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Economía

La élite de los economistas avisa: habrá que tirar de impuestos para las pensiones

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Así de catastrófico resulta el panorama que dibuja ‘Las pensiones en España’, el informe a veinte manos (las de dos diez economistas de reconocido prestigio y diferente extracción ideológica) impulsado por el Consejo General de Economistas de España para agitar el debate sobre el futuro de las pensiones en España.

En ausencia de reformas esto es lo que le espera al sistema público de pensiones español: su déficit actual se multiplicará por cuatro, el gasto público necesario para atender sus necesidades se elevará del 12,6% al 33,1% del PIB, el porcentaje de gasto público que podrá destinarse a otras políticas sociales pasará de suponer el 68% del presupuesto al 28%, será necesario generar 250.000 nuevos empleos cada año para equilibrar el sistema, la presión fiscal ascenderá hasta niveles escandinavos y lo más probable es que las rentas de los pensionistas superen la de los trabajadores en activo.

No todos lo ven así de negro, e incluso algunos consideran que se puede garantizar la viabilidad del sistema sin un gran revolución, simplemente introduciendo algunos ajustes en los lugares adecuados, pero todos coinciden en un punto: se actúe como se actúe, bien replanteando la naturaleza del sistema de reparto hacia otro de capitalización o bien manteniendo el sistema con ajustes por el lado del gasto o del ingreso, lo que será inevitable es que los impuestos pasen a formar parte de las fuentes de financiación del sistema de pensiones de forma permanente.

Para algunos de los autores, como Nacho Álvarez (actual secretario de Economía de Podemos) o Josep González Calvet (economista de cabecera de UGT y CCOO, y de las Mareas) O Ignacio Zubiri (Hacendista de la Universidad del País Vasco), los impuestos son la solución a la actual situación de insuficiencia financiera del sistema y pueden garantizar su estabilidad a medio plazo; para otros como José Ignacio Conde Ruiz (miembro de la Comisión de Reforma de las Pensiones), Montserrat Guillén o Sergi Jiménez, más inclinados a la reforma estructural del sistema, no son más que un elemento adicional, insuficiente por sí solo para garantizar el sistema, pero necesario para apuntalarlo.

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El camino ya se ha iniciado. El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya anunció que utilizaría el nuevo impuesto sobre las grandes tecnológicas para financiar la subida extra de las pensiones forzada por el acuerdo presupuestario con el PNV y el actual Gobierno ha doblado la apuesta deslizando que añadirá a esa bolsa de impuestos la tasa sobre transacciones financieras.

Los economistas parecen tener claro que los ingresos por cotizaciones no serán suficientes para sostener el peso de la demografía y, como es normal, recurren a las cifras. Bajo la premisa de que son necesarios 2,4 ocupados por pensionista para garantizar el equilibrio del sistema, pagar la pensión a los seis millones de nuevos pensionistas que se esperan hasta 2050 el número de ocupados de la economía española debería duplicarse, de los 18 millones actuales a 35 millones. De otro modo, el pleno empleo se quedaría corto, habría que importar mano de obra.

10.000 millones en cotizaciones se han quedado por el camino

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, no se cree esas cuentas. “No puedo creer cálculos basados en supuestas estimaciones que proyectan a 30 años lo que sucedió los últimos siete”. Y también añade otra perspectiva. El secretario de Estado reveló este miércoles que los ingresos por cotizaciones sobre el PIB cayeron cerca de un punto durante la crisis, mientras que en el resto de países europeos este índice se mantuvo. “De haberse mantenido ese rango de ingresos”, señaló, “el déficit de la Seguridad Social se reduciría a la mitad”.

Granado entiende que hay medidas de gestión que pueden contribuir, y mucho, a estabilizar las cuentas de la Seguridad Social y a desmontar las proyecciones de los economistas. “Nuestro trabajo es garantizar el futuro de las pensiones durante los próximos diez años. Así se ha hecho siempre en el sistema de la Seguridad Social y así se tendrá que hacer de nuevo dentro de diez años”, reflexionó.

El futuro de las pensiones, lejos del Pacto de Toledo

El coordinador del estudio, el economista Guillem López Casasnovas, abogó por arrebatar de las ‘garras’ de la política la llave del futuro de las pensiones. “La magnitud del problema es tan grande que dejarlo en manos del Pacto de Toledo es demasiado atrevido”.

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Horas antes de que los portavoces del Pacto de Toledo salieran en tromba para anunciar que habían alcanzado un acuerdo para recomendar que las pensiones se revaloricen con carácter general con el IPC – aunque abriendo la puerta a futuras modulaciones de ese esquema -, es decir, básicamente la misma recomendación que se pactó hace siete años, en 2011, López Casasnovas señaló que una comisión parlamentaria, con su entramado de tacticismos políticos encontrados, no era el lugar más adecuado para determinar las medidas a adoptar para ‘salvar’ las pensiones públicas.

Su opinión, respaldada por el presidente de los economistas españoles, Valentí Pich, es que debe ser un organismo autónomo, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el que se encargue de analizar la realidad del sistema de pensiones y plantear al Gobierno las medidas a tomar para salir del atolladero.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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