El Partido Popular ha votado a favor en el informe que exige a la Comisión Europea que aplique ya las nuevas normas que condicionan la recepción de fondos de reconstrucción europeos a «respetar el Estado de Derecho», unas reglas que están pendientes de evaluación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), puesto que Hungría y Polonia pidieron su anulación alegando que el reglamento carece de base jurídica e interfiere en competencias que son propias de los Estados miembro.

Las normas son una argucia con la que se busca represalias contra Hungría y Polonia por disentir frente a las políticas globalistas y por defender la soberanía de sus naciones.

Asimismo, el pleno del Parlamento Europeo ha expresado este jueves su «firme condena» de la ley de Hungría que impone penas más duras para pedófilos y prohíbe la propaganda LGTBI en las escuelas, y ha reclamado acciones represivas contra el Gobierno de Viktor Orbán.

Una mayoría de los eurodiputados -incluido Esteban González Pons, del Partido Popular, y gran parte del Partido Popular Europeo- han apoyado una resolución contra el Ejecutivo húngaro redactada por el eurodiputado laborista maltés Cyrus Engerer, condenado a dos años de cárcel por distribuir ‘pornografía vengativa’ contra su exnovio, que informó a la Policía de que Engerer quería vengarse por la cancelación de la relación. La delegación española del PP, incapaz de oponerse al texto, se ha abstenido mayoritariamente.

Sí ha mostrado su total oposición a la resolución contra Hungría el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR), en el que se encuentra VOX, formación que respalda la postura del país magiar por «no arrodillarse ante la embestida de la ideología LGTBI» y señala -en palabras del eurodiputado Hermann Tertsch– que, como nación soberana, «Hungría tiene todo el derecho y deber de defender la voluntad de los padres húngaros de que sus hijos menores no tengan que someterse a adoctrinamiento de los grupos LGTBI».

En el texto, respaldado por el consenso socialdemócrata, los eurodiputados afirman que la norma, que defiende la protección de la infancia, busca imponer ‘censura política’ en el país». De este modo, asegura que forme parte de una agenda política más amplia con la que Orbán quiere, a su juicio, el «desmantelamiento de la democracia y del Estado de derecho». Así, el documento censura la modificación de la Constitución húngara para especificar que «la madre es una mujer y el padre es un hombre», reclama medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la UE y la imposición de sanciones «si persiste el incumplimiento», y defiende que la situación en Hungría «permite actuar en el marco de la condicionalidad que prevé el presupuesto europeo para congelar fondos».

El Gobierno de Hungría ha reiterado en las últimas horas su derecho a adoptar las leyes que consideran oportunas. «No estamos diciendo a nadie de más de 18 años cómo vivir su vida… sostenemos que corresponde a los padres decidir cómo educan a sus hijos», dijo este jueves el jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyas. Por su parte, el primer ministro afirmó que «los burócratas de Bruselas no tienen nada que decir en este tema», y que no dejarán que «los activistas LGTBI entren en sus escuelas».