España
Las grandes mentiras que atormentan a Pedro Sánchez antes de la investidura
Este viernes tras el último consejo de Ministros del año se confirmaba que el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez no tenía pensado cumplir con su promesa electoral de subir las pensiones con el IPC en diciembre, con lo que los pensionistas se veían abocados a comenzar el nuevo año con una nómina congelada.
En plena campaña electoral Sánchez sacaba pecho y prometía ante el electorado que en diciembre «actualizarían las pensiones en torno al IPC real». Es más, en la entrevista que concedía a Antena 3 iba más allá: «Las subiremos».
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), otra de las grandes apuestas de Sánchez en campaña, también tendrá que esperar. El Gobierno ha asegurado que esta subida -aún no decidida- se aprobará cuando se constituya el nuevo Gobierno y que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.
Tradicionalmente el alza del SMI se ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año previa consulta con patronal y sindicatos. En el marco de la negociación actual con Podemos se ha especulado con la posibilidad de que subiera a 1.000 euros brutos mensuales en 2020, una cifra que no han confirmado, limitándose a reiterar el compromiso socialista de que llegue al 60 % del salario medio al final de la Legislatura, en torno a 1.200 euros. Habrá que esperar.
Más allá en el tiempo, cuando Pedro Sánchez presentaba la moción de censura en 2018 contra Mariano Rajoy, llegaba a comprometerse a que su Gobierno convocaría elecciones «cuanto antes». Sin embargo esa promesa tenía los pies de barro, y en su primera entrevista como presidente mostraba su aspiración a «agotar la legislatura y convocar las elecciones en 2020».
Son muchas las ocaciones en las que Sánchez negaba que pactaría con el populismo. «Ni antes, ni después el PSOE va a pactar con ellos», decía. Es más en 2019, pese a considerar ya a la formación del círculo como “socio preferente” les echaba un jarro de agua fría confesando que «no dormiría por la noche» con miembros de Podemos en el Gobierno. Ahora, PSOE-Podemos han sellado un gobierno de coalición «rotundamente progresista» para cuatro años.
Hubo un día en el que Pedro Sánchez afirmó que sí había delito de rebelión y sedición en Cataluña. Y fue contundente; «clarísimamente ha habido un delito de rebelión en España», sentenciaba. Sin embargo tras llegar a Moncloa, Edmundo Bal tuvo que abandonar como responsable de la Abogacía del Estado en la causa del 1-O tras denunciar presiones del gobierno de Sánchez para rebajar la petición de la pena a los líderes secesionistas del 1 de octubre de rebelión a sedición.
En 2015, como candidato a la presidencia del Gobierno acusaba al candidato a la reelección por el PP, Mariano Rajoy, de pasar la legislatura «parapetado detrás del plasma» porque le costaba, decía que «le dijeran las cosas a la cara».
A punto de dar carpetazo a este año, el mismo autor de estas palabras, rompía con la tradición de hacer balance político del año de los jefes del Ejecutivo, seguramente para no dar a traste sus negociaciones con Esquerra.
También resultaron significativas las sospechas de plagio que afectaron a la tesis doctoral de Sánchez, titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012). El presidente del Gobierno en funciones llegó a anunciar que comparecería en el Senado para dar explicaciones sobre esta polémica, pero finalmente decidió no hacerlo.
Por último, no puede dejarse de lado el cambio de postura de Sánchez con respecto a Cataluña. Cuando todavía no estaba en el poder, el líder socialista se refirió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como «el Le Pen de la política española». «Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas», declaró, además, en 2016. Ahora está a punto de conseguir el apoyo de ERC para su investidura y se m
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«La ceja» corrupta de la PSOE: El juez señala la intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas
El expresidente del Gobierno está citado en la Audiencia Nacional el 2 de junio como investigado por tres delitos
José Luis Rodríguez Zapatero tenía una «intervención directa» en operaciones internacionales «de alto valor económico». Entre esas operaciones se insertan las relativas a productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. La trama presuntamente liderada por el presidente del Gobierno, citado a declarar el próximo 2 de junio como imputado, operaba tanto en España como en el extranjero. Tenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El exdirigente socialista niega haber hecho gestiones a favor del rescate de Plus Ultra, aunque las intervenciones telefónicas a los directivos de la aerolínea le mencionan de forma constante.
Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado imputa al expresidente del Gobierno tres delitos: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros, e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas», señala el auto.
Los pagos a Zapatero
El juez insiste en que los indicios recabados muestran que los clientes de la red, entre los que se encontrarían Plus Ultra y dos de las empresas registradas este martes, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, abonaban cantidades significativas por «servicios de asesoría inexistentes». Estos fondos redistribuidos al entorno de Zapatero, como su amigo Julio Martínez Martínez y las empresas de sus hijas, Whathefav. Calama cifra en casi dos millones de euros la cantidad obtenida de forma ilícita.
Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, pero también de otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.
La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, confirma que este último es cliente de la red organizada. La empresa actuaría como vehículo de pago de servicios prestados por la trama. Las comunicaciones intervenidas revelan que el empresario venezolano y el presunto testaferro de Zapatero mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico a las que se refiere Calama en su auto de 85 páginas.
En esas conversaciones, Amaro Chacón remite a Julio Martínez Martínez cartas de intención dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero, lo que evidenciaría la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red organizada para el ejercicio de influencias. La secuencia de comunicaciones muestra que el empresario venezolano actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado.
Fondos extranjeros
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sostiene que Inteligencia Prospectiva es una sociedad instrumental, cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa realizó pagos a Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas directamente a Zapatero. Según el auto, esto «refuerza la hipótesis de que la sociedad forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales».
Calama señala que de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela, era necesario solicitarlo a la red presuntamente liderada por Zapatero mediante la preceptiva carta de intenciones o Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir (que precisarán con posterioridad), al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Estos identifican a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que denominan La Dama, como la persona que controla la asignación de los buques.
«La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío. «Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante» del expresidente del Gobierno, quien «dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política». Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Comercio de Venezuela entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 y desde ese momento hasta el pasado marzo, titular de la cartera de Hidrocarburos.
Los interlocutores insisten en las comunicaciones intervenidas en que se trata de «una empresa que depende del Partido Comunista Chino», que revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria. El auto subraya que Gate Center, un think tank sin ánimo de lucro creado en Madrid en 2022, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva mientras Zapatero era presidente de su consejo asesor.
