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Tribunales

Un senador del partido de Evo Morales cobró 800.000 dólares para hacer obras en un pueblo que no existe

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Por Tuffí Aré Vásquez.- El escándalo fue visibilizado por la propia Presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, en su mensaje a la nación. El senador del MAS, Jorge Choque Salomé, ha sido acusado por el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, de inventarse un pueblo fantasma llamado Curuxa, en la provincia Aroma de La Paz, y de recibir en 2010 alrededor de bs 6 millones (más de USD 800.000) en su cuenta bancaria personal para proyectos destinados a esa comunidad que no existe y a otras poblaciones.

Pese a que el propio Quispe ha pedido desde hace por lo menos dos años que Choque sea licenciado del Senado para evitar la protección del partido de Evo Morales, el legislador ocupa aún su curul en el Parlamento boliviano y tiene sólo detención domiciliaria. En horas recientes, el director del Fondo Indígena insistió en que pedirá a la justicia que le revoquen las medidas sustitutivas y que sea enviado preso al penal de San Pedro. Al mismo tiempo, solicitará que se amplíe la investigación por este caso al actual candidato a la Presidencia por el MAS, el ex ministro de Economía Luis Arce, y al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por haber avalado los desembolsos irregulares de recursos como miembros del directorio del exFondioc.

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“En mi condición de director del Fondo Indígena, tengo en custodia toda la documentación de este caso. El senador Choque se inventó un pueblo fantasma y se hizo desembolsar más de Bs 6 millones en su cuenta bancaria particular. No hay nada de obras para las comunidades. El tiene ya una imputación formal y hemos pedido al juez la revocatoria de las medidas sustitutivas. Ojalá la justicia se ponga de lado del derecho. Debemos recuperar el dinero. No existe esa comunidad en la zona de Collana y los fiscales han protegido a Choque. Supuestamente los recursos se debían destinar a forraje de cebada y de semilla que no llegaron nunca”, explicó Quispe.

El director del Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales y de donde salieron millonarios recursos para comunidades, muchos de ellos desviados irregularmente, dijo que en las anormalidades están involucrados ex ministros como Luis Arce, Juan Ramón Quintana, Nemesia Achacollo (detenida), y ex directivos como Melva Hurtado y Gabriel Mamani. También indicó que hay fiscales como Edwin Blanco, que no han actuado bien en el caso. ”Los miembros del directorio debieron haber fiscalizado el uso de los recursos. Es tiempo que el Fiscal del Estado, Juan Lanchipa, se ponga las pilas y haya justicia”, apuntó Quispe.

Aunque la alcaldesa del municipio de Collana, Bertha E. Quispe, ratificó que en su zona no existe el pueblo de Curuxa y que sólo se vio una vez en un taller al senador acusado, Jorge Choque Salomé ha negado ante los medios haber inventado un pueblo fantasma para desviar recursos del Fondo Indígena. Su abogado Luis Velasco advirtió con iniciar un proceso penal por delitos contra el honor de las personas a quienes acusan al senador del MAS de inventar un pueblo fantasma.

El senador fue detenido en 2015

Las denuncias contra el senador del partido de Evo Morales se remontan a septiembre de 2015. Fue precisamente Rafael Quispe quien las hizo en su condición de diputado opositor. A fines de noviembre de ese año se ordenó su detención por los presuntos delitos cometidos en 2010, cuando el legislador masista era dirigente campesino.

De acuerdo a la acusación, Choque Salomé recibió en su cuenta personal Bs 2,9 millones ($us 400.000) del Fondo Indígena en cuatro desembolsos hechos en un solo día (14 de septiembre), según el registro de ejecución de gastos (Sigma) del ministerio de Economía.

El dinero era para la ejecución de cuatro proyectos de producción de forraje con semilla certificada en los municipios de Sisa Sica, Calamarca, Colquencha y Collana.

El Fondo Indígena transfirió para el proyecto de producción de forraje en Collana 739 mil bolivianos y un monto similar para el proyecto en Sica Sica. Ambos figuran en la lista de proyectos irregulares y «fantasmas» que reveló la Contraloría General.

«Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena», dijo la presidente interina Jeanine Añez durante su mensaje a la Nación.

La entidad indígena también desembolsó para la producción de forraje en Colquencha 712.500 bolivianos y un monto similar para el proyecto en Calamarca. Estos dos proyectos fueron observados por la Interventora.

Como descargo, el senador del MAS reconoció haber gastado los Bs 6 millones del Fondo Indígena, pero aclaró que los proyectos no fueron cerrados. “Tenemos todos los descargos. Si hay observaciones se mostrarán las aclaraciones”, dijo.

Choque se presentó a declarar de manera voluntaria en 2015 ante una comisión de fiscales, integrada por Ángelo Saravia y Edwin Blanco. Al concluir la citación el legislador fue arrestado, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, en espera de la audiencia de medidas cautelares. Luego le dieron arresto domiciliario. Ante esa situación, Rafael Quispe dijo que se ha pedido al juez segundo cautelar anticorrupción de La Paz la revocatoria de las medidas. De su parte, la fiscal Heidy Gil informó de la ampliación de la investigación al ex ministro Juan Ramón Quintana y a la exdirectiva Felipa Huanca.

Una “actitud canalla”, dice la presidente

En su mensaje del 22 de enero pasado a los bolivianos, la presidenta transitoria Jeanine Añez expresó su sorpresa por este caso de presunta corrupción. “Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena ¿Quién controla esos recursos? ¿A quién rendía cuentas ese senador?”, afirmó la primera mandataria de Bolivia.

También la alcaldesa de Collana, Bertha Quispe, se mostró contrariada por la denuncia. “No existe (la población de Curuxa) con ese nombre en el municipio de Collana. No conozco ninguna comunidad que lleve ese nombre, porque nosotros componemos siete comunidades, tres cantones y ninguno de ellos lleva ese nombre”, relató. Otros comunarios del lugar, consultados por un canal de televisión, también negaron la existencia del pueblo de Curuxa.

De acuerdo a datos que figuran en la página web de la Cámara de Senadores de Bolivia, Jorge Choque Salomé, es uno de los cuatro senadores del MAS elegidos por el departamento de La Paz. Nació el 3 de abril de 1978 en la comunidad Amachuma, de la provincia Aroma. Ha sido miembro de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de esa cámara y sus cargos sindicales más destacados los ha tenido en la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios de la Provincia Aroma y en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”.


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España

Justicia de chiringuito en Cataluña: La ciudad de la justicia de Barcelona convertida en 13, Rue del Percebe

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Barcelona, Juzgado de lo Penal número 8. 29 de Octubre de 2020.

Tras la llamativa, injusta y bárbara acusación contra D. Manuel Andrino y D. Pedro Pablo Peña por parte de la «Fiscalía del Odio», citándoles en los juzgados descritos más arriba, el sainete de la justicia escribe un nuevo episodio de disparate y esperpento.

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Tras tener a dos personas inocentes esperando en el opresivo y malsano ambiente de un Juzgado Catalán durante horas, se ha suspendido el Juicio por la incomparecencia del «testigo estrella» de la Fiscalía, un «Mozo de Cuadra» (traducción libre) al parecer testigo del libre ejercicio de la libertad de expresión que estas dos personas tuvieron la osadía de intentar ejercer en los dominios de la Generalidad, esa generalidad convertida desde hace muchos años en cueva de ladrones, cubil de criminales, madriguera de golpìstas y nido de carroñeros cretinoides.

Según se ha explicado a los dos comparecientes, el mozo en cuestión se encuentra aislado por ser «semoviente conviviente» de su esposa, enferma o infectada de SARS-Covid19. Cosa que por supuesto lamentamos en grado sumo.

Que la condición de «aislado» es evidente que se conocía desde hace días y se podía haber anulado el juicio sin perjuicio de hacer viajar a dos personas a Barcelona, es una reflexión que en el enrarecido ambiente de la «cosa» catalana obviamente no se ha podido concebir, debido, sin duda, a su permanente carencia de personal resuelto e inteligente, que logre hacer sinapsis con lo que en otras personas se encuentra dentro del cráneo y que en los patanes indepes sembrados a lo largo y ancho de la administración catalana se encuentra vacío.

El hecho cierto es que ahora mismo la (in)justicia catalana reflexiona con gran esfuerzo y aplomo para atinar con el dedo en el calendario y fijar otra fecha que pueda convenir y sea aceptada por las partes.

No hace falta decir que tanto D. Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange, como D. Pedro Pablo Peña, Jefe Nacional de Alianza Nacional, grandes hombres de España, patriotas, y figuras ejemplares de nuestra Patria, cuentan con la total adhesión de ALERTA NACIONAL, así como con la admiración profesional y personal que tanto Carlota Sales, corresponsal de ALERTA NACIONAL en Cataluña, como la Dirección de este diario digital, les profesan.

Y tomando como propias las palabras finales de su comunicado, afirmamos:

CAMARADAS, NO ESTÁIS SOLOS.

CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA. CONTRA NOSOTROS, QUIEN PUEDA.

ARRIBA ESPAÑA


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Sociedad

La Justicia ratifica la condena a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente

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Al haber retirado el recurso ante el Supremo, el portavoz de Unidas Podemos tendrá que pagar a la Seguridad Social una sanción de 11.040 euros

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar definitivamente 11.040 euros de sanción a la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente.

Echenique ha desistido del recurso de casación que presentó en el Supremo a finales de 2019 contra la sentencia dictada meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Fuentes oficiales del Tribunal Supremo, que este martes cita Heraldo.es, han confirmado que el político ha tomado dicha decisión antes de que se hubiera dictaminado sobre la admisión o no a trámite del recurso.

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De esta forma, Echenique tendrá que hacer frente a la sanción económica que le impuso la Seguridad Social, que constató que hubo una relación laboral entre el político y el trabajador y, por tanto, incumplió la ley al no haberle dado de alta.

El expediente que se le abrió acabó con un acta de liquidación por 1.039 euros, a la que se le sumó una multa de 10.001 de la Inspección de Trabajo por considerar que cometió una infracción muy grave.

PAGOS EN NEGRO

Se confirmó que Echenique pagó “en negro” a su asistente en dos periodos, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

La mencionada sanción se circunscribe a la segunda etapa, ya que habían transcurrido más de cuatro años desde el primer incumplimiento legal, que había prescrito.

En octubre de 2017 la Tesorería General de la Seguridad Social recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza le dio la razón en primera instancia en enero de 2019.

Entendía el juzgado que de haberse tratado de una prestación de servicios entre Echenique y su asistente se deberían haber emitido facturas, pero el político no aportó ninguna.

Por ello, la jueza sentenció que debería haber dado de alta a su asistente en el régimen de empleados de hogar, en el que cotizan los trabajadores que asumen el cuidado de dependientes.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos recurrió entonces ante el TSJA que en septiembre de 2019 desestimó todos los motivos de su impugnación.

A través de su recurso de casación ante el Supremo, el político solicitó la “unificación de doctrina”, dado que su defensa argumentó que había otra sentencia del Tribunal Superior de Madrid de distinto signo sobre un caso que entiende que es similar. Sin embargo, ahora ha desistido de continuar con el recurso.

“UNA OBVIA INJUSTICIA”

Desde el equipo de Pablo Echenique justifican su forma de proceder, argumentando que la mayor parte de las Leyes de Dependencia, la estatal y la de muchas comunidades autónomas, así como las guías de asociaciones y entidades del sector, indican que la contratación de asistentes personales de personas dependientes puede llevarse a cabo mediante la figura del autónomo. “Sin embargo, se multa a Pablo Echenique por hacer precisamente eso, incurriendo en una obvia injusticia y situando en una grave inseguridad jurídica a miles de familias con dependientes que seguramente se encuentran en la misma situación”, exponen fuentes próximas al portavoz de Unidas Podemos.

Esgrimen que sus sospechas de que “se actúa contra Pablo Echenique por ser quien es” residen en que no se ha encontrado jurisprudencia, sentencias similares previas. “Posiblemente Pablo Echenique sea la primera persona dependiente contra la que se actúa de esta manera en España. Por eso se ha decidido retirar el recurso de casación. Por no hallarse precedentes. Por supuesto, Pablo Echenique sigue estudiando las vías jurídicas posibles para revertir esta injusticia, que además de contra él, abre la puerta a causar mucho daño a las personas con dependencia y sus familias”.


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España

La Justicia, babeante y aquiescente, exculpa a Trapero y a la cúpula de Interior: Ni sedición ni desobediencia: Trapero es un patriota español

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La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los MossosJosep Lluís Trapero, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las partes del juicio habían sido citadas mañana a las 9:30 en la Audiencia Nacional para que les fuera notificada la sentencia, aunque se ha conocido previamente, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a La Vanguardia.

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La sentencia ha salido adelante con dos votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Concepción Espejel, que ha defendido la existencia de un delito de sedición. El tribunal, con la ponencia de Ramon Sáez, no ha contemplado tan siquiera a alternativa de la desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación.

Sáez siempre defendió que no se podía hacer responsable a Trapero por el referéndum del 1-O. El voto decisivo ha sido el de Francisco Vieira, quien inicialmente se inclinó por la desobediencia pero finalmente ha optado por acercarse a la tesis del ponente. Viera junto a Espejel son magistrados de corte conservador mientras que Sáez es progresista.

Voto particular por sedición

Según estas mismas fuentes, ante esta sentencia, Espejel ha formulado un voto particular en el que mantiene que Trapero ha cometido un delito de sedición, haciendo suya la tesis de la Guardia Civil, sobre todo del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien sostuvo que los mossos actuaron pasivamente el 1-O para permitir y facilitar la votación que había sido prohibida judicialmente

La Audiencia también ha absuelto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al que fue segundo en Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá mañana y cuenta con un voto particular de la magistrada Concepción Espejel.

La Fiscalía solicitaba para Trapero diez años de prisión por un delito de sedición con la alternativa del delito de desobediencia, que no acarreaba pena de cárcel sino una mera inhabilitación. El Ministerio Público sostenía que los Mossos, bajo las órdenes de Trapero, colaboraron para facilitar que el 1-O se celebrara, como paso previo e indispensable para declarar la independencia de Catalunya.

El ministerio público también hacía responsable a Trapero por no frenar las concentraciones del 20 de septiembre de ese año ante varios organismos públicos, principalmente ante la Conselleria d’Economia, mientras la Guardia Civil realizaba un registro para frenar la organización del 1-O. Por estos hechos, el Tribunal Supremo condenó a diversos dirigentes políticos a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

El conseller de Interior del Govern, Miquel Sàmper, señaló ayer lunes en una entrevista que en caso de absolución le ofrecería al mayor que vuelva a ser un dirigente del cuerpo de la policía autonómica catalana, aunque él mismo ya había declinado esa opción. “Parto de un no, pero tengo la obligación de hablar con Soler, Puig, Laplana y Trapero”, afirmó Sàmper en Ràdio 4.


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España

¡Tiembla el Gobierno rojo! Marlaska, al borde de la imputación judicial: El Supremo estudia abrir una investigación por el cese de Pérez de los Cobos

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La querella presentada por Ramón Trillo sigue avanzando y poniendo en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior.

Fernando Grande-Marlaska está a un paso de ser imputado, siguiendo los pasos del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

J.A. Puglisi.- El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior como presunto autor de los delitos de encubrimiento y abandono de destino durante el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

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A favor de Grande-Marlaska está que la Fiscalía General del Estado está en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Sin embargo, en contra tiene que la querella en su contra fue presentada por Ramón Trillo, un empresario que, además, es el hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Es importante recordar que, hace un mes, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, preparó un informe en el que instaba al tribunal a rechazar todas las querellas que se presentasen contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.

A pesar de que Navajas aludía a querellas presentadas contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, pero en ningún momento hace referencia a la presentada por Trillo, que por ahora sigue tramitándose, como indica Vozpópuli.

El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que el coronel se negase a informar sobre el contenido del informe que preparaba la Guardia Civil sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en el 8-M.

Según Ramón Trillo, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del citado informe.

El Estado de Derecho

“Soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Así de contundente fue Diego Pérez de los Cobos en junio de 2020.

Para defenderse de la ‘purga’ de Grande-Marlaska, Pérez de los Cobos interpuso un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y acudió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El coronel está convencido de que la investigación del 8-M llevó a su cese.

Pérez de los Cobos desveló, en el recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese, cómo fueron sus últimas horas frente a la jefatura de la Comandancia de Madrid.

Pérez de los Cobos afirmó que recibió un ‘tsunami’ de llamadas y reuniones, además que existía una verdadera preocupación del Gobierno por el ‘caso del 8-M’.

En el recurso, el coronel denunció que el Ministerio de Interior tenía firmada su destitución antes incluso de darle la posibilidad de explicarse.

Sin embargo, el guardia civil está convencido de cuál fue el motivo de su fulminante cese: no informar a sus superiores de la investigación del 8-M que mortificaba el Gobierno.

Pérez de los Cobos detalla que, en la noche del domingo 24 de mayo, recibe la llamada de una persona que le pasa al teléfono con la directora general María Gámez.

Es María Gámez quien le informa de que es la dirección del Ministerio del Interior la que ha decidido su cese por no informar de la investigación judicial que seguían sus subordinados en torno a las manifestaciones autorizadas en Madrid antes del estado de alarma, en especial la marcha feminista del 8-M.

Como si fuera poco, el coronel adelantó que Gámez admitió que eran unas pesquisas sensibles y que interesaban al Gobierno.

Además, la directora general dio muestras tener conocimiento de los trabajos realizados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En concreto, mencionó el número concreto de folios y tomos de las pesquisas.

Es importante recordar que Pérez de los Cobos cuenta con un ‘as’ bajo la manga:

La nota de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde reconoció que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Una situación que apunta a una violación de la separación de poderes y que podrá dar al coronel su cargo de vuelta.

Irónicamente, Gámez intentó ‘hacer borrón y cuenta nueva’ dentro de la Benemérita. El 1 de junio la directora general pidió a la nueva cúpula de la Guardia Civil “mirar hacia adelante”, tras las ‘purgas’ de Marlaska.


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