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Tribunales

Llach, como «homosexual independentista», protesta por las preguntas de Vox en el juicio del «procés»

Redacción

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El exdiputado de Junts pel Sí en el Parlament catalán Lluís Llach ha manifestado en el juicio del ‘procés’ esta tarde, en el Tribunal Supremo, su disconformidad como “homosexual independentista” a responder a las preguntas de la acción popular, que ejerce Vox. Pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha impedido que continuara con su alegato. Marchena le ha recordado que el testigo, citado precisamente a petición de la acción popular, está obligado a responder a las preguntas.

Durante su comparecencia, Lluís Llach ha revelado que fue él quien animó al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a subirse a un vehículo de la Guardia Civil la noche del 20 de septiembre de 2017 para desconvocar la multitudinaria protesta frente a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña.

Además ha explicado que después de desconvocar la concentración desde un escenario que se había colocado en la confluencia de la Gran Vía y Rambla Cataluña se dieron cuenta de que las personas situadas junto a la puerta de la consejería no les habían oído.

Llach, que estuvo toda la jornada del 20-S junto a Sànchez y Cuixart, ha relatado que desde ese escenario emplazaron a los manifestantes a desconvocar la protesta y les animaron a concentrarse al día siguiente frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una revelación que ha admitido un tanto avergonzado al decirla delante de magistrados del Supremo.

En todo caso, ha reconocido que hicieron esta arenga a los manifestantes para conseguir que se marcharan y a continuación, el expresidente de la ANC y ahora diputado electo afirmó que se encargaría de «buscar un megáfono» para poder dirigirse a los presentes que estaban más lejos, junto a la puerta de la consejería. «Y yo les dije, quizá por deformación profesional, que el único sitio desde el que podrían verles sería desde encima del coche», ha apuntado.

Según ha señalado, él mismo también quiso subirse al coche, pero Sànchez y Cuixart le pidieron –«no muy educadamente», ha ironizado– que se marchase porque si los manifestaban le veían allí, al ser «una persona conocida», no querrían desconvocar la protesta.

Llach, quien vestía de negro y llevaba distintos complementos de color amarillo como la correa del reloj y el cordón de las gafas, además del lazo amarillo en solidaridad con los políticos presos, ha declarado en el juicio durante algo más de media hora a petición de la acusación popular que ejerce Vox debido a que estuvo toda la jornada del 20-S.

Al comienzo del interrogatorio, y cuando el letrado de Vox Javier Ortega Smith ya había hecho un par de preguntas, el cantautor se ha dirigido al tribunal para expresar su protesta, «como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo», por la presencia del partido de ultraderecha en el proceso.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha interrumpido antes de que pudiese seguir, recordándole que aunque son «afirmaciones respetables hasta el máximo», exceden el «propósito» de su papel en el juicio como testigo. El magistrado le ha recordado además que Ortega Smith «personifica la acusación popular», que está prevista en el «régimen jurídico vigente», por lo que los testigos tienen «la obligación de responder a sus preguntas».

Salvada esta interrupción, Llach, quien en el momento de los hechos era diputado de Junts pel Sí, ha afirmado que conoce a Sànchez y Cuixart desde hace muchos años y que el 20-S sabía que se estaba realizando un registro judicial cuando acudió a la Consejería de Economía, donde estuvo todo el día para «protestar» y defender una «desobediencia civil». Eso sí, al igual que otros testigos ha comentado que el ambiente ese día fue «festivo».

También colaboró, junto con otros diputados del Parlament, a la hora de hacer una «barrera» entre los manifestantes y la entrada del edificio, donde había mossos d’Esquadra y guardias civiles, para que la actuación judicial «se desarrollase perfectamente» y «todo fuese lo más normal posible».

Asimismo, ha contado que al ser «una persona incomprensiblemente conocida», se puso «al servicio» de Sànchez y Cuixart, a los que estuvo acompañando casi todo el día, también asistiendo a las reuniones que mantuvieron con los guardias civiles y mossos.

En un momento dado, también trató de organizar la salida de la letrada de la administración de justicia, intentando ‘camuflarla’ entre dos de las diputadas, y que «una masa de periodistas», además de manifestantes, fueron los que se subieron primero en los vehículos de la Guardia Civil y que cree que eso es lo que pudo ocasionar los destrozos.

Llach también estuvo presente cuando Sànchez se enteró de que en esos vehículos había armas largas, por lo que se pusieron a hacer un «cordón» de voluntarios, pero primero tuvieron que bajar a los manifestantes de los coches. «Pasamos un poco de sudor y lágrimas porque se creían en propiedad de las mejores plazas. Para bajarles tuvimos que llorar y gritar y así el cordón pudo pasar por detrás de los coches y así nos quedamos más tranquilos», ha relatado.

Según el cantautor, a lo largo del día no escuchó «insultos» a los guardias civiles que vigilaban la entrada de la consejería, aunque sí oyó mucho la consigna «fuera las fuerzas de ocupación». «Pero puedo dar fe absoluta de que los guardias civiles fueron respetados y que el comportamiento de éstos fue ejemplar y los mossos», ha aseverado.

Antes de Llach, ha declarado por videoconferencia desde Montreal Manon Massé, integrante de la Asamblea Nacional de Quebec y portavoz del partido Québec Solidaire, quien ha admitido haber estado a Cataluña entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017 como «observadora» del referéndum ilegal.

En este sentido, la política canadiense ha explicado que fue «invitada» por las CUP, partido con el que ya había participado en otro tipo de actos internacionales, pero ha indicado que se sufragó ella misma todos los gastos de esos días, tanto el traslado como el alojamiento.

Massé ha resaltado que aceptó la sugerencia para viajar hasta Cataluña porque su partido es «independentista» y defiende el derecho de autodeterminación como un «derecho fundamental de todos los pueblos». Asimismo, ha revelado que durante el 1 de octubre, la persona que la acompañó durante las visitas a los distintos centros electorales era un representante de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

En cuanto a lo que ‘observó’ en los centros electorales, la política canadiense ha asegurado que vio que los concentrados a las puertas de los colegios, «esperando a que abriesen», estaban «contentos y cantando lemas». Ha añadido que, según iba avanzando el día los ciudadanos, tras ver en televisión y redes sociales «imágenes de violencia» de la Policía, comenzaron a sentir «miedo» y «temor» por lo que estaba pasando.

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España

El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

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El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»

Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.

Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general

El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».

«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»

Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».

Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».

Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».

La consulta de documentos, en el Supremo

Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.

El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.

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