El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga el derribo de casi la totalidad de la iglesia Santa María de Brovales (Badajoz), erigida en época visigoda y de la que ahora solo queda en pie la puerta de acceso oeste y la espadaña que se alzaba sobre esa zona del templo.

[L]os técnicos de la Unidad de Protección del Patrimonio de la Junta de Extremadura se han desplazado a la finca privada en la que se encuentra, en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), para evaluar los daños en este bien patrimonial, según informan desde la Consejería de Cultura.

«Suceden cosas con una periodicidad que nos parece excesiva a todos los que nos dedicamos a estos temas, pero algo tan impactante como esto hacía mucho tiempo que no se veía», ha remarcado el arqueólogo Víctor Gibello Bravo.

La iglesia se levanta sobre un yacimiento «muy importante» de época romana y aunque «a fecha de hoy aún no se habían realizado trabajos arqueológicos que permitieran afinar la cronología», se cree que «la fase más antigua es de época visigoda».

Posteriormente, cuando la Orden del Temple conquista el territorio, construye en el lugar «un oratorio de gran interés»; la ermita mantiene «sus usos religiosos hasta el siglo XIX» y tras su abandono, sirvió como casa de campo, ha explicado el arqueólogo.

Ahora, sobre esos bienes, «los propietarios han decidido su demolición», un hecho «realmente anómalo y absurdo» por el que «deberán responder en los juzgados correspondientes».

Del templo solo se conserva la puerta de acceso oeste y la espadaña, el resto, según Gibello, «ha sido totalmente eliminado con una retroexcavadora».

Así, han desaparecido «la cabecera, la sacristía, las naves y todas las estructuras existentes a su alrededor que eran diversas», algunas fruto de actuaciones «relativamente contemporáneas con la conversión de la iglesia en un cortijo o casa de campo».

El bien patrimonial, ha recalcado, puede estar en una propiedad privada, como sucede en la mayor parte de los casos, pero eso «no significa que el propietario de la tierra pueda hacer lo que quiera con ello, es un bien colectivo y como tal ha de ser respetado, preservado y conservado en todos sus elementos».

En este sentido, su protección está amparada por la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Además, la iglesia está incluida en la normativa urbanística municipal de Jerez de los Caballeros con la categoría de «elemento singular de interés prioritario» en el Catálogo de Inmuebles de Valor Artístico Histórico Arquitectónico Exteriores al Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

El arqueólogo ha subrayado que el derribo de casi la totalidad de la iglesia es «una desgracia», algo «imperdonable», y los causantes del daño «tendrán que enfrentarse a lo que la justicia disponga sobre ello».

Ha recordado que el patrimonio histórico no es recuperable, cuando «un bien histórico se pierde, se pierde para siempre» y es algo que «no nos podemos permitir», porque «en cada bien histórico están nuestros orígenes, lo que somos» y «ninguna sanción» va a restituir el monumento.

Por ello, hay que dejar perfectamente claro que «no puede quedar impune un atentado a lo que es un bien de todos», de ahí «la importancia de educar a la sociedad para sensibilizar sobre ello».

Los hechos han provocado «varias denuncias», entre ellas la de Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) ante el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y ante la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura.

La asociación ha solicitado información sobre este derribo a ambas entidades, «por si esta agresión al patrimonio histórico ha podido tener algún tipo de respaldo legal».

En caso contrario, ha solicitado que se tramite un expediente sancionador de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, absolutamente dominado por el PSOE, ha estado mucho más pendiente de protestar contra una mina de uranio (que hubiera creado cientos de empleos directos e indirectos) que por proteger su patrimonio. Pero son de izquierdas: hay que perdonárselo.