Dos de los tres responsables en España de la empresa francesa que controlaba los servidores donde se almacenaba la información de los pacientes de iDental han negado este martes ante el juez tener ningún tipo de responsabilidad en el borrado de la información, que se ha producido contra decisión de la Audiencia Nacional en plena investigación del presunto fraude cometido por esas clínicas dentales ‘low cost’. Aseguran que ha sido un proceso automático.

En concreto, han prestado declaración ante el juez instructor de la causa, José de la Mata, el administrador único de la sociedad, el francés Henryk Klaba, y la receptora del mandato judicial de mantener a buen recaudo la información de aquellos servidores, Belén Rodríguez Nieto, si bien había citada una tercera persona, la apoderada Matilde Tijero, y cuya detención se ordenará si no acude este miércoles, como ha prometido.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, durante la declaración, ambos han argumentado que no tenían competencia para decidir sobre el borrado de los servidores y que la información fue eliminada en Francia, donde está la empresa matriz, de forma automática ante el impago de las cuotas de mantenimiento por parte de iDental, que ya había sido intervenida.

En esta línea, han alegado que la empresa había enviado varios avisos sobre el borrado de la información en caso de persistir el impago, pero iDental ya no los recibía porque se habían cambiado las claves y las direcciones de destino con motivo de la investigación. En consecuencia, y siempre según su versión, el programa que gestiona los servidores actuó de forma automática, sin que mediara decisión humana, y procedió a resetearlos.

Se trata de los responsables de la empresa OVD Hispano S.L., filial en España de la francesa OVH SAS, que en 25 servidores y dos raks almacenaba miles de imágenes y copias de las historias clínicas de los afectados por la estafa de iDental.

El juez llevaba desde el 1 de agosto realizando gestiones con estas personas a fin de salvaguardar los servidores para, llegado el momento, volcar la información. Sin embargo, el pasado 19 de diciembre, un representante de esta sociedad comunicó por email al juzgado que se había eliminado el contenido que albergaban y era imposible recuperarlo.

MILES DE AFECTADOS POR EL BORRADO

Para el magistrado, que no ha impuesto medidas cautelares tras la declaración sobre estas personas y que las mantiene como investigadas en una pieza separada del caso iDental, podrían haber incurrido un grave incumplimiento de las obligaciones legales de colaborar con el sistema judicial, ya que «los representantes, directivos y técnicos de la empresa estaban perfectamente al conocimiento» de que el juzgado había ordenado preservar toda esa información.

La situación se agrava, según explicó el propio magistrado en el auto por el que imputó a estos tres representantes de OHV, porque el borrado puede «haber producido además graves perjuicios a los intereses de miles de personas, habida cuenta de que la información contenida en dichos servidores contendría imágenes médicas radiológicas y de otras naturalezas así como documentos pertenecientes a las historias de los pacientes».

Este miércoles se espera que comparezca y declare la apoderada de la empresa, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, que no descarten que después, el juez cite a declarar a más personas relacionadas con la gestión de los servidores afectados.