El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En la resolución, el juez procede contra el expresidente Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.

El auto, de 509 páginas, explica que la investigación durante estos años ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de Cataluña que ostentó Pujo entre 1980 y 2003.

La procedencia de dicho patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, incide, no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente del abuelo Florensi Pujol Brugat.

“A lo largo de la investigación -señala el juez- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”.

Así, paradójicamente, explica de la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades).

En ocasiones, continúa De la Mata, el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán.

Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales.

Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, “cuya existencia real no ha quedado acreditada”, señala. De hecho, añade, en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente. En otros casos, los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola.

Una organización criminal liderada por Jordi Pujol Soley y con reparto de tareas

De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados quien, de hecho, se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”. Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi Pujol Ferrusola (“el capellán de la parroquia”).

El auto indica que Jordi Pujol Ferrusola asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos. El juez considera que este ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los “negocios” en que invirtió durante años, estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia. También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros de la familia, apunta el juez.

El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados “negocios” u operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran “distribuidos” por aquel y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito.

No obstante, el rol más preeminente de Jordi Pujol Ferrusola y su carácter de responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia, en alguna ocasión fueron Josep Pujol Ferrusola, Oleguer Pujol Ferrusola o Pere Pujol Ferrusola los que realizaron las transferencias a sus hermanos.

Otras personas, por último, colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.

El instructor explica que en este caso se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

Una organización con la finalidad de obtener multimillonarios beneficios ilícitos

Esta organización criminal, concluye el juez, tenía finalidad claramente ilícita: “obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas”.

A lo largo de las 509 páginas del escrito, el magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportó cantidades multimillonarias sin razón alguna.

En relación con el delito de blanqueo de capitales, De la Mata sostiene que “es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían conseguir con el sistema que crearon, pues con anterioridad al mismo el dinero se hacía llegar a la familia directamente en “negro», en metálico, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente realizada para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos”.

La resolución del juez advierte de las pautas comunes de actuación en la estrategia defensiva de los investigados en el sentido de negar todos ellos conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron entre todos, “de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.

PD: Dedicado a Victoria Álvarez.