos que le han llevado a ser un proveedor de confianza en unos casos y una empresa que no cumple los requisitos en otro.

Otro ‘proveedor de confianza’

El equipo de Ábalos ha recurrido por primera vez a esta pyme tras contar durante la pandemia con un ‘proveedor de confianza’, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Otra pyme que hasta la fecha basaba su negocio en la gestión de proyectos en África y que, según sus últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil cuenta con cinco trabajadores y unas perdidas de 1,1 millones de euros, ha recibido dos contratos de Transportes por valor de 32 millones de euros. Luego esta empresa fue elegida por Interior, Baleares y Canarias hasta lograr adjudicaciones que rondan los 50 millones de euros.

También Sanidad ha tenido otras empresas de confianza. HongKong Travis Asia Limited se convirtió en uno de los socios preferentes del Gobierno para la adquisición de material sanitario durante la pandemia tras adjudicarle una batería de contratos por valor de 245 millones de euros. Una sociedad con sede en Hong Kong y que apenas contaba con un año de existencia en el momento de la firma de los acuerdos. Según los documentos que aportó al registro mercantil local, se constituyó con un capital inferior a 1.200 euros. Empresas que han logrado contratos más cuantiosos que el logrado en esta ocasión por Rypo.


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España

COVID. España multiplica POR SEIS la media mundial de muertos por habitante… y encima Sánchez saca pecho

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La tragedia española: sumadas las dos oleadas sólo hay tres países con más de 1.500 fallecidos por millón de habitantes: San Marino, Bélgica y España.

Rodrigo de Silos.- San Marino, Bélgica y España no abandonan el podio de los peores países en los datos sanitarios que se derivan de la crisis del COVID-19. Los únicos que muestran tasas de fallecidos respecto de la población que superan los 1.500 por millón de habitantes. Y mientras el Gobierno Sánchez sacando pecho…

Les ofrecemos una tabla con los veinte países que peores cifras de fallecidos por millón de habitantes presentan en el mundo. No es una muestra baladí: estos veinte países representan sólo el 10% de la población mundial, pero tienen más del 40% de los casos detectados y casi la mitad de los fallecidos de todo el mundo. Es decir, el problema del COVID-19 se concentra muy especialmente en estos países. Tres de ellos son micropaíses: Andorra, Liechtenstein y San Marino y bien podrían haberse desechado para la comparación. De cierto tamaño, pongamos que más de veinte millones de habitantes, sólo hay siete países en la tabla. Si sólo tomáramos estos siete, los números de España serían los peores del mundo.

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Los medios ligados a Moncloa acusan de ejemplos de mala gestión frente al virus a Trump y Bolsonaro. Pues bien, España es el tercer país por víctimas mortales, EEUU el decimo cuarto y Brasil el vigésimo tercero

La segunda ola no ha golpeado a la humanidad de manera tan fuerte como la primera, de eso no cabe duda, pero, en el caso español, bien podría habernos golpeado menos que a los demás y no ha sido así. Ha vuelto a hacerlo más que a los demás. Mucho más que a los demás. Si no, no continuaríamos manteniendo estas fuertes diferencias con el resto del mundo ni continuaríamos en tan lamentable podio. En cualquier caso, es el COVID-19 el que nos ha tratado mejor en esta segunda fase, no el Gobierno Sánchez. En cualquier país honrado, con esta sangría, cualquier Gobierno hubiera presenado la dimisión en bloque.

 

Fuente: Hispanidad


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España

RUINA TOTAL EN ESPAÑA (II): cierra el año con 724.000 parados más y 755.000 ERTE

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España ha cerrado el año 2020 con 724.532 parados más. El volumen total alcanzó al finalizar el ejercicio la cifra de 3.888.137, la más alta desde mayo de 2016, después de registrar en el último mes un aumento de 36.825 desempleados, también su peor dato en un mes de diciembre desde 2009.

El propio Ministerio de Trabajo destacó en una nota que el impacto de la pandemia en la actividad económica, particularmente con el aumento de las medidas frente al Covid, “ha truncado la campaña navideña”.

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También indicó que el número de personas en ERTE -suspensión temporal de empleo financiada por el Estado- se situó en 755.000 a 31 de diciembre.

Así, la cifra de personas en ERTE se mantiene desde principios de septiembre a pesar de las mayores restricciones para afrontar la segunda ola de la pandemia, según la Seguridad Social.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha manifestado que “ni toda la propaganda del mundo es capaz de tapar la ruina y la pobreza que provocan”. “Lo dijimos y lo repetimos hoy: si Sánchez quiere salud y prosperidad para los españoles, lo único que puede hacer es irse. Con Sánchez e Iglesias no hay futuro”.


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