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Andalucía

Las siete renuncias de Vox a cambio de hacer presidente de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno

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Javier Ortega Smith y Francisco Serrano, este miércoles en el Parlamento andaluz
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En apenas 24 horas, Vox ha plegado las velas sobre algunas de las 19 propuestas más problemáticas recogidas en el documento entregado el pasado martes al PP a cambio de facilitar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Éstas son sus principales renuncias:

1. Sin devolución de competencias

En el acuerdo de 37 puntos alcanzado este miércoles entre ambas formaciones, desaparecen las referencias a la apertura de un «proceso nacional» para devolver al Estado las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público, cuya generalización en el conjunto del Estado fue pactada por el Gobierno de José María Aznar con el PSOE. También decae su propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término «realidad nacional» que figura en el Estatuto que PSOE y PP pactaron cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

2. Las leyes de género no se derogan

En el acuerdo suscrito con el PP, no aparece la derogación de las leyes andaluzas de prevención y protección integral contra la violencia de género, de promoción de la igualdad de género en Andalucía, y de los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. En cambio sí se mantiene su propuesta de sustituir la ley de Memoria Histórica por una «Ley de Concordia».

3. Suprimir las ayudas a inmigrantes

En su primera propuesta, Vox propuso la «colaboración con la Policía para identificar a ilegales que puedan ser expulsados» y asegura que «la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía». También abogaba por «suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales».

El documento pactado con el PP elimina el trazo grueso y lo sustituye por porpuestas más genéricas tales como «cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas». Ya no hay referencia numérica a los 52.000 inmigrantes. Tampoco se pide retirar ayudas a este colectivo.

El pacto recoge una propuesta genérica para «apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral».

4. El 28-F no se cambia

Cambiar el Día de Andalucía no era una de las propuestas más trascendentes pero sí de las más estrambóticas. Vox propuso hace 24 horas acabar con la festividad autonómica del 28 de febrero, establecida por el referéndum que permitió a Andalucía acceder al estatus de comunidad histórica, para sustituirlo por el 2 de enero, aniversario de la toma de Granada que puso fin a la Reconquista. Ninguna referencia hay en el acuerdo firmado a este cambio de la emblemática efemérides.

5. Canal Sur: reducción sólo de costes

Vox abogaba en su primer documento por meter la tijera a los canales de la Radiotelevisión andaluza. Incluso le puso cifras. Propuso rebajar su presupuesto a la mitad y eliminar «tres de sus cuatro canales» y el Consejo Audiovisual de Andalucía, así como liberalizar la el régimen de concesión de licencias de radio y televisión.

Estos deseos se sustituyen ahora por realizar una auditoría sobre las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas para que se concedan con criterios técnicos y no ideológicos. Respecto al gasto, no lo especifica más allá de la voluntad de reducirlo, «mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa».

6. Sin «PIN parental»

Una de las 19 propuestas más innovadoras de Vox consistía en implantar lo que denominó un «PIN parental» con el propósito de que «los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones». Todo ello en pro de «garantizar el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones».

Ahora esta propuesta se modula. Se redacta así: «garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones». Se mantiene, eso sí, la referencia a la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada.

7. Subvenciones a partidos políticos y sindicatos

En el acuerdo se desvanece la propuesta de reducción drástica de lo que en Vox llaman «gasto político» con un recorte del 75 por ciento de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales, y asociaciones y ONGs «ideológicas». En su lugar se sustituye por una acuerdo genérico para «eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social».

 


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Andalucía

Cajas llenas de documentos revelan cómo el PSOE compró el voto en municipios andaluces

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Unos manuscritos aparecidos en Huévar del Aljarafe y encontrados por la nueva regidora al tomar posesión del cargo, prueban cómo el Partido Socialista controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo, en especial a los chicos jóvenes, en el Ayuntamiento de la localidad sevillana. Trataron de destruirlos, pero la máquina trituradora se quemó en pleno proceso como publica este miércoles el diario ABC.

La actual alcaldesa de Huévar de Aljarafe, María Eugenia Moreno, del Partido Popular ha contado qué es lo que se encontraron cuando llegaron a la casa consistorial, algo que ya le costó lo suyo, “mi predecesora ni me entrega la llave, me la entrega la Secretaria Interventora y doy orden de cambiar las cerraduras y cuando entro detrás de la silla de la alcaldía me encuentro una máquina trituradora que había destruido todos los papeles que podía tragar, ya no podía más. Pero lo más sorprendente es lo que había en el despacho de al lado, cajas dispuestas para salir llenas de documentos, lo que hoy ha salido publicado es tremendo, pero hay mucho más estos es solo un botón de muestra. Documentos que pongamos el nombre que les pongamos son documentos que no querían”.

Los papeles encontrados revelan el “modus operandi” del PSOE andaluz para comprar votos con dinero público, “documentos caligráficos, documentos de puño y letra para comprar el voto y en los que se dice lo que hay que hacer para que el voto no se pierda y cómo se tiene que trabajar para conseguir 1.000 votos que es lo que viene a ser la mayoría absoluta en el pueblo sevillano” detalla la actual edil que destaca determinadas frases que se pueden leer en los papeles como cartas destinadas a chavales “que nos puedan apoyar”. De esta forma utilizar la oferta de empleo público con contratos a media jornada a chavales que eran susceptibles de votar al PSOE.

En esos documentos también hay frase dolorosas añade María Eugenia Moreno como “hay gente que nos están puteando día sí y día no y los tenemos dentro. Frases muy dolientes”.

El PSOE ha gobernado en Huévar durante 36 años. La alcaldesa ha asegurado que esto que hoy se ha conocido es solo un botón de muestra y afirma que su antecesora si no hizo el traspaso de poderes, menos le ha dado explicaciones. “Mi antecesora no ha dado ninguna explicación. No ha habido traspaso de poderes y sobre esto tampoco nada.Nada”


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Andalucía

Procesados el exalcalde socialista de Granada y otros ex altos cargos por los cursos de formación de Andalucía

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Francisco Cuenca durante la toma de posesión del collar y el bastón del Ayuntamiento.
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El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar por el trámite del procedimiento abreviado la causa contra varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Francisco Cuenca, exalcalde socialista de Granada, por supuestos delitos relacionados con los cursos de Formación Ocupacional de 2010 a 2012.

En un auto del 2 de octubre, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana procesa a 19 investigados, entre ellos ex delegados provinciales y exjefes de servicio de la Consejería de Economía e Innovación por usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado, la Fiscalía y la acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) tienen diez días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

El instructor relata que de las diligencias practicadas se deduce que desde distintos organismos dependientes de la Dirección General de Economía Social se contrataron “servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección” de los cursos de formación ocupacional (FPO) en Economía Social organizados por dicha entidad durante 2010, 2011 y 2012.

“Los correspondientes responsables de la Junta (…) se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo tareas” cuya ejecución está “reservada a los funcionarios públicos”, una “atribución ilegítima de funciones públicas” que se completó con “la entrega de documentación administrativa” a cada contratista.

Estos documentos “cuentan con membrete o encabezamiento oficial” de la Junta y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica oficial “Por la Administración (El Inspector)”, con lo que ellos mismos “materializaban el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios ni ser inspectores oficiales de la Administración autonómica”, señala el instructor.

En cuanto a Francisco Cuenca, que entonces era delegado de la Consejería de Economía e Innovación en Granada , “habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos” durante los ejercicios 2010 y 2011.

La adjudicación directa de los servicios se efectuó a través de dos instrumentos calificados como “Memoria Justificativa”, articulados como un contrato menor de servicios, en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados. “Ambos se concertaron de manera fraccionada y consecutiva”, en concreto por el importe de 12.412 euros el contrato correspondiente a 2010 y por 12.000 euros el de 2011.


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Andalucía

La juez envía al banquillo al líder del PSOE en Huelva por la presunta compra de concejales de Podemos

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La instructora del soborno de Aljaraque, que consiste en la presunta compra de dos concejales del partido Sí Se Puede Aljaraque para frenar a finales de 2016 una moción de censura contra el PSOE en el municipio onubense, ha desestimado los recursos de las defensas de los cinco investigados y ha ordenado continuar el procedimiento por el tribunal del jurado: el líder del PSOE onubense y presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, que será juzgado finalmente.

A Caraballo se le imputa un delito de cohecho, como de los otros cuatro investigados, los dos concejales de la formación, Pedro Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, representante de CC.OO., y J.M.M.R., de la compañía de aguas.

Al abrirse el camino para el juicio, según el auto emitido hoy por la juez María José Fernández Maqueda, el líder del PSOE, según marcan sus estatutos, tendrá que dimitir o ser cesado en su cargo, abriéndose así el relevo en el partido en Huelva.

El origen a la apertura de la investigación judicial, el sindicalista de CCOO ofreció a los concejales de «Sí Se Puede Aljaraque» una delegación municipal en uno de los casos y un puesto de trabajo en Aguas de Huelva para la mujer del segundo de los ediles investigados, a cambio de que no continuaran con la moción de censura.


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