El Consejo de Ministros propondrá este martes que la hasta ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado, un movimiento sin precedentes que ha despertado las críticas de la mayor parte de la carrera fiscal y de la oposición.

Tras ir anunciando durante los últimos días los nombres de los titulares de los 18 ministerios y cuatro vicepresidencias del nuevo Gobierno de coalición, el presidente, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar la sorpresa este lunes, cuando se ha conocido el relevo de la hasta ahora fiscal general, María José Segarra.

Delgado, que tendrá que dejar el escaño como diputada del PSOE, vuelve así al Ministerio Fiscal, pero esta vez a su cúspide, en el que es un movimiento inédito que solo ha tenido un antecedente similar en democracia, cuando el Gobierno de Felipe González nombró fiscal general al que había sido ministro de Presidencia Javier Moscoso.

Al frente de la Fiscalía, Delgado deberá tomar decisiones que estarán bajo permanente escrutinio, sobre todo en la causa del «procés», en un momento en el que algunos presos ya podrán pedir permisos penitenciarios y cuando las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín están congeladas a la espera de que el Parlamento Europeo decida si levanta su inmunidad.

Delgado deberá actuar, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con «plena objetividad e independencia», algo de lo que recelan la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales y los grupos de la oposición, que ven en su mudanza un intento de injerencia del Gobierno en la Justicia.

CRÍTICAS GENERALIZADAS DESDE LA JUSTICIA

Para la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que ve en el nombramiento «una declaración de intenciones» del poder político para «meter las zarpas en la Fiscalía», todavía resuena una entrevista en la que Pedro Sánchez sugirió que el Ministerio Público dependía del Gobierno, palabras que matizó poco después.

También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la mayoría de asociaciones judiciales han recibido con preocupación el anuncio, que afecta, a su juicio, a la credibilidad y a la imagen de independencia de la Fiscalía.

Las buenas palabras solo han llegado de la mano de las asociaciones progresistas: Juezas y Jueces para la Democracia ha destacado su experiencia como fiscal, y la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Delgado, ha asegurado que confía en su independencia y ha subrayado la defensa que hizo de la autonomía de la Fiscalía como ministra.

REACCIONES POLÍTICAS

En el plano político, las reacciones no se han hecho esperar, y desde el Gobierno la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha querido dejar claro que el Ejecutivo no pretende «en ningún momento» controlar la Fiscalía con la propuesta de Delgado.

No se lo cree el presidente del PP, Pablo Casado, que se ha referido a Delgado como la «ministra número 23» del nuevo gabinete y ha anunciado que acudirá a los tribunales para recurrir un nombramiento con el que considera que Sánchez ha perdido «definitivamente las formas y el pudor», porque «ataca la separación de poderes y el Estado de derecho».

En esa línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la propuesta es una «prueba más» del «golpe institucional» del presidente para que el PSOE «se apodere del Estado», mientras que Ciudadanos ve una maniobra «para politizar la justicia», dando satisfacción a ERC y a los populistas.

Entre las fuerzas independentistas ha predominado en las primeras horas la cautela ante la propuesta. «Lo importantes son los hechos», ha señalado el presidente del Parlament, Roger Torrent, desde Estrasburgo, donde ha arropado a Puigdemont y Comín en su estreno como eurodiputados.

Quien no se ha pronunciado por el momento ha sido el socio de Gobierno de Sánchez, Podemos, si bien su abogado en el caso Villarejo, Alejandro Gámez, ha cargado en Twitter contra Delgado por «mentir» sobre su relación con el excomisario y ha recordado su amistad con el exjuez Baltasar Garzón, que defiende a ex altos mandos policiales imputados: «No se me ocurre peor elección para torpedear o reconducir este caso».

El Consejo General del Poder Judicial se reunirá previsiblemente este jueves de forma extraordinaria para informar sobre la idoneidad de la candidatura. Con ese informe, el Consejo de Ministros del viernes podría ya remitirla al Congreso para que comparezca ante la Comisión de Justicia, órgano que no se ha constituido en esta legislatura y que es difícil que esté formado antes de febrero.