La gran estafa: cómo hacer un pucherazo y llamarlo democracia - ALERTA NACIONAL
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La gran estafa: cómo hacer un pucherazo y llamarlo democracia

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Por Laureano Benítez Grande-Caballero.- «¿Quiénes van a hacer la revolución social, sino los estafadores, los desdichados, los asesinos, los fraudulentos, toda la canalla que sufre abajo sin esperanza alguna? ¿O te crees que la revolución la van a hacer los cagatintas y los tenderos?» (Roberto Artl)

Durante el pseudoreferéndum del 1-O, un aprendiz de hacker llamado Räul Rivelles ―nombre ficticio― logró burlar la seguridad de la web de la Generalitat donde se exponía el censo universal, simplemente usando el navegador Tor y un sistema Kali Linux, siguiendo las instrucciones de Twitter y Forocoches, como quien sigue una receta de cocina, lo cual le permitió dar de alta una mesa electoral en la que registró votos válidos sin ni siquiera tener delante un solo votante.

Toda la operación le llevó una hora escasa. Orgulloso de su hazaña, la subió a internet, para demostrar lo fácil que era dar un pucherazo en el pseudoreferéndum catalán: «Vi que la web estaba en http y en seguida supe que había vulnerabilidades. Me puse a investigar, registré la mesa y conseguí las credenciales por teléfono sin que nadie me preguntase ni controlase nada, solo tuve que decir que era vocal», explicaba el joven, aficionado a la ciberseguridad, en conversación con Teknautas.

«Tras conseguir las claves de la mesa, cogí 10 DNIs de la zona de Barcelona que encontré por internet y empecé a probar con ellos. Con algunos saltó el bloqueo porque ya habían votado, pero otros que aún no estaban en el sistema los pude registrar como votos válidos […] Demostré, en una hora, más o menos, que cualquiera podía suplantar todas las identidades que quisiera solo teniendo en su poder números de DNI registrados en Cataluña».

Esta experiencia demostró que cualquier ordenador conectado a la misma wifi de un colegio electoral puede llevarse sin problema todos los datos que se registren en la plataforma desde ese centro, si los mensajes entre origen y destino no están cifrados.

Este episodio constituye excelso ejemplo de cómo montarte un «pucherazo» estilo bricolaje, en tus ratos de aburrimiento, como si fuera un pasatiempo equivalente a hacer rompecabezas, meter barquitos en una botella, o echar un rato en la «Play Station». Y si el que juega a este monopoly electoral es un tramposo cum laude como el Falconetti, pues imaginen hasta dónde puede llegar su audacia.

Vivimos en una gigantesca Matrix globalista, que ha creado una dantesca sociedad totalitaria donde somos rigurosamente vigilados por todo un ejército de drones, de cámaras de vigilancia; donde nuestra vida está registrada al milímetro en incontables bits, por una ominosa tecnología orwelliana donde somos marionetas listas para el chip 666 que está a la vuelta de la equina. En un mundo tan sometido a esta dictadura tecnológica, falsear unas elecciones no debe constituir un problema para los corruptos y siniestros paladines del NOM que nos malgobiernan, que además detentan el inmenso poder de unas tecnologías de la que son dueños absolutos en sus multinacionales.

No es que, ante las elecciones cruciales del 28-A, se reviva la amenaza pucheril, resucitando una práctica desterrada de nuestra política desde la apoteosis falsaria de las elecciones del 36, porque, cada vez que hay elecciones, la posibilidad del pucherazo está ahí, latente, enquistada como un virus maléfico: posibilidad… y realidad.

Lo que sucede es que las circunstancias son ahora excepcionales, y además están en manos del personaje más siniestro y mafioso que ha dado España, después de Largo Caballero y Zapatero. Si a eso le añadimos una tecnología despiadadamente manipuladora, una opinión pública aborregada y un mundialismo que nos quiere desguazar en Taifas, la suerte está echada.

Aparentemente, un pucherazo es imposible, porque los resultados definitivos son los que proclaman las Juntas Electorales que cuentan manualmente las actas, y que son los únicos válidos, dado que los que arrojan las empresas que monitorizan las elecciones nada más cerrar los colegios electorales son provisionales, concebidos solamente para adelantarlos a la opinión pública.

El procedimiento manual es mucho más seguro que el voto electrónico, no implantado en España, el cual solamente es válido para los españoles inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA), que viven en el extranjero, que pueden enviar su solicitud de voto por internet, además de por correo postal o fax. En el caso del voto electrónico, la Oficina del Censo Electoral les proporciona una clave de tramitación telemática (CTT), generada para cada elección y cada elector, con esa única finalidad. En el censo actual, su número asciende a 2.096.000, cifra nada desdeñable, porque es la más frágil a la hora de una posible manipulación.

En efecto, unas elecciones informatizadas son el caldo de cultivo perfecto para pucherazos sin cuento, porque basta una simple modificación en el código fuente para falsear los resultados. En 2015, solamente 21 países utilizaban el voto electrónico, 19 de ellos con la tecnología de SCYTL, que centra su negocio principal ―el 20% de su facturación― en USA.

Otros países que intentaron implantarlo, desistieron debido a sus numerosos fallos.

La clave de la escasa fiabilidad de la electrónica aplicada a unas elecciones es que el software informático pertenece a una empresa particular, que puede manipular el código fuente. El programador americano Collin Curtiss confesó ante una comisión del Congreso que era muy sencillo de hacer, e indetectable, a menos que los apoderados de cada partido tengan acceso a ese código.

Las dos empresas líderes mundiales en informatización de procesos electorales son las catalanas SCYTL e INDRA, y las dos se han visto envueltas en algunas polémicas en relación con la cobertura informática que han desarrollado en las elecciones de algunos países (Argentina, México, Ecuador, Brasil, Angola…).
Un caso donde hubo rumores insistentes de pucherazo fueron las elecciones austríacas de 2016, monitoreadas por SCTYL, donde Norbert Höfer, el candidato de la derecha identitaria, perdió por solamente 30.000 votos en los comicios de mayo, que fueron anulados por irregularidades en el recuento del voto por correo.

Aunque en España no está vigente el voto electrónico, la informática sí se puede aplicar en algunas fases del proceso, que por esta razón presenta grietas y fisuras que aumentan el riesgo de pucherazo.

En 2010, durante los comicios realizados en Barcelona bajo la modalidad de voto electrónico, se denunciaron fallas en la votación. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente administrativo y sancionó financieramente a INDRA por «faltas graves», las cuales se extendieron durante los siete días que duró la consulta e hicieron colapsar centros de votación.

Esta compañía fue también la protagonista del bloqueo que se produjo durante las elecciones autonómicas andaluzas en 2015, durante las cuales experimentó con un programa informático piloto llamado «Mesas Administradas Electrónicamente» (MAE), instalado en 900 mesas, que produjo problemas en 45 mesas, porque aquellas donde se aplicaba el sistema electrónico piloto no se aseguraron de que los datos manuales quedaran también registrados en el ordenador, de manera que, al comprobar que el recuento virtual no coincidía con el de las actas, saltó la alerta. Por esta razón, el escrutinio se paralizó en el 95%, bloqueándolo durante varios días.

El sistema de Mesas Administradas Electrónicamente se basa en dotar a la mesa electoral con un ordenador portátil con lector de DNI electrónico y módem GPRS, y una impresora, lo cual permite la automatización de las tareas de las que se encargan los miembros de las mesas electorales, pues se puede aplicar a la identificación de los electores, a la impresión de la documentación generada por la mesa, y, lo que es más importante, a la elaboración de las actas, cuyos datos relativos a su constitución, participación y resultados pueden ser transmitidos electrónicamente al Centro de Recogida de la Información. Aquí tenemos ya el tomate, pues todo lo que se trasmita por este medio se puede falsear con más facilidad que si la transmisión se hace de forma presencial.

Otra modalidad tecnológica que aplica la informática a las elecciones es mediante las tablets que se están asignando a los colegios electorales para enviar los datos a la Junta Electoral Provincial, datos que antes se hacían por teléfono.

Otro hecho que produce suspicacias es la elección de SCYTL como empresa para el procesamiento de las elecciones. Desde la implantación de la democracia en España, todas habían sido monitoreadas por INDRA, pero SCYTL le arrebató las elecciones del 20-N del 2015. Sin embargo, en los comicios del 26-J INDRA volvió a conseguir la adjudicación, rebajando en un 40% su presupuesto con arreglo a las últimas que había monitoreado ―3,9 millones de euros (un 73% inferior a los 14,3 millones que ofreció en diciembre)―.

SCYTL, desde su fundación en 2001, se especializó en el voto electrónico, pero en 2011 amplió su actividad al recuento electoral. Su impulso decisivo se produjo en 2007, cuando recibió la inyección económica de varios fondos de capital de riesgo nacionales e internacionales, las cuales poseen el 80% de sus acciones. Su facturación anual está en torno a los 60 millones de dólares.

Entre sus accionistas más relevantes se encuentran los fondos nacionales e internacionales Balderton, Industry Ventures o los españoles Nauta Capital y Spinnaker. Globalmente, la empresa ha recibido 104 millones de dólares entre cinco fondos de capital de riesgo, entre los que destaca el Vulcan Capital, cuyo dueño es Paul Allen, el cofundador de Microsoft, exsocio de David Rockefeller, y del expresidente de la banca globalista Goldman Sach, Tim Bunting.

Y se da la circunstancia de que, si seguimos las ramificaciones de estos fondos, llegamos hasta la CIA y el Departamento de Estado de USA.

Cada vez son más las voces que denuncian que SCYTL pertenece en realidad a George Soros, lo cual podría explicar que Sánchez haya optado por esta empresa en vez de la tradicional INDRA, pues no hay que olvidar que Falconetti es un lacayo del megaconspirador: ¿estarán tramando algo?

El presidente de SCYTL es Pere Vallés, quien asimismo es presidente de la Universidad Oberta de Catalunya ―UOC―, que viene a ser un think tank de ideas sociológicas para la Open Society de George Soros, constituyendo la base ideológica de ERC y de Podemos. Por supuesto, siempre que Soros influye en las elecciones de un país, el triunfo va inevitablemente al progresismo globalista.

Pero la perla de las perlas que demuestra la conexión de esta empresa con Soros es que SCYTL y Telefónica Open Future se han aliado para fundar Open Seneca, «una nueva plataforma digital concebida para acercar a los ciudadanos y a sus representantes electos, que busca mejorar la participación democrática y promover las consultas ciudadanas potenciando la transparencia en el sector público». Aquí lo tenemos, en este lenguaje tan claro, tan típico de las corporaciones de Soros: acercar, ciudadanos, transparencia… y la palabra Open, el mantra más excelso del megaconspirador.

El siempre polémico Eladio Fernández afirma rotundamente en su blog que «Scytl es un golpe de estado electrónico a las democracias mundiales para ser controladas por el sionismo internacional globalista».

Sea verdad o no lo del pucherazo que viene, hay uno que ha pasado inadvertido a muchos españoles, que siguen creyendo esa burla de que la Transición ha sido el mayor período de paz y prosperidad de nuestra historia ―hablaré de este tema en mi próximo libro «La Patria traicionada»: España en el Nuevo Orden Mundial―, porque el pucherazo más alevoso, el más espectacular, el más luciferino ha sido el gigantesco tocomocho de la supuesta democracia que nos trajo el Régimen del 78, el cual no es sino un dantesco trampantojo con el que el mundialismo nos ha estafado, Club Bilderberg mediante. Y, claro, lo más lógico es que el gran pucherazo de la Transición, este colosal engañabobos, nos haya traído más engaños, más trampas, mas lobotomías…

No existe mejor manera de describir toda esta farsa de pseudodemocracia con la que nos han engañado que esta frase de Christopher McDougall: «Toda gran causa comienza como un movimiento, se convierte en un negocio y termina siendo un fraude».

O que esta otra de Adelardo López de Ayala: «Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente». Genial. En ésas estamos.


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Cataluña

Una colaboradora de TV3 anima a “masturbarse” en catalán: “Que el castellano no nos invada tanto”

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Juliana Canet
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Una colaboradora del programa ‘Tot es mou’ de TV3, Juliana Canet, pide referirse a la masturbarción femenina en catalán para que “el castellano no nos invada”. “En catalán hay muchas opciones”, defendió durante su sección titulada “sexo y lengua”.

“Mi preferida es ‘peinar el gato”, manifestó, después de citar un tuit de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat sobre “maneras de decir ‘masturbarse’, indistintamente del género”.

La colaboradora de ‘Tot es mou’ se mostró satisfecha por el hecho de que “se hable de sexo y que se hable del sexo femenino”, pero “sobre todo es muy importante que lo siguamos haciendo en catalán, que el castellano no nos invada tanto como nos está invadiendo”. “Nosotros también podemos masturbarnos y ‘peinar el gato’ o ‘hacernos un dedito’, en catalán”, concluyó.


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España

Todo hiede alrededor de Podemos: Los dos abogados despedidos por Iglesias investigaban “sobresueldos y contratos a dedo”

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El despido de dos abogados de Podemos que investigaban «irregularidades» internas como sobresueldos, contratos a dedo y manipulación en procesos internos ha desatado una nueva crisis en el partido y un amasijo de acusaciones cruzadas entre la dirección y los trabajadores cesados, cuenta ABC.

Es el segundo escándalo laboral que estalla en la formación en menos de un mes y en mitad de las negociaciones con el PSOE para configurar el Gobierno de coalición.

La dirección de Podemos despidió al responsable de Protección de Datos, José Manuel Calvente, el lunes después de abrirle expediente por «acoso sexual y laboral» a una compañera y a la Responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona Segura, esgrimiendo un reajuste del departamento tras cesar a Calvente. Así lo explicó ayer en el Congreso la secretaria de Feminismos de Podemos, Sofía Castañón: «Se le despidió por motivos de acoso laboral por razón de género», expresó. Castañón aclaró que el partido ha intentado llevar con «discreción» las últimas semanas el asunto por respeto a la intimidad de la trabajadora acosada. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, esquivó a los medios de comunicación.

El seísmo detonó después de que Mónica Carmona enviara anteayer un comunicado firmado únicamente por ella al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos –que posteriormente se filtró a algunos medios de comunicación– denunciando «un grave acto de represalia» por investigar «graves irregularidades» financieras y relacionadas con procesos de primarias y consultas internas que, a su vez, afectarían a cargos importantes. Apunta además que la dirección morada se «inventó acusaciones» para justificar el despido de Calvente.

El propio trabajador despedido declaró ayer en Onda Cero que «es todo una venganza» y anunció una querella contra Podemos por calumnias. «Es rotundamente falso», defendió tras las acusaciones de acoso laboral. Los dos abogados despedidos estaban investigando sobresueldos en la dirección que superaban lo estipulado en los estatutos (el equivalente al triple del salario mínimo), contratos a dedo a afines y manipulaciones en votaciones electrónicas en primarias y otras consultas internas.

Además, según se desvela, el despido se produjo tras la insistencia con la que ambos responsables jurídicos pidieron documentación para continuar con sus indagaciones. Carmona explica en su carta que intentaron abrir «expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación».

«No compartimos ese tipo de declaraciones, queríamos únicamente referirnos al caso principal de este despido», defendió por su parte la responsable de Feminismos. «No se va a permitir ningún tipo de acoso en Podemos», añadió. En cuanto al despido de Carmona, Castañón aclaró que «se ha reordenado el departamento legal».

Acusaciones cruzadas

«Acto de represalia y posibles coacciones»

La Responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona Segura, asegura en una carta que su despido y el de su compañero se debe a un «un grave acto de represalia y posibles coacciones» por investigar «graves irregularidades» relacionadas con sobresueldos en cargos de la dirección, contratos a dedo y manipulaciones en consultas internas.

La segunda crisis laboral en un mes

Es el segundo conflicto laboral que en menos de un mes estalla en Podemos. El partido tiene un proceso judicial abierto con la extrabajadora que denunció a Irene Montero por trato laboral «discriminatorio». El acto de conciliación fue suspendido a finales de noviembre por acuerdo de las partes y la nueva fecha está señalada para enero.

«No permitimos ningún tipo de acoso»

La secretaria de Feminismos de Podemos, Sofía Castañón, aseguró ayer en declaraciones a la prensa en el Congreso que a Calvente «se le despidió por motivos de acoso laboral por razón de género». Castañón explicó además que el partido estaba manteniendo el silencio porque querían ser «muy prudentes» por respeto a la intimidad de la víctima.

Calvente amenaza con querellarse

Calvente declaró ayer durante una entrevista en Onda Cero que las acusaciones son parte de un «complot» por investigar las irregularidades mencionadas y aseguró que su despido «es toda una venganza». El abogado anunció que presentará una querella contra Podemos por calumnias. «Es rotundamente falso», defendió.


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España

Sánchez evita recurrir la última resolución independentista del Parlament para no molestar a ERC

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El Gobierno ha explicado este jueves que sigue estudiando si va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña a favor de la autodeterminación y la de la Asamblea de Madrid que insta a la ilegalización de partidos independentistas. “Ambas resoluciones siguen siendo estudiadas. Ambas”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, quien no ha dado más pistas sobre si el Gobierno tiene intención de llevar finalmente al Constitucional estas iniciativas.

Lo que sí ha recalcado es que el Ejecutivo actuará con arreglo a la ley en este asunto. “Tengan ustedes absoluta seguridad de que el Gobierno se debe al principio de legalidad y no va a aceptar ninguna vulneración”, ha asegurado Celaá.

La resolución del Parlament fue aprobada la semana pasada con los votos de JxCat, ERC y la CUP, a pesar de que el Constitucional la había suspendido parcialmente en su tramitación. Casualmente, el Gobierno estudia esta opción de recurrir la resolución del Parlament en plenas negociaciones con ERC para lograr su abstención en un futuro votación de investidura de Pedro Sánchez. Por primera vez desde que iniciaran las conversaciones, PSOE y ERC firmaron el martes un comunicado conjunto el que reafirmaban la existencia de un “conflicto político” en Cataluña, una retórica de la que se había alejado el PSOE antes de las elecciones del 10-N. “Hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento”, aseguraban en la nota socialistas y republicanos.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lanzó el miércoles un mensaje de tranquilidad a quienes temen un acuerdo con los independentistas para la investidura y afirmó que si hay pacto con ERC “estará dentro de la legalidad y será público”. Unas palabras que molestaron a ERC. Fuentes del partido independentista reprocharon a Sánchez sus declaraciones, ya que, a su juicio, dan pie a considerar que el acuerdo sobre la investidura está próximo. Por ello, pusieron en duda la celebración del nuevo encuentro que debía producirse entre ambos partidos el próximo martes 10 de diciembre.


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