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Opinión

¿Legalizar la prostitución?

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Hacienda nos exprime cada día a los contribuyentes, cada vez más escasos. Mientras tanto, existen grandes bolsas –más bien océanos- de actividades alegales, que campan a sus anchas, sin pagar impuesto alguno o cotización a la seguridad social. Personas cuyos ingresos son netos, sin contribuir en nada al mantenimiento del Estado, de esa Policía o Servicios Sanitarios que tan frecuentemente utilizan. Me refiero, claro está, a la prostitución.

El propio carácter de alegal de la actividad, es decir, de no regulado, impide conocer de una forma clara y precisa el número de personas que trabajan en ella, tanto mujeres como hombres.

Algunos hablan de medio millón de personas, otros de trescientas mil, incluso algún sociólogo ha publicado que la cifra puede estar próxima al millón de personas, lo que ya me parece excesivo- y hablo de la puta –o el puto- profesional, no de la aficionada, que también las hay, y en grandes cantidades, puesto que para las mujeres el sexo es un medio para conseguir cosas, mientras que para el hombre es un fin en sí mismo. Tontos que somos.

Desgraciadamente y en la actual situación económica, muchas personas acuden a la prostitución por necesidad, de forma temporal u ocasional, sin que ello implique un ejercicio profesional, por lo que es evidente que estas personas nunca se van a dar de alta en la “actividad”, entre otras razones por el carácter deshonroso que su ejercicio tiene y tendrá, lo que no obsta para que los mejores clientes sean los mayores moralistas. Recuerdo haber conocido en Madrid a una supuesta “azafata” que se había pasado por la piedra a toda la cúpula de una caja de ahorros regional, la mayor parte perteneciente a un grupo religioso.

De cualquier forma, es evidente que hay varios centenares de miles de personas que viven de su “trabajo”, aunque sea tan peculiar como ese, y que cobran por sus prestaciones personales –y nunca mejor dicho-, sin cotizar a autónomos ni pagar impuesto alguno a Hacienda.

Y, por supuesto, sin tener obligación legal alguna de someterse periódicamente a controles médicos, poder coger la baja cuando sufren alguna enfermedad infecciosa, que luego van transmitiendo a sus “clientes”, etc.

Posteriormente, cuando sean mayores, pedirán una pensión no contributiva, y a vivir que son dos días. Pero a lo largo de su vida laboral no habrán pagado nada a la seguridad social, contribuyendo así al debilitamiento del sistema.

Consideraciones morales aparte, ¿es justa esta situación? ¿No sería preferible reconocer la realidad de los hechos y regular el ejercicio profesional de las personas que viven –o sobreviven- con estas actividades?

Y que paguen impuestos, como todo el mundo, lo que además de legalizar su actividad, les daría también derechos a la hora de obtener prestaciones: bajas, invalidez, jubilación, etc. Y no hablo del desempleo pues la clientela es mucha, y seguro que siempre tendrán algún cliente que llevarse a la boca, y nunca mejor dicho.

Soy consciente de que hay dos corrientes al respecto, la partidaria de su legalización y la contraria, y ambas me merecen todos los respetos.

La prostitución ha oscilado a lo largo de la historia con un triple tratamiento, como delito, con una fase intermedia, de alegalidad, de tolerancia, que es la situación actual en España, y finalmente como derecho a disponer sobre el propio cuerpo.

Consideraciones religiosas y morales aparte, que al fin y al cabo los principios religiosos son propios de cada uno, y lo que es moralmente aceptado es lo que la sociedad admite como “normal”.

Precisamente por eso título el artículo entre interrogantes, pues yo tampoco tengo un criterio claro al respecto. Pero lo que si pienso es que es totalmente discriminatorio que estos cientos de miles de personas no paguen impuestos ni seguros sociales y los demás sí.

¿O es que se trata de subvencionarles entre todos por la –presunta- utilidad social de su trabajo?

Abogado y escritor.

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España

Los sindicatos reactivarán algaradas y movilizaciones. Por Jesús Salamanca Alonso

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«La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas»

 

Con tanta ayuda pública, los sindicatos mayoritarios viven en la abundancia como señores feudales venidos a menos. Permiten llevar una vida de lujos y privilegios; eso hizo hace unos años que, en algunas sedes de las formaciones mayoritarias, colgaran longanizas como forma de llamarlos «chorizos»: esas debieron de ser bien acogidas porque no las devolvieron, confirmando lo que ya se sabía.

Mientras se dan una vida de lujo y sin sobresaltos, los trabajadores ven cómo los recortan y aprietan cada vez más. Por eso, la ciudadanía en general, exige que sean los afiliados quienes mantengan a esas organizaciones tan costosas, tan poco rentables y desprestigiadas. Protestar, deben de protestar mucho, pero en lo de trabajar ya tengo más dudas y una prueba es que más del 30% de los convenios colectivos siguen sin aprobar, pero como no afecta directamente al bolsillo de ellos, pues tranquilidad, no hay prisa. Si esa es su forma de actuar en todo, mejor que cierren sus sedes, envíen al tajo a sus liberados y se jubilen los dirigentes, que ya chirría y molesta hasta su imagen degradada y despreciada sindicalmente.

¡Qué diferencia, de lidiar con esta gente que se agarra como lapas al sillón, a negociar con Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y, posteriormente, José Mª Fidalgo y Cándido Méndez! Hay que destacar que Nicolás Redondo luchó y padeció el franquismo y siempre fue un referente en la lucha obrera en las acerías navales de Vascongadas. Y puesto que vive en el mismo municipio del que es natural Patxi López, no estaría de más que le diera unas lecciones de urbanidad, educación básica, cortesía, dignidad y protocolo; tal vez de esa forma dejaría de hacer el ridículo en las controladas y sesgadas ruedas de prensa del Congreso de los Diputados, más propias de un dictador que de un demócrata. No por casualidad lo llaman «el zorro del Congreso» por sus espantadas.

Volvamos al gran logro que ya planifican las comunidades donde la derecha y VOX trabajan para formar Gobierno: la eliminación y dependencia de las ayudas públicas. Andalucía lo tiene claro y ya ha anunciado que retirará el 50% de las ayudas sindicales. Sin duda, es un intento fallido, ya que debe ser el 100% si no quiere tener problemas a corto plazo, lo mismo que Castilla y León. De Aragón apenas ha trascendido nada al respecto, pero es firme el convencimiento de seguir la misma línea que las demás comunidades. Extremadura también acabará con ese atropello que ha existido durante años: tal vez se chupen menos cabezas de gamba y se respete más a los pobres crustáceos emparentados con el langostino y el camarón.

Lo prometido por Andalucía es el camino que seguirán las demás, excepto las dos comunidades rebeldes, más egoístas y aprovechadas e insolidarias. También es el momento de que los trabajadores se organicen contra los sindicatos sectarios y de clase y convoquen movilizaciones contra ellos. En una reunión de amigos, el más político de todos comentaba que «si VOX no cumple su compromiso, lo mejor es que no participe en los gobiernos autonómicos y calle en lo sucesivo» La falta de experiencia en la formación de equipos de trabajo y en gobernar instituciones puede hacer que VOX interfiera en cuestiones que deben darse por superadas. Desde que se celebraron las elecciones ya va siendo hora de que se formen los gobiernos. Han perdido demasiado tiempo con la constitución de las mesas de cada Parlamento y cualquiera diría que les da miedo dar el paso de formar los gobiernos. ¡A trabajar, gandules!

A ver si es verdad que se les acaba el abuso público y se inicia la transparencia que nunca ha existido, ni en las comunidades y no digamos en el Gobierno central donde nos ocultan hasta los viajes viciosos, lascivos y deshonestos del Falcon al ser declarados treinta y nueve de ellos como secreto de Estado. Eso no huele bien y menos los que llevaban destino a República Dominicana y a Venezuela vía Colombia.

Llevamos sin una huelga general muchos años y no será que no ha habido motivos para ello: corrupción, latrocinio, malversación, mordidas, comisiones, nula transparencia, ataques a los jueces, corrupción del exfiscal general y otras instancias más respetables que el Gobierno del felón «cum fraude». Ahora que se sienten rechazados los sindicatos, las huelgas se cuadruplican en este año 2026, debido al bloqueo de las negociaciones salariales. Más de un 30% de los trabajadores están afectados.

Hay que recordar que desde 2022 parecía que la relación entre empresas y trabajadores se había normalizado o, por lo menos, se había calmado debido al acuerdo entre CEOE, Cepyme y el sindicalismo fantasma de la izquierda bolchevique, protegidos por doña Yolanda «Tucán», hoy caída en desgracia en el Gobierno sanchista. Sus traiciones al sanchismo y a Podemos le han pasado factura. Nadie le admite en sus filas porque lo que toca, lo desgobierna. ¡Si tendrá capacidad de traición y facilidad para la misma que hasta a su principal mentor lo «apuñaló» por la espalda! ¿Se acuerdan de Xosé Manuel Beiras, político y economista gallego, además de líder del BNG? Si a ello añaden la protección y encubrimiento al pederasta Ramiro Santalices por pare de Yolanda, pues ya tienen todos los ingredientes para que nadie se fie de ella y genere un rechazo brutal, menos en UGT y CC.OO. a quienes ha regado de euros y prebendas.

Las solicitudes de huelga y los conflictos laborales ya han comenzado y aumentarán si hay adelanto electoral y se hunde, como es previsible, la zurda sindical, falsaria y ruinosa. Quienes llevan siete años tirándose a la bartola se reactivarán con las algaradas y las movilizaciones.

Tan sólo las huestes del felón tranquilizan a esos sindicatos radicales y reaccionarios cuyo logro de la «derechita cobarde» será eliminar por completo las abundantes ayudas y subvenciones públicas que reciben los dos sindicatos sectarios y falsarios amparados y amamantados también por la mafia criminal sanchista.

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