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España

La nueva concesión de Pedro Sánchez a los separatistas para prolongar unos meses su agónico mandato incendia el PSOE

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Nueva marejada interna en el PSOE a causa de la gestión del desafío independentista catalán que está llevando a cabo el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, desde que llegó a la Presidencia del Gobierno de España, vía moción de censura, hace en junio del pasado año. La última cesión del jefe del Ejecutivo ante los separatistas, aceptar la creación de la figura del “relator”, encargado de velar por la buena marcha de las negociaciones en una mesa de partidos que se va a poner en marcha en Cataluña, ha incendiado al PSOE más moderado, al más tradicional y menos ‘sanchista’, que está teniendo como líder mediático al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, arropado por otros barones como el aragonés Javier Lambán o el extremeño Guillermo Fernández Vara, amén de otros históricos del partido como Soraya Rodríguez o el también castellano-manchego José María Barreda, ambos diputados en el Congreso.

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En este PSOE de dos almas, García-Page lleva la voz cantante a la hora de desmarcarse de la gestión de Pedro Sánchez ante la crisis catalana. Y lo hace por convicción política y porque considera, y así lo ha reconocido públicamente, que los acercamientos de Moncloa al independentismo pueden provocar una debacle en el PSOE durante las cercanas elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo. Este miércoles, el secretario general del PSOE castellano-manchego, pasaba por varios medios de comunicación nacionales para hacer ver su “perplejidad” ante la aceptación de la figura del “relator” por parte del Gobierno de España en las negociaciones con la Generalitat de Cataluña. “Sobre España hablan todos los españoles, no solo los militantes del PSOE”. “Lo que tengo muy claro. Yo no hablo con mis amigos con testigos de por medio. Eso es negociar”, afirmaba Page con crudeza en una entrevista en Onda Cero.

El líder de los socialistas castellano-manchegos, además, ha alertado de que esta maniobra alimenta una expectativa de que a largo plazo hay una forma de referéndum por la independencia de Cataluña, y ha advertido de que éste “es inviable”. “Hay que hablar de cosas posibles, realistas, con un método constitucional”, ha zanjado. Después de estas declaraciones, en un acto en Guadalajara, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a preguntas de los medios, ha avanzado que solicitará la convocatoria del Comité Territorial del PSOE para abordar este asunto.

En la misma línea que Page, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que “aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia”. “Estoy seguro de que Pedro Sánchez no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar”, ha escrito en Twitter. El presidente del Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también ha advertido, en relación al “relator”, que lo que es difícil de explicar, aún es más difícil de entender.

Por su parte, la diputada del PSOE por Valladolid Soraya Rodríguez ha pedido que en “el diálogo entre el Estado” y Cataluña se respete la Constitución, el Estatuto de autonomía y a las propias instituciones. “Ni mediadores ni relatores”, ha aseverado. Y el también parlamentario José María Barreda, ex presidente de Castilla-La Mancha, ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez, al aceptar un relator externo para coordinar la mesa de partidos sobre Cataluña, da la impresión de estar “cediendo una vez más” ante los independentistas y cree que ha llegado el momento de “poner pie en pared” y dejar claro que hay cuestiones “inaceptables”.

Barreda, que actualmente preside la Comisión de Defensa en el Congreso, ha asegurado que la “confusión” que hay en torno a esa figura del relator, coordinador o mediador del diálogo político sobre Cataluña “pone en evidencia que no se sabe muy bien qué es lo acordado”. El expresidente castellano manchego ha dicho tener “la sensación” de que, “de un tiempo a esta parte, en la batalla de los simbólico, que en política es extremadamente importante, los independentistas van por delante y van ganando espacios poco a poco”. “Tú no puedes vender nada por un plato de lentejas. Hay cosas que son mucho más importantes que unos presupuestos generales por muy importantes que sean, que lo son”, ha asegurado en los pasillos del Congreso desmarcándose del líder de su partido.

Barreda, además, ha reconocido que estas polémicas no benefician “para nada” al PSOE y que pueden suponer un “desgaste muy elevado” para el partido en las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. “A mí me resulta doloroso porque soy de los que quieren que el PSOE gane hasta en los entrenamientos”, se ha lamentado.

Por parte del Gobierno, la encargada de explicar a los españoles los últimos pasos del Ejecutivo ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha anunciado en rueda de prensa que Pedro Sánchez acepta incluir a “un relator” en la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno, así como el diseño de un calendario y un plan de trabajo. Sin embargo, ha matizado que la figura del relator ni de lejos se puede asimilar con un mediador internacional. La vicepresidenta ha hecho una defensa cerrada de la necesidad de “dialogar” también con quien está en las “antípodas” de uno, como ocurre en el caso de los socialistas y los independentistas. Y ha tildado de irresponsable la actitud que adoptó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que, en su opinión, no hizo nada para favorecer ese diálogo. Eso sí, ha recordado que este Gobierno, al igual que el Ejecutivo de Rajoy, han dado muestras más que evidentes de que “el derecho de autodeterminación” no cabe para Cataluña. “En política se puede hablar de muchas cosas pero en un Estado de derecho sólo se pueden hacer las que son legales”, ha subrayado.


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Islas Baleares

Argelia se adjudica unilateralmente aguas de la isla de Cabrera (Baleares)

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Argelia se ha adjudicado unilateralmente aguas de la isla de Cabrera (Islas Baleares). Lo hizo en abril del 2018 pero hasta ahora el gobierono balear no lo había detectado. El país del norte de África amplió sus aguas territoriales llegando a ‘ocupar’ mínimamente el Parque Nacional de Cabrera, al sur de Mallorca.

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Tal y como informa ‘Última hora’, la Conselleria de Medi Ambient i Territori se pondrá en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica para saber qué hacer a partir de ahora. El gobierno balear y el ministerio, como cogestor del parque nacional, deben tejer conjuntamente una respuesta ante esta situación que podría deribar en un conflicto jurisdiccional.

La cuestión llegó este martes al parlamento balear. La diputada del PP Virginia Marí preguntó al Govern sobre las medidas llevadas a cabo ante la ampliación de las aguas jurisdiccionales de Argelia. Marí formuló esta pregunta dadas las “amenazas” que comporta este hecho, tanto para el sector pesquero como por la posibilidad de prospecciones petrolíferas en aguas cercanas, a pesar del “grandísimo esfuerzo” llevado a cabo por la Aliança Mar Blava y, en general, el conjunto de los ibicencos para frenar estas prospecciones. Las prospecciones de hidrocarburos podrían ser el motivo de la decisión de Argelia de expandir su aguas jurisdiccionales en el Mediterráneo.

La diputada ha lamentado “el sigilo de este procedimiento” y ha cuestionado “la aptitud del Ministerio de Transición Ecológica para solventar esta situación”, si se tienen en cuenta los antecedentes en las Islas, como la “imposición” de las boyas de Tagomago o su “incapacidad” para acabar la depuradora de Ibiza. “A este hecho se añade la maraña de intereses en cuanto a la negativa del Ministerio a ceder la gestión del parque nacional de Cabrera al Govern”, afirmó durante la sesión.

También el senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal trasladará en la cambra una pregunta al Gobierno sobre qué actuaciones se han realizado ante la ampliación decidida por Argelia.

Asuntos Exteriores presentó su oposición hace dos años

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado este miércoles que hace ya dos años que España presentó su oposición a la norma aprobada por Argelia para delimitar sus aguas en el Mediterráneo pero que todavía no ha comenzado una negociación entre ambos.

Preguntada en rueda de prensa con su homólogo de Macedonia del Norte, la ministra ha explicado que, a diferencia de las leyes marroquíes, “donde solo hay un interés de delimitar las aguas”, el decreto argelino, que “data de hace dos años”, incluye ya “su visión de cómo deberían delimitarse esas aguas”, y por eso España comunicó su oposición.

Cuando las aguas de dos países se solapan, la Convención del Derecho del Mar establece que “las dos partes tienen que negociar, pero esa cuestión todavía no ha comenzado”, ha detallado la jefa de la diplomacia. “Hay una pretensión y se responde con otra”, ha explicado, y debe haber una negociación.

La ministra había respondido este mismo miércoles a una interpelación parlamentaria de la diputada del PP Ana Oramas sobre las leyes marroquíes de delimitación de aguas ante el solapamiento con Canarias.

La Convención del Derecho del Mar otorga a los Estados un mar territorial de 12 millas y permite declarar una zona económica exclusiva (ZEE), con su correspondiente plataforma continental, de hasta 200 millas, pero establece que, entre países adyacentes o situados frente a frente, cuando haya solapamientos la frontera marítima debe establecerse de mutuo acuerdo.

España tiene frontera marítima con Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Argelia y casi ninguna de ellas está delimitada oficialmente, ha reconocido González Laya en el Congreso. Con Marruecos, España tiene espacios marítimos superpuestos en tres áreas, el estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y el corredor entre Canarias y la fachada atlántica de Marruecos, y en ninguno de ellos están delimitados oficialmente.


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España

El ‘trágala’ constante de Pablo Iglesias: todas las contradicciones del “jorobado de Galapagar”

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Poco más de dos días después de que se haya cumplido un mes de Gobierno efectivo entre la coalición PSOE-Unidas Podemos, respaldada por separatistas, el vicepresidente Pablo Iglesias ya ha olvidado muchas de las exigencias que hacía a Sánchez antes de que la investidura saliera adelante. Iglesias ‘ha hecho la vista gorda’ en asuntos que consideraba trascendentales y que eran condicionantes obligados a su acuerdo con Sánchez entonces. O eso le decía a sus votantes.

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Hablamos de su rechazo a Dolores Delgado por aparecer en los audios de Villarejo; a su manera de reprobar la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS; su apoyo a Fernando Garea, ahora cesado como presidente de la Agencia EFE por decisión de Sánchez; o el mantenimiento básicamente de los mismos ministros en el equipo de Gobierno de Sánchez que él no aceptaba.

Sobre Dolores Delgado

Pablo Iglesias, antes de fraguarse el acuerdo, llegó a cargar contra el mantenimiento de Dolores Delgado en el equipo de Gobierno de Sánchez por aparecer en los audios de Villarejo e incluso llamar “maricón” al propio Fernando Grande-Marlaska, ahora ministro del Interior. Sin embargo, ya como vicepresidente, ha afirmadoo que está de acuerdo con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por, simplemente “haber pedido disculpas” por aparecer en los audios de Villarejo citados. Unos audios en los que insinuaba que en un viaje vio a “tíos del Supremo y la Fiscalía con menores”. De hecho, Iglesias ha tragado con el nombramiento de Delgado y ha puesto como excusa que quien realmente “politizó la Justicia fue el Partido Popular”. Aseguró que “el fiscal Anticorrupción Manuel Moix protegió a los corruptos del PP”.

Mantenimiento de los mismos ministros que rechazó

Ábalos, Calviño, María Jesús Montero, Pedro Duque, Reyes Maroto… Nombres que ya aparecían en el anterior Ejecutivo socialista y que Podemos rechazaba cuando estaba en la posición, al querer incluir el mayor número de ministros socialistas posible, siguen en el Gobierno. Pedro Sánchez le propuso a Iglesias incluso incluir representantes de Podemos solo con características técnicas, y no políticas. Algo que calificó de “idiotez” entonces Iglesias. “Parece que para estar en el Consejo de Ministros no hay que ser de Podemos, o no haberse presentado a las elecciones”, destacó. A su juicio, no era “sensato” que a un socio se le niegue proponer a sus miembros para una coalición. Algo que parece ahora también ha olvidado, pues los ministros son prácticamente los mismos.

Caso José Félix Tezanos

Mención aparte merece la posición del Pablo Iglesias, cuando estaba en la oposición, y desde donde consideraba que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, “debería dimitir o ser cesado ipso facto» por romper la neutralidad institucional que exige su cargo pidiendo abiertamente el voto para el PSOE”. Eso decía el 7 de noviembre tras publicarse unas encuestas infladas que beneficiaban en voto a los socialistas. Este tuit lo demuestra:

Apoyo olvidado a Fernando Garea, expresident de la Agencia EFE

En las últimas horas hemos conocido que el ya expresidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, era destituido por decisión de Pedro Sánchez. Algo que no ha criticado ahora Pablo Iglesias, al estar en el Gobierno. Sin embargo, cuando el periodista salió de El País, no dudó en calificarlo como “una purga” y definirlo como “el mejor profesional”. Otro aspecto más en el que Iglesias ‘ha tragado’ con las decisiones de Sánchez.


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España

El exembajador español con Zapatero en Caracas recibió 4,5 millones de la petrolera pública venezolana

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El exembajador de España en Venezuela durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, y su familia más cercana recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, investiga esos fondos porque “carecen de justificación real y lógica comercial”.

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En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando en la misma que los hechos investigados -desde 2017- podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario.

En el ‘caso Morodo’ se investiga, además de al que fuera embajador entre 2004 y 2007, a su mujer, Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional.

Al igual que Márquez, el resto de investigados declararon en la Audiencia Nacional en mayo de 2019 tras su detención. Entonces, el exembajador, de 84 años, quedó en libertad con medidas cautelares.

Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia “que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces”.

El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones “sospechosas” realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción “de importantes cantidades de dinero desde Venezuela” y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente “en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza”.

Objetivo: dificultar el seguimiento del dinero

A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA (819.032?) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA (117.360?). Los investigados usaban “una compleja estructura societaria” para introducir esas cantidades en España.

La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.

Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas –Morodo fue también embajador de España en Portugal–, algunas de ellas “cargos políticos relevantes en Portugal”.

Además, los acusados ocultaron parte de los fondos percibidos por PDVSA a la Hacienda pública española, y los saldos reflejados en sus cuentas bancarias no coincidían con las cantidades realmente declaradas.

LA “SOCIEDAD INSTRUMENTAL” Y LA PANAMEÑA CON CUENTA EN SUIZA

La investigación da por probado además que la mercantil Aequitas –cuyo administrador único era Alejo Morodo– era una sociedad instrumental que se creó “con la finalidad de canalizar los fondos aparentemente ilícitos recibidos por PDVSA”. Indican que entre noviembre de 2011 y octubre de 2014 esta empresa recibió en su cuenta abierta en Banco Sabadell un total de 2,7 millones procedentes directamente de la petrolera venezolana a través de diferentes transferencias realizadas desde “cuentas puente” que esta petrolera tiene abiertas en la entidad Banco Espíritu Santo de Portugal.

A esos 2,7 millones, hay que sumar los 600.000 euros que recibió Aequitas de la mercantil panameña Furnival Barrister desde la cuenta que esta instrumental tiene en el Credit Suisse. La policía constató que esa cantidad era parte de los fondos que la sociedad panameña habría recibido también de PDVSA.

Según el escrito de Fiscalía, para intentar justificar parte de los ingresos, desde Aequitas emitieron diversas facturas a PDVSA bajo el concepto genérico de “Prestación de servicios de asesoramiento jurídico, estudio y consultoría internacional en la República Bolivariana de Venezuela”, constando en todas ellas el mismo contenido salvo en lo relativo al importe y la fecha de emisión.

La investigación de la UDEF evidencia que esas facturas eran creadas ad hoc “con la única finalidad de intentar dar cobertura legal a los fondos ilícitamente percibidos”. Y los dos contratos originarios de esas facturas –firmados por Alejo Morodo y Juan Carlos Márquez Cabrera en nombre de PDVSA– habrían sido creados como soporte de las mismas.

Esta operativa realizada a través de la mercantil Aequitas fue reproducida en la sociedad Furnival Barrister, con la que también se firmaron contratos y se emitieron facturas a cuenta de la petrolera venezolana.

LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LOS MORODO NO CUADRA

De la información tributaria comprendida entre 2008 y 2015 del exembajador Morodo, la Fiscalía señala que queda acreditado que de los más de 400.000 euros que recibió de Aequitas, dejó sin declarar 335.000 euros. Mientras que su mujer, Cristina Cañeque, “pese a no realizar actividad laboral alguna” consta como administradora de diversas sociedades usadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y su patrimonio.

Asimismo, Cañeque consta como titular de tres cuentas bancarias abiertas en Suiza en la entidad Credit Suisse en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela. El cese como embajador (2007) coincide con el momento en el que se iniciaron las relaciones con PDVSA.

De Alejo Morodo –quien parece ser el ‘cerebro’ del entramado societario– se apunta que quedan por esclarecer los motivos por los que percibió fondos de la petrolera, el destino que dio a los cheques al portador y el origen de los fondos con que adquirió en el año 2016 fondos de inversión por importe de 1.359.499 euros.

Añaden que de los 335.000 ? que recibió de la mercantil Aequitas entre 2013 y 2014, y de los 27.000 que recibió de Furnival, ocultó a la Hacienda española más de 292.000 euros.

Juan Carlos Márquez –quien tenía cargo en la petrolera y firmaba los contratos supuestamente fraudulentos con los Morodo– y Carlos Adolfo Prada también se beneficiaron de las fondos de PDVSA a través de las empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL.

Los ingresos fueron canalizados mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias, lo que les permitió su afloramiento mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión. El fiscal sostiene que para tal propósito, ambos contaron con la participación activa de sus parejas, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera Ledo.


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