La sentencia de la denominada pieza política de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía es solo la primera meta volante de la carrera de fondo en que se convirtió una larga instrucción que comenzó en enero de 2011 y que se reveló como una de las mayores causas por corrupción del país a tenor del volumen defraudado y el número de implicados. Según fuentes judiciales, todavía siguen «vivas» o en fase de instrucción 120 piezas correspondientes a las ayudas directas a empresas, intrusos o sobrecomisiones. Otras cuatro esperan ya en la Audiencia Provincial de Sevilla a que se señale fecha de juicio, entre ellas la más escabrosa, la del que fuera chofer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que percibió 1,4 millones de fondos públicos que se gastó en parte en fiestas y drogas.

El dato más claro que permite apreciar la ingente labor judicial que supuso este caso lo facilitó la juez instructora María Núñez Bolaños en el auto con el que cerró la pieza matriz de los ERE, la que abrió su antecesora Mercedes Alaya en enero de 2011 al tirar del hilo de las supuestas irregularidades en las prejubilaciones de la empresa mixta Mercasevilla. Tras una batalla judicial entre fiscal y juez, y para evitar la prescripción de delitos sepultados por una mastodóntica investigación, en 2015 se optó por desgajar esa pieza central en decenas de causas separadas, una por cada ayuda irregular concedida, de ahí que esa diligencia inicial se cerrara al quedar sin contenido. En ese auto, fechado en diciembre de 2018, la jueza explicó que se habían abierto un total de 187 piezas separadas de investigación, de las que continuaban en ese momento en fase de instrucción 146 piezas con un total de 507 imputados.

Las 41 restantes eran causas ya finalizadas, divididas entre aquellas sobreseídas o archivadas al no apreciarse existencia de los delitos de malversación o prevaricación que se investigaban, unas 36, o bien aquellas que habían iniciado ya el procedimiento de enjuiciamiento. Entre estas últimas se encontraba la pieza política, cuya sentencia se acaba de conocer, y otras cuatro que aguardan en la Audiencia. El colapso de la Audiencia Provincial provoca que la primera de ellas, conocida como Acyco, no vaya a ser juzgada antes del último trimestre de 2020. Será la segunda vista oral de la macro causa, y en ella estaban inicialmente implicados cinco ex altos cargos ya juzgados por la pieza política, y que por tanto serán excluidos.

Pisar el acelerador

En su denuncia contra la «parálisis del caso ERE» que vivía el caso ERE desde que lo asumió la juez Núñez, la Fiscalía Anticorrupción actualizó esos datos a mediados de 2019. Según sus cálculos, las piezas archivadas o cerradas se elevaban de 36 a 48 (el 26,4%), y que las que estaban en trámite «o acumuladas a otros procedimientos» eran 129 (el 70,8% del total), reduciendo así la cifra de 146. No obstante, el último juez instructor de los siete que ha tenido la causa desde sus orígenes ha pisado el acelerador y en los últimos meses varias investigaciones están ya en trámite de procedimiento abreviado y a la espera de pasar a la Audiencia para ir a juicio.

¿Y qué es lo que aguarda en esas piezas que aún siguen investigándose? La más llamativa es la pieza de las sobrecomisiones que las empresas aseguradoras pagaron a una serie de entidades que mediaron en la confección de los expedientes de regulación de empleo que pagó la Junta de Andalucía. Solo en esta causa hay una veintena de imputados. Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía cifraron ese dinero cobrado de más en 66 millones de euros, ya que las comisiones llegaron a estar un 550% por encima de la media habitual del mercado. En esta causa se encuentra implicado el ‘conseguidor’ y exsindicalista Juan Lanzas, que actuó como mediador «logrando la financiación de la Junta» y que gracias a «la influencia ejercida sobre los directores generales de Trabajo, lograba que se suscribiesen pólizas con sobrecostes de cuantía injustificada».

Junto a la pieza política y las sobrecomisiones, el tercer grupo en el que se dividió la causa lo conforman un centenar de piezas referidas a los intrusos o cada ayuda concreta que la Junta dio a empresas que se beneficiaron del sistema ilegal, y en las que se investigan de nuevo prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Muchas de esas empresas siquiera tenían un objeto social o acreditaron los requisitos necesarios, y aun así percibieron fondos públicos sin que se hiciera seguimiento sobre el destino de la ayuda.