Dicen que la medida de la democracia es la existencia de un poder judicial independiente. Y digo poder judicial, no fiscalía, que no deja de ser un apéndice del poder ejecutivo, y desgraciadamente lo estamos viendo cada día más.

En España no tenemos un verdadero poder judicial, y es hora ya de decirlo, con toda claridad. El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, y los jueces independientes disfrutan de su independencia, pero en juzgados unipersonales, donde las posibilidades de molestar son mínimas. Los ascensos se realizan por criterios ideológicos y/o afiliación a determinadas asociaciones judiciales –que son el brazo de los partidos políticos correspondientes-, y el Consejo General del Poder Judicial es una entelequia, que nos cuesta carísima de mantener, y cuyos miembros viven no ya como canónigos, sino como obispos (de los de antes), y representan a los partidos políticos que les han nombrado en la administración de justicia.

Por no hablar de los jueces por el cuarto turno, es decir “a dedo”, elegidos con criterios de amistad, afinidades políticas, etc., pero muy escasamente por méritos profesionales. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero hablo de la regla general.

Al mismo tiempo que el panorama que narro, que es vergonzoso y lamentable, se está desarrollando una justicia de dos velocidades:

JUSTICIA RÁPIDA cuando se trata de privar al ciudadano de derechos, ingresarle en prisión provisional, juzgarle y condenarle casi sin instrucción, y con escasas posibilidades de defenderse, obteniendo conformidades con la rebaja de un tercio de la condena, etc.

JUSTICIA LENTA, cuando es el vasallo, el súbdito quien tiene la osadía de pedir cuentas a quienes gobiernan, y recurre una resolución administrativa cualquiera. Y no voy a hablar de los muchos años que tardaron en crearse los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, pese a estar previstos legalmente desde trece años antes, sino del mal funcionamiento de una buena parte de estos Juzgados, saturados de procedimientos y con un reducido número de órganos, claramente insuficientes, parece como buscado a propósito para que los litigios de los siervos se conviertan en papel mojado.

Y para muestra dos casos: recientemente he tenido que formular sendas demandas ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en procedimientos abreviados, es decir que comienzan con la presentación de la demanda, y únicamente se recaba el expediente administrativo y se cita a las partes para el juicio verbal correspondiente. En uno de los casos la citación es a tres años y medio de la presentación de la demanda, y en el otro a cuatro años vista.

¿Está es la Justicia que tenemos? ¿Qué le importará al justiciable la Sentencia que se dicte a los cinco años de haber comenzado el pleito…, en el hipotético supuesto de que la Administración no recurra en apelación y fácilmente tarde un par de años más en resolverse el asunto? Por no hablar de la ejecución, que ya es para echarse a llorar, al quedar totalmente en manos de la Administración condenada su realización. Y, por supuesto, sin que se derive responsabilidad alguna hacia el político o funcionario autor de la tropelía, que seguramente ya ni siquiera estará ocupando el cargo correspondiente. ¡Faltaría más! Somos un país regido por personas irresponsables, jurídicamente hablando, y así nos va.

Puesta esta anómala situación en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, y tras meses de espera, recibo un simple acuse de recibo que me informa de que la Comisión Permanente ha acordado incoar diligencias informativas. Y hasta hoy, pues de ello hace ya varios meses.

En resumen, tenemos una administración de justicia que no nos merecemos. Y no olvidemos que como decía el Conde de Romanones en su “Breviario de Política Experimental”: “No hacer justicia a tiempo debiera considerarse como grave delito. Tales son los estragos que produce. Porque omitir la justicia es confirmar la injusticia. En lo individual y en lo social”.

Pasado el medio siglo, y cuando uno ya está de vuelta de muchas cosas, reafirmo mi creencia en la Justicia Divina, pues la humana deja mucho que desear, al menos en España.

*Jurista, profesor universitario de Derecho y Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.