El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, y que fueron clausuradas tras la aplicación del artículo 155. El Gobierno de Mariano Rajoy cerró estas oficinas, pseudo embajadas con las que el Gobierno de Cataluña trataba de diferenciarse de España en el exterior.

El equipo de Quim Torra las reabrió con un decreto, en junio de 2018, contra el que el Ministerio de Exteriores de Josep Borrell recurrió en agosto de ese año. Ahora, mientras la Justicia las cierra, el nuevo Ejecutivo de Sánchez las está volviendo a autorizar. ERC había exigido al PSOE que no actuara contra la «acción exterior» de Cataluña.

En la sentencia que se ha conocido este viernes, que no es firme, el alto tribunal catalán ha acordado estimar el recurso contencioso que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó contra el decreto del Govern que restablecía las delegaciones catalanas citadas y condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, hasta un límite de 2.000 euros.

Sin embargo, el Govern aprobó el 25 de septiembre de 2019 otros seis nuevos decretos de reapertura de estas mismas delegaciones, que no han sido recurridos por la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio de Exteriores.

Esta decisión del TSJC llega un día después de que la cartera de Exteriores que hoy lidera Arancha González Laya, ministra del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, diera el visto bueno a los decretos de creación de tres delegaciones de la Generalitat en el extranjero -concretamente en Argentina, Túnez y México- porque los textos incluirán una serie de enmiendas propuestas por el propio Ministerio.

Según informa Ep, desde el Ministerio recuerdan que el Gobierno puede pedir judicialmente el cierre de delegaciones si considera que su actividad vulnera la legalidad o que es contraria a los intereses de España.

Los nuevos decretos que el Gobierno actual sí ha validado dejan sin efecto el recurso judicial que Exteriores, bajo el mando de Borrell, había presentado en septiembre contra la creación de estas oficinas en México, Argentina y Túnez. Por primera vez, el departamento entonces dirigido por Josep Borrell pidió la paralización cautelar de delegaciones de la Generalitat y el TSJC aceptó la petición y frenó su apertura.

Ahora, las nuevas normas también dejan sin efecto esa medida cautelar, de manera que las oficinas podrán abrir normalmente. Según las fuentes consultadas, antes de aprobarlas, la Generalitat las envió al Ministerio para recabar el informe preceptivo según la Ley de Acción Exterior de 2014.

La Generalitat cuenta en estos momentos con un total de 13 delegaciones en el exterior, incluida la de Bruselas, dedicada a la UE. Ésta fue precisamente la única que no se cerró cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña.

Levantada la aplicación del artículo 155, la Generalitat reabrió en el verano de 2018 una primera tanda de delegaciones sin pedir informe previo a Exteriores, alegando que se trataba de una reapertura. Por ese motivo, el Gobierno central las recurrió ante el TSJC.

Sin embargo, el pasado 25 septiembre la Generalitat aprobó seis nuevos decretos para dar «seguridad jurídica» a estas delegaciones, y Exteriores no los recurrió. Son las situadas en Londres, París, Washington, Roma, Berlín y Ginebra.

El segundo grupo de oficinas se había creado en otoño de 2018, en Viena, Tallín, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, a pesar de tener un informe en contra de Exteriores. El Departamento consideró que «su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado» por la Generalitat, era «apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España».

El tercero llegó en junio de 2019, cuando el Govern anunció nuevas oficinas en Túnez, Argentina y México. Exteriores las recurrió en septiembre, esta vez pidiendo su paralización cautelar, argumentando que estas delegaciones son «herramientas necesarias» para que el Gobierno catalán lleve a cabo su política para la «separación de España».