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España

El Ejército debe detener a Sánchez por entregar España a los separatistas por seguir en Moncloa

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(Reproducido) La unidad nacional está por encima de los regímenes políticos y de especímenes políticamente tan execrables como Pedro Sánchez.

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Ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, sino que se defienden. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe consentir que el Gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el golpismo independentista.

Situar mediadores o relatores significa, en la práctica, poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de Derecho constitucional y la ruptura del mismo. Es, de facto, legitimar como admisibles las demandas separatistas. La libertad y la ley no se negocian y menos con intermediarios.

Establecer mediadores supone asumir la demanda de bilateralidad, constante en las exigencias independentistas, que buscan poner a España y a la Comunidad Autónoma de Cataluña como si fueran entidades políticas del mismo nivel.

La vigencia de nuestra unidad nacional, de la Constitución y del imperio de la Ley, por encima de quienes pretenden romperlas mediante actos de rebelión, o mediante una negociación que equivale a una traición a España y a todos los españoles.

Dicho lo anterior, tenemos toda la autoridad política, legal y moral para exigir a nuestras Fuerzas Armadas que asuman la solución correctora del caos que vivimos, que restablezcan la legalidad y que detengan al presidente del Gobierno por premiar a los separatistas con tal de mantenerse en el poder. Cada minuto que pase sin respuesta nos aleja más de la continuidad histórica de España.

Un Estado que renuncia a defenderse frente a quienes quieren destruirlo no es Estado, es un cadáver. Por eso es imperativo que el Ejército asuma el mandato constitucional de preservar la unidad de España.

Queremos tener esperanza en el papel de las Fuerzas Armadas ante una situación límite como la que vivimos. Queremos creer que el principal rasgo distintivo de los militares españoles sigue siendo su patriotismo. El papel arbitral del Ejército ante esa situación límite debe ser el de restablecer el orden legal de acuerdo al mandato constitucional. Si el Gobierno no lo hace y desatiende los llamamientos de la oposición para que convoque elecciones, deben ser los militares los que defiendan las fórmulas legales que reglan nuestra convivencia dentro de una patria común e indivisible.

Pedro Sánchez está arrastrando a nuestro país a una quiebra de consecuencias imprevisibles. España corre el riesgo de ser pasto de las llamas y difícilmente un pirómano, y mucho menos un traidor a las órdenes del separatismo, puede tener legitimidad moral para imponer su autoridad a millones de españoles.

Reiteramos la urgencia de una solución correctora que permita regenerar una situación que solo puede empeorar si continúa en las mismas manos hasta hacerse irreversible.

Por ello, la solución pasa únicamente por la salida del poder de un presidente repugnante y felón, que nunca estuvo al servicio de los españoles, y la posterior llamada de los ciudadanos a a las urnas. Si Pedro Sánchez se obstina en vender España a los separatistas por un plato de lentejas, en acertada expresión de Casado, entonces es el Ejército quien debería asumir la tarea que le encomienda el artículo 8 de la Constitución.

El PP de Pablo Casado ha estado esta vez a la altura de la gravedad del momento al alertar de una «alta traición» del presidente Sánchez a España, por sus concesiones a los independentistas catalanes. De momento, Pablo Casado ha subrayado que Sánchez es un presidente «ilegítimo» y ha avisado de que baraja todos los mecanismos legales a su alcance para frenar al presidente del Gobierno, incluida una moción de censura, por admitir un diálogo con los separatistas con presencia de una especie de mediador o «relator». Desde Ciudadanos, Albert Rivera se ha apresurado a decir que no le prestará los votos para una moción de censura, y ha insistido en reclamar elecciones ya.

En Cuenca, Casado ha advertido de que «no se puede vender España a cambio de un plato de lentejas en Moncloa». El líder del PP, en un acto con simpatizantes, ha subrayado que Sánchez es un presidente «ilegítimo», porque ilegítimo es estar «chantajeado». «Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del Gobierno de España. Cada día que pasa en el Gobierno es un escarnio para este país».

Elecciones inmediatas

«Exigimos la convocatoria inmediata de elecciones, y si no pondremos todos los mecanismos parlamentarios a nuestro alcance » para devolver la dignidad al Gobierno de España, ha subrayado.

Casado ha enviado un mensaje al PSOE, donde se han escuchado voces críticas por la actitud del Gobierno ante los independentistas: «Antes de que rompan España, deberían poner freno a su secretario general, que es el mayor felón» que han tenido. «Es un mentiroso compulsivo».

«O rectifican o el PP no tiene absolutamente nada que hablar con el Partido Socialista», ha advertido.

Pedro Sánchez está traicionando a España y no tiene límite por seguir en Moncloa a costa de lo que haga falta. Estamos viendo cómo el independentismo usa los Presupuestos para seguir rompiendo España y Sánchez para seguir en Moncloa, a costa de doblegar a 57 millones de españoles.

Asistimos a una rendición del Gobierno de España ante esos socios que le hicieron presidente. Sánchez sabe que se lo debe todo a los independentistas que se van a sentar en el banco de los acusados por intentar cercenar los derechos y libertades de los españoles.

Millones de españoles apoyan las protestas del pueblo de Venezuela contra Maduro. La situación política en aquel país no difiere en lo sustancial de la que vivimos en España. Maduro ha entregado su país a la corrompida oligarquía chavista vinculada al narcotráfico y Pedro Sánchez está dispuesto a entregar España a los separatistas con tal de mantener unos meses más su millonario nivel de vida.

La ilegitimidad de Maduro y la ilegitimidad de Sánchez para mantenerse en el poder a toda costa merecen el más severo correctivo en nombre de la dignidad y del futuro de ambas naciones.


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España

El exembajador español con Zapatero en Caracas recibió 4,5 millones de la petrolera pública venezolana

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El exembajador de España en Venezuela durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, y su familia más cercana recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, investiga esos fondos porque “carecen de justificación real y lógica comercial”.

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En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando en la misma que los hechos investigados -desde 2017- podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario.

En el ‘caso Morodo’ se investiga, además de al que fuera embajador entre 2004 y 2007, a su mujer, Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional.

Al igual que Márquez, el resto de investigados declararon en la Audiencia Nacional en mayo de 2019 tras su detención. Entonces, el exembajador, de 84 años, quedó en libertad con medidas cautelares.

Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia “que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces”.

El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones “sospechosas” realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción “de importantes cantidades de dinero desde Venezuela” y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente “en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza”.

Objetivo: dificultar el seguimiento del dinero

A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA (819.032?) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA (117.360?). Los investigados usaban “una compleja estructura societaria” para introducir esas cantidades en España.

La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.

Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas –Morodo fue también embajador de España en Portugal–, algunas de ellas “cargos políticos relevantes en Portugal”.

Además, los acusados ocultaron parte de los fondos percibidos por PDVSA a la Hacienda pública española, y los saldos reflejados en sus cuentas bancarias no coincidían con las cantidades realmente declaradas.

LA “SOCIEDAD INSTRUMENTAL” Y LA PANAMEÑA CON CUENTA EN SUIZA

La investigación da por probado además que la mercantil Aequitas –cuyo administrador único era Alejo Morodo– era una sociedad instrumental que se creó “con la finalidad de canalizar los fondos aparentemente ilícitos recibidos por PDVSA”. Indican que entre noviembre de 2011 y octubre de 2014 esta empresa recibió en su cuenta abierta en Banco Sabadell un total de 2,7 millones procedentes directamente de la petrolera venezolana a través de diferentes transferencias realizadas desde “cuentas puente” que esta petrolera tiene abiertas en la entidad Banco Espíritu Santo de Portugal.

A esos 2,7 millones, hay que sumar los 600.000 euros que recibió Aequitas de la mercantil panameña Furnival Barrister desde la cuenta que esta instrumental tiene en el Credit Suisse. La policía constató que esa cantidad era parte de los fondos que la sociedad panameña habría recibido también de PDVSA.

Según el escrito de Fiscalía, para intentar justificar parte de los ingresos, desde Aequitas emitieron diversas facturas a PDVSA bajo el concepto genérico de “Prestación de servicios de asesoramiento jurídico, estudio y consultoría internacional en la República Bolivariana de Venezuela”, constando en todas ellas el mismo contenido salvo en lo relativo al importe y la fecha de emisión.

La investigación de la UDEF evidencia que esas facturas eran creadas ad hoc “con la única finalidad de intentar dar cobertura legal a los fondos ilícitamente percibidos”. Y los dos contratos originarios de esas facturas –firmados por Alejo Morodo y Juan Carlos Márquez Cabrera en nombre de PDVSA– habrían sido creados como soporte de las mismas.

Esta operativa realizada a través de la mercantil Aequitas fue reproducida en la sociedad Furnival Barrister, con la que también se firmaron contratos y se emitieron facturas a cuenta de la petrolera venezolana.

LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LOS MORODO NO CUADRA

De la información tributaria comprendida entre 2008 y 2015 del exembajador Morodo, la Fiscalía señala que queda acreditado que de los más de 400.000 euros que recibió de Aequitas, dejó sin declarar 335.000 euros. Mientras que su mujer, Cristina Cañeque, “pese a no realizar actividad laboral alguna” consta como administradora de diversas sociedades usadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y su patrimonio.

Asimismo, Cañeque consta como titular de tres cuentas bancarias abiertas en Suiza en la entidad Credit Suisse en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela. El cese como embajador (2007) coincide con el momento en el que se iniciaron las relaciones con PDVSA.

De Alejo Morodo –quien parece ser el ‘cerebro’ del entramado societario– se apunta que quedan por esclarecer los motivos por los que percibió fondos de la petrolera, el destino que dio a los cheques al portador y el origen de los fondos con que adquirió en el año 2016 fondos de inversión por importe de 1.359.499 euros.

Añaden que de los 335.000 ? que recibió de la mercantil Aequitas entre 2013 y 2014, y de los 27.000 que recibió de Furnival, ocultó a la Hacienda española más de 292.000 euros.

Juan Carlos Márquez –quien tenía cargo en la petrolera y firmaba los contratos supuestamente fraudulentos con los Morodo– y Carlos Adolfo Prada también se beneficiaron de las fondos de PDVSA a través de las empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL.

Los ingresos fueron canalizados mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias, lo que les permitió su afloramiento mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión. El fiscal sostiene que para tal propósito, ambos contaron con la participación activa de sus parejas, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera Ledo.


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Ceuta

“España no va a entrar en un conflicto con Marruecos por defender a 170.000 españoles de Ceuta y Melilla”

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Pedro Sánchez y Mohamed VI
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La coalición Caballas no tiene esperanza en que el Gobierno de España, “sea del color que sea”, defienda “los intereses” de Ceuta ante Marruecos. A nivel local no es más optimista con los planes del Ejecutivo de Vivas. Aunque celebra que reconozca “por fin” la estrategia de Marruecos de “asfixiar” a Ceuta”Caballa”, informa El Faro de Ceuta.

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Caballas es muy poco optimista con el futuro que les espera a los ceutíes. Los localistas, que llevan vaticinando el fin del comercio atípico y reclamando medidas al Ejecutivo local desde hace más de un año, lamentan que en la escenificación del conflicto en la que participan tres actores, haya uno -que sería Ceuta– que no está haciendo su parte.

“Marruecos está defendiendo sus intereses como país. Quieren anexionarse Ceuta y Melilla. Piensan que han elegido un momento idóneo para avanzar en su reivindicación escenificando ante la opinión internacional que Ceuta y Melilla son colonias anacrónicas sostenidas artificialmente” sostiene Caballas sobre el rol del Marruecos. Al Gobierno de España, el segundo actor de este drama, lo acusa, “sea del color que sea”, de priorizar “la contención de la inmigración y el control del terrorismo yihadista” por encima de los “intereses de Ceuta y Melilla”. “España no va a entrar en un conflicto con Marruecos por defender a 170.000 españoles de Ceuta y Melilla” auguran los localistas.

Caballas cree que al Ejecutivo local “en realidad no le importa nada”

Por contra, para Caballas, Ceuta asiste poco menos que impasible a la obra en la que debería tener un papel protagonista. Según la coalición, el Gobierno de la Ciudad “se despliega por donde puede reclamando ‘sus’ 7,2 millones”, pero lo estaría haciendo para “poder pagar sus lujosas farolas, su feria de las vanidades, su orgía del despilfarro, su infame chantaje social…” y no para defender los intereses de la mayoría social.

Caballas echa en falta un pronunciamiento del Gobierno local “relativo al sufrimiento de los cientos, acaso miles, de ceutíes que ya no pueden llevar salario alguno a su casa” y advierte que las propuestas que está planteando “son oportunistas, interesadas, insolidarias, cínicas y huecas” y asegura que “en realidad no les importa nada. Ellos están en el bando bueno. Allí donde nunca pasa nada”.

Empleados públicos que “viven muy bien” y pobres

Desde la coalición de partidos localistas entienden que “La hegemonía política del PP durante veinte años (ahora agudizada por su pacto con Vox), ha ido consolidando un modelo de sociedad tan injusto como amorfo, en el que una parte de la sociedad, representada en su inmensa mayoría por empleados públicos, vive muy cómodamente en hiriente contraste con amplias capas de la población que sufren condiciones de vida muy severas”. Una “estratificación socioeconómica” a la que, según Caballas, “es preciso añadir la evidente connotación étnica que caracteriza cada uno de los sectores descritos”.

Para Caballas esta nueva vuelta de tuerca de Marruecos a las relaciones fronterizas que mantiene con Ceuta ha evidenciado también la incapacidad de los partidos políticos de la ciudad y demás entidades y colectivos económicos y sociales de argumentar una “respuesta colectiva” para “defender los intereses de esta tierra“.


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España

Un juez ve indicios de delito en la cita Ábalos-Delcy Rodríguez y pide guardar los vídeos de Barajas

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El juzgado de instrucción número 7 de Madrid ha requerido este miércoles a Aena las grabaciones con las imágenes del aeropuerto de Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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El juzgado de guardia de Madrid atiende así la medida cautelar urgente planteada por el PP y exhorta al gestor aeroportuario a facilitar las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de las dependencias del aeropuerto para comprobar los posibles delitos en los que podría haber incurrido Ábalos, según han indicado desde el PP.

En concreto, acuerda requerir a Aena “o autoridades competentes del aeropuerto” Adolfo Suárez-Madrid Barajas para que procedan a conservar las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia de las instalaciones, incluida una sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.

En el auto del juzgado, según informa el PP, se recoge que de los datos expuestos en el escrito de denuncia se desprenden indicios racionales de hecho delicitivo. Asimismo, señala un apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial de no atender dicho requerimiento.

Este martes, en una entrevista en Esradio, el presidente del PP, Pablo Casado, afirmó que “a dos días de que pudieran ser destruidas esas cintas”, su partido ha acudido a un juzgado de guardia para que “no se destruyan las pruebas de la terminal 4” de Barajas en relación con esa reunión y ha recordado que el PP ya presentó una denuncia contra Ábalos en la Fiscalía pero “ni siquiera les han contestado”. Además, ha indicado que su partido presentó un acta notarial en relación con este caso y ha criticado que Aena “tampoco haya dicho nada” en dos semanas.


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