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Los independentistas quieren echar a la camarera del Parlamento catalán solo por hablar en español, «la lengua de la chusma»

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El TN de TV3 entrevistó el martes a Amparo Izquierdo, una camarera que hace once años que trabaja en el Parlament, con motivo del 40 aniversario del restablecimiento de la cámara catalana.

Izquierdo se expresó en castellano y eso indignó a muchos independentistas, que optaron por insultarla. He aquí algunos ejemplos:

 

«La reme no es catalana, no se adapta y por eso hace este trabajo … ..»

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«Si no quiere hablar catalán y desprecia la lengua de la tierra, que la echen a la calle!»

«Tenemos que conseguir que en Cataluña les dé vergüenza hablar español. Se hará evidente que el español es la lengua de los inadaptados, de chusma, de la parte más guarra de la sociedad. De los que viven en guetos. De Extranjeros. Normalizar la colonización no se puede permitir»

«Es una vergüenza. Cataluña, tierra de colonos españoles»

«Si no habla catalán, fuera del Parlament. Después de once años si no lo habla es por que no le sale del higo».

«Eh, esto quiere decir que probablemente durante 11 años nuestros políticos han pedido el desayuno en castellano en el bar del Parlamento de Cataluña. Asco lingüístico».

«Yo también he flipado al verlo. Incomprensible. Me ha caído la cara de vergüenza».

«Y seguro que hay un montón de catalanes sin trabajo»

«Yo si fuera de ella me moriría de vergüenza de ser tan corta! Ahora bien, tal vez ni lo capta»

«Debe ser la camarera oficial de los pppsoecs»

«Pobre Parlament!! Con tanta gentuza pululando por allí … »

«Lo han hecho adrede, para tocarnos los cojones».

«Inadmisible y patético!»

«Seguro que está bien orgullosa de hablar con el idioma del colonizador dentro su lugar más sagrado. Sólo nos puede pasar en Cataluña esto».

«Yo la echaba a la calle por inculta y lerda!!*!!»

«Vergonzoso. Qué respeto por el país. Hay catalanes que quieren a Catalunya y que no tienen trabajo».

«Me parece despreciable que una persona que trabaja en el Parlament de Cataluña no tenga ningún respeto por la lengua de este país!!!»

«Quizás tiene un nivel D, pero si no le sale del higo decir una sola palabra en catalán su derecho de colonizadora está por encima de tu deber a callar como colonizada. Así estamos».


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Un canalla suelto dentro de las aulas de la UAB: Antonio, el ‘profe’ negacionista: «Si os ponéis mascarillas, moriréis de forma terrible»

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Es Antonio, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) negacionista que vetó las mascarillas y el gel hidroalcohólico en su clase. El docente de Educación Física prohibió a los alumnos que usaran cubrebocas, les avisó de que estaban siendo usados en un «experimento social a gran escala» y avanzó que si se cubrían boca y nariz «morirían en diez años». El centro universitario estudia sancionarle. Por lo pronto, hoy jueves, 16 de septiembre ya le ha impedido el acceso a clase.

Lo han contado fuentes cercanas al investigador, que han aclarado lo sucedido con Antonio David Galera Pérez, profesor titular de la Facultad de Educación de la UAB. «Ocurrió entre la tarde del martes 15 y el miércoles 16. El profesor empezó el curso alertando de que en sus clases no se podía llevar mascarilla. Los alumnos, anonadados, no daban crédito y protestaron», explica una estudiante. El también doctor se explicó. Les comunicó que si llevaban mascarilla «morirían en diez años entre un terrible sufrimiento» por los «efectos perniciosos» del cubrebocas. Avisó asimismo a los alumnos de que «eran parte de un gran experimento social» en el que los tapabocas «servían para controlarles».

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«Si os ponéis mascarilla, no entráis»

Ante las protestas del alumnado, el profesor Galera se atrincheró. «Dijo que los que estaban en contra de su ideología debían firmar en un papel. Es más, aclaró que los que seguían con el protocolo impuesto, él no los quería en su clase», ha indicado la misma fuente. El investigador, con numerosas publicaciones académicas sobre el ejercicio físico, trató de convencer a sus estudiantes de que el coronavirus «es una chorrada». Según denuncian los jóvenes, el profesor Galera sostuvo que «en un año normal muere más gente» que en 2020 pese al envite del Covid-19.

Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB / UAB

Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB / UAB

«Yo no llevo mascarilla porque no voy a atentar contra mi salud. Las multas que impone el Gobierno son ilegales. Y la distancia social es solo para controlarnos con el 5G y saber dónde estamos en cada momento», deslizó.

El rectorado lo fulmina

El incidente provocó una respuesta de los alumnos, que se quejaron a los delegados de la facultad. Éstos han dirigido hoy una carta al decanato de la Facultad de Educación. Desde el departamento se ha elevado la queja –a la que ha accedido este medio– al rectorado. Al equipo de la rectora Margarita Arboix no le ha temblado el pulso. La reclamación de los estudiantes se ha efectuado sobre las 8:30 horas. A las 10:30 había clase con el profesor Galera. Éste ha acudido, pero el personal de la facultad, a instancias del rectorado, no le ha dejado acceder al aula. No ha habido clase con el profe negacionista.

Imagen de una manifestación negacionista / RTVE

Imagen de una manifestación negacionista / RTVE

El docente ha reaccionado. Ha informado a quien le quisiera escuchar que él defendería sus derechos en los tribunales. Ha asegurado que nadie le podía obligar a llevar mascarilla. Pero los trabajadores del campus público no han cedido y el doctor ha sido excluido. A renglón seguido, la UAB ha trasladado el caso a sus servicios jurídicos, que estudian sanciones contra el profesor.

«Había miedo en sus clases»

¿Nadie denunció el presunto abuso de la libertad de cátedra? «Es que había miedo. La gente pensaba que Galera les suspendería y por ello iban a aprobar sus clases e intentar dejarlo atrás lo más rápido posible», explican las voces consultadas. Hasta hoy. Los alumnos han estallado porque muchos de ellos hacen prácticas con menores o están en contacto con niños. «Era intolerable. Somos la Facultad de Educación y debemos dar ejemplo. Este profesor debe ser excluido», apostillan.


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Condenado a 20 años Rodrigo Lanza, el despreciable asesino de Víctor Laínez: El primero, inmigrante chileno. El segundo, patriota español

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El antisistema Rodrigo Lanza agredió con una barra de hierro en la nuca a Víctor Laínez, por llevbar unos tirantes con los colores de la bandera de España. Durante el primer juicio Lanza fue condenado sólo a 5 años de cárcel por homicidio imprudente, pero fue anulado.

La magistrada presidenta del tribunal popular, María José Gil Corredera, ha condenado a Rodrigo Lanza a 20 años de prisión por el asesinato con alevosía y agravante de motivos ideológicos de Víctor Laínez, de 55 años, en un bar de Zaragoza en diciembre de 2017.

Al parecer, el hecho de que Víctor Laínez llevara unos tirantes con los colores de la bandera de España desató el hecho luctuoso. Lanza insultó a Laínez y le esperó a la salida de un local, le siguió hasta atacarle por la espalda con una barra de hierro que le impactó en la cabeza. Una vez en el suelo, Laínez recibió numerosas patadas.

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Además, la justicia condena a Rodrigo Lanza a indemnizar con 200.000 euros a la familia del fallecido y a indemnizar al Servicio Aragonés de Salud con 5.620 euros, correspondientes al gasto sanitario efectuado por intentar salvar la vida a Laínez en un hospital de la capital aragonesa.

María José Gil Corredera ha basado esta sentencia en el fallo del jurado popular que lo declaró culpable de asesinato el pasado jueves después de juzgar el caso por segunda vez.

Durante el primer juicio fue condenado sólo a 5 años de cárcel por homicidio imprudente, pero fue anulado.

Lanza ha recibido el apoyo de políticos de izquierda, muy en especial de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau que destinó fondos públicos a la realización de un documental exculpatorio de Lanza, quien dejó tetrapléjico a un agente de la Policía Nacional en el curso del desalojo de una casa okupada más de una década antes del asesinato de Víctor Laínez.


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(HECHOS GRAVÍSIMOS) Expediente Royuela: La mayor trama criminal y de corrupción de España

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JM (Reproducido)- Alberto Royuela Fernández, de 81 años (nació en 1938), padre de seis hijos, maestro industrial electricista que ha trabajado fundamentalmente en su empresa de electricidad (tenía 180 empleados) y como “subastero”, es decir, experto en pujas en las subastas judiciales. De madre y familia vasca pero que siempre ha vivido en Barcelona. Su madre murió, abandonada por su marido, cuando él tenía cuatro años y su padre, cuando tenía cinco. Tuvo tres hermanos, evacuados con seis y siete años a la URSS durante la guerra, a los queconoció con 25 años y que a la vuelta se afiliaron al PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, de ideología comunista). Uno de ellos había llegado a ser Teniente Coronel del Ejército Rojo.

Alberto se ha definido a sí mismo en muchas ocasiones como falangista “joseantoniano y nacional sindicalista”, añadiendo que perteneció a los Servicios de Información del Régimen anterior (“asuntos internos” del Movimiento); escribió un libro titulado Diccionario de la Ultraderecha (Dopesa, 1977) y era admirador de Blas Piñar. En 1971, cuando era Consejero Local del Movimiento por Barcelona, interpuso una denuncia contra el Opus Dei por actos contra el Movimiento Nacional. En 1976, siendo por entonces secretario general de la falangista Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, fue detenido por motivos políticos arbitrarios; al año siguiente prácticamente desapareció la Hermandad por trabas administrativas y persecución policial. Aquello fue el inicio de una numerosísima serie de infundadas detenciones políticas por los más variados motivos, seguidas de posteriores puestas en libertad sin condenas: declaraciones sobre el paradero de los secuestrados Oriol y Villaescusa en febrero de 1977, atentado contra el semanario satírico El Papus en septiembre de 1977, ¡el Atentado de Bolonia! (obra de los servicios secretos italianos), asalto al Banco Central de Barcelona en mayo de 1981 aplicándole la ley “sin ninguna prueba” según sus declaraciones, incidentes en la Plaza de Oriente de Madrid el 20N de 1981, etc.

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En 1982 Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA) empezó a subcontratarle trabajos cada vez peores, teniendo que cerrar su empresa y dedicarse a las subastas para aprovechar su experiencia, llegando a ser determinante en los remates judiciales en los años 80. En ese negocio frecuentemente sufría denuncias o eran paralizadas las subastas, lo que hacía pensar a sus abogados que eran instigadas por los fiscales[ii].

Sobre el año 1992 descubrió que todos sus teléfonos estaban “pinchados”.

Pero en 1993 murió su hijo Javier Royuela Samit, oficialmente por una sobredosis de droga; antes había sufrido otras dos. Estuvieron buscándolo todo un día hasta que una policía municipal les avisó de que había aparecido “muerto en la calle San Pablo, enfrente de la Guardia Civil”. En el atestado ponía “varón no identificado de raza árabe”, y también en las actuaciones del juzgado, a pesar de que el cadáver portaba su DNI. Además, en comisaría dijeron que les habían estado llamando a casa, lo que no cuadra con la falta de identificación. Aunque la familia armó jaleo, la cosa quedó ahí, como algo extraño y como mala praxis judicial.

El padre estuvo yendo todas las semanas durante tres años al cementerio, hasta que un día encontró pintadas que decían: “un Royuela menos”.

Juan Alberto Belloch, el Ministro de Justicia e Interior en 1994/96, con sus Secretarias de Estado Mª Teresa Fernández de la Vega (Justicia) y Margarita Robles (Interior). Y los ya jubilados fiscales Mena y Jiménez Villarejo.

Juan Alberto Belloch

A partir de aquí se cruzan en su vida los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, e incluso Margarita Robles Fernández (León, 1957), quien fue la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Barcelona, con 34 años, entre 1991 y 1993. Cada vez que ganaba una subasta era denunciado por abogados laboralistas por “maquinar para alterar el precio de las cosas”. En uno de los juicios la juez Margarita Robles le condenó a tres años y medio; por lo general las condenas a más de tres años las apelaba en Madrid y siempre acababa ganando el juicio tras su repetición sin intervención de ningún juez que hubiera participado antes. Debido a todo esto comenzó a hacer averiguaciones y se enteró por su hermano Fidel, que aún conservaba muy buenos contactos en Rusia, que ambos fiscales pertenecían a la organización “Bandera Roja” y estaban a las órdenes del Kremlin. Villarejo y Mena militaban formalmente en el PSUC (siendo uno malagueño y el otro burgalés), juntos fundaron la clandestina asociación Justicia Democrática (1972) y la Unión Progresista de Fiscales (1980), y fueron Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respectiva y sucesivamente, entre 1987/1995 y 1996/2006. He ahí la motivación política de la persecución.

Más adelante, por otros contactos, Alberto supo que había una especie de “servicio secreto del PSOE”, en gran medida diseñado por Juan Alberto Belloch (fundador en 1984 de la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y portavoz del colectivo progresista Jueces para la Democracia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1990/93 y por entonces Ministro de Justicia e Interior con Felipe González -1993/96-), con la colaboración de Margarita Robles, su Secretaria de Estado de Interior, y al que Mena y Villarejo pertenecían.

A través de un amigo venezolano, Santiago Ospedales, Alberto pudo hacerse con documentos relativos a sus cuentas bancarias en Venezuela y otras naciones, informaciones que comprobó a través de Interpol y otros organismos, interponiendo con esa documentación una denuncia, en el Juzgado nº 32 de Barcelona, contra Mena, Villarejo y su círculo más cercano. Esta denuncia no fue admitida a trámite y, encima, además de acusarle de actuar por motivos de odio y políticos, fue sometido a una pericial para demostrar que estaba loco, cosa que, lógicamente, no cuajó. El juez venezolano de Tucacas que envió aquellas pruebas murió a consecuencia de un accidente[iii].

En 1999 Alberto fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, por una sentencia impuesta dos años antes por el tribunal que presidía Gerard Thomas Andreu, a dos años de cárcel por falsificación en documentos privados y estafa; previamente, en 1995 y por esta causa, la juez Rosario (Roser)Aixandríi Tarré había decretado la prisión preventiva de Royuela durante poco más de dos meses.

Prueba documental (trascripción y fascímil) de las órdenes de persecución de Mena a los Royuela.

Entre octubre de 2000 y junio de 2001 Alberto interpuso otras denuncias contra Villarejo, el Presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thomas, y la Magistrada de Instrucción, Aixandrí, con el resultado de ser condenado a año y medio de cárcel y multa de 12.960 € por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, condena que no cumplió por ser menos de dos años y no tener antecedentes penales. En julio de 2001 el Supremo archivó la denuncia de Royuela contra Mena y Villarejo, deduciendo testimonio contra él; la prensa, al dar la noticia, la acompañó con la de que Alberto había ido en las listas del GIL (Grupo Independiente Liberal), el partido de Jesús Gil. Un año después se presentó otra denuncia similar … con similar final.

Prueba documental (trascripción y fascímil) de las órdenes de persecución de Mena a los Royuela.
En 2001 fue detenido su hijo Santiago Royuela Samit (Barcelona, 1975) por fabricar una bomba casera y colocarla en un centro de okupas donde se iba a celebrar un concierto-homenaje a separatistas vascos; la bomba solo causó heridas a dos de los que la colocaban. En 2005 fue condenado a seis años de cárcel por “terrorismo no en banda armada”; más adelante se demostró por los papeles de Mena que éste forzó aquella condena. Santiago, licenciado en físicas, en su día militante de AUN y PxC, pasó en prisión casi 10 años por dos juicios de faltas, el anteriormente citado y otro casi continuación del mismo, por arrojar el teléfono móvil a otra persona, por lo que fue condenado a tres años y medio; salió de prisión definitivamente en 2016. Ha escrito el interesantísimo libro El Fiscal: Corrupción en la Fiscalía de Cataluña, basado en hechos reales, auto-editado (2020, Amazon), que narra su vida en prisión y el entorno de Mena, quien reconoció en sus papeles actuar contra él para frenar a su padre.

En 2003 el padre, Alberto Royuela, que había participado en la formación del partido político Plataforma per Cataluña (PxC) el año anterior, fue condenado por “denuncias falsas” de evasión de capitales contra Mena, Jiménez Villarejo y otros. Dos años después fue encausado por “vender cuadros robados”, hechos que se habían producido en 1998.

En resumen, con independencia de posibles prácticas poco elogiables en sus negocios, los Royuela habían sufrido hasta entonces una clarísima y dura persecución por la prensa y los organismos políticos y judiciales.

Morín

Morín, su mujer y uno de sus abortorios en Barcelona. Mena era su socio secretamente y también proporcionaba clientes a comisión, además de almacenar su archivo en una de las clínicas.
Pero la Providencia provocó en 2004 el comienzo del fin de la mano de la cadena de TV pública danesa DR, con su reportaje con cámara oculta de los abortorios del peruano “Doctor” Carlos Morín Gamarra. En sus barcelonesas clínicas Ginemedex, T.C.B y Emecé se hacían ilegales abortos tardíos de incluso siete y ocho meses (hasta 33 semanas) a mujeres que venían de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania e incluso Australia, constituyendo un vergonzoso caso emblemático a nivel mundial. Tras una larga batalla, el partido Alternativa Española (AES), fundamentalmente, y el Centro Jurídico Tomás Moro (inicialmente también E-Cristians) consiguieron que el Tribunal Supremo condenara en 2018 a un abortista por primera vez, cerrando sus tres clínicas.

Cuenta Alberto Royuela que Fernando Durán Salmerón, un camarada suyo de la Guardia de Franco, le contó que Mena era socio encubierto de su cuñado, el doctor Morín, y que por ello sabía que en una de sus clínicas tenía un zulo muy grande (Ginemedex, c/. Dalmases) al que solo tenían acceso Mena y otras dos personas, con documentación.

Le puso en contacto con tres trabajadores de la clínica y estos, un buen día, le dijeron que, debido a la denuncia por los abortos ilegales y el consiguiente riesgo de registro, les habían ordenado destruir la documentación de Mena. Alberto compró secretamente la documentación por 80.000 €; luego la trasladó a Francia, pagando por ello otra suma de dinero. Allí se examinaron las 36.000 carpetas, cada una con unas 15/20 hojas manuscritas por Mena y sus colaboradores, descubriéndose la trascendental importancia de su contenido, incluido el asesinato de Javier Royuela, el cual Mena no

Tras ello, Alberto Royuela y su hijo Santiago se dedicaron a estudiar la documentación, transcribirla literalmente y organizarla, para poder emplearla en denuncias y difundirla a través de las redes sociales y de su página web. En 2006, Alberto puso una denuncia en el Tribunal Supremo, pues Mena era aforado al ser desde 1996 Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero todo eso merece un espacio mayor para su merecida exposición.


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(ÚLTIMA HORA) Braman en PODEMOS: Condenado Rodrigo Lanza por el asesinato de Víctor Laínez ¡POR FIN!

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ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) –

Siguiendo el veredicto del jurado, el dueño del bar se acercó a Lanza y le dijo ‘para, para, que lo vas a matar». Laínez comenzó a sangrar por la cabeza, nariz y oído, saliéndole de detrás de la cabeza un líquido viscoso. Además, se le deformó la cara y sufrió un edema cerebral, presentando convulsiones, ya que apenas podía respirar.

El tribunal del jurado considera a Rodrigo Lanza culpable de causar la muerte de Víctor Laínez tras golpearle el 8 de diciembre de 2017 en un bar de la ciudad de Zaragoza. Ha pedido que no se le indulte ni se le permita salir de prisión de forma condicional.

Así lo ha señalado el portavoz del tribunal del jurado este jueves, 17 de septiembre, ante la magistrada María José Gil, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, en una sesión a la que también han asistido los letrados de las acusaciones y la defensa, así como la fiscal.

La fiscal ha pedido 20 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros, mientras que las acusaciones particular y popular han solicitado una pena de 23 años de cárcel y 500.000 euros de indemnización, mientras que el abogado de la defensa ha afirmado que «no hay asesinato», sino en todo caso un delito de lesiones con muerte no querida, lo que supone una condena de dos a cinco años.

AMPLIACIÓN

El tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el denominado «crimen de los tirantes», ha considerado a Rodrigo Lanza culpable del asesinato de Víctor Laínez, al que golpeó el 8 de diciembre de 2017 en un bar de la ciudad de Zaragoza. Ha estimado que el acusado actuó con dolo eventual y por motivos ideológicos y ha pedido que no se le indulte ni se le permita salir de prisión de forma condicional.

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«No tuvo posibilidad de defenderse», ha señalado el tribunal del jurado en su veredicto. Un portavoz ha dado lectura al acuerdo en la última sesión del juicio, que ha presidido la magistrada María José Gil, y a la que han asistido la fiscal y los abogados de la defensa y las acusaciones.

El jurado da por probado que Rodrigo Lanza entró en el bar Tocadiscos de Zaragoza a las 3.00 horas del 8 de diciembre de 2017, donde se encontraba Laínez. También, que poco después uno de sus amigos le dijo –al ahora condenado– que Laínez era «de extrema derecha o neonazi» y que en ocasiones llevaba tirantes con los colores de la bandera española.

Asimismo, el jurado afirma que, en un determinado momento, Lanza se aproximó a la víctima «intercambiando una conversación que nadie escuchó» y que cuando volvió con sus amigos, Lanza les dijo que Laínez le había llamado «sudaca» y que debía volver a su país ser extranjero.

Según este relato, en esta conversación, Lanza le llamó «facha y fascista» y le dijo que La Madalena era un barrio «antifascista», que «no querían nazis en el barrio» y que «no era bienvenido».

Minutos después, y tras tomar una copa, Lanza y sus amigos se dirigieron a la salida del bar «al observar que –Laínez– no paraba de escribir en su móvil», pensando que estaba contactando con otras personas y que «podía haber problemas». Fuera del establecimiento, ambos mantuvieron un encuentro, saliendo Lanza a la calle mientras Laínez volvió a meterse en el fondo del bar.

El jurado asevera que «cuando Víctor ya había avanzado unos metros y estaba a la altura de la mitad de la barra, Rodrigo, estando en la calle, arrojó al suelo su abrigo y su mochila, y volvió a entrar en el local, de forma rápida, acometiendo por la espalda a la víctima, quien no tuvo ocasión de defenderse».

También ha manifestado que Lanza «golpeó fuertemente con el puño» la parte inferior trasera de la cabeza de la víctima y que, cuando se encontraba en el suelo semiinconsciente, «le dio una patada en la cabeza e, inmediatamente, se colocó encima, propinándole puñetazos en la cara y múltiples golpes, tras lo cual le dio una patada muy fuerte en la cabeza y salió del local, marchándose».

Siguiendo el veredicto del jurado, el dueño del bar se acercó a Lanza y le dijo ‘para, para, que lo vas a matar». Laínez comenzó a sangrar por la cabeza, nariz y oído, saliéndole de detrás de la cabeza un líquido viscoso. Además, se le deformó la cara y sufrió un edema cerebral, presentando convulsiones, ya que apenas podía respirar.

El jurado ha recalcado que Laínez no portaba una navaja -como decía la defensa– cuando mantuvieron un encuentro en la entrada del bar. «Como consecuencia de la agresión sufrida, falleció el 12 de diciembre de 2017 en el Hospital Clínico de Zaragoza».

En el cuerpo de Laínez no había lesiones que indicaran la existencia de defensa o lucha. La Policía Nacional no encontró ninguna navaja en la inspección ocular realizada posteriormente.

De esta manera ha concluido el segundo juicio contra Rodrigo Lanza por el mismo caso, ya que la Audiencia Provincial de Zaragoza ya le había juzgado este año y condenado a cinco años de prisión, una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló al considerarla no motivada, ordenando repetir el juicio. Lanza se encuentra preso en la cárcel de Zuera (Zaragoza).

PETICIONES DE PENA

La fiscal ha pedido 20 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros para los herederos del fallecido, así como otra de 5.620,62 euros para el Salud por la asistencia sanitaria prestada a Laínez.

En representación de la acusación particular, el abogado José Luis Melguizo, ha pedido a la magistrada que se condene a Lanza por asesinato con alevosía con la agravante de motivos ideológicos y la atenuante de embriaguez. Ha reclamado 23 años de prisión y una indemnización de 500.000 euros para los familiares de Laínez: 150.000 para cada uno de sus dos hijos, 100.000 para su madre y 100.000 para sus tres hermanos a partes iguales.

El abogado David Arranz, de la acusación popular (Vox), ha considerado que se trata de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y odio ideológico, con la atenuante de influencia leve de embriaguez. Ha pedido 23 años de prisión y una indemnización de 500.000 euros.

Por su parte, el letrado de la defensa, Endika Zulueta, ha planteado que «no puede condenarse por delito de asesinato con el veredicto alcanzado» porque la mayoría que arroja la votación del jurado «no alcanza» las exigencias del Tribunal Supremo, expresadas en una sentencia de 2013.

En su opinión, «el veredicto no es válido y no se puede dictar sentencia». Además, «no puede aplicarse» la agravante de alevosía, tampoco la de motivos ideológicos, ha dicho Zulueta, concluyendo que «no hay asesinato» y solo queda la posibilidad de condenarle por homicidio, pero «como no ha sido aprobado» solo se puede considerar acreditado un delito de lesiones con resultado de muerte no querida, lo que conlleva una pena de dos a cinco años de prisión, y ha solicitado que sea de dos por la atenuante de embriaguez.


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