El Ministerio de Justicia del país publicó el viernes una lista actualizada de organizaciones “no deseables”, poco más de una semana después de que la Fiscalía General de Rusia aconsejara la prohibición de varias filiales de la Iglesia de la Cienciología.

Dos holdings con sede en California, el Instituto Mundial de Empresas de Cienciología Internacional (WISE) y la Iglesia de Tecnología Espiritual (CST), también conocida como la “Biblioteca L. Ron Hubbard”, fueron incluidos oficialmente en la lista negra.

Ambas fueron consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Rusia, según una declaración previa de la fiscalía.

La inclusión de la cienciología en la lista de organizaciones “no deseables” de Rusia, que actualmente asciende a 49, significa que la organización tiene ahora prohibido llevar a cabo cualquier actividad en Rusia, y que sus filiales locales serán cerradas por la fuerza y sus activos serán congelados.

La decisión sigue a una campaña de décadas para prohibir que la cienciología se beneficie ilegalmente en territorio ruso, con el primer esfuerzo importante para restringir al grupo que se remonta a 1996, en la era de Boris Yeltsin y unos doce años después de que la organización se afianzara en lo que entonces era la Unión Soviética.

Sin embargo, no fue hasta la década de 2010 cuando las autoridades tomaron realmente medidas enérgicas contra los grupos de cienciología, investigando las principales sucursales de Moscú y San Petersburgo, así como a sus líderes, por cargos de actividades comerciales ilegales y extremismo.

Parte de la literatura del grupo ha sido prohibida por ser material extremista, mientras que el Tribunal Supremo ordenó el cierre de su sección de Moscú en 2016.

La Iglesia de la Cienciología, fundada por el novelista de ciencia ficción estadounidense L. Ron Hubbard en la década de 1950, se describe a sí misma como un nuevo movimiento religioso, mientras que sus críticos creen que el grupo es una secta peligrosa, un negocio que intenta eludir los impuestos utilizando exenciones religiosas o una combinación de ambas cosas.

Aunque el grupo rara vez ha logrado el reconocimiento pleno de las autoridades estatales de todo el mundo, ha conseguido obtener un estatus de exención fiscal en varios países.

Al mismo tiempo, Rusia está lejos de ser la única nación que obstruye activamente las actividades e influencia del grupo.

En Bélgica, un prolongado caso contra la “iglesia” incluyó cargos de soborno, extorsión, fraude y práctica no autorizada de la medicina, pero sus líderes fueron absueltos de todos los cargos.

Mientras tanto, en Francia, la cienciología ha sido clasificada como secta peligrosa y siete de sus miembros fueron condenados por diversos cargos, entre ellos el de contribución al suicidio.

Irónicamente, fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (Francia) el que salió en defensa de la cienciología en su caso en Rusia, acusando a las autoridades de discriminación religiosa.

De hecho, el grupo parece tener tanta confianza en el apoyo del TEDH que un representante estadounidense dijo una vez sobre la situación en Francia: “si tiene que ir al tribunal de derechos humanos, estamos seguros de que ganaremos allí”.

Estados Unidos ha criticado sistemáticamente a cualquier país que intente llevar al grupo y a sus líderes ante los tribunales por considerarlos discriminatorios por motivos religiosos, a pesar de que existe un largo historial de demandas y otros problemas legales con el grupo dentro de Estados Unidos.

En la década de 1970, la “Iglesia” llevó a cabo lo que denominó “Operación Blancanieves“, en la que supuestamente se infiltraron hasta 5.000 cienciólogos en decenas de agencias gubernamentales estadounidenses -en concreto, en la Agencia Tributaria-, donde robaron documentos, intervinieron los teléfonos de agentes gubernamentales y llevaron a cabo otros tipos de vigilancia.

Varios cienciólogos de alto rango, entre ellos la entonces esposa de Hubbard, Mary Sue, se declararon culpables de cargos relacionados con la operación de infiltración masiva, incluyendo obstrucción a la justicia, robo de oficinas gubernamentales y robo de documentos y propiedad gubernamental.