La injerencia de Sánchez en la Fiscalía: una clara declaración de intenciones y un mensaje al independentismo - ALERTA NACIONAL
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La injerencia de Sánchez en la Fiscalía: una clara declaración de intenciones y un mensaje al independentismo

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El Consejo de Ministros propondrá este martes que la hasta ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado, un movimiento sin precedentes que ha despertado las críticas de la mayor parte de la carrera fiscal y de la oposición.

Tras ir anunciando durante los últimos días los nombres de los titulares de los 18 ministerios y cuatro vicepresidencias del nuevo Gobierno de coalición, el presidente, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar la sorpresa este lunes, cuando se ha conocido el relevo de la hasta ahora fiscal general, María José Segarra.

Delgado, que tendrá que dejar el escaño como diputada del PSOE, vuelve así al Ministerio Fiscal, pero esta vez a su cúspide, en el que es un movimiento inédito que solo ha tenido un antecedente similar en democracia, cuando el Gobierno de Felipe González nombró fiscal general al que había sido ministro de Presidencia Javier Moscoso.

Al frente de la Fiscalía, Delgado deberá tomar decisiones que estarán bajo permanente escrutinio, sobre todo en la causa del “procés”, en un momento en el que algunos presos ya podrán pedir permisos penitenciarios y cuando las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín están congeladas a la espera de que el Parlamento Europeo decida si levanta su inmunidad.

Delgado deberá actuar, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con “plena objetividad e independencia”, algo de lo que recelan la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales y los grupos de la oposición, que ven en su mudanza un intento de injerencia del Gobierno en la Justicia.

CRÍTICAS GENERALIZADAS DESDE LA JUSTICIA

Para la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que ve en el nombramiento “una declaración de intenciones” del poder político para “meter las zarpas en la Fiscalía”, todavía resuena una entrevista en la que Pedro Sánchez sugirió que el Ministerio Público dependía del Gobierno, palabras que matizó poco después.

También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la mayoría de asociaciones judiciales han recibido con preocupación el anuncio, que afecta, a su juicio, a la credibilidad y a la imagen de independencia de la Fiscalía.

Las buenas palabras solo han llegado de la mano de las asociaciones progresistas: Juezas y Jueces para la Democracia ha destacado su experiencia como fiscal, y la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Delgado, ha asegurado que confía en su independencia y ha subrayado la defensa que hizo de la autonomía de la Fiscalía como ministra.

REACCIONES POLÍTICAS

En el plano político, las reacciones no se han hecho esperar, y desde el Gobierno la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha querido dejar claro que el Ejecutivo no pretende “en ningún momento” controlar la Fiscalía con la propuesta de Delgado.

No se lo cree el presidente del PP, Pablo Casado, que se ha referido a Delgado como la “ministra número 23” del nuevo gabinete y ha anunciado que acudirá a los tribunales para recurrir un nombramiento con el que considera que Sánchez ha perdido “definitivamente las formas y el pudor”, porque “ataca la separación de poderes y el Estado de derecho”.

En esa línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, considera que la propuesta es una “prueba más” del “golpe institucional” del presidente para que el PSOE “se apodere del Estado”, mientras que Ciudadanos ve una maniobra “para politizar la justicia”, dando satisfacción a ERC y a los populistas.

Entre las fuerzas independentistas ha predominado en las primeras horas la cautela ante la propuesta. “Lo importantes son los hechos”, ha señalado el presidente del Parlament, Roger Torrent, desde Estrasburgo, donde ha arropado a Puigdemont y Comín en su estreno como eurodiputados.

Quien no se ha pronunciado por el momento ha sido el socio de Gobierno de Sánchez, Podemos, si bien su abogado en el caso Villarejo, Alejandro Gámez, ha cargado en Twitter contra Delgado por “mentir” sobre su relación con el excomisario y ha recordado su amistad con el exjuez Baltasar Garzón, que defiende a ex altos mandos policiales imputados: “No se me ocurre peor elección para torpedear o reconducir este caso”.

El Consejo General del Poder Judicial se reunirá previsiblemente este jueves de forma extraordinaria para informar sobre la idoneidad de la candidatura. Con ese informe, el Consejo de Ministros del viernes podría ya remitirla al Congreso para que comparezca ante la Comisión de Justicia, órgano que no se ha constituido en esta legislatura y que es difícil que esté formado antes de febrero.


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La Fiscalía apoya que se paralice la inhabilitación de Torra

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La Fiscalía ha cuestionado en un informe la competencia de la Junta Electoral Central (JEC) para ordenar el cese del president Quim Torra como diputado pues, a su juicio, sería el Parlament el competente para determinar “la existencia y efectos” de la supuesta inelegibilidad del parlamentario.

El ministerio público ha presentado un informe ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que apoya suspender cautelarmente el acuerdo en que la JEC instó a la retirada de la credencial de diputado catalán de Torra, “en orden a la prudente y equilibrada” preservación de los “intereses públicos concurrentes”.

La Sala de lo Contencioso del Supremo ya rechazó por unanimidad suspender de manera urgente el acuerdo de la JEC -que consideró que pesaba sobre Torra la causa de “inelegibilidad sobrevenida” al haber sido condenado por desobediencia- y decidió tramitar su petición en forma de medidas cautelares, es decir, escuchando al resto de partes.

Pese a que se trata de un trámite que no implica entrar sobre el fondo del asunto, la Fiscalía hace referencia a “la posible incompetencia de la Junta -y en general de la Administración electoral- para decidir” sobre “la aplicación de un motivo de incompatibilidad sobrevenida determinante de la pérdida del escaño” de Torra, y alude a un “dato de innegable relevancia”: los seis miembros de la JEC discrepantes también reprocharon esta incompetencia en su voto particular.

Según la Fiscalía, la “administración electoral” sería competente para resolver sobre la inelegibilidad de un candidato cuando ha sido declarado electo si bien, una vez “adquirido el estatus pleno de diputado, correspondería en exclusiva al propio Parlament la competencia para apreciar “la existencia y los efectos de dicha inelegibilidad sobrevenida”.

Y añade que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) “no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central (…) facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato ni declarar vacantes sus escaños”.

Recuerda la Fiscalía que el voto particular a la decisión mayoritaria de la JEC incorporaba supuestos “en que la misma hizo expresa declaración de su falta de competencia en casos similares”, argumento que, a juicio del ministerio fiscal, “no resulta desvirtuado” en este caso.

El pasado 10 de enero y una vez el Supremo rechazó las medidas cautelarísimas de Torra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó retirarle la credencial de diputado del Parlament, si bien la cámara rechazó hacerlo efectivo, con el apoyo de los independentistas y PSC y de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos de la cámara.


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Más Madrid denunciará a Rocío Monasterio por falsedad documental

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Más Madrid denunciará este viernes ante la Fiscalía Provincial a la diputada autonómica y líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, por un presunto delito de falsedad en documento publico.

La denuncia contra Monasterio será presentada por los concejales de Más Madrid Marta Higueras, Rita Maestre y José Manuel Calvo.

Según ha publicado El País, la líder de Vox en Madrid tramitó hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores.

Más Madrid ya denunció en noviembre pasado a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que mantiene abierta una investigación por los presuntos delitos de intrusismo profesional cometidos entre 2000 y 2009.

En esos años, según Más Madrid, la diputada “no tenía aún titulación” y, sin embargo, “estuvo ejerciendo o realizando actividades relacionadas con la profesión de arquitecto”.


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El CGPJ da vía libre a Dolores Delgado como fiscal general con siete votos en contra

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado con doce votos a favor y siete en contra. Tras poco más de una hora de reunión, el pleno se ha limitado a constatar en su informe que Delgado cumple los requisitos que exige la ley para el cargo -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin mencionar palabras habituales en estos dictámenes, como méritos ni idoneidad del candidato.

Según informan fuentes del CGPJ, hay un voto particular discrepante al que se adhieren varios vocales y varios votos concurrentes, es decir, que están de acuerdo con el aval, pero plantean discrepancias en la forma.

En la reunión sólo ha votado la propuesta del presidente del CGPJ Carlos Lemes, que decidió eliminar del informe las palabras “idoneidad” o “méritos” para lograr el mayor consenso posible en el pleno en favor de la candidatura de Delgado, consciente de que el bloque conservador, mayoritario, cuestionaba el nombramiento. Delgado supera así el primer trámite para llegar a la cabeza de la Fiscalía General del Estado, ya que debe todavía comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

El informe del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo, y las discrepancias en el pleno ponen de manifiesto la división en el órgano de gobierno de los jueces ante una candidatura cuestionada con dureza por la oposición parlamentaria y buena parte de la carrera fiscal. Muestra de ellos es que su antecesora en el cargo, la fiscal progresista María José Segarra, obtuvo su informe por unanimidad. Los otros tres fiscales generales avalados por este mismo Consejo también superaron el trámite del CGPJ sin mayores discrepancias.


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