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Opinión

La lucha de Joe Biden por la “democracia”

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El presidente estadounidense Joe Biden anuncia la próxima creación de una organización internacional de democracias… ante el avance de los regímenes totalitarios de Rusia y China. A pesar de lo que afirma la retórica oficial, su objetivo no es defender las democracias sino promover el imperialismo de Estados Unidos. Pero se trata de una lucha inútil porque no ha encontrado el adversario correcto.

 

 

 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que está convocando, para el 9 y el 10 de diciembre de 2021, una cumbre virtual en defensa de la«Democracia».   

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Esa   reunión abordaría 3 temas principales:

«la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos». Durante ese encuentro, los dirigentes participantes se comprometerían «a mejorar la vida de su propia población y a responder a los mayores problemas que confronta el mundo». Posteriormente, en 2022, habría una segunda cumbre donde los dirigentes presentarían los progresos realizados en relación con los compromisos contraídos.

Biden ya había anunciado esas reuniones durante su campaña electoral. En aquel momento decía que se trataba de contrarrestar a Rusia y a China. Eso quiere decir que su verdadero objetivo es definir un criterio que diferencie entre sí los dos bloques   actualmente   en   formación… como antes, cuando se argumentaba sobre la existencia de un mundo capitalista y la de un mundo comunista.

 

 

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LA DEMOCRACIA COMO RÉGIMEN POLÍTICO

Si bien en el siglo XIX se vio a Estados Unidos como un nuevo modelo democrático (ver el libro De la démocratie en Amérique, del político francés Alexis de Tocqueville), los Estados Unidos de América de nuestra época no son más que una oligarquía: el poder político está en manos de un grupúsculo de hipermultimillonarios que lo ejercen fuera de las instituciones públicas establecidas mientras que los políticos se ven reducidos al papel de simples comparsas.

En la práctica, Estados Unidos no ha reconocido nunca la soberanía popular, lo cual implica que nunca reconoció la democracia.

A pesar de la existencia de un sistema electoral que se instauró con el paso del tiempo, la Constitución estadounidense se basa –al contrario de lo que preconiza la democracia– en la soberanía de los gobernadores de los diferentes Estados. Por ejemplo, durante la elección presidencial estadounidense del año 2000, el mundo asistió a la disputa entre los dos candidatos a la presidencia –George W. Bush y Al Gore– alrededor del conteo de los votos en el Estado de la Florida. Y la Corte Suprema –o sea, la máxima instancia del poder judicial estadounidense– dirimió el pleito decidiendo que, constitucionalmente, no le interesaba el resultado del conteo de votos en la Florida sino únicamente la opinión del gobernador de aquel Estado… un tal Jeb Bush… hermano del candidato George W. Bush. Así que George W. Bush fue declarado vencedor de la elección… aunque el nuevo conteo de los votos reales emitidos por los electores en la Florida confirmaba que Al Gore había ganado la elección en ese Estado.

La democracia como régimen político se ve cuestionada hoy por la ideología woke proclamada por el presidente Biden. La equidad entre los diferentes grupos étnicos –que fue el caballo de batalla de Biden en la elección presidencial– se opone a la igualdad entre todos los ciudadanos ((«Joe Biden reinventa el racismo», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 11 ‎de mayo de 2021.)). Las instituciones democráticas estadounidenses se ven cuestionadas en la práctica por los conteos de votos realizados en secreto, lo cual hizo resurgir la hipótesis, justificada, de la existencia de un fraude electoral masivo. Finalmente, el hecho que una multitud de estadounidenses tratara de tomar el Capitolio demuestra que en Estados Unidos las instituciones democráticas han perdido su aureola de cosa sagrada.

 

 

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TODOS LOS REGÍMENES POLÍTICOS SON PERECEDEROS

En el siglo XVIII, las monarquías occidentales estaban exhaustas, habían perdido la legitimidad que antes se les reconocía. Por supuesto, aquellas monarquías seguían afirmando que tenían a su favor lo que llamaban el «derecho divino», pero sus súbditos ya no creían en tal cosa. Aparecieron entonces regímenes que basaban su legitimidad en la «soberanía popular»: las democracias. Las monarquías que lograron sobrevivir se adaptaron, sin renunciar al «derecho divino» pero combinándolo con el nuevo principio de la «soberanía popular».

En el siglo XX, al producirse la crisis económica de 1929, la prensa occidental afirmó que el capitalismo había muerto y que había que inventar un nuevo   sistema   político.   Así   aparecieron   primeramente el comunismo y después el fascismo –Benito Mussolini había sido el representante de   Lenin   en   Italia   antes   de   concebir   el   fascismo. En Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt reformó profundamente el capitalismo, el fascismo terminó derrotado en Europa, el comunismo se derrumbó con la URSS y sobrevivió eso que aún llamamos «democracia».

En el siglo XXI, sobre todo a partir de la epidemia de Covid-19, estamos viendo la brutal aparición de una quincena de grupos informáticos particularmente grandes alrededor de las compañías identificadas como GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft). El poderío de esos grupos ya es superior al de la mayoría de los Estados nacionales, tanto que no vacilan en censurar las ideas y personas que les desagradan, incluyendo las informaciones de los Estados sobre tratamientos médicos para el Covid-19 y hasta los mensajes del presidente en funciones de Estados Unidos. Ningún político se atreve hoy a hacer esperar a Bill Gates (el fundador de Microsoft) o a Jeff Bezos (el dueño de Amazon) si estos últimos lo llaman por teléfono, mientras que ellos pueden darse el lujo de posponer o rechazar una llamada del presidente de Estados Unidos. Estos personajes imponen al mundo su propia agenda –el transhumanismo–, tendiente a convertirnos en animales informatizados mientras que los dirigentes de las grandes compañías tecnológicas pasan a ser considerados seres “superiores” que parten a la conquista del espacio.

En tales condiciones, se hace imposible el ejercicio de la democracia. Los electores occidentales asisten cada vez menos a las urnas porque así lo han entendido. En Francia, sólo un tercio de los electores inscritos participaron en las últimas elecciones. Las instituciones todavía son democráticas pero la democracia es una práctica y los franceses se han separado de ella.

Esta situación es totalmente nueva. Es cierto que la desaparición de la clase media comenzó con la disolución de la Unión Soviética y que la transformación del Mercado Común Europeo en una entidad supranacional data de esa misma época, pero nada permitía prever entonces lo que hoy está sucediendo.

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Según la fórmula de Abraham Lincoln, la democracia es «el gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo». Pero no existe absolutamente ningún país donde el pueblo se gobierne a sí mismo. Aunque algunos, como Islandia y Suiza, se resisten a seguir la tendencia general, el hecho es que el ideal democrático se ha hecho imposible ante el poder de las GAFAM. Y sin democracia –o sea, sin participación del pueblo en la vida política– lo más importante es garantizar que las decisiones tomadas vayan en el sentido del interés general, lo que llamamos “República”.

Esta situación va evolucionando con el paso de los meses y es de temer que se produzcan cambios terribles para nuestras libertades y nuestros medios de vida. En todo caso, los cambios más recientes ya son inaceptables.

Si nos aferramos a nuestros regímenes antiguamente democráticos es porque no sabemos con qué reemplazarlos. Pero, cuando rechazamos lo que ya es evidente, estamos agravando nuestro problema. Además, al igual que antes, cuando prolongamos la vida de las monarquías más allá de la época del llamado «derecho divino», ahora estamos prolongando la vida de nuestras democracias más allá del fracaso de la «soberanía popular». Sin embargo, no son situaciones idénticas: ya nadie cree en el poder del «derecho divino»… pero todos hemos experimentado la validez del principio de la soberanía popular. Hoy no se trata de hacer una revolución contra las GAFAM sino de hacerles la guerra para obligarlas hay devolver el Poder que nos robaron. Ya no se trata de imaginar un nuevo tipo de régimen político sino de definir reglas que harían que la democracia volviese a ser posible.

Henri de Navarre, quien reinó sobre Francia como Henri IV (de 1589 a 1610), intervino en la guerra civil que se desarrollaba en ese país. Logró que los católicos y los protestantes vivieran juntos y no se presentaba a sí mismo como un monarca por “derecho divino” sino como un hombre dedicado a servir el interés general.  Siguiendo los consejos del jurista Jean Bodin, Henri IV fue el primer soberano francés en declararse “republicano”.

Henri de Navarre, quien reinó sobre Francia como Henri IV (de 1589 a 1610), intervino en la guerra civil que se desarrollaba en ese país. Logró que los católicos y los protestantes vivieran juntos y no se presentaba a sí mismo como un monarca por “derecho divino” sino como un hombre dedicado a servir el interés general.
Siguiendo los consejos del jurista Jean Bodin, Henri IV fue el primer soberano francés en declararse “republicano”.

LA DEMOCRACIA COMO ARMA POLÍTICA

Inmediatamente después de la disolución de la URSS, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se planteó la misma pregunta que el actual presidente Joe Biden: ¿Cómo establecer una diferencia entre el bloque occidental y los demás? Bill Clinton concibió entonces una «Estrategia para una Democracia Global» (Global Democracy Strategy) y creó en la Casa Blanca un grupo secreto que se encargaría de instaurar tal estrategia.

Aunque no se sabe quiénes eran los miembros de ese grupo, hemos logrado identificar su evolución bajo el mandato de George W. Bush. Durante la administración de Bush hijo, el grupo estuvo bajo la dirección de Liz Cheney –la hija del vicepresidente   Dick   Cheney–   y   de Elliot Abrams –organizador de la intentona golpista contra el presidente venezolano Hugo Chávez a finales del mandato de George W. Bush ((«Implicación de las redes secretas de la CIA para derribar a Chávez», por ‎Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de mayo de 2002.)). Desde el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, ese grupo secreto supervisó varios golpes de Estado, como el derrocamiento en Honduras del presidente constitucional Manuel Zelaya. Este grupo no recurrió a los métodos militares de la CIA, ni a los seudorevolucionarios de la National Endowment for Democracy (NED), sino que inventó los golpes de Estado “parlamentarios”… y de inmediato se produjo en Latinoamérica una “epidemia” de derrocamientos de gobiernos por los parlamentos.

Lo anterior demuestra que la democracia sigue siendo actualmente una visión y no una realidad. Hoy sigue siendo posible pisotear la Constitución y derrocar un gobierno de forma “democrática”… a condición de poner a un parlamentario en lugar del jefe de Estado o de gobierno derrocado.

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Nosotros no dudamos que aquel grupo encargado de la «Estrategia para la Democracia Global» siga existiendo hoy y que es muy posible que vuelva a dar que hablar próximamente.

Ya en este momento esa Estrategia está retomando el proyecto de crear una «Alianza de democracias», proyecto que tuvo como promotor al ensayista Francis Fukuyama y que la administración Bush quiso utilizar para suplantar la ONU. Siendo secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, llegó a crear en 2017 una «Fundación para la Alianza de las Democracias» (Alliance of Democracies Foundation).

 

NUESTRO FUTURO POLÍTICO

Las sociedades occidentales tendrían que comenzar por reconocer que Rusia y China no son peores que los regímenes que existen en Occidente sino que enfrentan los mismos problemas con una cultura diferente.

En realidad, necesitamos la ayuda de esas dos naciones, tanto como ellas necesitan la nuestra.

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Juntos o por separado, lo cierto es que no encontraremos la solución en un futuro inmediato. Tenemos que comenzar a luchar aunque no sepamos aún qué forma tendrá nuestra victoria. Sin embargo, ya conocemos sus bases, así que debemos precisar el principio sobre el cual queremos basarnos –nosotros o nuestros hijos– para construir nuevas democracias. Ese principio es la República.

 

 

Resumen

  • Los Estados de hoy se ven desbordados por el enorme poder de nuevas compañías gigantes: las GAFAM. Por consiguiente, los gobiernos –todos los gobiernos– ya no logran responder a lo que esperamos de ellos. Es erróneo hablar de «crisis de la democracia» cuando en realidad se trata de una crisis de todos los regímenes políticos.
  • Los esfuerzos del presidente estadounidense Joe Biden en defensa de la democracia están condenados al fracaso porque ya no corresponden a los problemas del mundo contemporáneo. Lo más que podrá hacer es servirse de esa bandera falsa para seguir promoviendo el imperialismo
  • Podemos rechazar el poder ilegítimo de las GAFAM y defendernos mediante la promoción no de un régimen político sino de un criterio para la adopción de decisiones: la República.

 

 

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Thierry Meyssan

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Opinión

No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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