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España

La exhumación de Franco del Valle de los Caídos será el jueves 24 de octubre

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El próximo jueves 24 de octubre se procederá a la exhumación y reinhumación de Francisco Franco, según informa el Gobierno.

Desde el Ejecutivo añaden que “tanto la exhumación como la reinhumación se llevarán a cabo en la intimidad, en presencia de sus allegados”.

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Ha sido imposible que el traslado pueda realizarse este mismo lunes, como era el plan inicial en La Moncloa. La fecha elegida en principio para la exhumación era el 21 de octubre –como adelantó este diario– , sin descartar que por cuestiones técnicas pudiera retrasarse al día siguiente.

La semana pasada, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, acotó la operación a los «primeros días» de esta semana.

El Gobierno se comprometió a que antes del día 25 de octubre los restos del ex jefe del Estado saldrían de Cuelgamuros y todo indica que no piensa agotar ese plazo. Con el recinto cerrado al público desde el pasado día 12, las instalaciones están bajo vigilancia de la Guardia Civil, que protege el complejo de cualquier incidencia –un reportero fue detenido con una cámara a las 20:00 horas del sábado– a la espera del día señalado. Y ese momento ha llegado.

Como indicio de que se acerca el desenlace, la maquinaria que previsiblemente se usará para exhumar los restos de Franco y el material necesario para desarrollar la operación entró ayer por la tarde en el Valle de los Caídos, según reveló la Hospedería de la Santa Cruz del Valle en Twitter, donde alertaba de que la «maquinaria pesada para proceder a la profanación» llegó a las 14:50 horas. Desde el complejo anexo a la basílica se subió un vídeo en el que se ve un camión portando una manipuladora telescópica de color naranja de la marca Caterpillar, referencia en el sector de la construcción e infraestructuras.

En otro vídeo se explicaba que «más de 300 personas que tenían reserva para comer en la Hospedería del Valle» se quedaron «sin poder acceder al recinto», con imágenes de una larga fila de coches en el exterior.

Otro de los vehículos que llegó ayer al lugar transportaba, entre otras cosas, un palé de ladrillos, según informaron a Servimedia fuentes presentes en el Valle de los Caídos.

Para poder recuperar los restos de Franco, los operarios deberán retirar primero la losa de piedra de 1.500 kilos que cubre la tumba junto al altar de la Basílica del Valle de los Caídos. En el lugar estará instalada una carpa o un biombo para preservar el momento de la extracción del cuerpo. El hueco donde ha estado el ataúd desde el 23 de noviembre de 1975 será rellenado con ladrillo y hormigón, y tapado el suelo con baldosas de mármol negro iguales a las que cubren el pavimento en esa zona.

El féretro será trasladado en helicóptero –si la meteorología lo permite– hasta El Pardo para su inhumación en el cementerio de Mingorrubio, donde descansan desde 1988 los restos de Carmen Polo, mujer de Franco.

No habrá honores militares para el dictador ni su ataúd será cubierto con la bandera de España. Ni la constitucional ni la que la familia pidió llevar, precisamente la misma que se utilizó durante el funeral de Estado de 1975 y que guardaron Carmen Polo en primer lugar; luego su hija Carmen, y sus nietos hasta el día de hoy.


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España

Vox amplia la querella contra el ministro de Sanidad del gobierno comunista de Pedro Sánchez, Salvador Illa, en el Supremo por «imprudencia grave» con resultado de muerte

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Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

Según informa en un comunicado, encuentra que Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la Cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

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Documento borrado



Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .


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España

VOX apoya la decisión de Donald Trump: Abascal en pie de guerra contra los ‘verificadores’ y el “negocio millonario de los censores”

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Vox ha puesto el grito en el cielo este viernes al conocer que la Agencia EFE, entidad pública y “dependiente de la órbita gubernamental”, será la encargada de discernir, en conjunto con otras, qué informaciones se publican y cuáles no se publican en la red social fundada por Mark Zuckerberg.

Según han comunicado, la agencia estará destinada a verificar contenidos en español publicados de Facebook y su intención es “reducir la propaganda de las informaciones que ellos consideren falsas.

De esta forma se incorpora al programa de verificación de datos externo de Facebook en el que participan otros “‘verificadores’ de extrema izquierda” tales como ‘Maldita.es’ y ‘Newtral’, la Agencia de Ana Pastor.

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Como ha transmitido EFE, en el programa de ‘verificación’ de la red social participan unas sesenta organizaciones que evalúan el contenido que se publica en más de 50 idiomas.

Todos forman parte de una organización mayor, llamada International Fact Checking Netword (IFCN).

 

 

La decisión de Trump

El presidente de Estados Unidos ha optado por tomar medidas en relación a las limitaciones a la libertad de expresión que se suceden desde las directivas de estas plataformas.

La decisión ha sido contundente: puesto que se están censurando contenidos, la categoría de la red social desaparecería, dando paso a la de medio de comunicación. De esta forma, se haría responsable penal a la red social de todo lo publicado en su plataforma.

“Desde hace años la dictadura progre persigue la libertad de expresión en las redes sociales. Están nerviosos porque han perdido el monopolio de la comunicación. Es deber de los gobiernos garantizar la libertad y descubrir el negocio millonario de los censores”, ha señalado el líder de Vox en Tiwtter, que ha secundado la medida del presidente de Estados Unidos.

 


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España

El plan secreto del Gobierno comunista de Pedro Sánchez: unificar Guardia Civil y Policía Nacional

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La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que “no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil”, es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema

Levanta la liebre Carlos Cuesta en OKdiario, este 30 de mayo de 2020.

Asegura el veterano periodista, que el Podemos de Pablo Iglesias está decidido a tumbar el actual esquema de la Guardia Civil, eliminando su ‘naturaleza’ militar y recortando a la vez la independencia que siempre ha tenido el cuerpo con respecto a los políticos.

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La maniobra, según Cuesta, pasa por unificar la estructura de la Benemérita con la de la Policía Nacional, lo que traería inevitablemente consigo una integración de los mandos.

Los oficiales de la Guardia Civil que no optasen por reintegrarse al Ejército, quedarían trufados con los de Policía Nacional.

Eso permitiría, por ejemplo, que las grandes instrucciones judiciales como la del 8M no topasen con más Perez de los Cobos, inasequibles a la presión del Gobierno.

Escribe Cuesta que Iglesias ha dejado meridianamente claras cuáles son sus intenciones:

«Su ‘burro de Troya’ en el Ministerio de Interior, José Antonio Delgado, recién incrustado como asesor estrella en el departamento de Fernando Grande-Marlaska está en eso: en forzar un  cambio que se traduzca en una equiparación de escalas entre los mandos policiales y los de la Guardia Civil, pero teniendo claro que en los puestos clave estarían policías y no guardias civiles».

La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que «no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil», es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema.

También la reiteración con que el líder de Podemos, sin fundamento alguno, acusa a VOX de «querer dar un golpe de Estado«.

A la vista de como están evolucionando las cosas, no da la impresión de que Iglesias y sus compinches vayan a tener éxito a corto plazo.

Para empezar, la reacción ciudadana les es muy adversa.

Según una encuesta que publica este sábado ‘El Español, el 70% de los ciudadanos cree que el 8-M debió suspenderse y más del 50% ve responsabilidad penal en la actuación del Gobierno Sánchez, como apunta el informe de la Guardia Civil, que tanto ha encorajinado al ministro Fernando Grande-Marlaska.

En ese mismo sondeo,  el 58% de los españoles cree la versión de la Guardia Civil y sólo un 37,4% la del del Gobierno, sobre la purga de Marlaska entre los altos cargos del cuerpo.

La opinión pública se ha puesto mayoritariamente del lado de un coronel que ha dado un ejemplo de honor y patriotismo y ha condenado la cobarde y sectaria actuación de un ministro que ha quedado retratado.


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