La Fiscalía ha acusado a los 12 líderes independentistas de «haber intentado liquidar la Constitución» y de «haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesario», durante la lectura de sus conclusiones tras el juicio por el I-O . «Lo que ocurrió en Cataluña en otoño del 2017 fue un golpe de Estado»,, ha afirmado.

«Eso pretendían los acusados. Eso es el procés», ha añadido. Fue «un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público», por lo que no puede ser considerado una sedición sino rebelión.

El fiscal Javier Zaragoza ha abierto el turno del informe del ministerio público en el juicio por el desafío independentista dejando claro que «la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución». Y ha querido dejar bien claro que el juicio que se ha celebrado los últimos cuatro meses en el Tribunal Supremo «nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política».

«No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos», ha resumido el fiscal.

En su opinión, todo el desafío independentista fue «un ataque al orden constitucional» en el que «la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional». «Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición», ha explicado.

«Junqueras rompió la legalidad»

Y ha cargado contra el «monólogo» que hizo el exvicepresidente Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal que ha calificado de «ejercicio de cinismo sin precedentes». Junqueras fue, dijo, quien «rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas». «Es un ejercicio de cinismo sin precedentes», ha subrayado.

Lo acusa de ser el «motor principal de la rebelión» dado que es quien ejercía el «liderazgo» del «procés» y «quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera». De hecho era el vicepresidente de la Generalitat, intervino en el decreto de convocatoria del referendo declarado ilegal, e hizo numerosos llamamientos a la movilización. Además, ha recordado que, junto con el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Forn, fueron advertidos por la cúpula de los Mossos de la «altísima probabilidad de accidentes violentos» y se les pidió desconvocar el 1-O. Sin olvidar, ha proseguido Zaragoza, que dos de sus principales cargos políticos, Lluis Salvadó y Josep María Jové, fueron «los encargados de toda la infraestructura y desarrollo de las estructuras de Estado», detalla Efe.

En este sentido, Zaragoza ha negado tajantemente que los acusados en este juicio sean «presos políticos», como «tampoco hay detenciones arbitrarias», en referencia a las conclusiones del informe de un grupo de trabajo de la ONU publicado la semana pasada en la que se pedía la puesta en libertad de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, recoge Europa Press. El fiscal ha censurado que dicho grupo de trabajo de la ONU admitiera «todas las alegaciones de parte» y rechazara las presentadas por el Gobierno español.

Los Jordis, «los reyes y señores del orden cívico»El fiscal también ha expuesto el papel que han representado los Jordis en todo el desafío. Para ellos pide 17 años de cárcel por rebelión. Ha definido al expresidente de la ANC y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como «los reyes y señores del orden cívico de Barcelona» que «impartían órdenes a los Mossos».

Y es que el ministerio público considera que Sànchez y Cuixart «se convirtieron en los dueños del orden público» hasta el punto que los Mossos d’Esquadra dependían de sus decisiones y llegaron a condicionar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron desplegados en Cataluña. Para Zaragoza, en el otoño del 2017 hubo un «estado de excepción de facto» donde las funciones de orden público fueron asumidas «por unos civiles». Según la Fiscalía, la «movilización popular» aparece en todos los documentos como «una de las armas imprescindibles para empujar el desarrollo de todo este proceso» y en ella tuvieron una «participación importante» los Jordis.

En su intervención, Zaragoza no ha querido pasar la oportunidad de mencionar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlamento catalán en la que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referendo ilegal del 1-O y, por tanto, proclamar la independencia de Cataluña.

Vox: no hubo juicio político

A continuación fue el turno para la acusación popular representada por Vox. El diputado, Javier Ortega Smith ha señalado en su informe final que trasladará «la constancia» de todas aquellas pruebas que dejan «bien claro» que no ha existido un «juicio político».

En su opinión, lo que ha habido es «una serie de políticos presos por haber cometido graves delitos». A las puertas del tribunal, Ortega Smith ha señalado que la acusación popular espera que lo que hoy traslade al tribunal «sea el reflejo» de la próxima sentencia condenatoria para que España y «el resto del mundo» vean que en este país hay una «democracia consolidada y un Estado serio» donde sus instituciones saben «defender» los valores «del ordenamiento de la Constitución, de la democracia» y «sobre todo saben defender la unidad como nación».

Tras dos años «de dura instrucción», el abogado ha querido «agradecer el trabajo, esfuerzo y profesionalidad» de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y especialmente al juez de instrucción, Pablo Llarena.