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Tribunales

Los juristas consideran un «error» tipificar como delito la exaltación del franquismo

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Concentración a las puertas del cementerio de Mingorrubio durante la exhumación de Franco.
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El anuncio el pasado lunes de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en el que aseguró que el Gobierno tiene la intención de tipificar la exaltación del franquismo como delito en el Código Penal fue recibido con recelo por parte de los diferentes grupos políticos de la Cámara baja, también entre la propia izquierda. El líder de Más País, Íñigo Errejón, lo rechaza como una «restricción del derecho a la libertad», mientras que desde el PNV, el diputado Aitor Esteban afeó a los socialistas que propongan «modificaciones legislativas por capítulos». Para los expertos penalistas supone, además, entrar en un terreno «resbaladizo» o, directamente, un «error» que sigue «la tendencia de la invasión del derecho penal en todos los aspectos de la vida».

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El acuerdo programático del 30 de diciembre entre PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición ya señalaba medidas de este tipo, relacionadas con la memoria histórica, a las que Lastra añadió que «en democracia no se homenajea a dictadores ni a tiranos».

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Aunque aún se desconocen los detalles del futuro texto o si se terminará aprobando, lo cierto es que su sola mención ya genera dudas. «Es preocupante desde una concepción liberal y democrática del derecho porque es una intervención excesiva por parte del derecho penal. Me parece muy lamentable que haya gente que haga apología del franquismo, pero también que la forma de responder sea esta. Es un gesto que tiene mucho de búsqueda de la espectacularidad», opina el catedrático de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Maria Tamarit.

El principal límite con el que se toparía este nuevo delito sería concretamente la libertad de expresión, un derecho especialmente protegido en la Constitución. «El derecho penal ha de ser el último recurso salvo en los supuestos extremadamente intolerantes. Para sacrificar la libertad de expresión ha de existir una justificación», defiende Alfonso Reclusa, abogado penalista y Profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de la Rioja, que insiste en que «esta argumentación no pretende defender el franquismo, está defendiendo que los ciudadanos puedan pensar lo que les de la gana».

Enaltecimiento del terrorismo

Otra cuestión que entra en debate es la tolerancia hacia las ideas que van en contra de la propia Constitución. En los supuestos de enaltecimiento del terrorismo, una figura en la que podría basarse el delito de exaltación del franquismo, existe una amplia jurisprudencia en el Tribunal Constitucional que tiende hacia la defensa de la libertad de expresión «excepto cuando se incita a la violencia, elemento pque sí se criminaliza», señala Guillermo Aguillaume, especialista en Derecho Público. «Y no veo que haya una conexión con la incitación a la violencia en muchos casos que podrían ser considerados apología del franquismo», añade.

Entre los absueltos de este delito se encuentra, por ejemplo, el exconcejal de Madrid Guillermo Zapata, que fue llevado a juicio en 2015 por un chiste sobre Irene Villa, víctima de un atentado de ETA en 1991. La Audiencia Nacional determinó que sus comentarios no eran «reprobables a nivel penal». Precisamente Zapata ha sido uno de los críticos con la medida anunciada por Lastra esta semana. «Menos meter nuevos delitos de opinión en el código penal y más apoyar que se acabe con la impunidad de los franquistas», escribió en Twitter.

En Europa habría que viajar hasta Alemania para encontrar un tipo penal similar al que el PSOE quiere implantar en España, en este caso relacionado con el recuerdo al régimen Nazi. Un caso «excepcional» como los definen los juristas consultados.


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Sociedad

La Fiscalía investiga la muerte de al menos 17 ancianos en una residencia de Madrid

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Un familiar atiende a los periodistas a las puertas de la residencia de ancianos Monte Hermoso, en Madrid.
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La Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente tras la muerte de al menos 17 ancianos con coronavirus en la residencia Monte Hermoso de Madrid, según han informado fuentes judiciales a RTVE.

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El ministerio público va determinar si se ha cometido algún delito en la respuesta a este brote, por el que se han podido contagiar decenas de residentes, especialmente vulnerables a la enfermedad que causa el Covid-19.

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El paso lo ha dado este miércoles a raíz de una denuncia de la asociación El Defensor del Paciente en la que esta se hacía “eco de varias noticias publicadas en distintos medios de comunicación en las que informan de la muerte de al menos 19 personas” y varias decenas de contagiados, si bien la Comunidad de Madrid solo confirmó el martes el fallecimiento de 17 residentes en el geriátrico Monte Hermoso.

Esta epidemia deja por ahora más de 13.700 personas infectadas en España, casi la mitad en Madrid. En todo el país han fallecido unas 600 personas con coronavirus, de los cuales más de 350 en esta comunidad, según los últimos datos oficiales recopilados por RTVE.

En un escrito que reproduce Europa Press, la presidenta de la asociación denunciante, Carmen Flores, se queja de “la falta de seguridad extrema, de limpieza, de personal y de medios” en general en este centro, situado junto a la Casa de Campo, en la capital.

A casa “sin pruebas”

Diversos familiares de esta residencia se han quejado de “opacidad” y “mala gestión”. Según el testimonio que recoge la misma agencia de Diego Meneses, sobrino de una residente, en los últimos días se habían puesto en contacto con los familiares de los ancianos para avisarles de que Monte Hermoso era un foco de coronavirus y que les ofrecieron llevarse a sus familiares a casa “pero sin hacerles la prueba del coronavirus”.

Meneses ha dicho que cree que están desbordados por el número de casos, al menos 75 entre ancianos y trabajadores.

Según la versión de otro familiar, el lunes recibieron una carta en la que se les animaba a sacar a los residentes y, si no, se les indicaba que “había que firmar” si la persona se quedaba allí; y que el martes la dirección les remitió otra comunicación en la que les explicaba que se procedía a “reforzar la plantilla”, con ayuda tanto de la Consejería de Sanidad como del Hospital Clínico San Carlos, informa Efe.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicó el martes que se están poniendo en marcha medidas para que todos los hospitales estén en contacto con las residencias de mayores.

Las denuncias de opacidad y caos en las residencias se suceden en las últimas en varias comunidades, después de que se hayan conocido brotes en varios geriátricos que han causado numerosas muertes a personas que normalmente tienen ya diversas patologías.


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Tribunales

Absuelto un exjugador de la Arandina y rebaja de la pena para los otros dos

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Los condenados por el caso Arandina, a su salida de la Audiencia Provincial de Burgos.
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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha absuelto a uno de los exjugadores de la Arandina Club de fútbol condenado a 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor y ha rebajado la pena a los otros dos encausados, condenados también a 38 años, dejándola en cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

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El Tribunal ha calificado los hechos como un delito de abuso sexual en lugar de agresión sexual y ha apreciado como circunstancias atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima, han informado este miércoles fuentes del TSJCyL.

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Tribunales

El Supremo ratifica que los medios públicos de la Generalitat no fueron neutrales en las elecciones del 21D

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El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta Electoral y ha confirmado que TV3 y Catalunya Ràdio, los medios públicos de la Generalitat, no fueron neutrales ante las elecciones del 21D de 2017, ya que actuaron “a favor” de los partidos independentistas y “en contra” de los que apoyaron el 155.

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Así lo sostiene en una sentencia la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que rechaza el recurso de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y avala las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC), que concluyeron que ni TV3 ni Catalunya Ràdio respetaron las exigencias de neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político.

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Para el Supremo, TV3 y Catalunya Ràdio actuaron los días previos a las elecciones del 21-D “a favor de unos”, los partidos que defendían postulados independentistas, y en “contra de otros”, los constitucionalistas que habían aprobado la aplicación del artículo 155, por el que la Generalitat quedó intervenida tras la DUI votada en el Parlament el 27 de octubre de 2017.

“No hace falta un especial esfuerzo para advertirlo”, apunta el Supremo, que considera que, dada la “gravedad de la situación”, porque las elecciones del 21-D se celebraban en “circunstancias excepcionales” en plena aplicación del 155, los medios públicos de la Generalitat tendrían que haber “extremado el celo” y “esforzarse” por mantener la neutralidad informativa y respetar el pluralismo.

Por el contrario, según el Supremo, hubo algunos episodios, que son los que llevaron a la JEC a denunciar la falta de neutralidad de TV3 y Catalunya Ràdio, en que estos medios se “identificaron” con los postulados de una parte de las formaciones políticas catalanas concurrentes a las elecciones y, simultáneamente, mostraron su rechazo a los de la otra parte.

En concreto, el Supremo se refiere a dos “discursos” que hizo en su programa la presentadora de “El Matí de Catalunya Ràdio”, Mònica Terribas, los días 28 y 30 de noviembre de 2017 -antes del inicio de la campaña electoral-, al “Telenoticies Vespre” del 2 de diciembre y a la cobertura de una manifestación independentista del 7 de diciembre en Bruselas.

Para la sala, la pieza “La Portada” que Terribas hizo los días 28 y 30 de noviembre en su programa “no contienen información, sino opinión” y, por los términos en que se expresan, “vienen a reflejar una suerte de línea editorial del medio”.

El 28 de noviembre, Terribas afirmó que había líderes políticos en prisión y otros que no podían regresar a España porque les detendrían y advirtió de que en la democracia española, aunque las tres listas independentistas consiguieran la mayoría en el Parlament -como acabó ocurriendo-, el Estado tenía medios y recursos por la vía económica, judicial, policial y legislativa para que nunca salieran adelante.

La JEC, en su dictamen ahora avalado por el Supremo, denunció el tono “partidista, electoralista y abiertamente favorable” a las tesis de los partidos independentistas de este comentario y reprochó a Terribas que en su mensaje subyaciera la idea de que existe una “represión estatal” al independentismo, haciendo responsables de ella a las formaciones constitucionalistas.

Posteriormente, el 30 de noviembre, Terribas arremetió contra PP, PSOE y Ciudadanos por negarse a crear una comisión de investigación por las cargas policiales del 1-O y se exclamó contra unos senadores del PP que habían comprado boletos de lotería con el número 155: “Los catalanes sufren los efectos del 155, no es una anécdota divertida ésa, trivializar la suspensión del autogobierno”.

Para la JEC, en su resolución confirmada por el Supremo, el comentario de Terribas, a las puertas del inicio de la campaña electoral, no fue “en modo alguno, neutro”, sino que reflejó una “invectiva del todo partidista y electoralista, abiertamente crítica y reprobatoria que se vuelca sobre unas concretas formaciones políticas que concurren en las elecciones”.

“Dichas alocuciones reflejan un evidente juicio negativo sobre una parte de las formaciones políticas concurrentes a las elecciones del 21-D y, simultáneamente, comportan una apreciación positiva de otras. Más allá del tono, la ironía o el sarcasmo, el extremo relevante es que el mensaje transmitido es parcial. Toma partido, no es neutral”, concluye el Supremo.

La sala también es crítica con la cobertura que TV3 hizo en su Telenoticies Vespre del 2 de diciembre de 2017 con motivo del concierto “por la libertad de los presos políticos” organizado por la ANC y de la manifestación independentista del día 7 de diciembre en Bruselas, en que la televisión pública se convirtió en “altavoz de iniciativas de parte” sin guardar proporción con el trato dado a los demás participantes en las elecciones.

“El carácter noticioso y el interés de uno y otro acontecimiento no son discutibles, pero tampoco lo es que eran iniciativas de parte con trascendencia electoral y que el medio público amplificó su eco beneficiando así a los que promovieron en desventaja para las demás fuerzas políticas que participaban en las elecciones”, apunta el tribunal.

Para el Supremo, la “veracidad, el carácter noticioso, la actualidad, en definitiva, el interés informativo de unos determinados hechos”, si bien obligan a dar cuenta de ellos a la audiencia, “no justifican que un medio público, más allá de la imprescindible información, atribuya un peso desproporcionado a lo que son actos de relevancia electoral de parte”.


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