Este viernes tras el último consejo de Ministros del año se confirmaba que el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez no tenía pensado cumplir con su promesa electoral de subir las pensiones con el IPC en diciembre, con lo que los pensionistas se veían abocados a comenzar el nuevo año con una nómina congelada.

En plena campaña electoral Sánchez sacaba pecho y prometía ante el electorado que en diciembre «actualizarían las pensiones en torno al IPC real». Es más, en la entrevista que concedía a Antena 3 iba más allá: «Las subiremos».

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), otra de las grandes apuestas de Sánchez en campaña, también tendrá que esperar. El Gobierno ha asegurado que esta subida -aún no decidida- se aprobará cuando se constituya el nuevo Gobierno y que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.

Tradicionalmente el alza del SMI se ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año previa consulta con patronal y sindicatos. En el marco de la negociación actual con Podemos se ha especulado con la posibilidad de que subiera a 1.000 euros brutos mensuales en 2020, una cifra que no han confirmado, limitándose a reiterar el compromiso socialista de que llegue al 60 % del salario medio al final de la Legislatura, en torno a 1.200 euros. Habrá que esperar.

Más allá en el tiempo, cuando Pedro Sánchez presentaba la moción de censura en 2018 contra Mariano Rajoy, llegaba a comprometerse a que su Gobierno convocaría elecciones «cuanto antes». Sin embargo esa promesa tenía los pies de barro, y en su primera entrevista como presidente mostraba su aspiración a «agotar la legislatura y convocar las elecciones en 2020».

Son muchas las ocaciones en las que Sánchez negaba que pactaría con el populismo. «Ni antes, ni después el PSOE va a pactar con ellos», decía. Es más en 2019, pese a considerar ya a la formación del círculo como “socio preferente” les echaba un jarro de agua fría confesando que «no dormiría por la noche» con miembros de Podemos en el Gobierno. Ahora, PSOE-Podemos han sellado un gobierno de coalición «rotundamente progresista» para cuatro años.

Hubo un día en el que Pedro Sánchez afirmó que sí había delito de rebelión y sedición en Cataluña. Y fue contundente; «clarísimamente ha habido un delito de rebelión en España», sentenciaba. Sin embargo tras llegar a Moncloa, Edmundo Bal tuvo que abandonar como responsable de la Abogacía del Estado en la causa del 1-O tras denunciar presiones del gobierno de Sánchez para rebajar la petición de la pena a los líderes secesionistas del 1 de octubre de rebelión a sedición.

En 2015, como candidato a la presidencia del Gobierno acusaba al candidato a la reelección por el PP, Mariano Rajoy, de pasar la legislatura «parapetado detrás del plasma» porque le costaba, decía que «le dijeran las cosas a la cara».

A punto de dar carpetazo a este año, el mismo autor de estas palabras, rompía con la tradición de hacer balance político del año de los jefes del Ejecutivo, seguramente para no dar a traste sus negociaciones con Esquerra.

También resultaron significativas las sospechas de plagio que afectaron a la tesis doctoral de Sánchez, titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012). El presidente del Gobierno en funciones llegó a anunciar que comparecería en el Senado para dar explicaciones sobre esta polémica, pero finalmente decidió no hacerlo.

Por último, no puede dejarse de lado el cambio de postura de Sánchez con respecto a Cataluña. Cuando todavía no estaba en el poder, el líder socialista se refirió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como «el Le Pen de la política española». «Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas», declaró, además, en 2016. Ahora está a punto de conseguir el apoyo de ERC para su investidura y se m