Sacar a Franco del Valle de los Caídos ha sido el puntal empleado por Pedro Sánchez en sus políticas de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo validó esta semana el plan del Gobierno para trasladar los restos del dictador al cementerio de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo. Una parte de la tarea administrativa para facilitar este procedimiento corrió a cargo de la dirección general de Memoria Histórica, un departamento de nuevo cuño instaurado por el Ejecutivo socialista nada más comenzar esta legislatura y que, al margen de su papel en el proceso de exhumación, no ha tenido una labor demasiado trascendente a la hora de solucionar los problemas de las miles víctimas anónimas de la Guerra Civil y el Franquismo que deberían beneficiarse de la ley de Memoria.

La falta de Presupuestos, como ocurre en otros ministerios o autonomías, seguramente no haya jugado a favor de esta dirección general que, según los documentos, ha suscrito, desde el momento de su creación, el 29 de junio de 2018, 19 contratos menores por valor de 311.384,98 euros y ha empleado 428.525 euros en firmar diez convenios con diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Un montante que asciende casi hasta los 750.000 euros en apenas un año y medio de actividad, que se ha centrado en conmemorar el 80 aniversario el exilio republicano.

Con la nueva convocatoria electoral es momento de hacer balance y en el de la dirección general de Memoria Histórica llama la atención que, pese a ser un departamento estrella que el Gobierno se esforzó en publicitar como una herramienta para «impulsar» medidas de apoyo a quienes sufrieron la Guerra Civil, no tenga director general ahora mismo. El Ejecutivo designó en su origen al historiador y exalcalde de Almería, Fernando Martínez, que sin embargo aparcó esta obligación para ser senador. El Ministerio de Justicia, que encabeza Dolores Delgado, y al que pertenece este departamento, decidió no nombrar a un sucesor por lo que, desde que Martínez se despidió, está dirigido de manera interina por el subdirector general.

Los viajes del jefe

En el momento de su creación el Consejo de Ministros escogió a un político socialista que vivía fuera de Madrid para dirigirla. Martínez, además de historiador, era el experto del PSOE en Memoria Histórica: actualmente ostenta el cargo de secretario ejecutivo en la materia dentro de la Comisión Ejecutiva Federal del partido. Esta circunstancia iba a implicar un coste añadido, puesto que la ley concede el derecho altos cargos -ministros, directores generales…- designados por el Consejo de Ministros a recibir una compensación económica por desplazamiento a su lugar de trabajo si no tienen su hogar familiar en el mismo lugar que el despacho.

Así, durante el tiempo en que dirigió el departamento, Martínez recibió 15.247,97 euros para compensar el coste de los viajes entre su domicilio familiar en Almería y Madrid, pese a que tenía un sueldo, como refleja en su declaración de bienes como senador, de 4.950 euros al mes . La media de cada viaje, 39 en total, fue de 360 euros que corrieron a cargo del erario público.

El logo republicano

En marzo se supo que el Ministerio de Exteriores instó a los diplomáticos a reivindicar el exilio republicano incluyendo un logotipo en su firma del correo electrónico. Tras la noticia, el Ministerio de Josep Borrell rectificó. En virtud de los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el icono fue encargado a dedo por la Dirección General de Memoria Histórica para la ocasión a un precio de 15.768 euros.

El logo es solo uno de los 19 contratos menores otorgados por la Dirección General que, sin embargo, no ha abierto durante su trayectoria ninguna convocatoria de subvenciones públicas. Es decir, un modo de operar basado en los contratos a dedo para, entre otras cosas, realizar investigaciones sobre la ubicación de fosas comunes en Córdoba (14.800 euros) o la creación de un reportaje fotográfico «artístico-documental» sobre el exilio español en Francia (13.648 euros). Ahora vuelven las elecciones y el futuro de esta dirección general, igual que el del Gobierno, está en el aire.