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Economía

La plantilla del Metro de Barcelona irá a la huelga los 4 días del Mobile

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Los trabajadores han votado a favor de parar dos horas por turno, aunque aún no se ha decidido el horario.
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Los trabajadores del Metro de Barcelona han decidido este jueves en asamblea llevar a cabo paros parciales los días 25, 26, 27 y 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC), para reclamar, entre otras medidas, una mejor gestión de los casos de empleados afectados por amianto.

El comité de empresa ha convocado este jueves dos asambleas, una por la mañana y otra por la tarde, en la que los trabajadores han votado a favor de parar dos horas por turno, aunque aún no se ha decidido el horario.

Los trabajadores han podido escoger entre tres opciones: hacer huelga los cuatro lunes de febrero y el primero de marzo, parar 24 horas durante todo el Mobile o bien hacerlo dos horas por turno los cuatro días del congreso de móviles.

Un total de 415 trabajadores han votado en las asambleas y 200 lo han hecho a favor de parar parcialmente durante el Mobile, la opción que finalmente se ha impuesto.

De esta manera, si las negociaciones con la dirección de Metro de Barcelona no llegan a buen puerto, el Mobile World Congress deberá enfrentarse un año más a problemas de movilidad en la ciudad, que espera recibir esos cuatro días a más de 100.000 visitantes de todo el mundo.

Una de las principales razones que han llevado al comité de Metro a convocar esta huelga es la inquietud de la plantilla por cómo la dirección está gestionando todo lo relativo a los casos detectados de empleados afectados por el contacto con el amianto en su puesto de trabajo.

Los sindicatos creen que la empresa “no está dando la información adecuada”, “le está quitando hierro al asunto” y no garantiza que todos los empleados que quieran puedan pasar revisiones médicas.

Por otro lado, el comité reivindica mayores derechos para los trabajadores de la bolsa de verano y denuncia que la compañía ha llevado a cabo “despidos sin causa y sin ningún tipo de argumentación”.


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Economía

Alemania evita la recesión

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Por Jaime Caneiro.- La economía alemana ha esquivado la recesión en el tercer trimestre. El PIB ha crecido el 0,1%, un registro notable después de la caída del 0,2% entre abril y junio. Pero el problema de Alemania, igual que el de la eurozona, que creció un exiguo 0,2% trimestral, es que el crecimiento sigue siendo débil, que esta ralentización se extenderá probablemente durante los próximos dos trimestres y que la política de contención presupuestaria quizá no sea ya suficiente para garantizar un crecimiento sostenido y apreciable durante el próximo bienio. No hay recesión, pero la ralentización puede ser profunda porque implica que la industria, tanto en Europa como en Alemania, está en crisis.

El hecho de que Alemania haya evitado la recesión se presta a dos interpretaciones. En primer lugar, supone un alivio político para el Gobierno alemán. No tendrá que enfrentarse a la espinosa tarea de explicar una recesión. En segunda instancia, significa que no hay razones imperativas que justifiquen la aplicación de políticas de estímulo presupuestario, es decir, más inversión pública y más gasto. Los responsables de la política económica germana pueden caer en la tentación de interpretar que la tasa de crecimiento solo pasa por un bache.

Pero la sensación de alivio es engañosa. La desaceleración global es un hecho, el ciclo está en su fase descendente, las amenazas del proteccionismo comercial y del Brexit no se disipan y la crisis del automóvil es inquietante para Alemania. Berlín tiene además un compromiso, no menos real por que no esté escrito, de liderar los esfuerzos para recuperar el crecimiento en la eurozona. Los organismos internacionales coinciden en que los países con superávit fiscal tienen que implicarse en un esfuerzo de gasto para favorecer el crecimiento de las economías del área con déficit elevados; Alemania con más razón, porque tiene mayor capacidad de empuje.

Hay motivos, pues, para reclamar a Berlín que reconozca la desaceleración real y rompa con la inercia de una política de gasto limitado, cuando no contractivo. En beneficio de los alemanes y del resto de los europeos


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Economía

Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo

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La posible formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa las pretensiones de este partido de extrema izquierda en materia energética recogidas en su programa electoral.

Así, y con el supuesto objetivo de tener una factura de la luz «más barata y justa», el partido de Pablo Iglesias quiere establecer un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes «hasta penalizar el derroche». Este sistema, sin concretar aún, podría disparar las facturas de la electricidad de la mayoría de las familias.

Hay que recordar que actualmente existen distintas tarifas de la luz. El consumidor elige una y su precio se multiplica por el total de los kWh consumidos sin ningún baremo.

Lo que pretende Unidas Podemos es establecer una tarifa progresiva, por tramos, similar a la que ya existe en otros suministros. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, el Canal de Isabel II establece tres precios del agua en función del consumo: hasta 25 m3, entre 25 y 50 m3 y más de 50 m3.

Este sistema, asumible en su teoría, es de difícil aplicación en la electricidad, ya que su consumo en las familias depende de distintos factores, como el número de miembros que residen en cada vivienda, los horarios –hay horas más baratas y otras más caras–, etc…

Peaje de potencia

Para intentar compensar el presumible incremento de la factura de la luz para la mayoría de las familias, este partido también quiere rebajar drásticamente el término de potencia, una parte fija del recibo «que pagamos aunque no consumamos nada». Su intención es reducirla a la mitad para que, como regla general, «no sea superior al 25% del total de la factura para consumos domésticos normales».

En estos momentos, el peaje de potencia es de 0,104229 euros el kilovatio día para una potencia contratada de 3,3 kW en una tarifa pvpc, la que tienen la mayoría de clientes domésticos. Esto quiere decir que cualquier consumidor tiene que pagar unos 12 euros –impuestos incluidos– por ese concepto al mes aunque no haya encendido la luz. Es lo que sucede, por ejemplo, con las segundas residencias.

Por otra parte, Unidas Podemos también recoge en su programa «la recuperación automática de la gestión pública» de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Sería la pretendida empresa pública de energía la que asumiría la explotación de esas centrales, propiedad la mayoría d elas grandes eléctricas, cuando vayan caducando sus concesiones.

Para conocer cómo podría gestionarse este asunto en el seno del futuro gobierno social-comunista, se puede recordar que hace unos meses, el Congreso debatió una propuesta en este sentido de Unidas Podemos. Su diputado Jorge Luis Bail dijo que, en caso de volver a subastar estas explotaciones, podrían establecerse beneficios como una bajada del precio de la luz en los municipios afectados. Alberto Herrero, del PP, cuestionó que «la solución no sea recuperar las concesiones», y apostó por volver a subastarlas. No obstante, se mostró a favor de «repartir los ingresos» que generen estas centrales.

El socialista Marc Lamuà afirmó que «es hora de que esos beneficios empiecen a revertir de forma clara y diáfana», y añadió que «una vez que revierta» la gestión, «debe primar el interés público frente a los intereses de las eléctricas» y que, así, «la riqueza generada revierta de manera justa y justificada» en municipios afectados.

Sin embargo, la portavoz de Energía del PNV, Idoia Sagastizábal, manifestó que, si bien la revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos invitan a recuperar las concesiones, la experiencia de las sociedades públicas revelan que «a los ayuntamientos les resulta muy difícil gestionar», por lo que pidió debatir a fondo este asunto, al igual que la necesidad de inversiones o los posibles efectos que tendría el fin de ingresos fiscales que abonan las empresas que gestionan actualmente estas centrales.


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Economía

La deuda pública crece en 7.021 millones de euros, el 97,72% del PIB

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La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 7.027 millones de euros en septiembre, hasta situarse en 1,207 billones de euros, y marca su segundo mayor dato tras el máximo de la serie registrado el pasado mes de junio (1,210 billones), según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

El Ministerio de Economía destaca que tomando el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2019, el ratio de la deuda sobre el PIB se habría situado en el 97,72% del PIB, por debajo del dato del mismo mes del año pasado (98,79%). En cualquier caso, está por encima del objetivo de deuda para el conjunto del año, situado en el 95,9% del PIB, que figura en el Plan Presupuestario 2020 que remitió el Gobierno a Bruselas en octubre.

Una evolución de la deuda “volátil”

El departamento de Nadia Calviño indica que el saldo mensual de deuda tiene una evolución “volátil” y muy condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos ene enero, abril, julio, octubre y, por primera vez este año, noviembre.

Por administraciones, el aumento de la deuda del Estado y de la Seguridad Social explica todo el incremento de la deuda pública en septiembre, dado que el endeudamiento de comunidades y corporaciones locales se redujo.

En concreto, la deuda del Estado creció en el noveno mes del año en 0,87% respecto al mes de agosto, hasta los 1,064 billones de euros, y respecto al año anterior, repuntó un 2,76%. La cifra supone el segundo mayor dato tras el pico registrado en junio (1,065 billones).

Por el contrario, la deuda pública de las comunidades autónomas se redujo en septiembre un 0,43%, hasta los 297.286 millones de euros, pero en tasa interanual registró un incremento del 1,6%; al tiempo que las corporaciones locales redujeron también su endeudamiento en 311 millones en agosto respecto al mes anterior, hasta los 25.307 millones, y en el último año recortaron su deuda un 9,6%.

La deuda de la Seguridad Social marca un nuevo récord

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 2,4% en septiembre y se sitúa ya en 52.445 millones de euros, nuevo máximo, en tanto que a nivel interanual registró un alza del 50,4%, con 17.582 millones de euros más en el último año.

Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones sobrepasa los 9.700 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica.

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

En los meses de julio y diciembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que alcanza actualmente los 19.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al sistema. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que, además del préstamo, para pagar la extra de Navidad sacará 3.500 millones de la ‘hucha de las pensiones’.


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