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La tasa de pobreza en España ya es la séptima más alta de Europa

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Con una cuarta parte de la población en riesgo de exclusión (26,1 por ciento), España es el séptimo país de la Unión Europea con más pobreza. Por encima solo están Bulgaria, Rumania, Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Así lo refleja el 9 Informe «El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (Arope) de pobreza y exclusión social en España 2008-2018», presentado este miércoles por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en el Senado.

La tasa Arope (At Risk of Powerty or Social Exclusion) -el baremo que utiliza la Unión Europea (UE)- tiene en cuenta, además de la renta, otras variables, como los niveles de empleo de los distintos miembros de la familia o la capacidad de los hogares para afrontar determinados gastos, como el alquiler de una vivienda o la calefacción en invierno.

Si solo se tiene en cuenta la renta, el 21,6 por ciento de la población española está en riesgo de exclusión. Esto quiere decir que uno de cada cinco españoles vive con menos de 1.552 euros al mes en el caso de un matrimonio con dos niños o de 739 euros para los hogares de una persona.

Además más de la mitad de la población española vive en el límite de sus posibilidades (55,3) y algo más de una cuarta parte del total (27,1 por ciento) llega a fin de mes con dificultades o con mucha dificultad.
En términos comparativos, la tasa total es la segunda más baja de la década pero esta mejora, según el informe, es «absolutamente insuficiente».

«No solo no hemos cumplido con el compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir la pobreza en 2,5 millones de personas, sino que estamos peor. Además, corremos un serio riesgo de volver a crecer económicamente con un nivel de pobreza mayor al de antes de la crisis y con una tasa estabilizada», advirtió este miércoles el presidente de la EAPN- España, Carlos Susías, durante la presentación de este estudio.

Tercer país con mayor desigualdad

La desigualdad también es muy elevada con respecto a los estándares europeos. Por una parte, en el año 2017, el 20 por ciento más rico de la población española disponía de una renta anual 6,6 veces superior a la del 20 por ciento más pobre y se situaba como el tercer país con mayor desigualdad de toda la UE, solo por debajo de Bulgaria y Lituania.

La privación material severa (PMS) es el único indicador cuyos resultados en España están por debajo de la media de la UE. Sin embargo, el informe señala que es «un motivo de preocupación el extraordinario crecimiento de la PMS», que pasó desde el 3,6 por ciento al 5,1 por ciento de la población, con un incremento del 42 por ciento en el periodo en el cual el conjunto de los países de la UE la redujo en un 22 por ciento.

La pobreza material severa afecta a 670.000 españoles y significa que en estos hogares sus miembros sufren muchas privaciones como no poder comer pollo o pescado dos o tres veces a la semana, tener una semana de vacaciones o contar con un teléfono móvil, entre otros nueve indicadores.


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Cultura

Los alumnos de Formación Profesional aumentan un 23,3% en cinco cursos

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El número de estudiantes de Formación Profesional (FP) ha aumentado un 23,3% en los últimos cinco cursos, especialmente por el incremento de alumnos en el grado superior de este tipo de enseñanzas y por el desarrollo de la FP Básica, que se puede cursar a partir de los 15 años.

Lo concluye la Estadística del Alumnado de FP sobre el curso 2017-2018, dada a conocer este martes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y en la que se concreta que el 68 % de los centros que imparten FP son públicos.

En el curso 2017-2018 se matricularon 815.354 alumnos en Formación Profesional, de los que 372.403 lo hicieron por primera vez en un ciclo de estas enseñanzas.

En concreto, el número de alumnos que cursaron la FP Básica fue de 72.180; en FP de grado medio se matricularon 344.266 estudiantes y 398.908 lo hicieron en grado superior (estas aumentaron un 21,4 % respecto a 2012).

El informe destaca que la FP se impartió en 3.739 centros educativos, 2.036 ofrecieron FP Básica, la de grado medio en 2.798, y la de superior en 2.441 centros.

En grado medio y grado superior las mujeres representan el 43,3% y el 47,4%, respectivamente, mientras que en la FP Básica se registra una diferencia mayor por sexos, con un 70,8 % de hombres y un 29,2 % de mujeres.

Por familias profesionales y en todos los niveles, las mujeres registran un porcentaje más elevado que el de hombres en el caso de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal.

Los hombres, en cambio, son mayoría en Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica.

En cuanto a la tasa bruta de escolarización (la relación porcentual entre alumnado matriculado presencialmente de cualquier edad y la población de las edades teóricas de cursar la enseñanza), el informe fija que en grado medio se sitúa en el 34,9%, frente al 69,7% en Bachillerato.

En los ciclos formativos de grado superior, la tasa bruta de escolarización alcanza el 39,2%. Estos alumnos proceden de Bachillerato o de FP de Grado Medio.

La FP Dual (combina clases prácticas con prácticas en empresas) se imparte en cerca de 900 centros y los alumnos ya suman 22.586.


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Casado ofrece dar estabilidad a un Gobierno de Sánchez con pactos puntuales

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Pablo Casado (c) junto a Antonio Lopez-Isturiz (i) y a Dolores Montserrat (d)
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El líder del PP, Pablo Casado, se ha ofrecido este miércoles para dar estabilidad a un Gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez, a través de pactos puntuales sobre cuestiones de Estado, si consigue superar una “investidura circunstancial” con el apoyo de Podemos.

En declaraciones a su llegada esta tarde al XXVI Congreso del PPE en Zagreb (Croacia), ha insistido en que el PP no va a facilitar la investidura de Sánchez, a quien incluso ha pedido que “dé un paso atrás” por coherencia, tras la sentencia de los ERE que ha condenado a los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Pero ha diferenciado entre investidura y gobernabilidad, y se ha mostrado dispuesto a facilitar la segunda mediante pactos de Estado en su papel de principal partido de la oposición.

“A Sánchez no podemos cambiarle”, ha dicho Casado, porque es muy difícil que el PP consiga “lo que no consiguieron ni sus barones ni sus afiliados” pero sí se ha mostrado dispuesto a “darle garantía de estabilidad y gobernabilidad y que se aclaren si pueden entre ellos”, con Podemos y entre los propios militantes del PSOE.

Por eso, ha considerado que el presidente en funciones debería intentar “desbloquear una investidura para hacer políticas de Estado” a través de pactos de pactos posteriores con el PP.

Casado ha explicado que los pactos que ofrece a Sánchez son los mismos que le propuso en su primera reunión en La Moncloa y se refieren a los presupuestos estatales, la aplicación de la Constitución para resolver la crisis en Cataluña, la negociación del Pacto de Toledo, la educación o la lucha contra la violencia de género.

El líder del PP no había comparecido ante los medios de comunicación desde el pasado martes, cuando hizo una declaración, tras el Comité Ejecutivo Nacional del partido sobre el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, pero en aquella ocasión no respondió a preguntas de los medios de comunicación.

En su rueda de prensa de esta tarde, ha mantenido su postura de entonces contraria a facilitar una investidura de Sánchez, porque considera que el PP es la única alternativa si fracasa su Gobierno y “unir ahora mismo la solución con el problema sería una irresponsabilidad porque sería imposible salir de este atolladero”.

También ha lanzado duras críticas contra el presidente en funciones, a quien ha reclamado que “asuma su responsabilidad” ante la sentencia de los ERE y aplique ahora “el mismo baremo” que cuando presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel.

Para Casado está claro que el caso de los ERE en Andalucía “sí que afecta al PSOE” y Sánchez debería dar también explicaciones de por qué se ha “atrasado” hasta después de las elecciones esta sentencia que hace que no sea el “candidato idóneo” para presentarse a la investidura.

Así, ha recriminado que Sánchez se haya “autoproclamado” candidato y que se haya dado “mucha prisa” por cerrar un preacuerdo de Gobierno con Unidas Podemos, algo que es una “irresponsabilidad” que ha instado a los militantes del PSOE a rechazar en la consulta que realizará el partido este fin de semana.

Por lo que respecta a la posibilidad de que Vox pueda formar parte de la Mesa del Congreso, tras conseguir 52 diputados en las últimas elecciones, Casado se ha mostrado dispuesto a negociarlo ya que “el PP nunca va a participar de cordones sanitarios frente a partidos constitucionalistas” y no está por excluirlos.

Ha puntualizado que su partido no va a negociar nada con los partidos independentistas que se han situado “en la ilegalidad y en la inconstitucionalidad”, pero aparte de esta reserva, no está dispuesto a establecer ningún cordón sanitario a otros partidos. “No vamos a hacer lo que criticamos”, ha concluido.


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Tribunales

La amenaza de un segundo juicio por desobedecer con los lazos planea sobre Torra

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado lunes camino al TSJC para ser juzgado por desobiediencia
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La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado llevar a la vía penal al presidente catalán, Quim Torra, por desoír una orden suya del pasado mes de septiembre para que retirara del Palau una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo.

En un auto, que cuenta con el voto particular de uno de los cuatro magistrados, el TSJC resuelve deducir testimonio contra Torra ante la sala penal del alto tribunal por no haber descolgado la pancarta, dentro del plazo de 48 horas que le dio, a raíz un recurso que la asociación Impulso Ciudadano presentó para mantener la neutralidad del edificio incluso fuera de período electoral.

De prosperar este proceso penal, esta sería la segunda causa abierta a Quim Torra por negarse a quitar símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos dentro de los plazos establecidos, lo que el lunes pasado ya le llevó a juicio ante el TSJC, en este caso por desobedecer presuntamente a la Junta Electoral.

El TSJC ordenó el pasado 20 de septiembre a Torra que retirara la pancarta, con el lema «Libertad presos políticos y exiliados» y flanqueada con un lazo amarillo, al considerar que debe garantizarse la «neutralidad institucional» del edificio, como medida cautelar mientras resuelve el recurso presentado por Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo.

El presidente de la Generalitat, no obstante, desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d’Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau «de forma inmediata».

Ante ese segundo requerimiento dirigido a la policía catalana, el 27 de septiembre personal de mantenimiento del Palau retiró la pancarta, tras lo que cuatro activistas independentistas -los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals- desplegaron otra con el lema «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

En su auto, fechado el 4 de noviembre -antes del juicio a Torra-, la sala contenciosa desestima el recurso que presentó el presidente catalán y le advierte de que la pancarta y el lazo son símbolos «cuya naturaleza no es neutral y, por ende, inevitablemente partidista».

En su recurso, Torra invocaba la libertad de expresión, pero la sala le recuerda que el presidente tiene ocasión de ejercitarla «en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación», sin invadir los derechos de libertad ideológica y neutralidad institucional planteados por Impulso Ciudadano.

La sala acuerda además deducir testimonio contra el presidente de la Generalitat, y remitirlo a la sala civil y penal del TSJC para que lo investigue, después de que el 27 de septiembre constatara, a través de su secretaria judicial, que la pancarta seguía en el Palau pese a haber expirado el ultimátum a Torra.

Por ese motivo, el tribunal decidió requerir al comisario de los Mossos que diera instrucciones a sus fuerzas para descolgar la pancarta, lo que no fue necesario porque, a las 15.40 horas de ese mismo 27 de septiembre, la policía catalana levantó acta constatando que se había retirado.

Voto particular

Como ya hizo cuando el tribunal dio el ultimátum a Torra el pasado 19 de septiembre, el magistrado Eduard Paricio se desmarca de la sala en un voto particular al considerar que una pieza de medidas cautelares no es el marco «idóneo» para adoptar decisiones que responden a cuestiones de fondo.

El juez alega que en este caso se discute sobre cuestiones de una «notable complejidad jurídica» ya que afectan a los límites del derecho de los cargos a la libertad de expresión, al alcance y naturaleza de la neutralidad que se puede exigir a las instituciones y a los derechos de los ciudadanos al respecto.

Por este motivo, concluye en su voto particular que antes de adoptar medidas como las que han asumido sus compañeros de sala se tendría que permitir que las partes desplegaran con profundidad sus razonamientos y que pudieran aportar las pruebas que consideren necesarias.

A su entender, en el actual momento procesal de esta causa no se presenta con «suficiente claridad» el debate «como para permitir que entre en juego el principio de apariencia de buen derecho en la toma de una decisión cautelar».

El auto del TSJC se ha hecho público dos días después de que el TSJC dejara visto para sentencia el juicio por desobediencia contra Torra, para quien la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación por desoír una orden de la Junta Electoral para que retirara el lazo del Palau en la campaña del 28A.


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